A las 48 horas de que se lo pidiera la Generalitat, Rodríguez Sol dictó un
decreto sentenciando que la información publicada es «falsa y mendaz»El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, «ni conocía ni comparte» el escrito del fiscal superior de Cataluña en el que éste anuncia acciones contra EL MUNDO por un presunto delito de calumnias, según informaron fuentes de toda solvencia.
El fiscal superior de Cataluña, Martín Rodríguez Sol, emitió ayer una nota en
la que anuncia la incoación de diligencias de investigación contra EL MUNDO, por
las informaciones publicadas por este periódico basadas en un borrador de la
UDEF (Unidad de Delitos Económicos y Fiscales), en el que se vincula al
presidente de la Generalitat, Artur Mas, y al ex presidente Jordi Pujol con
cuentas secretas abiertas en Suiza. Según el fiscal, la información contiene
«los elementos de la calumnia». En opinión de fuentes solventes, Rodríguez Sol ha actuado en contra de las instrucciones que había recibido del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce.
Según las fuentes consultadas, Rodríguez Sol comunicó a Torres-Dulce su intención de incoar las citadas diligencias. El fiscal general requirió al fiscal superior de Cataluña para que retrasase la incoación hasta después de las elecciones del próximo domingo, dado el clima de crispación política generado en torno a este asunto. Además, Torres-Dulce le pidió a Rodríguez Sol que no diera publicidad al asunto cuando decidiera dar traslado de las actuaciones al juez.
En contra de estas instrucciones del fiscal general, Rodríguez Sol incoó las diligencias el miércoles 21 de noviembre y ayer hizo pública una nota de prensa (incluyendo un error sobre la remisión del caso a la Fiscalía de Lérida) en la que se reproduce íntegramente el decreto.
En él se relata que en la información publicada por EL MUNDO «concurren primafacie todos los elementos típicos del delito de calumnia».
Las fuentes señalaron a EL MUNDO que el contenido del escrito no fue conocido previamente por el fiscal general del Estado, que ayer mantuvo una tensa conversación sobre este asunto con su subordinado.
El fiscal general «ni conocía ni comparte» el escrito del fiscal superior de Cataluña, señalaron fuentes cercanas a la institución.
Por su parte, fuentes de la Fiscalía Superior de Cataluña informaron de que, el pasado miércoles, el escrito conocido ayer fue remitido a la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, este extremo no lo confirman las fuentes de la Fiscalía General. El escrito no aparece por ningún lado.
Decisión inaudita
El decreto de Rodríguez Sol va mucho más allá de lo que suele ser habitual en un texto de estas características, ya que establece como probados hechos que llevan ineludiblemente a la comisión del delito de calumnias (según lo establecido en el artículo 205 del Código Penal), cuando la querella todavía no ha sido ni siquiera admitida a trámite por ningún juez.
El fiscal superior de Cataluña señala que la afirmación de que algunos dirigentes de CiU recibían dinero a cambio de contratos de la Generalitat es «radicalmente falsa, mendaz». También señala que «no hay dato alguno sobre la titularidad de una cuenta en el extranjero». Aún más, concluye que «la noticia, en el particular examinado, carece de fundamento».
La Fiscalía Superior de Cataluña ha actuado a instancias del Departamento de Presidencia de la Generalitat, apenas 48 horas después de recibir la petición.
Por otro lado, el fiscal superior de Cataluña comunicó a la Fiscalía General del Estado que él era partidario de que la instrucción de las acciones judiciales contra EL MUNDO se produjera en los juzgados de Barcelona.
Sin embargo, el criterio del Torres-Dulce es que la competencia corresponde a los juzgados de Madrid. El asunto se tiene que dilucidar en las próximas horas.
La actitud del Rodríguez Sol (considerado por sus compañeros como un buen profesional) pone de manifiesto la situación de tensión máxima creada en Cataluña a raíz de la puesta en marcha del proceso soberanista.
El enfrentamiento entre el fiscal general y el fiscal superior de Cataluña (por otra parte, buenos amigos) tiene una clave esencialmente política. La Justicia y la Fiscalía -defensora de los intereses del Estado- ya no son iguales según el lugar donde se aplique la ley.
Fiscal superior, no abogado del Gobierno
Los señores Mas, Pujol y Puig están en su pleno derecho de presentar una querella contra un medio de comunicación que, basándose en una información policial, ha puesto en tela de juicio su honorabilidad. Están incluso en la obligación de hacerlo porque, de haber permanecido mudos ante una duda así, habrían lanzado el suicida mensaje de que asumían implícitamente la autenticidad de las sospechas. Mucho más tratándose de personajes públicos a las puertas de unas elecciones. Por ese lado, todo se ha producido, pues, según las reglas y nada hay de insólito ni de reprochable.- GERMÁN GONZÁLEZ BARCELONA 23/11/2012 PORTADA
La Policía aclara que el borrador tiene datos de varios sumarios
Proceden de otros informes judicializados que no sólo afectan a este caso y
de otra documentación consistente en informes, minutas e informaciones de
confidentes
El Ministerio del Interior ofreció ayer más detalles sobre el borrador policial referente al caso Palau que publicó este diario hace una semana. Según un comunicado, este borrador «contiene datos que proceden de otros informes judicializados que no sólo afectan a este caso», en referencia a la investigación judicial del Palau de la Música y del dinero desviado supuestamente hacia Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), el partido del actual presidente Artur Mas.
El pasado martes, fuentes del Ministerio explicaron a este diario que el borrador publicado por EL MUNDO, que destapa las presuntas cuentas en Suiza de la familia del ex presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, y de Artur Mas, se basa en cuatro informes presentados entre noviembre y mayo pasados en el Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona, que investigaba el caso de presunto desfalco del Palau de la Música, además de por datos obtenidos posteriormente.
El Ministerio del Interior aseguró ayer que se trata de «informes, minutas e informaciones de confidentes» que «no sólo afectan a este caso», sino que pertenecen también a otras investigaciones abiertas que se llevan en varios juzgados. Las pesquisas incluyen gestiones para averiguar los patrimonios en Suiza de Jordi Pujol y Artur Mas, como luego se recogió en el borrador que publicó este diario, tal y como indicaron varias fuentes.
El comisario jefe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (Udef) del Cuerpo Nacional de Policía informó ayer de estos nuevos datos del borrador policial directamente al magistrado que instruye la causa, Josep Maria Pijuan, y al fiscal Anticorrupción, Emilio Sánchez Ulled, en una reunión en Barcelona.
En este encuentro, el jefe de la Udef explicó que, desde su nombramiento en julio pasado, «él personalmente no ha ordenado la elaboración de ningún informe sobre este caso», según dice el comunicado del Ministerio del Interior.
El comisario jefe también explicó al juez que toda la documentación obrante en la Udef ha sido remitida a «la Unidad de Asuntos Internos», que es la encargada de investigar «la existencia del supuesto borrador, y en su caso, la identificación de la autoría de la filtración» a este diario.
Por su parte, el Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona explicó tras la reunión que el comisario jefe de la Udef dejó claro que, tras su toma de posesión, «su unidad no ha elaborado ningún informe, borrador ni investigación del caso Palau, ni le consta su existencia». Además, según explicó el juzgado en un comunicado, el responsable policial le dijo al juez que la investigación de la Udef «se dio por finalizada una vez se le entregó al juzgado el informe, el pasado 24 de mayo de 2012».
Éste es uno de los documentos que Interior confirmó hace unos días que podrían haber servido para confeccionar el borrador. El comisario jefe también dijo que su unidad enviará al juez un anónimo que han recibido y que coincide con otro que el magistrado incorporó a la causa la semana pasada, tal y como publicó este periódico.
Por otro lado, el Sindicato Profesional de la Policía indicó ayer que no toleraría el uso «partidista» de ningún miembro del Cuerpo Nacional de Policía. También lamentó que no se debata sobre el contenido del borrador y sí sobre su filtración.
Después de apuntar cada día un poco más alto, Artur Mas alcanzó ayer la cima y acusó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de estar relacionado con el informe policial que le vincula a él y a otros dirigentes de CiU con cuentas bancarias en Suiza y Liechtenstein, donde habrían ido a parar comisiones del caso Palau.
El presidente de la Generalitat y candidato de CiU en las elecciones del domingo afirmó que Rajoy «seguro que está al corriente de todo esto», en relación al informe policial, que está protagonizando los últimos días de la campaña catalana.
«Si Rajoy lo quisiera impedir lo hubiera hecho; no es ajeno a lo que está pasando, porque es la estrategia del PP y todos están implicados en la operación de intentar cambiar la voluntad del pueblo de Cataluña», dijo Mas.
La teoría de CiU consiste en que la publicación del informe policial obedece a una estrategia para condicionar el resultado electoral del domingo, y para impedir que el proceso soberanista que quiere abrir Mas tome cuerpo. A su vez, los nacionalistas intentan presentar las informaciones como un ataque a Cataluña -y no a los dirigentes de la federación-, buscando un beneficio en las urnas.
El presidente de la Generalitat aseguró además, en una entrevista en Rac-1, que «en otro país de tradición democrática ya habría habido dimisiones» si un Ministerio de Interior no confirmara la existencia de un borrador policial filtrado a la prensa: «Es de una época predemocrática; da miedo vivir en un Estado así».
Mas afirmó también que dimitiría si se demostrara su implicación en un caso de corrupción. Además, reiteró que sus únicas cuentas corrientes están en Cataluña y que no ha recibido «ni un euro» de la cuenta que su padre -fallecido en marzo- regularizó en Liechtenstein, porque la beneficiaria de la herencia es su madre.
Por la noche, en el mitin de Tarragona, el informe policial y las acusaciones contra el Gobierno español volvieron a ser protagonistas. El peso de la ofensiva lo llevó el secretario general de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, que cargó contra el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro -a quien acusó de «calumniar» a Mas-, y de nuevo contra Rajoy: «Me preocupa el silencio de Montoro, y también el del presidente del Gobierno. No puede continuar callando, como si aquí no pasara nada. ¿O es que la Generalitat no es Estado?».
Añadió que el informe policial «no existe», y que Rajoy debe «dirigirse contra quienes han utilizado a la Policía para extender calumnias contra el presidente de la Generalitat».
Mas también bajó a la arena para criticar que la campaña electoral haya acabado siendo «esperpéntica» y se felicitó de que, en su opinión, CiU haya estado «por encima del juego sucio». Además, lanzó una advertencia a sus simpatizantes: «Esto no se acabará el día 25. Estas campañas subirán de tono. Tenemos que hacer oídos sordos digan lo que digan, porque nunca podrán probar nada».
Buscando un último impulso, el president insistió en buscar el voto útil independentista y en atribuir las informaciones a la voluntad de influir en el resultado: «Lo que más les molesta es que podamos decidir libremente nuestro futuro».
El Ministerio del Interior ofreció ayer más detalles sobre el borrador policial referente al caso Palau que publicó este diario hace una semana. Según un comunicado, este borrador «contiene datos que proceden de otros informes judicializados que no sólo afectan a este caso», en referencia a la investigación judicial del Palau de la Música y del dinero desviado supuestamente hacia Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), el partido del actual presidente Artur Mas.
El pasado martes, fuentes del Ministerio explicaron a este diario que el borrador publicado por EL MUNDO, que destapa las presuntas cuentas en Suiza de la familia del ex presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, y de Artur Mas, se basa en cuatro informes presentados entre noviembre y mayo pasados en el Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona, que investigaba el caso de presunto desfalco del Palau de la Música, además de por datos obtenidos posteriormente.
El Ministerio del Interior aseguró ayer que se trata de «informes, minutas e informaciones de confidentes» que «no sólo afectan a este caso», sino que pertenecen también a otras investigaciones abiertas que se llevan en varios juzgados. Las pesquisas incluyen gestiones para averiguar los patrimonios en Suiza de Jordi Pujol y Artur Mas, como luego se recogió en el borrador que publicó este diario, tal y como indicaron varias fuentes.
El comisario jefe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (Udef) del Cuerpo Nacional de Policía informó ayer de estos nuevos datos del borrador policial directamente al magistrado que instruye la causa, Josep Maria Pijuan, y al fiscal Anticorrupción, Emilio Sánchez Ulled, en una reunión en Barcelona.
En este encuentro, el jefe de la Udef explicó que, desde su nombramiento en julio pasado, «él personalmente no ha ordenado la elaboración de ningún informe sobre este caso», según dice el comunicado del Ministerio del Interior.
El comisario jefe también explicó al juez que toda la documentación obrante en la Udef ha sido remitida a «la Unidad de Asuntos Internos», que es la encargada de investigar «la existencia del supuesto borrador, y en su caso, la identificación de la autoría de la filtración» a este diario.
Por su parte, el Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona explicó tras la reunión que el comisario jefe de la Udef dejó claro que, tras su toma de posesión, «su unidad no ha elaborado ningún informe, borrador ni investigación del caso Palau, ni le consta su existencia». Además, según explicó el juzgado en un comunicado, el responsable policial le dijo al juez que la investigación de la Udef «se dio por finalizada una vez se le entregó al juzgado el informe, el pasado 24 de mayo de 2012».
Éste es uno de los documentos que Interior confirmó hace unos días que podrían haber servido para confeccionar el borrador. El comisario jefe también dijo que su unidad enviará al juez un anónimo que han recibido y que coincide con otro que el magistrado incorporó a la causa la semana pasada, tal y como publicó este periódico.
Por otro lado, el Sindicato Profesional de la Policía indicó ayer que no toleraría el uso «partidista» de ningún miembro del Cuerpo Nacional de Policía. También lamentó que no se debata sobre el contenido del borrador y sí sobre su filtración.
Mas acusa a Rajoy de estar detrás del «montaje » del informe policial
El 'president' advierte de que «las campañas subirán de tono» después del domingoDespués de apuntar cada día un poco más alto, Artur Mas alcanzó ayer la cima y acusó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de estar relacionado con el informe policial que le vincula a él y a otros dirigentes de CiU con cuentas bancarias en Suiza y Liechtenstein, donde habrían ido a parar comisiones del caso Palau.
El presidente de la Generalitat y candidato de CiU en las elecciones del domingo afirmó que Rajoy «seguro que está al corriente de todo esto», en relación al informe policial, que está protagonizando los últimos días de la campaña catalana.
«Si Rajoy lo quisiera impedir lo hubiera hecho; no es ajeno a lo que está pasando, porque es la estrategia del PP y todos están implicados en la operación de intentar cambiar la voluntad del pueblo de Cataluña», dijo Mas.
La teoría de CiU consiste en que la publicación del informe policial obedece a una estrategia para condicionar el resultado electoral del domingo, y para impedir que el proceso soberanista que quiere abrir Mas tome cuerpo. A su vez, los nacionalistas intentan presentar las informaciones como un ataque a Cataluña -y no a los dirigentes de la federación-, buscando un beneficio en las urnas.
El presidente de la Generalitat aseguró además, en una entrevista en Rac-1, que «en otro país de tradición democrática ya habría habido dimisiones» si un Ministerio de Interior no confirmara la existencia de un borrador policial filtrado a la prensa: «Es de una época predemocrática; da miedo vivir en un Estado así».
Mas afirmó también que dimitiría si se demostrara su implicación en un caso de corrupción. Además, reiteró que sus únicas cuentas corrientes están en Cataluña y que no ha recibido «ni un euro» de la cuenta que su padre -fallecido en marzo- regularizó en Liechtenstein, porque la beneficiaria de la herencia es su madre.
Por la noche, en el mitin de Tarragona, el informe policial y las acusaciones contra el Gobierno español volvieron a ser protagonistas. El peso de la ofensiva lo llevó el secretario general de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, que cargó contra el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro -a quien acusó de «calumniar» a Mas-, y de nuevo contra Rajoy: «Me preocupa el silencio de Montoro, y también el del presidente del Gobierno. No puede continuar callando, como si aquí no pasara nada. ¿O es que la Generalitat no es Estado?».
Añadió que el informe policial «no existe», y que Rajoy debe «dirigirse contra quienes han utilizado a la Policía para extender calumnias contra el presidente de la Generalitat».
Mas también bajó a la arena para criticar que la campaña electoral haya acabado siendo «esperpéntica» y se felicitó de que, en su opinión, CiU haya estado «por encima del juego sucio». Además, lanzó una advertencia a sus simpatizantes: «Esto no se acabará el día 25. Estas campañas subirán de tono. Tenemos que hacer oídos sordos digan lo que digan, porque nunca podrán probar nada».
Buscando un último impulso, el president insistió en buscar el voto útil independentista y en atribuir las informaciones a la voluntad de influir en el resultado: «Lo que más les molesta es que podamos decidir libremente nuestro futuro».
Rajoy le replica que es «una falsedad»
La candidata del PP y el Grupo le retan a ir al «notario» para jurar sobre sus cuentas
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quiso dejar claro ayer que él no
ha instigado en ninguna medida ni está detrás de la investigación que pesa sobre
el presidente de la Generalitat y candidato de CiU a la reelección, Artur Mas.
«Soy el presidente del Gobierno y debo ser muy prudente, pero debo reiterar que
eso es una absoluta falsedad», aseveró.
El presidente español se mostró así de tajante cuando, a su llegada a la Cumbre presupuestaria que se celebra en Bruselas, fue preguntado por los periodistas sobre la entrevista radiofónica en la que Mas había asegurado que Rajoy «no es ajeno» a la campaña que, a su juicio, se está llevando a cabo contra su persona desde las filas del PP para alterar el resultado de las elecciones del próximo domingo.
El PP también replicó al presidente de la Generalitat. Y lo hizo en varios frentes. Primero habló la candidata y presidenta del partido en Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho. Ella fue quien se adelantó al propio Rajoy en calificar de «absoluta falsedad» lo declarado por Mas, según informa Leonor Mayor. Pero, además, recordó a su adversario su negativa a comparecer en el Parlament en junio pasado para dar explicaciones sobre el caso Palau. Y, sobre todo, retó a Mas a «ir al notario» -en clara referencia a la memorable firma que protagonizó en la campaña de 2003 en contra de cualquier pacto con el PP- «para acreditar que ni él ni la familia de Jordi Pujol han tenido ni tienen cuentas o cajas de seguridad en Suiza, Liechtenstein o cualquier otro paraíso fiscal».
Y luego lo hizo el Grupo Popular, por boca de su portavoz adjunto, Rafael Hernando, para arropar desde Madrid a su candidata catalana. Hernando le emplazó a «comprometerse ante notario a dimitir si finalmente se confirma que ha sido o es titular o beneficiario de alguna cuenta bancaria en paraísos fiscales, ya sea Suiza o Liechtenstein». «Mas es aficionado a los notarios y se conoce bien el camino», ironizó.
La contraofensiva popular se reanudaba en todo caso tras dos jornadas de llamativo silencio de campaña sobre la presunta corrupción de CiU. Si el lunes Génova arremetió con armas y bagajes contra Mas y le acusó de «parapetarse» tras la bandera y los catalanes para no dar explicaciones, el martes Rajoy y la propia Camacho omitieron toda referencia al asunto en el mitin que protagonizaron en Barcelona. Y lo mismo hizo ese día la propia María Dolores de Cospedal en su visita electoral a Reus (Tarragona), pese a haber sido la primera en abrir fuego político contra la presunta corrupción de Mas.
Detrás de estos cambios estaban las propias dudas en el cuartel general de los populares acerca del perjuicio que puede acarrearles la estrategia de victimización emprendida por los dirigentes de CiU.
No obstante, y tras justificar el rechazo parlamentario a las comparecencias de los ministros de Interior y Hacienda, solicitadas por CiU, Hernando replicó también esta estrategia de Mas. «Suele ser algo habitual», dijo, «que algunos intenten enrocarse en la bandera del victimismo para eludir sus responsabilidades y echar la culpa a los demás, pero en este asunto los culpables no son ni el Gobierno, ni España, ni la prensa, ni el presidente del Gobierno».
El presidente español se mostró así de tajante cuando, a su llegada a la Cumbre presupuestaria que se celebra en Bruselas, fue preguntado por los periodistas sobre la entrevista radiofónica en la que Mas había asegurado que Rajoy «no es ajeno» a la campaña que, a su juicio, se está llevando a cabo contra su persona desde las filas del PP para alterar el resultado de las elecciones del próximo domingo.
El PP también replicó al presidente de la Generalitat. Y lo hizo en varios frentes. Primero habló la candidata y presidenta del partido en Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho. Ella fue quien se adelantó al propio Rajoy en calificar de «absoluta falsedad» lo declarado por Mas, según informa Leonor Mayor. Pero, además, recordó a su adversario su negativa a comparecer en el Parlament en junio pasado para dar explicaciones sobre el caso Palau. Y, sobre todo, retó a Mas a «ir al notario» -en clara referencia a la memorable firma que protagonizó en la campaña de 2003 en contra de cualquier pacto con el PP- «para acreditar que ni él ni la familia de Jordi Pujol han tenido ni tienen cuentas o cajas de seguridad en Suiza, Liechtenstein o cualquier otro paraíso fiscal».
Y luego lo hizo el Grupo Popular, por boca de su portavoz adjunto, Rafael Hernando, para arropar desde Madrid a su candidata catalana. Hernando le emplazó a «comprometerse ante notario a dimitir si finalmente se confirma que ha sido o es titular o beneficiario de alguna cuenta bancaria en paraísos fiscales, ya sea Suiza o Liechtenstein». «Mas es aficionado a los notarios y se conoce bien el camino», ironizó.
La contraofensiva popular se reanudaba en todo caso tras dos jornadas de llamativo silencio de campaña sobre la presunta corrupción de CiU. Si el lunes Génova arremetió con armas y bagajes contra Mas y le acusó de «parapetarse» tras la bandera y los catalanes para no dar explicaciones, el martes Rajoy y la propia Camacho omitieron toda referencia al asunto en el mitin que protagonizaron en Barcelona. Y lo mismo hizo ese día la propia María Dolores de Cospedal en su visita electoral a Reus (Tarragona), pese a haber sido la primera en abrir fuego político contra la presunta corrupción de Mas.
Detrás de estos cambios estaban las propias dudas en el cuartel general de los populares acerca del perjuicio que puede acarrearles la estrategia de victimización emprendida por los dirigentes de CiU.
No obstante, y tras justificar el rechazo parlamentario a las comparecencias de los ministros de Interior y Hacienda, solicitadas por CiU, Hernando replicó también esta estrategia de Mas. «Suele ser algo habitual», dijo, «que algunos intenten enrocarse en la bandera del victimismo para eludir sus responsabilidades y echar la culpa a los demás, pero en este asunto los culpables no son ni el Gobierno, ni España, ni la prensa, ni el presidente del Gobierno».
El Congreso rechaza la prisa de CiU: «No hay urgencia, ni emergencia»
Fernández y Montoro no comparecerán por la investigación policial antes de los comicios
Las comisiones de Interior y de Hacienda del Congreso rechazaron ayer con la
mayoría absoluta del PP la comparecencia urgente de los ministros Jorge
Fernández y Cristóbal Montoro para que expliquen lo que saben sobre la
investigación policial al presidente catalán, Artur Mas, y a otros dirigentes de
CiU antes de las elecciones del domingo. «No hay urgencia, ni emergencia»,
enfatizó el portavoz adjunto del Grupo Popular, Rafael Hernando.
Los nacionalistas catalanes trataron sin éxito y con el apoyo del PSOE de que los dos ministros comparezcan «con la máxima urgencia» para «restituir el honor y el buen nombre del presidente de la Generalitat, Artur Mas».
El previsible rechazo del PP enfadó bastante a los dirigentes convergentes. Sus portavoces de Interior, Jordi Jané, y Hacienda, Josep Sánchez Llibre, se presentaron ante los periodistas en el Congreso visiblemente enfadados para solemnizar que las comparecencias eran urgentes porque «nos jugamos un proceso electoral ya que estos supuestos informes policiales ocupan las portadas de los periódicos y necesitamos que se esclarezcan los hechos antes de las elecciones».
El PP rechazó la urgencia de las comparecencias, aunque no que se produzcan en el futuro. En la Comisión de Interior, el portavoz popular argumentó que aún no se pueden pedir explicaciones al ministro, Jorge Fernández, porque existe «una investigación avanzada» que «el propio ministro ha destacado que se está llevando a cabo».
La Comisión de Hacienda, por contra, sí admitió la petición de la comparecencia de Montoro por sus declaraciones sobre la posible existencia de cuentas de Artur Mas y de la familia Pujol en paraísos fiscales. Pero la mayoría, con los votos del PP y de UPyD, rechazó que comparezca mañana mismo.
Jané cargó con dureza contra Montoro por las afirmaciones en las que afirmó que «quienes deben comparecer son los que tienen cuentas en Suiza». El diputado calificó sus palabras como «muy graves» y acusó al titular de Hacienda de lanzar «insinuaciones propias de un dirigente de un partido más que de un ministro». Por eso, le exigió una «rectificación» «antes de que se celebren las elecciones catalanas».
Según el diputado de CiU, «muchos catalanes» piensan que tras las investigaciones policiales que Interior ha confirmado hay «una operación del Estado para perjudicar electoralmente a Artur Mas y a CiU».
El martes, CiU solicitó la comparecencia urgente de ambos ministros antes de hoy, último día de campaña electoral, al entender que existe una clara intencionalidad política en la difusión de ese borrador policial, elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).
La portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Hacienda, Meritxell Batet, justificó su apoyo a CiU porque es «imprescindible la máxima transparencia» para que los ciudadanos de Cataluña puedan concurrir a los comicios «con toda la información posible».
El portavoz de UPyD, Álvaro Anchuelo, criticó duramente que se utilice el Congreso «para la campaña electoral y el victimismo». Si bien precisó que no le extraña porque «hay otra institución, la Generalitat, que se está utilizando para una campaña secesionista».
Los nacionalistas catalanes trataron sin éxito y con el apoyo del PSOE de que los dos ministros comparezcan «con la máxima urgencia» para «restituir el honor y el buen nombre del presidente de la Generalitat, Artur Mas».
El previsible rechazo del PP enfadó bastante a los dirigentes convergentes. Sus portavoces de Interior, Jordi Jané, y Hacienda, Josep Sánchez Llibre, se presentaron ante los periodistas en el Congreso visiblemente enfadados para solemnizar que las comparecencias eran urgentes porque «nos jugamos un proceso electoral ya que estos supuestos informes policiales ocupan las portadas de los periódicos y necesitamos que se esclarezcan los hechos antes de las elecciones».
El PP rechazó la urgencia de las comparecencias, aunque no que se produzcan en el futuro. En la Comisión de Interior, el portavoz popular argumentó que aún no se pueden pedir explicaciones al ministro, Jorge Fernández, porque existe «una investigación avanzada» que «el propio ministro ha destacado que se está llevando a cabo».
La Comisión de Hacienda, por contra, sí admitió la petición de la comparecencia de Montoro por sus declaraciones sobre la posible existencia de cuentas de Artur Mas y de la familia Pujol en paraísos fiscales. Pero la mayoría, con los votos del PP y de UPyD, rechazó que comparezca mañana mismo.
Jané cargó con dureza contra Montoro por las afirmaciones en las que afirmó que «quienes deben comparecer son los que tienen cuentas en Suiza». El diputado calificó sus palabras como «muy graves» y acusó al titular de Hacienda de lanzar «insinuaciones propias de un dirigente de un partido más que de un ministro». Por eso, le exigió una «rectificación» «antes de que se celebren las elecciones catalanas».
Según el diputado de CiU, «muchos catalanes» piensan que tras las investigaciones policiales que Interior ha confirmado hay «una operación del Estado para perjudicar electoralmente a Artur Mas y a CiU».
El martes, CiU solicitó la comparecencia urgente de ambos ministros antes de hoy, último día de campaña electoral, al entender que existe una clara intencionalidad política en la difusión de ese borrador policial, elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).
La portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Hacienda, Meritxell Batet, justificó su apoyo a CiU porque es «imprescindible la máxima transparencia» para que los ciudadanos de Cataluña puedan concurrir a los comicios «con toda la información posible».
El portavoz de UPyD, Álvaro Anchuelo, criticó duramente que se utilice el Congreso «para la campaña electoral y el victimismo». Si bien precisó que no le extraña porque «hay otra institución, la Generalitat, que se está utilizando para una campaña secesionista».
Es lo que tiene la casta secesionista, o lo que es lo mismo, el nacionalismo excluyente. Al final, todo el entramado está chupando del pesebre de lo público, luego dicen que hay que recortar, cuando son ellos los que están engordando el pesebre.
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