El Constitucional da luz verde por 6 votos contra 5 a Sortu, que podrá presentarse a las próximas elecciones
El Supremo estableció en 2011 que la banda terrorista había «gestado, alentado y tutelado su creación y puesta en escena»
«Hoy Sortu, mañana presos vascos a casa... Lo imposible parece imposible hasta que se consigue», afirma Barrena
. Fracturado por la mitad, el Tribunal Constitucional falló ayer a favor
de la organización abertzale Sortu y reconoció su derecho a ser
inscrita como partido. La formación que, según el Supremo, fue «gestada,
alentada y tutelada» por ETA podrá participar en las próximas
elecciones vascas con marca propia -lo que no ocurría desde la
ilegalización de Batasuna en 2003- y no necesitará recurrir a
coaliciones con otros partidos o al camuflaje bajo otras siglas. El TC
ha vuelto a enmendar la plana al Supremo y lo ha hecho tras una
deliberación récord y por un solo voto de diferencia -seis votos a
cinco-, la misma proporción con la que avaló a Bildu. La sentencia
incluye la cautela de que Sortu debe cumplir «los demás requisitos
establecidos» en la ley de partidos.El Supremo estableció en 2011 que la banda terrorista había «gestado, alentado y tutelado su creación y puesta en escena»
«Hoy Sortu, mañana presos vascos a casa... Lo imposible parece imposible hasta que se consigue», afirma Barrena
El presidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala, decidió someter a votación la ponencia elaborada por Elisa Pérez Vera sobre el recurso de amparo de Sortu, adelantada ayer en EL MUNDO, tras considerar que las posturas de los magistrados, expresadas en apenas tres sesiones de deliberación, estaban suficientemente fijadas y no era previsible que una continuación del debate condujera a modificaciones de criterio en ninguno de los dos bloques en que se dividió el TC.
Sala actuó de forma expeditiva (para lo que son los usos y costumbres del TC) porque estaba empeñado en resolver la demanda de amparo de Sortu -que tuvo entrada en el Constitucional hace poco más de un año, en mayo de 2011- antes de que PP y PSOE renueven a los cuatro magistrados que corresponde elegir al Congreso, lo que se espera para julio.
El_ Constitucional se ha vuelto a fracturar en dos a la hora de permitir la inscripción de Sortu en el registro de partidos políticos: seis (Sala, Eugeni Gay, Pérez Vera, Pablo Pérez Tremps, Adela Asúa y Luis Ortega) frente a cinco (Javier Delgado, Ramón Rodríguez Arribas, Manuel Aragón, Francisco Hernando y Francisco Pérez de los Cobos), la misma proporción y los mismos magistrados que hace un año dieron el visto bueno a la presentación de la coalición Bildu a las últimas elecciones municipales y forales vascas. Delgado, Rodríguez Arribas y Aragón han anunciado votos particulares discrepantes.
El fallo declara vulnerado el derecho fundamental de asociación de los promotores de Sortu y anula la resolución en la que la Sala del 61 del Tribunal Supremo rechazó la inscripción de la formación abertzale en el registro de partidos al considerar que fue ETA la que «ha gestado, alentado y tutelado la estrategia de Batasuna de crear un nuevo partido así como su puesta en escena, incluido el rechazo formal de la violencia».
El Supremo se basó en documentos de ETA en los que se marcaba una estrategia política que luego se reprodujo «punto por punto» en los documentos de la ilegalizada Batasuna que se consideran la génesis de Sortu.
El TC resta virtualidad probatoria a los documentos incautados a la banda por las Fuerzas de Seguridad con el mismo argumento que ya utilizó en el caso de Bildu: «De los citados documentos o del resto de los que [en el auto del Supremo] se citan para acreditar la voluntad defraudadora de ETA y de Batasuna no cabe inferir que hayan instrumentalizado al partido político Sortu para sus fines o que éste se haya dejado instrumentalizar». Se trata de «conductas ajenas» y «documentos ajenos» que lo que acreditan es la estrategia de ETA, «pero no la instrumentalización del nuevo partido político al servicio de dicha estrategia».
El Constitucional ha dado primacía absoluta al contenido de los estatutos de Sortu, que expresan el rechazo a la violencia, incluida la de ETA. No obstante, advierte al Ministerio del Interior de que la inscripción del nuevo partido debe producirse «si se satisfacen los demás requisitos legales establecidos en la Ley Orgánica de Partidos Políticos». Tal como publicó ayer este periódico, la sentencia contiene una enumeración de las conductas que pueden poner en marcha los mecanismos de ilegalización.
>Vea hoy en EL MUNDO el videoanálisis de Josean Izarra.
¿Seguro que era esto?
ETA diseñó en 2008 un plan denominado Prodem en el que planteaba muchas cosas, entre las cuales estaba la creación de un partido que sustituyese a Batasuna (eje de un frente soberanista), cuya actividad hacía compatible con la comisión de sus atentados. La izquierda abertzale, con dolor táctico o no, reivindicó el plan reiteradamente. Hasta que las operaciones policiales dejaron tan tocada a la organización que sus jefes empezaron a tirarse los trastos a la cabeza y los ex dirigentes del partido ilegalizado se dieron cuenta de que, si seguían pegados al diseño de ETA, se hundirían con la banda y no regresarían jamás a las instituciones. Su evolución posterior es producto de esta situación, y por eso el Tribunal Supremo afirmó que la «gestación» de este partido está concebida por la banda.
Iñigo Iruin será lo que se quiera, pero es un abogado brillante, de modo que, dadas las circunstancias, elaboró unos estatutos que pudieran prosperar, y lo hizo de un modo tan intencionado que, durante un tiempo, esgrimió como plantilla los del PSOE: al final, los de Sortu prometían contribuir a la definitiva desaparición de cualquier tipo de violencia, «en particular la de ETA», y advertían a sus afiliados que serían sancionados si no se ajustaban a esta exigencia. Desde el Gobierno se dijo que habían dado un paso sin precedentes y que Sortu era la constatación de que Batasuna había arrebatado el control a ETA. En realidad, se lo habían arrebatado las medidas policiales y judiciales, pero podía aceptarse el argumento. Igual que puede aceptarse que el lehendakari, Patxi López, defienda la presencia de Sortu para quitarle a la izquierda aberztale el arma del victimismo que tantos votos le da. Eso sin entrar en si esta legalización, concretamente, fue incluida en el pacto previo al comunicado del cese definitivo, conocido por el PP.
Pero seamos serios: si los estatutos de Sortu se ajustan a la norma es porque el Constitucional fue adelgazando el alcance de la Ley de Partidos cada vez que tenía que pronunciarse sobre unas siglas al ritmo de las negociaciones entre el Gobierno y ETA desde 2005. Y porque ha obviado la sentencia de Estrasburgo sobre la conveniencia de atender, no sólo a la letra, sino a la actitud de los impulsores del partido.
El resultado es que ha sido legalizada una formación presentada por toda la cúpula de Batasuna que anunció que rechazaba, pero no condenaba, la violencia de ETA (la banda les permitía cuestionarla, pero no emplear ese término); cuyos impulsores no sólo se han negado a condenar sus casi 900 asesinatos, sino que, para no asumir la derrota, aseguraron que habían llegado hasta donde están gracias a la estrategia del pasado; cuyos dirigentes se han negado con insistencia a pedir la disolución de la banda; que al día siguiente de su puesta de largo afirmaron que entendían que ETA «ha puesto unas condiciones sobre las que edificar la salida», y cuyo principal promotor afirmó, cuando se le preguntó por las víctimas: «Entiendo la pregunta pero, en estos momentos, justo cuando hemos presentado los estatutos en el registro, no podemos avanzar nada más». Se han visto obligados a dar pasos que jamás imaginaron, pero estaban preparando una nueva formación: ¿no hubiera sido lo suyo que se les exigiera la condena de los 857 asesinatos? ¿No era ése el espíritu de la Ley de Partidos? ¿No es la decencia el espíritu de la ley? ¿Qué es lo próximo?
Fernández: «Con o sin Sortu, tienen que pedir perdón»
El Gobierno discrepa de la sentencia del TC / Gallardón dice que se vigilará a la formación
. El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, aseguró ayer que acata
la sentencia del Tribunal Constitucional que declara legal a Sortu,
aunque manifestó «claramente» su discrepancia con esta decisión
judicial.«Reitero de manera muy especial que, con Sortu o sin Sortu, la izquierda abertzale tiene que condenar el terrorismo, pedir perdón y la disolución incondicional de la banda», enfatizó al respecto durante una rueda de prensa en la sede del Ministerio de Interior.
Fernández Díaz aseguró sentirse «profundamente cercano» a la sentencia de la Sala del 61 del Tribunal Supremo que, en marzo de 2010, prohibió la inscripción de Sortu en el Registro de Partidos Políticos.
No obstante, el ministro apostó por esperar a conocer los fundamentos de derecho de la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional para hacer una valoración más amplia al respecto. En este sentido, al ser preguntado sobre si el Gobierno presentará nuevos informes policiales contra Sortu, el titular de Interior reiteró que cuando se sepa el contenido de la sentencia del TC se manifestará en ese sentido.
Por su parte, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, reconoció que le habría gustado «que el Tribunal Constitucional hubiese mantenido la decisión del Tribunal Supremo y que Sortu siguiese siendo ilegal» y anunció que el Gobierno estudiará qué instrumentos tiene a su alcance para vigilar a la formación de la izquierda abertzale y evitar que cometa «un fraude de ley».
Gallardón hizo esta declaración ante los medios de comunicación en el Ministerio de Justicia después de conocer que el Constitucional había decidido por seis votos contra cinco avalar la legalidad de Sortu. El ministro de Justicia afirmó que, una vez se conozca el contenido íntegro de la sentencia del Constitucional, se estudiará con profundidad «para saber qué instrumentos da al Gobierno de la Nación» para vigilar que las conductas de los miembros de Sortu se adecuen a la ley de forma «permanente».
El ministro reiteró su discrepancia con el fallo e indicó que el Ejecutivo considera «que la sentencia del Tribunal Supremo era una respuesta adecuada a la pretensión de Sortu de ser legalizada». Todo ello «sin perjuicio del máximo respeto al Tribunal Constitucional y el acatamiento de ésta y todas las resoluciones judiciales». Destacó que hasta que se haga público el contenido íntegro de la sentencia no se conocerán «las condiciones impuestas por el Constitucional a Sortu. Por su parte, el magistrado y ex presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez respondió con un «me alegro» cuando se le pidió que valorara la sentencia.
Bueno, pues felicidades a los que dicen ser socialistas que no lo son, por la hazaña de sus secuaces en el TC. Ahora más que nunca, los asesinos hasta en la sopa. Son traidores a España y a los españoles de bien, con el beneplácito de los del PP y del gobierno adormecido y embustero.
ResponderEliminarEspero que las personas de bien y decentes que aún quedan en este país, tengan memoria y les pasen factura.