Asuntos Internos concluye que los datos del escrito denominado borrador proceden de informes de la Udef y otros documentos policialesSostiene «que es práctica habitual en la Udef elaborar borradores donde se vuelcan los datos que llegan a conocimiento de sus integrantes»
Añade que «es difícil dirimir si los que niegan haberlo hecho lo hacen para eludir las consecuencias de verse acusados de la filtración»
Asegura que «a raíz de la polémica por la filtración se ha recibido información que podría remitirse pronto a la autoridad judicial»
Interior anunció ayer oficialmente que se han registrado avances en la investigación de las cuentas suizas de los dirigentes de CiU, recogidas en el borrador de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) publicado por EL MUNDO el 16 de noviembre. «La Policía ha recibido nueva información referida a las presuntas irregularidades contenidas en el informe policial publicado por EL MUNDO que acusaba al presidente catalán Artur Mas y Pujol de cobrar comisiones», afirmó el Ministerio para, acto seguido, reconocer que Asuntos Internos avala la veracidad del borrador de la Udef.
Interior reconoce públicamente que se ha registrado un avance en las pesquisas sobre el cobro de comisiones ilegales (el 4% de cada obra adjudicada) por parte de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) a través del Palau de la Música y el desvío de parte de estos fondos a cuentas que Jordi Pujol, Artur Mas y otros dirigentes de la formación poseerían en paraísos fiscales. El departamento que dirige Jorge Fernández Díaz comunicó oficialmente que la información recibida se está «comprobando» y «estudiando» para que, en caso de que sea pertinente, remitírsela a la autoridad judicial. Precisa que se trata de «datos relativos a los detallados en el borrador y las personas que figuraban en él», informa Europa Press citando fuentes del Ministerio.
Un portavoz autorizado añadió que «estos datos podrían esclarecer investigaciones judiciales en curso, por lo que se están haciendo las actuaciones pertinentes en las unidades policiales correspondientes».
Interior aprovechó también para hacer públicas sus conclusiones sobre la investigación abierta por Asuntos Internos para intentar de identificara las personas que facilitaron el borrador a EL MUNDO. La unidad, a las órdenes del comisario Marcelino Martín Blas-Aranda, admite textualmente, para empezar, que es «práctica habitual de la Udef la elaboración de escritos borradores».
«El citado borrador», agregan, «contiene datos que proceden del Informe de la Udef Central 38.020 que fue remitido al Juzgado 30 de Barcelona el 20 de abril, así como datos derivados de las conclusiones del Informe 49.212 de la Udef de 24 de mayo de 2012 y del informe pericial del administrador concursal nombrado por el Juzgado de lo Mercantil. Tales datos explicarían parcialmente el contenido de la información publicada, que podría tener como complemento otros informes judiciales en otros sumarios y otros documentos en fase de verificación».
Asuntos Internos también explica por qué el jefe de la Udef y sus subordinados niegan la autoría: «Es difícil dirimir si es porque nadie ha intervenido en su elaboración o, por el contrario, dada la notoriedad que su filtración ha despertado, eluden las consecuencias de verse acusados de ello». Hay que recordar que la revelación de secretos está castigada con hasta tres años de cárcel.
Asuntos Internos se lamenta de «la conducta lesiva» que supone «la filtración, ya que con la publicación de determinados datos se han puesto en grave riesgo las investigaciones policiales».
Conclusiones preliminares de Asuntos Internos sobre el borrador de la Udef
La Policía admite que «es práctica habitual» la elaboración de borradores
Explica que nadie puede asumir su autoría para no ser acusado de la filtración
Explica que nadie puede asumir su autoría para no ser acusado de la filtración
CONCLUSIONES
PRELIMINARES
Primera.- Que el escrito denominado «borrador» contiene datos que proceden del informe de la Udef Central 38.020 que fue remitido al Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona el 20 de abril de 2012, así como datos derivados de las conclusiones finales del informe 49.212 de la Udef, de 24 de mayo de 2012, y del informe pericial del administrador concursal nombrado por el Juzgado de lo Mercantil de Barcelona. Tales datos explicarían parcialmente el contenido de la información publicada por la prensa, que podría tener como complemento otros informes judicializados en otros sumarios y otros documentos, actualmente en fase de identificación.
Segunda.- Que es práctica habitual de la unidades policiales, al menos las encargadas de la investigación de Delincuencia Económica muy especializada como es la Udef (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) y, en general, las que afectan a materia de investigación referida a Policía Judicial, la elaboración de escritos borradores, donde se vuelcan los datos que de múltiples formas llegan a conocimiento de los integrantes de estos grupos policiales, si bien es cierto que sólo terminan finalmente judicializados si los jefes respectivos validan la realidad de dichas informaciones y las consideran consistentes para ponerlas a disposición de la autoridad judicial.
Tercera.- Que no obstante lo anterior, el resultado de la investigación practicada hasta la fecha con los funcionarios que componen los distintos grupos que, de una u otra manera, han tenido conocimiento de las informaciones que aparecen en el escrito borrador, todos y cada uno de ellos han negado su participación en el mismo, siendo por ahora difícil dirimir si tal negativa se debe a que realmente nadie ha intervenido en su elaboración o, por el contrario, dada la notoriedad que su filtración ha despertado, eluden las consecuencias de verse acusados de ello por parte de esta Unidad de Asuntos Internos.
Cuarta.- Que debe destacarse, asimismo, que a partir de la polémica suscitada con la publicación del citado borrador se ha recibido información referida a las presuntas irregularidades recogidas en el mismo que, por el momento, están siendo objeto de comprobación y estudio y que, en su caso, podrían remitirse a la autoridad judicial si aportaran información suficiente sobre el asunto. Esta información, una vez identificada su veracidad, podría aportar información esclarecedora a diferentes sumarios judiciales cuya información quedó reflejada en el borrador de referencia, si bien antes de poder ponerla a disposición de los titulares de los órganos jurisdiccionales que entienden en las diferentes causas se están realizando las oportunas comprobaciones por las unidades policiales competentes.
Esta Unidad de Asuntos Internos continúa la investigación con especial atención en lo referido a la lesiva conducta de filtración del borrador, ya que con la publicación de determinados datos se ha puesto en grave riesgo las investigaciones policiales, que en todo momento deben regirse por la discreción de las averiguaciones y por el rigor en la recogida de la información, al objeto de trasladarlo a disposición de la autoridad judicial. Con todo ello se trata de dirimir si tales filtraciones se debieron a negligencia inexcusable o por el contrario, las mismas se produjeron pese a haber adoptado todas las medidas que la ley prevé.
M. S. MADRID
11/12/2012 ESPAÑA
PRELIMINARES
Primera.- Que el escrito denominado «borrador» contiene datos que proceden del informe de la Udef Central 38.020 que fue remitido al Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona el 20 de abril de 2012, así como datos derivados de las conclusiones finales del informe 49.212 de la Udef, de 24 de mayo de 2012, y del informe pericial del administrador concursal nombrado por el Juzgado de lo Mercantil de Barcelona. Tales datos explicarían parcialmente el contenido de la información publicada por la prensa, que podría tener como complemento otros informes judicializados en otros sumarios y otros documentos, actualmente en fase de identificación.
Segunda.- Que es práctica habitual de la unidades policiales, al menos las encargadas de la investigación de Delincuencia Económica muy especializada como es la Udef (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) y, en general, las que afectan a materia de investigación referida a Policía Judicial, la elaboración de escritos borradores, donde se vuelcan los datos que de múltiples formas llegan a conocimiento de los integrantes de estos grupos policiales, si bien es cierto que sólo terminan finalmente judicializados si los jefes respectivos validan la realidad de dichas informaciones y las consideran consistentes para ponerlas a disposición de la autoridad judicial.
Tercera.- Que no obstante lo anterior, el resultado de la investigación practicada hasta la fecha con los funcionarios que componen los distintos grupos que, de una u otra manera, han tenido conocimiento de las informaciones que aparecen en el escrito borrador, todos y cada uno de ellos han negado su participación en el mismo, siendo por ahora difícil dirimir si tal negativa se debe a que realmente nadie ha intervenido en su elaboración o, por el contrario, dada la notoriedad que su filtración ha despertado, eluden las consecuencias de verse acusados de ello por parte de esta Unidad de Asuntos Internos.
Cuarta.- Que debe destacarse, asimismo, que a partir de la polémica suscitada con la publicación del citado borrador se ha recibido información referida a las presuntas irregularidades recogidas en el mismo que, por el momento, están siendo objeto de comprobación y estudio y que, en su caso, podrían remitirse a la autoridad judicial si aportaran información suficiente sobre el asunto. Esta información, una vez identificada su veracidad, podría aportar información esclarecedora a diferentes sumarios judiciales cuya información quedó reflejada en el borrador de referencia, si bien antes de poder ponerla a disposición de los titulares de los órganos jurisdiccionales que entienden en las diferentes causas se están realizando las oportunas comprobaciones por las unidades policiales competentes.
Esta Unidad de Asuntos Internos continúa la investigación con especial atención en lo referido a la lesiva conducta de filtración del borrador, ya que con la publicación de determinados datos se ha puesto en grave riesgo las investigaciones policiales, que en todo momento deben regirse por la discreción de las averiguaciones y por el rigor en la recogida de la información, al objeto de trasladarlo a disposición de la autoridad judicial. Con todo ello se trata de dirimir si tales filtraciones se debieron a negligencia inexcusable o por el contrario, las mismas se produjeron pese a haber adoptado todas las medidas que la ley prevé.
IU insta a la Fiscalía a investigar las cuentas en Suiza y paraísos fiscales
Cayo Lara destaca que Hacienda cifra el fraude empresarial en 44.000 millones de euros
El presidente del grupo parlamentario de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Cayo Lara, ha decidido pasar a la ofensiva contra el fraude, las cuentas en paraísos fiscales y la evasión de impuestos, por lo que ha enviado un escrito instando a la Fiscalía General del Estado a que realice una «investigación exhaustiva» sobre todo el fraude fiscal que se comete en España.
El líder de Izquierda Unida reclama que se investigue a cualquier empresa o particular que pueda «poseer cuentas opacas en paraísos fiscales o en Suiza para evadir impuestos o para ocultar presuntas actividades delictivas».
Para ello, pide en su escrito la designación de «un fiscal especial» para dirigir la investigación hasta el final y ejercitar las acciones penales que correspondan.
La petición se justifica porque, en opinión de este grupo parlamentario, hay varios hechos y datos que invitan claramente a la actuación de la Fiscalía.
En este sentido, apuntan la detención en España del ciudadano italofrancés Hervé Daniel Falciani por copiar y difundir listados de miles de evasores fiscales con cuentas en la oficina del HSBC Private Bank en Ginebra, donde trabajaba.
Cayo Lara recordó que los datos hechos públicos por Falciani sacaron a la luz unas 3.000 cuentas pertenecientes a 659 contribuyentes españoles y con cantidades no declaradas de más de 6.000 millones de euros.
Según se señala en el escrito, los datos revelados ya han sido utilizados en Francia, Estados Unidos o Reino Unido, entre otros países, lo que ha permitido «identificar a miles de evasores de impuestos».
También menciona el texto que en un informe de la Agencia Tributaria se señala que un 74% del fraude fiscal que cometen las empresas españolas suma un total de 44.000 millones de euros defraudados al fisco, pero denuncia que «la mayoría de las investigaciones se llevan a cabo sobre autónomos, profesionales liberales y trabajadores, cuyo fraude solamente representa el 8%».
De hecho, recordó también que el informe del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) «señala a las grandes fortunas y las grandes empresas como los responsables del 71,8% del total del fraude en España».
Cayo Lara recordó, además, que el Ministerio Fiscal tiene «la misión de promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad de los derechos de los ciudadanos y del interés público», e insistió en que «debe abrirse, con la mayor celeridad posible y empleando todos los recursos a su alcance, una investigación en profundidad de todas aquellas personas y sociedades mercantiles que pudieran poseer cuentas en paraísos fiscales».
Fuentes de Izquierda Unida indicaron a EL MUNDO que la coalición lleva trabajando y demandando esta actuación desde hace mucho tiempo, y que no va sólo dirigida a las cuentas que podrían tener la familia de Jordi Pujol y la de Artur Mas en entidades de Suiza.
«Queremos que se sepa todo, y ahora tenemos una oportunidad para poder conocerlo porque hay un listado que lo señala. Es el momento de que actúen las autoridades judiciales de forma clara y contundente», afirmó un portavoz de Izquierda Unida.
Previsiblemente, el escrito presentado por el grupo parlamentario de la Izquierda Plural a la Fiscalía irá acompañado de más iniciativas parlamentarias en este mismo ámbito y en los próximos meses, presionando al Gobierno para que actúe de forma decidida ante este masivo fraude.
El presidente del grupo parlamentario de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Cayo Lara, ha decidido pasar a la ofensiva contra el fraude, las cuentas en paraísos fiscales y la evasión de impuestos, por lo que ha enviado un escrito instando a la Fiscalía General del Estado a que realice una «investigación exhaustiva» sobre todo el fraude fiscal que se comete en España.
El líder de Izquierda Unida reclama que se investigue a cualquier empresa o particular que pueda «poseer cuentas opacas en paraísos fiscales o en Suiza para evadir impuestos o para ocultar presuntas actividades delictivas».
Para ello, pide en su escrito la designación de «un fiscal especial» para dirigir la investigación hasta el final y ejercitar las acciones penales que correspondan.
La petición se justifica porque, en opinión de este grupo parlamentario, hay varios hechos y datos que invitan claramente a la actuación de la Fiscalía.
En este sentido, apuntan la detención en España del ciudadano italofrancés Hervé Daniel Falciani por copiar y difundir listados de miles de evasores fiscales con cuentas en la oficina del HSBC Private Bank en Ginebra, donde trabajaba.
Cayo Lara recordó que los datos hechos públicos por Falciani sacaron a la luz unas 3.000 cuentas pertenecientes a 659 contribuyentes españoles y con cantidades no declaradas de más de 6.000 millones de euros.
Según se señala en el escrito, los datos revelados ya han sido utilizados en Francia, Estados Unidos o Reino Unido, entre otros países, lo que ha permitido «identificar a miles de evasores de impuestos».
También menciona el texto que en un informe de la Agencia Tributaria se señala que un 74% del fraude fiscal que cometen las empresas españolas suma un total de 44.000 millones de euros defraudados al fisco, pero denuncia que «la mayoría de las investigaciones se llevan a cabo sobre autónomos, profesionales liberales y trabajadores, cuyo fraude solamente representa el 8%».
De hecho, recordó también que el informe del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) «señala a las grandes fortunas y las grandes empresas como los responsables del 71,8% del total del fraude en España».
Cayo Lara recordó, además, que el Ministerio Fiscal tiene «la misión de promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad de los derechos de los ciudadanos y del interés público», e insistió en que «debe abrirse, con la mayor celeridad posible y empleando todos los recursos a su alcance, una investigación en profundidad de todas aquellas personas y sociedades mercantiles que pudieran poseer cuentas en paraísos fiscales».
Fuentes de Izquierda Unida indicaron a EL MUNDO que la coalición lleva trabajando y demandando esta actuación desde hace mucho tiempo, y que no va sólo dirigida a las cuentas que podrían tener la familia de Jordi Pujol y la de Artur Mas en entidades de Suiza.
«Queremos que se sepa todo, y ahora tenemos una oportunidad para poder conocerlo porque hay un listado que lo señala. Es el momento de que actúen las autoridades judiciales de forma clara y contundente», afirmó un portavoz de Izquierda Unida.
Previsiblemente, el escrito presentado por el grupo parlamentario de la Izquierda Plural a la Fiscalía irá acompañado de más iniciativas parlamentarias en este mismo ámbito y en los próximos meses, presionando al Gobierno para que actúe de forma decidida ante este masivo fraude.
No, si al final es todo verdad, después de despotricar algun@s en las televisiones y diarios contra la propia Policía. Al final, son todos corruptos desde que nacieron. En este plan, España no puede ir ni medio mal.
ResponderEliminarTodos a la cárcel.