Ruz rechaza los recursos que pedían el procesamiento del ex director de la Policía Víctor García Hidalgo se alejó ayer otro pasito del banquillo de la Audiencia Nacional. El juez del caso Faisán, Pablo Ruz, desestimó los recursos de reforma interpuestos por las acusaciones, en los que pedían que se procesase al ex director general de la Policía por su participación en el chivatazo. En el mismo auto, el juez rechaza los recursos de las defensas y confirma el procesamiento del ex jefe superior del País Vasco Enrique Pamies y del inspector José María Ballesteros.
Una vez resueltos los de reforma, es el turno de los recursos clave, los de apelación que ahora estudiará la Sala de lo Penal, que el año pasado revocó los procesamientos. Lo hizo en un Pleno porque así lo quiso su entonces presidente, Javier Gómez Bermúdez. El actual presidente, Fernando Grande-Marlaska, ya ha dicho que el no avocará asuntos al Pleno, por lo que en principio los recursos los resolverá quien siempre lo había hecho, la Sección Segunda. La única opción de que vuelva al Pleno es que la mayoría de magistrados de la Sala así lo solicite.
En su auto, el juez explica que el último año de investigaciones ha reforzado la imputación contra Pamies y Ballesteros, pero no ha aportado nada nuevo contra Hidalgo. Y que, puesto que la Sala de lo Penal dijo en su día que lo que había contra el socialista vasco no bastaba, no puede volver a procesarlo. «Los indicios apuntados por ambas asociaciones [AVT y Dignidad y Justicia] son los que ya fueron valorados en el anterior auto de procesamiento que resultó revocado».
En cuanto a la ratificación de los procesamientos, el juez dice que esas nuevas diligencias han tenido dos consecuencias: por un lado, han aportado indicios «con la consistencia» exigida en su día por la Sala; por otro, «se ha evidenciado» la «inviabilidad» de que la llamada del soplo fuera la sugerida por las defensas.
La Fiscalía había rechazado la estimación de todos los recursos, eludiendo de nuevo la más mínima referencia a la peliaguda cuestión de la calificación jurídica. El juez considera que el chivatazo fue un delito de colaboración terrorista, mientras que -al menos hasta ahora- la Fiscalía de la Audiencia lo considera una mera revelación de secretos.
Como siempre, el político no da la cara, y se va de rositas.Todo el pago para los de siempre, eso para que vayan aprendiendo cuando les den esas órdenes políticas, y ilegales ante la ley, según estamos viendo.
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