Alega que las peticiones de extradición no cuentan porque Venezuela las ignoró
Los etarras Eugenio Barrutiabengoa y Jesús Ricardo Urteaga acaban de librarse de cuatro asesinatos al encadenar dos circunstancias favorables: que durante años Venezuela ha ignorado las peticiones de extradición y que un tribunal de la Audiencia Nacional ha ignorado, a su vez, la reciente decisión del Pleno de que las solicitudes de extradición interrumpen los plazos de prescripción.
La Sección Primera de lo Penal ha archivado las causas por dos atentados que tuvieron lugar en junio y noviembre de 1980 en las localidades guipuzcoanas de Azkoitia y Tolosa. En el primero, por el que fue procesado Barrutiabengoa, fueron asesinados cuatro guardias civiles y otro resultó herido. En el segundo, en el que se procesó a los dos etarras residentes en Venezuela, murió un guardia y otro quedó herido.
La decisión de la Sección Primera se adoptó el pasado 16 de marzo, apenas tres días después de que por 11 votos a seis la Audiencia Nacional resolviera lo siguiente en un Pleno no jurisdiccional: «La petición de extradición por el juez o tribunal que conozca de la causa interrumpirá el plazo de prescripción».
Pese a ello, los magistrados Julio Martínez Lázaro y Ramón Sáez consideraron prescritas las dos causas. El magistrado Nicolás Poveda emitió votos discrepantes en los que, al igual que la AVT, estima que las causas debían seguir abiertas porque las peticiones de extradición interrumpieron el plazo de prescripción de 20 años.
Aunque fueron precisamente estos dos casos los que provocaron la reunión del Pleno, la Sección no estaba obligada a seguir lo acordado por la mayoría, ya que se trató de un pleno no jurisdiccional, destinado para marcar criterios y no a resolver un caso concreto.
La última palabra la tendrá el Tribunal Supremo, ante el que ya ha anunciado recurso la AVT. La Fiscalía ha hecho lo mismo en el único de los dos casos en el que se opuso a la prescripción.
El auto considera que las solicitudes de extradición no bastan para interrumpir los plazos, porque no fueron seguidas de la efectiva detención de los etarras por esos hechos. Es decir, se trata de peticiones de extradición «fracasadas» que por sí mismas no interrumpen los plazos. Y precisa que una reciente decisión del Supremo sobre el asunto, alegada para rechazar la prescripción, no se ajusta al caso porque sí fue seguida del arresto del etarra.
En su voto particular, Poveda considera que las peticiones de extradición cursadas en los años 90 no se formularon sobre el vacío, sino porque la AVT se personó y aportó información precisa del domicilio venezolano de los etarras que fue corroborada por Interpol.
El magistrado resalta la «persistencia» de las autoridades españolas en la persecución de los etarras, «sólo impedida por el resultado negativo de la actuación de las autoridades venezolanas [...] no deteniendo a Barrutiabengoa alegando que falta una demanda [...] ni dando razón de causa alguna respecto de la solicitud de extradición de Urteaga Zabarte, pese a las reiteración de solicitudes».
Barrutiabengoa, Arbe, y Urteaga, Txetxu, son dos de los muchos etarras que recalaron en Venezuela en los 80 tras ser expulsados de Francia. Desde el ascenso al poder de Hugo Chávez la falta de colaboración con España se ha acentuado y Caracas mantiene numerosas peticiones de extradición sin atender. Uno de los votos particulareslamenta «la conducta que con reiteración observa en estos casos el Gobierno de Venezuela» y estima que lo sucedido con Barrutiabengoa y Urteaga «es evidencia clara de una falta de cooperación del Gobierno de Venezuela, acorde con su dinámica cuando se trata de ciudadanos españoles relacionados con ETA».
Menudo fiasco de jueces y de audiencia nacional, más se parece al camarote de los hermanos max.
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