Ha pedido por escrito al juez permiso para verse con sus víctimas y pedirles
perdón
José Emilio Suárez Trashorras, el ex minero de Avilés condenado por el 11-M,
está dando sus primeros pasos de cara a poder incorporarse al nuevo plan de
reinserción puesto en marcha por el Gobierno.
Trashorras, que fue condenado a 34.715 años de cárcel por facilitar los explosivos con los que el 11 de marzo de 2004 fueron asesinadas 192 personas en Madrid, ha trasladado ya sus intenciones al juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional José Luis Castro.
Según explicaron a este periódico fuentes cercanas al proceso iniciado por el propio condenado, Trashorras ha remitido un escrito a este juez, vía su abogado, en el que pide reunirse con víctimas del 11-M para pedirles perdón.
Según explicaron estas mismas fuentes, el condenado no ha hecho una petición expresa al Ministerio del Interior o a Instituciones Penitenciarias solicitando formar parte de los nuevos programas de reinserción aprobados y presentados el pasado mes de abril por el Ejecutivo y que incluyen la participación de los condenados en cursillos de convivencia.
Pero los pasos que por vía de su abogado defensor apunta este condenado llevan este camino. Porque, además, en pequeña cuantía, el ex minero de Avilés (Asturias) está afrontando el pago de la responsabilidad civil por la que fue condenado primero por la Audiencia Nacional y en segunda instancia por el Tribunal Supremo.
Estas son condiciones, tanto mostrar su arrepentimiento ante las víctimas como afrontar las responsabilidades pecuniarias de sus condenas, imprescindibles a la hora de poderse acoger a este nuevo plan penitenciario del Ejecutivo.
En principio, según estas mismas fuentes, no parece que ninguna de las víctimas, familiares de los fallecidos o heridos, del 11-M esté dispuesto a sentarse ante Suárez Trashorras para escucharle pedir perdón. No obstante la puerta aún no se ha cerrado. De hecho, el escrito fue presentado recientemente por el letrado de Trashorras ante el juez de la Audiencia Nacional.
El Ejecutivo anunció el pasado mes de abril un nuevo plan penitenciario, un nuevo plan de reinserción para presos condenados por terrorismo. Pese a que el plan apuntaba esencialmente a los internos de la organización terrorista ETA, la iniciativa incluye al resto de condenados por todo tipo de terrorismo.
El Ejecutivo buscaba con esta nueva iniciativa tratar de «mover» al colectivo de presos etarras, romper esa situación de bloqueo en que se encuentran, de inmovilismo. Los expertos detectaron que había muchos internos de ETA dispuestos a dar el paso pero también detectaron el control férreo que aún mantiene la estructura etarra sobre su colectivo de presos.
La llamada vía Nanclares, puesta en marcha por el anterior Ejecutivo con la misma intención que el actual plan, dio algunos resultados, ya que fueron al menos una veintena de presos los que accedieron a dar pasos y lograron así, tras estar internados en los denominados 'laboratorios' de Zuera y Villabona, ser acercados a la cárcel alavesa de Nanclares de la Oca.
El nuevo plan dejaba abierta la puerta a que también los condenados por el 11-M pudieran tratar de acceder a las vías de reinserción. Suárez Trashorras, hasta ahora, es el primero de estos internos que ya ha dado muestras de querer acceder a este plan al menos ante el juez de la Audiencia Nacional.
Uno de los beneficios penitenciarios de este plan iniciado en abril es el posible acercamiento a cárceles del País Vasco para los etarras. La posibilidad de que Trashorras pueda acceder a algún tipo de ventaja penitenciaria, de momento, está prácticamente descartada, recuerdan estas mismas fuentes.
José Emilio Suárez Trashorras, el ex minero de Avilés condenado por el 11-M,
está dando sus primeros pasos de cara a poder incorporarse al nuevo plan de
reinserción puesto en marcha por el Gobierno. Trashorras, que fue condenado a 34.715 años de cárcel por facilitar los explosivos con los que el 11 de marzo de 2004 fueron asesinadas 192 personas en Madrid, ha trasladado ya sus intenciones al juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional José Luis Castro.
Según explicaron a este periódico fuentes cercanas al proceso iniciado por el propio condenado, Trashorras ha remitido un escrito a este juez, vía su abogado, en el que pide reunirse con víctimas del 11-M para pedirles perdón.
Según explicaron estas mismas fuentes, el condenado no ha hecho una petición expresa al Ministerio del Interior o a Instituciones Penitenciarias solicitando formar parte de los nuevos programas de reinserción aprobados y presentados el pasado mes de abril por el Ejecutivo y que incluyen la participación de los condenados en cursillos de convivencia.
Pero los pasos que por vía de su abogado defensor apunta este condenado llevan este camino. Porque, además, en pequeña cuantía, el ex minero de Avilés (Asturias) está afrontando el pago de la responsabilidad civil por la que fue condenado primero por la Audiencia Nacional y en segunda instancia por el Tribunal Supremo.
Estas son condiciones, tanto mostrar su arrepentimiento ante las víctimas como afrontar las responsabilidades pecuniarias de sus condenas, imprescindibles a la hora de poderse acoger a este nuevo plan penitenciario del Ejecutivo.
En principio, según estas mismas fuentes, no parece que ninguna de las víctimas, familiares de los fallecidos o heridos, del 11-M esté dispuesto a sentarse ante Suárez Trashorras para escucharle pedir perdón. No obstante la puerta aún no se ha cerrado. De hecho, el escrito fue presentado recientemente por el letrado de Trashorras ante el juez de la Audiencia Nacional.
El Ejecutivo anunció el pasado mes de abril un nuevo plan penitenciario, un nuevo plan de reinserción para presos condenados por terrorismo. Pese a que el plan apuntaba esencialmente a los internos de la organización terrorista ETA, la iniciativa incluye al resto de condenados por todo tipo de terrorismo.
El Ejecutivo buscaba con esta nueva iniciativa tratar de «mover» al colectivo de presos etarras, romper esa situación de bloqueo en que se encuentran, de inmovilismo. Los expertos detectaron que había muchos internos de ETA dispuestos a dar el paso pero también detectaron el control férreo que aún mantiene la estructura etarra sobre su colectivo de presos.
La llamada vía Nanclares, puesta en marcha por el anterior Ejecutivo con la misma intención que el actual plan, dio algunos resultados, ya que fueron al menos una veintena de presos los que accedieron a dar pasos y lograron así, tras estar internados en los denominados 'laboratorios' de Zuera y Villabona, ser acercados a la cárcel alavesa de Nanclares de la Oca.
El nuevo plan dejaba abierta la puerta a que también los condenados por el 11-M pudieran tratar de acceder a las vías de reinserción. Suárez Trashorras, hasta ahora, es el primero de estos internos que ya ha dado muestras de querer acceder a este plan al menos ante el juez de la Audiencia Nacional.
Uno de los beneficios penitenciarios de este plan iniciado en abril es el posible acercamiento a cárceles del País Vasco para los etarras. La posibilidad de que Trashorras pueda acceder a algún tipo de ventaja penitenciaria, de momento, está prácticamente descartada, recuerdan estas mismas fuentes.
Una iniciativa con incidencia relativa
La iniciativa del nuevo plan de reinserción de terroristas fue recibida con un
frontal rechazo por las asociaciones de víctimas, que intuyeron movimientos
extraños tras el anuncio de ETA. Entendieron que el Ejecutivo pretendía dejar
una puerta abierta a los presos de ETA. Desde el Gobierno se insistió ante las
víctimas, por activa y por pasiva, en que no se iban a rebajar ni un milímetro
las exigencias a los presos etarras. El plan arrancó en abril. Han sido
numerosos los encuentros entre víctimas y etarras, pero en la gran mayoría, esos
terroristas no se vieron cara a cara con sus víctimas directas, con las víctimas
de sus acciones. Pero sí se produjo un encuentro que ha sido lo más destacado de
este plan del Ejecutivo que arrancó el pasado mes de abril: la entrevista entre
una víctima del atentado de Hipercor y uno de los autores materiales de la
matanza. Roberto Manrique, una de las víctimas de Hipercor, se entrevistó con el
ex jefe del comando Barcelona en aquella época, Rafael Caride Simón. A su
salida, tras el encuentro, explicó que el preso admitió que «por fin la política
ha ganado la batalla al terrorismo» en el mundo de ETA y que la izquierda
Abertzale también «debería reconocer el daño causado». En Hipercor, el comando
del que formó parte Caride asesinó a 21 personas y dejó a 45 heridas. Sin
embargo, éste ha sido el único encuentro con cierto peso que se ha producido en
el marco de este nuevo plan diseñado por el Ejecutivo para tratar de romper el
colectivo de presos y de dar facilidades a los que quieren dar pasos
Pues hace bien, ya que visto lo visto, igual hasta debía de estar en la calle, y si la ley es igual para todos?? (que lo dudo), el también tiene ese derecho.
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