La familia del asesinado Latiegui remite copias al fiscal general, el
ministro y la Defensora
Las 164 páginas del informe Latiegui se encuentran desde el 10 de octubre en
algún cajón del despacho del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.
También lo tiene en sus manos el fiscal general del Estado, Eduardo
Torres-Dulce, y la defensora del pueblo, Soledad Becerril, cuyo equipo se ha
comprometido a estudiarlo al detalle. La batalla jurídica para que los crímenes
de ETA sean reconocidos como crímenes contra la Humanidad transcurre en paralelo
en la Corte Penal Internacional, y su impulsor, el abogado especialista en
derecho penal internacional Miguel Ángel Rodríguez Arias, prepara ahora los
papeles para acudir a la ONU.
La tesis del letrado -que lleva seis años imbuido en esta investigación y desde hace uno representa a Ramona Garrido, viuda de José María Latiegui, empresario asesinado por ETA en Usúrbil (Guipúzcoa) en 1981- se levanta sobre una lógica aparentemente aplastante. Defiende, primero, que ETA ha cometido «sin ninguna duda» crímenes de lesa Humanidad como los que perpetraron Hitler, Stalin o Miloševic, puesto que ha utilizado el asesinato selectivo y la persecución contra la población civil por motivos políticos.
De esa premisa se deriva una consecuencia: que España no ha aplicado ni aplica los tratados internacionales de derechos humanos que firmó en 1977 y 1979 -el Pacto Internacional de Derechos Civiles y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, respectivamente-, según los cuales esos crímenes no pueden prescribir nunca.
Si se lleva a la práctica lo que este abogado reclama, la Fiscalía española tendría que reabrir 134 casos de asesinatos ya prescritos que se han producido desde la firma del primer tratado, en 1977, e incluso juzgar por un delito de crimen contra la Humanidad a quienes empujaron a muchos vascos al exilio, amenazándolos, lanzando cócteles molotov contra sus casas o quemándoles el coche.
Para poner en marcha esos procesos, España «no tendría que reformar su legislación interna», sino simplemente «cumplir con su obligación de aplicar la normativa internacional vigente», afirma Rodríguez. Tan fácil y tan complicado.
El asunto es «de justicia» para las víctimas y también socialmente, sostiene el abogado, ya que daría satisfacción a ese «derecho a la verdad» que la banda terrorista y sus cómplices están procurando torpedear reescribiendo su pasado.
Pero es también una empresa espinosa. Una vez que ETA ha anunciado que baja la persiana y los dos grandes partidos nacionales junto con el PNV buscan cómo reinsertar a sus presos, ahora que muchos juristas reclaman derogar la legislación antiterrorista... la posible consideración del terrorismo vasco como crimen contra la Humanidad y la cascada de consecuencias judiciales que traería esto componen una bomba de relojería demasiado grande para eso que ha dado en llamarse el nuevo tiempo en el País Vasco.
El letrado confía, no obstante, en que ninguna de las instancias que ha leído el documento ha puesto «objeción jurídica alguna» a su investigación, y cree que la cuestión es sencilla: «España sólo debe cumplir la ley internacional y aplicar la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos».
El alto tribunal, argumenta, ha resuelto cinco casos en los que se opone a que los crímenes de lesa Humanidad queden impunes: los casos Papon, Kolk, Korbely, Kononov y el de los tiradores del Muro de Berlín, porque quien comete un crimen contra la Humanidad «no debe ser obligatoriamente un Estado».
El informe se basa en la legislación internacional para atribuir a ETA este tipo de crímenes contra la Humanidad, que ya se definieron tras la Segunda Guerra Mundial en el Estatuto de Londres del tribunal penal de Nüremberg de 1945.
Las 164 páginas del informe Latiegui se encuentran desde el 10 de octubre en
algún cajón del despacho del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.
También lo tiene en sus manos el fiscal general del Estado, Eduardo
Torres-Dulce, y la defensora del pueblo, Soledad Becerril, cuyo equipo se ha
comprometido a estudiarlo al detalle. La batalla jurídica para que los crímenes
de ETA sean reconocidos como crímenes contra la Humanidad transcurre en paralelo
en la Corte Penal Internacional, y su impulsor, el abogado especialista en
derecho penal internacional Miguel Ángel Rodríguez Arias, prepara ahora los
papeles para acudir a la ONU. La tesis del letrado -que lleva seis años imbuido en esta investigación y desde hace uno representa a Ramona Garrido, viuda de José María Latiegui, empresario asesinado por ETA en Usúrbil (Guipúzcoa) en 1981- se levanta sobre una lógica aparentemente aplastante. Defiende, primero, que ETA ha cometido «sin ninguna duda» crímenes de lesa Humanidad como los que perpetraron Hitler, Stalin o Miloševic, puesto que ha utilizado el asesinato selectivo y la persecución contra la población civil por motivos políticos.
De esa premisa se deriva una consecuencia: que España no ha aplicado ni aplica los tratados internacionales de derechos humanos que firmó en 1977 y 1979 -el Pacto Internacional de Derechos Civiles y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, respectivamente-, según los cuales esos crímenes no pueden prescribir nunca.
Si se lleva a la práctica lo que este abogado reclama, la Fiscalía española tendría que reabrir 134 casos de asesinatos ya prescritos que se han producido desde la firma del primer tratado, en 1977, e incluso juzgar por un delito de crimen contra la Humanidad a quienes empujaron a muchos vascos al exilio, amenazándolos, lanzando cócteles molotov contra sus casas o quemándoles el coche.
Para poner en marcha esos procesos, España «no tendría que reformar su legislación interna», sino simplemente «cumplir con su obligación de aplicar la normativa internacional vigente», afirma Rodríguez. Tan fácil y tan complicado.
El asunto es «de justicia» para las víctimas y también socialmente, sostiene el abogado, ya que daría satisfacción a ese «derecho a la verdad» que la banda terrorista y sus cómplices están procurando torpedear reescribiendo su pasado.
Pero es también una empresa espinosa. Una vez que ETA ha anunciado que baja la persiana y los dos grandes partidos nacionales junto con el PNV buscan cómo reinsertar a sus presos, ahora que muchos juristas reclaman derogar la legislación antiterrorista... la posible consideración del terrorismo vasco como crimen contra la Humanidad y la cascada de consecuencias judiciales que traería esto componen una bomba de relojería demasiado grande para eso que ha dado en llamarse el nuevo tiempo en el País Vasco.
El letrado confía, no obstante, en que ninguna de las instancias que ha leído el documento ha puesto «objeción jurídica alguna» a su investigación, y cree que la cuestión es sencilla: «España sólo debe cumplir la ley internacional y aplicar la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos».
El alto tribunal, argumenta, ha resuelto cinco casos en los que se opone a que los crímenes de lesa Humanidad queden impunes: los casos Papon, Kolk, Korbely, Kononov y el de los tiradores del Muro de Berlín, porque quien comete un crimen contra la Humanidad «no debe ser obligatoriamente un Estado».
El informe se basa en la legislación internacional para atribuir a ETA este tipo de crímenes contra la Humanidad, que ya se definieron tras la Segunda Guerra Mundial en el Estatuto de Londres del tribunal penal de Nüremberg de 1945.
Cuarenta etarras han recibido este año actos de homenaje
Cargos públicos de EH Bildu participan en estas ceremonias de 'ongi etorri',
que se celebran con toda la impunidad
Mientras la banda terrorista ETA sigue sin entregar las armas, sus miembros reciben honores a plena luz del día para humillación de sus víctimas. Entre aurreskus, flores y banderas de Euskal Presoak Etxera, los terroristas son vitoreados por cientos de personas cuando regresan a sus hogares después de haber cumplido condena.
Según ha podido saber EL MUNDO, en lo que va de año se han celebrado en el País Vasco y Navarra hasta 40 ongi etorris, actos de bienvenida a etarras que no fueron prohibidos por la Audiencia Nacional ni disueltos por las Fuerzas de Seguridad a pesar de que algunos habían sido denunciados previamente por Dignidad y Justicia. Su presidente, Daniel Portero, denuncia la pasividad de la Audiencia ante estos actos.
El presidente de Dignidad y Justicia tiene previsto reclamar este martes al fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, que ponga coto a estas situaciones de «impunidad judicial».
La secuencia de un ongi etorri siempre se repite. Cientos de personas convocadas por plataformas pro amnistía como Herrira aguardan impacientemente la llegada de su héroe. El actor principal hace entrada en escena y se desata la locura a pie de calle. Sus fans se agolpan para abrazarle y fotografiarse junto a él. Días más tarde, inmortalizarán sus instantáneas en Twitter o Facebook y sus amigos pincharán el botón de Me Gusta. La popularidad de este héroe no nace de haber trabajado en una ONG durante años.
Todo lo contrario. El susodicho se da un baño de masas y recibe la bendición de cargos de EH Bildu por haber sufrido la represión del Estado tras haber participado activamente en esa estrategia de terror que tantas familias ha destruido en España. El problema radica en que este tipo de episodios no son esporádicos en el País Vasco y Navarra.
Los actos han tenido lugar en localidades de todos los colores políticos, si bien no son los municipios los responsables últimos de su autorización: Bildu (siete ongi etorris), PNV (11 homenajes), UPN (nueve), PP (siete) y PSE (tres) y otros dos en Francia.
La cascada de actos de bienvenida no ha remitido desde el pasado 13 de enero. Aquel día se recibió con carantoñas en Guecho a Jon Rosales, un joven que ingresó en prisión acusado de pertenencia a ETA por su intento de integrar un comando en Guipúzcoa. Los actos han continuado desde entonces ante la pasividad de la Audiencia Nacional que, según denuncia Portero, no ha prohibido «ningún ongi etorri» en lo que va de año. A su juicio, la Fiscalía ha rehusado investigar la mayoría de estas bienvenidas una vez producidas e incluso en algunos casos las ha permitido expresamente pese a la denuncia previa de Dignidad y Justicia.
Por ejemplo, el pasado 28 de febrero la Audiencia permitió la celebración de un ongi etorri en Guecho al miembro de Segi Imanol Beristain, desoyendo la petición de cancelación por parte de la plataforma de Portero. Meses más tarde, hizo caso omiso a otra denuncia al consentir en Navarra el ongi etorri al dirigente de Ekin Josu Esparza.
El presidente de Dignidad y Justicia lamenta que la Audiencia, y concretamente su Fiscalía, esté demostrando cierta «desidia» a la hora de perseguir a los promotores de este tipo de actos, que hieren la sensibilidad de las víctimas de ETA y colocan a sus verdugos en el papel de héroes justo en un momento en el que está en juego el relato sobre el fin de ETA.
Portero recuerda que «nada más en 2011 los jueces de la Audiencia Nacional prohibieron una cuarentena de ongi etorris frente a este año en el que no han suspendido ninguno». También carga las tintas contra la Ertzaintza «por no haber actuado de oficio y haber disuelto los ongi etorris» cuando sabían que se estaban produciendo. «No sé donde ha quedado ese discurso de tolerancia cero del Gobierno del PSE», ironiza.
Portero, además, explica que «cada vez es más complicado» detectar este tipo de celebraciones porque los organizadores, a diferencia de antaño, «ya no los publicitan con anterioridad» y sólo promocionan el acto de ensalzamiento cuando ya ha tenido lugar.
El portavoz de Dignidad y Justicia lamenta que su organización sea la que está persiguiendo este tipo de actuaciones cuando debería ser labor de la Fiscalía. «Quien tiene que perseguir la defensa de la legalidad es el fiscal», expresa Portero, que prepara ya una serie de iniciativas legales para poner coto a estas celebraciones.
Portero remitirá una carta este martes al fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, para reclamarle que pida a sus fiscales y jueces que dejen de ser pasivos ante esta situación. «El fiscal general debe saber lo que tiene dentro de la Audiencia Nacional», indica Portero, que subraya que la mayoría de los fiscales y jueces entienden que dar la bienvenida a terroristas «no es constitutivo de delito» de antemano y se decantan por esperar a que se produzca el hecho para después investigarlo. «El problema», según explica Portero, es que la Justicia una vez celebrado el homenaje «no lo investiga».
Portero se mostró muy crítico cuando el fiscal Marcelo Azcárraga no quiso solicitar al juez la prohibición del ongietorri al miembro de Ekin, Josu Esparza, celebrado en Navarra a principios de octubre por considerar que no era delito. «Habiendo denunciado un acto de enaltecimiento del terrorismo como es un ongi etorri de un miembro de Ekin, nos hemos encontrado con la frecuente pero no nueva sorpresa de que, para el fiscal no es delito. Aún no sé si este fiscal conoce el significado de enaltecer a ETA, pero para los que llevamos mucho tiempo en esta lucha, un ongietorri a un miembro de ETA o su entorno no es más que alabar, ensalzar, enaltecer la figura de un terrorista», expresó Portero en una carta que dirigió a este diario.
Para Portero, los ongietorris deben ser «prohibidos automáticamente» ya que se sabe de antemano «que buscan enaltecer a terroristas».
Mientras la banda terrorista ETA sigue sin entregar las armas, sus miembros reciben honores a plena luz del día para humillación de sus víctimas. Entre aurreskus, flores y banderas de Euskal Presoak Etxera, los terroristas son vitoreados por cientos de personas cuando regresan a sus hogares después de haber cumplido condena.
Según ha podido saber EL MUNDO, en lo que va de año se han celebrado en el País Vasco y Navarra hasta 40 ongi etorris, actos de bienvenida a etarras que no fueron prohibidos por la Audiencia Nacional ni disueltos por las Fuerzas de Seguridad a pesar de que algunos habían sido denunciados previamente por Dignidad y Justicia. Su presidente, Daniel Portero, denuncia la pasividad de la Audiencia ante estos actos.
El presidente de Dignidad y Justicia tiene previsto reclamar este martes al fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, que ponga coto a estas situaciones de «impunidad judicial».
La secuencia de un ongi etorri siempre se repite. Cientos de personas convocadas por plataformas pro amnistía como Herrira aguardan impacientemente la llegada de su héroe. El actor principal hace entrada en escena y se desata la locura a pie de calle. Sus fans se agolpan para abrazarle y fotografiarse junto a él. Días más tarde, inmortalizarán sus instantáneas en Twitter o Facebook y sus amigos pincharán el botón de Me Gusta. La popularidad de este héroe no nace de haber trabajado en una ONG durante años.
Todo lo contrario. El susodicho se da un baño de masas y recibe la bendición de cargos de EH Bildu por haber sufrido la represión del Estado tras haber participado activamente en esa estrategia de terror que tantas familias ha destruido en España. El problema radica en que este tipo de episodios no son esporádicos en el País Vasco y Navarra.
Los actos han tenido lugar en localidades de todos los colores políticos, si bien no son los municipios los responsables últimos de su autorización: Bildu (siete ongi etorris), PNV (11 homenajes), UPN (nueve), PP (siete) y PSE (tres) y otros dos en Francia.
La cascada de actos de bienvenida no ha remitido desde el pasado 13 de enero. Aquel día se recibió con carantoñas en Guecho a Jon Rosales, un joven que ingresó en prisión acusado de pertenencia a ETA por su intento de integrar un comando en Guipúzcoa. Los actos han continuado desde entonces ante la pasividad de la Audiencia Nacional que, según denuncia Portero, no ha prohibido «ningún ongi etorri» en lo que va de año. A su juicio, la Fiscalía ha rehusado investigar la mayoría de estas bienvenidas una vez producidas e incluso en algunos casos las ha permitido expresamente pese a la denuncia previa de Dignidad y Justicia.
Por ejemplo, el pasado 28 de febrero la Audiencia permitió la celebración de un ongi etorri en Guecho al miembro de Segi Imanol Beristain, desoyendo la petición de cancelación por parte de la plataforma de Portero. Meses más tarde, hizo caso omiso a otra denuncia al consentir en Navarra el ongi etorri al dirigente de Ekin Josu Esparza.
El presidente de Dignidad y Justicia lamenta que la Audiencia, y concretamente su Fiscalía, esté demostrando cierta «desidia» a la hora de perseguir a los promotores de este tipo de actos, que hieren la sensibilidad de las víctimas de ETA y colocan a sus verdugos en el papel de héroes justo en un momento en el que está en juego el relato sobre el fin de ETA.
Portero recuerda que «nada más en 2011 los jueces de la Audiencia Nacional prohibieron una cuarentena de ongi etorris frente a este año en el que no han suspendido ninguno». También carga las tintas contra la Ertzaintza «por no haber actuado de oficio y haber disuelto los ongi etorris» cuando sabían que se estaban produciendo. «No sé donde ha quedado ese discurso de tolerancia cero del Gobierno del PSE», ironiza.
Portero, además, explica que «cada vez es más complicado» detectar este tipo de celebraciones porque los organizadores, a diferencia de antaño, «ya no los publicitan con anterioridad» y sólo promocionan el acto de ensalzamiento cuando ya ha tenido lugar.
El portavoz de Dignidad y Justicia lamenta que su organización sea la que está persiguiendo este tipo de actuaciones cuando debería ser labor de la Fiscalía. «Quien tiene que perseguir la defensa de la legalidad es el fiscal», expresa Portero, que prepara ya una serie de iniciativas legales para poner coto a estas celebraciones.
Portero remitirá una carta este martes al fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, para reclamarle que pida a sus fiscales y jueces que dejen de ser pasivos ante esta situación. «El fiscal general debe saber lo que tiene dentro de la Audiencia Nacional», indica Portero, que subraya que la mayoría de los fiscales y jueces entienden que dar la bienvenida a terroristas «no es constitutivo de delito» de antemano y se decantan por esperar a que se produzca el hecho para después investigarlo. «El problema», según explica Portero, es que la Justicia una vez celebrado el homenaje «no lo investiga».
Portero se mostró muy crítico cuando el fiscal Marcelo Azcárraga no quiso solicitar al juez la prohibición del ongietorri al miembro de Ekin, Josu Esparza, celebrado en Navarra a principios de octubre por considerar que no era delito. «Habiendo denunciado un acto de enaltecimiento del terrorismo como es un ongi etorri de un miembro de Ekin, nos hemos encontrado con la frecuente pero no nueva sorpresa de que, para el fiscal no es delito. Aún no sé si este fiscal conoce el significado de enaltecer a ETA, pero para los que llevamos mucho tiempo en esta lucha, un ongietorri a un miembro de ETA o su entorno no es más que alabar, ensalzar, enaltecer la figura de un terrorista», expresó Portero en una carta que dirigió a este diario.
Para Portero, los ongietorris deben ser «prohibidos automáticamente» ya que se sabe de antemano «que buscan enaltecer a terroristas».
Haber si es verdad, y se hace para escarnio de todos los batasunaris que apoyan a los asesinos, y por ende a los gobiernos del bipartidismo que tanta culpa tienen de todo esto.
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