Los terroristas lo intentan con una cuestión de procedimiento sobre el peritaje del arma
Las fotos de los cadáveres de los guardias civiles Raúl Centeno y Fernando Trapero no afectaron ayer lo más mínimo a los seis etarras que se sientan en el banquillo de la Audiencia de París. Proyectadas para que las viera toda la sala durante la tercera jornada del juicio por el asesinato de Capbreton, los primeros planos de los orificios de bala ni siquiera llamaron la atención de algunos de los encausados, que siguieron hablando entre ellos como si nada y no quisieron responder a las preguntas del Tribunal Especial para Asuntos de Terrorismo que les juzgará durante las próximas semanas.
Los familiares de las víctimas, por su parte, volvían la vista para no fijar en la retina la imagen del hijo o el hermano tiroteado en la cabeza. Salvo José Centeno, padre de uno de los agentes ejecutados a sangre fría por ETA el 1 de diciembre de 2007, que mantenía la mirada fija en los presuntos autores del crimen, como tratando de escudriñar un gesto de culpabilidad o de humanidad por su parte que nunca llegó.
Ni Mikel Carrera Sarobe ni Saioa Sánchez Iturregui ni Asier Bengoa López de Armentia, que están acusados de asesinato premeditado como miembros del comando con que los dos guardias civiles, desarmados y de paisano, se toparon inesperadamente aquella mañana en Las Landas, movieron una sola pestaña.
Uno de sus posibles cómplices, Ibon Goieaskoetxea, leyó una declaración pidiendo la liberación de los etarras enfermos de gravedad y citando las recientes muertes en cautiverio de Francisco Javier López Peña, alias Thierry, y Ángel Figueroa.
Por su parte, sus abogados insistieron ayer en reclamar un aplazamiento del proceso por cuestiones de procedimiento relacionadas con la incorporación de un nuevo peritaje sobre el arma del crimen. Dicho peritaje indica que la pistola, una Smith & Wesson de modelo MP9, tenía dos trazas masculinas de ADN en el cargador, pero de una calidad insuficiente para ser utilizadas. Así que el representante de la defensa Robert Gaston exigió un aplazamiento o la comparecencia de la juez instructora, Laurence Le Vert, para que explicara «las razones de que no se comunicaran» esas pruebas.
Para su colega Jean-François Blanco, es «anormal» que se les haya transmitido ahora ese nuevo informe. «Hay dos justicias, la justicia antiterrorista y la otra», señaló Blanco, que dijo que las pruebas de ADN sobre el arma, encontrada en octubre de 2009 en un zulo de ETA en Rivière, en el sureste de Francia, estaban hechas desde octubre del pasado año.
El letrado Bérenger Tourne, que representa a las familias de los guardias personadas en París como acusación particular, criticó por su parte «las gesticulaciones de la defensa» y «los incidentes» que está intentando provocar desde el inicio del juicio, el pasado martes, e insistió en que los allegados de Centeno y Trapero «no podrían soportar un aplazamiento» después de haber esperado casi cinco años y medio el juicio. La presidenta, Xavière Simeoni, anunció que el tribunal comunicará hoy su dictamen sobre esta nueva demanda de la defensa para desbaratar el juicio.
El resto de la tercera jornada estuvo dedicado a escuchar la declaración de varios testigos presenciales del asesinato, entre ellos René Larigaudière, que desde una gasolinera cercana pudo escuchar las detonaciones y ver a 50 metros al que disparó contra los agentes, que identificó como un hombre. Según Efe, otra testigo clave, Isabelle Machado, que no acudió a la vista alegando estar enferma, pasó junto al coche de Centeno y Trapero cuando éstos en su interior estaban rodeados por los tres etarras. En sus declaraciones ante la policía y los jueces dijo haber presenciado «un altercado de una extrema violencia», en el que hablaban en español, e identificó formalmente a Sánchez Iturregui.
J. M. ALONSO SAN SEBASTIÁN
05/04/2013 ESPAÑA
Los familiares de las víctimas, por su parte, volvían la vista para no fijar en la retina la imagen del hijo o el hermano tiroteado en la cabeza. Salvo José Centeno, padre de uno de los agentes ejecutados a sangre fría por ETA el 1 de diciembre de 2007, que mantenía la mirada fija en los presuntos autores del crimen, como tratando de escudriñar un gesto de culpabilidad o de humanidad por su parte que nunca llegó.
Ni Mikel Carrera Sarobe ni Saioa Sánchez Iturregui ni Asier Bengoa López de Armentia, que están acusados de asesinato premeditado como miembros del comando con que los dos guardias civiles, desarmados y de paisano, se toparon inesperadamente aquella mañana en Las Landas, movieron una sola pestaña.
Uno de sus posibles cómplices, Ibon Goieaskoetxea, leyó una declaración pidiendo la liberación de los etarras enfermos de gravedad y citando las recientes muertes en cautiverio de Francisco Javier López Peña, alias Thierry, y Ángel Figueroa.
Por su parte, sus abogados insistieron ayer en reclamar un aplazamiento del proceso por cuestiones de procedimiento relacionadas con la incorporación de un nuevo peritaje sobre el arma del crimen. Dicho peritaje indica que la pistola, una Smith & Wesson de modelo MP9, tenía dos trazas masculinas de ADN en el cargador, pero de una calidad insuficiente para ser utilizadas. Así que el representante de la defensa Robert Gaston exigió un aplazamiento o la comparecencia de la juez instructora, Laurence Le Vert, para que explicara «las razones de que no se comunicaran» esas pruebas.
Para su colega Jean-François Blanco, es «anormal» que se les haya transmitido ahora ese nuevo informe. «Hay dos justicias, la justicia antiterrorista y la otra», señaló Blanco, que dijo que las pruebas de ADN sobre el arma, encontrada en octubre de 2009 en un zulo de ETA en Rivière, en el sureste de Francia, estaban hechas desde octubre del pasado año.
El letrado Bérenger Tourne, que representa a las familias de los guardias personadas en París como acusación particular, criticó por su parte «las gesticulaciones de la defensa» y «los incidentes» que está intentando provocar desde el inicio del juicio, el pasado martes, e insistió en que los allegados de Centeno y Trapero «no podrían soportar un aplazamiento» después de haber esperado casi cinco años y medio el juicio. La presidenta, Xavière Simeoni, anunció que el tribunal comunicará hoy su dictamen sobre esta nueva demanda de la defensa para desbaratar el juicio.
El resto de la tercera jornada estuvo dedicado a escuchar la declaración de varios testigos presenciales del asesinato, entre ellos René Larigaudière, que desde una gasolinera cercana pudo escuchar las detonaciones y ver a 50 metros al que disparó contra los agentes, que identificó como un hombre. Según Efe, otra testigo clave, Isabelle Machado, que no acudió a la vista alegando estar enferma, pasó junto al coche de Centeno y Trapero cuando éstos en su interior estaban rodeados por los tres etarras. En sus declaraciones ante la policía y los jueces dijo haber presenciado «un altercado de una extrema violencia», en el que hablaban en español, e identificó formalmente a Sánchez Iturregui.
Queja de Herrira ante Francia por 'Thierry'
Se concentra ante el Consulado en Bilbao y entrega una protesta por el trato dado al etarra
Con el entorno radical en plena campaña para denunciar una supuesta mano negra tras la muerte del ex jefe de ETA Xabier López Peña, Thierry, -fallecido el pasado sábado en un hospital de París tras sufrir un derrame cerebral-, Herrira, el colectivo de apoyo a los reclusos de la banda terrorista, dio ayer un paso más al registrar una queja formal ante el Consulado de Francia en Bilbao por el trato dado por los servicios médicos galos al etarra (su familia ha denunciado que le dispensaron un trato de «perros rabiosos»).
Herrira culpó directamente al Estado francés de la muerte de Thierry por las medidas de excepción «impuestas» por el Gobierno a los «presos políticos» vascos, según expuso su portavoz, Roberto Noval, que encabezó una concentración ante el Consulado que reunió a unas 200 personas. Entre sus protestas, este colectivo denuncia que el ex jefe de ETA no pudo tener un «tratamiento médico adecuado» a la dolencia cardiaca que motivó su primer ingreso hospitalario; e incluso que no pudiera ser visitado por sus médicos de confianza que se encontraban a «más de 1.000 kilómetros de distancia» del penal parisino de Fleury-Merogis, lugar de reclusión de Thierry.
Herrira no se quedó ahí y a la queja presentada acompañó la exigencia de una investigación por parte de las autoridades francesas ya que, desde su punto de vista, son precisas «explicaciones» y «respuestas» para «saber qué ha sucedido desde que López Peña entró por su propio pie en el hospital hasta su fallecimiento». Según censuró este colectivo, «aún no tenemos ninguna información médica y el equipo médico tampoco nos ha explicado lo que ha acaecido durante esas semanas».
A la espera de obtener respuestas a estos interrogantes, Herrira se reafirmó en la convocatoria de la manifestación que mañana recorrerá Bilbao en recuerdo al ex jefe de ETA. La Audiencia Nacional deberá determinar si la prohíbe o no tras la denuncia del Gobierno y de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Herrira dice que busca «hacer apología de la paz» y de la «solución política para el conflicto que vive este país».
Con el entorno radical en plena campaña para denunciar una supuesta mano negra tras la muerte del ex jefe de ETA Xabier López Peña, Thierry, -fallecido el pasado sábado en un hospital de París tras sufrir un derrame cerebral-, Herrira, el colectivo de apoyo a los reclusos de la banda terrorista, dio ayer un paso más al registrar una queja formal ante el Consulado de Francia en Bilbao por el trato dado por los servicios médicos galos al etarra (su familia ha denunciado que le dispensaron un trato de «perros rabiosos»).
Herrira culpó directamente al Estado francés de la muerte de Thierry por las medidas de excepción «impuestas» por el Gobierno a los «presos políticos» vascos, según expuso su portavoz, Roberto Noval, que encabezó una concentración ante el Consulado que reunió a unas 200 personas. Entre sus protestas, este colectivo denuncia que el ex jefe de ETA no pudo tener un «tratamiento médico adecuado» a la dolencia cardiaca que motivó su primer ingreso hospitalario; e incluso que no pudiera ser visitado por sus médicos de confianza que se encontraban a «más de 1.000 kilómetros de distancia» del penal parisino de Fleury-Merogis, lugar de reclusión de Thierry.
Herrira no se quedó ahí y a la queja presentada acompañó la exigencia de una investigación por parte de las autoridades francesas ya que, desde su punto de vista, son precisas «explicaciones» y «respuestas» para «saber qué ha sucedido desde que López Peña entró por su propio pie en el hospital hasta su fallecimiento». Según censuró este colectivo, «aún no tenemos ninguna información médica y el equipo médico tampoco nos ha explicado lo que ha acaecido durante esas semanas».
A la espera de obtener respuestas a estos interrogantes, Herrira se reafirmó en la convocatoria de la manifestación que mañana recorrerá Bilbao en recuerdo al ex jefe de ETA. La Audiencia Nacional deberá determinar si la prohíbe o no tras la denuncia del Gobierno y de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Herrira dice que busca «hacer apología de la paz» y de la «solución política para el conflicto que vive este país».
Ya estamos metidos en el meneo de los vomitivos asesinos.
ResponderEliminarPor mucho que traten de aplazar la justicia, que no duden que se hará justicia, y si no, la justicia divina que ya va funcionando.