El ministro tiene un Plan

VICTORIA PREGO

29/04/2012ESPAÑA/El Mundo

El Plan Integral de Reinserción de los Terroristas, anunciado de aquella extravagante manera el jueves pasado por el Ministerio del Interior, cogió a todos con el paso cambiado. Pero a todos, todos. Empezando por el mismísimo presidente del Gobierno.

A primera hora de esa mañana, apenas media hora antes de que la agencia Efe distribuyera la noticia, un miembro de la dirección del Partido Popular recibía una llamada urgente procedente del círculo más próximo a Mariano Rajoy. El mensaje era el siguiente: «Voy a ver si consigo proporcionaros algún argumentario rápidamente porque está a punto de declararse un incendio, y un incendio grave, además. El ministro del Interior va a lanzar esta iniciativa...».

En esos momentos el mentado ministro del Interior ni siquiera estaba en España. Estaba en Luxemburgo. Horas después, tras haber celebrado desde allí una rueda de prensa, Jorge Fernández cogía un avión hacia Madrid, de modo que los responsables de la calle de Génova tampoco pudieron hablar con él para ver cómo encaraban una información que sabían de sobra que iba a abrir a toda página los informativos de ese día y los periódicos del día siguiente.

Y, para colmo, estaba previsto que ese jueves el presidente Rajoy compareciera en rueda de prensa después de su entrevista oficial con el secretario general de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen. Y, ahora que se sabe que Mariano Rajoy se enteró esa misma mañana de lo que su ministro había decidido anunciar sin encomendarse a nadie, se explica la evidente incomodidad del jefe del Gobierno a la hora de responder a la prensa y se explica también la manifiesta contradicción entre sus palabras y el contenido de la noticia que ya la agencia Efe había distribuido. Rajoy dijo que «el Gobierno no varía su política antiterrorista y no la va a variar». Y dijo más: «Es mucho mejor que haya gente que, al final, pida perdón, que se arrepienta. Pero eso, insisto, no supone ningún beneficio penitenciario».

Claro, pero es que lo llamativo del plan del ministro es precisamente que, para que el Gobierno los acerque a las cárceles del País Vasco, los presos etarras ya no van a tener que reconocer sus culpas, pedir perdón por ellas y colaborar con la Justicia. Basta con que declaren que quieren dejar de pertenecer a la banda. Y, con eso, antes no bastaba.

Imposible, pues, cuadrar las palabras del presidente con la iniciativa del ministro. Imposible también, y por el mismo motivo, cuadrar con el plan de Fernández la interpretación que Carlos Floriano, vicesecretario de Organización del PP, hacía ante los periodistas minutos después de que hubiera hablado el presidente. Y es que Floriano repitió casi punto por punto las mismas frases que acababa de pronunciar Rajoy. Era el mismo argumentario, el que había sido armado a primeras horas de la mañana a toda prisa y sin más alternativas. Sencillamente, Jorge Fernández les había dado una sorpresa monumental y estaban reaccionando como podían, sobre todo atándose al palo mayor de los principios de la política antiterrorista defendida hasta ahora por el Gobierno.

¿Con quién había pactado entonces el ministro del Interior el anuncio de esta iniciativa que, sin disimulo posible, rebaja las condiciones a los presos etarras para que puedan estar en cárceles próximas a sus casas en el País Vasco? Con el PNV ya se ha dicho que no. Y con el secretario general del PSOE tampoco, por más que Alfredo Pérez Rubalcaba y su equipo apoyen totalmente la medida.

Eso no quita para que se sepa -y EL MUNDO lo ha publicado- que los contactos entre Batasuna y emisarios del Partido Socialista vasco se han estado produciendo durante meses siendo el PP el partido de la oposición y estando perfectamente enterado de esas conversaciones, sin que conste que se haya opuesto a ellas ni que las haya denunciado. Ahora que está en el Gobierno, el PP debería pronunciarse y decir si las aprobaba o no.

Pero, volviendo a Fernández, ni siquiera pactó su anuncio, ni tampoco informó de él, a los dirigentes del PP en el País Vasco, que mantienen una posición política muy alejada de la que, diga lo que diga ahora el Gobierno, acaba de esbozar el ministro del Interior, quien, como dice uno de estos dirigentes, ha actuado «con buena intención y con el propósito de ayudar». Pero no hay más que revisar la intervención que el fin de semana pasado hizo en San Sebastián el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, para comprender que el anuncio del ministro les ha hecho un roto en su discurso y en su estrategia.

Porque resulta que Basagoiti insistió el pasado día 21 en que, si ETA desaparece, se abrirá un escenario distinto para quienes soliciten la reinserción, siempre que -y esta es una cuestión esencial- reconozcan su culpa y se arrepientan de lo hecho.

Y si ninguno de los políticos mencionados estaba al tanto de la intención del ministro, tampoco lo estaban las víctimas. Y no sólo no estaban avisadas: es que tampoco el ministro tenía el menor propósito de entrevistarse con ellas y darles explicaciones. De hecho, desde el jueves por la mañana, a Ángeles Pedraza, presidenta de la AVT, se le dijo que todas las asociaciones y plataformas cívicas serían recibidas por la directora general de la Oficina de Apoyo a Víctimas, Sonia Ramos. Pedraza rechazó la invitación y exigió ser recibida ella sola por el ministro. Después de esto, se sucedieron numerosas llamadas que fueron variando el lugar y también el nombre de su posible interlocutor. Y no fue hasta las 15.30 horas del viernes -es decir, al término del Consejo de Ministros- cuando recibió una respuesta positiva: sería recibida por el responsable de Interior. «Yo creo que para entonces alguien le había leído ya la cartilla», dice ella.
Hasta aquí, los datos de lo sucedido el jueves. Y ahora, las consideraciones.
La pretensión del ministro del Interior de que la oferta que acaba de hacer a los presos etarras va a provocar un debilitamiento de las posiciones entre el colectivo de reclusos no se sostiene en ninguna experiencia anterior.

De hecho, la vía Nanclares, abierta por el anterior Gobierno del PSOE para facilitar el acercamiento a la prisión alavesa a los miembros de ETA que decidieran desvincularse de la banda, pedir perdón por sus crímenes -ante las autoridades penitenciarias, no ante sus víctimas- y comprometerse a pagar la responsabilidad civil, ha obtenido un resultado muy pobre. Apenas 20 presos etarras de los más de 500 se han acogido a esa fórmula. Los demás se han reafirmado en su pertenencia a la organización criminal después del anuncio de la banda de no volver a asesinar. Y eso es porque todavía esperan una solución colectiva, y política, a su caso.

No hay, por lo tanto, motivos que permitan pensar que una relajación de las condiciones va a provocar ni una desbandada de los presos en pos de la ruptura con la banda, ni una división interna entre los reclusos acuciados por el cebo que el Gobierno les acaba de poner. Por el contrario, es mucho más probable que suceda lo que ha venido sucediendo siempre hasta ahora: que los terroristas interpreten como un signo de debilidad cualquier concesión del Gobierno. Y esta nueva generosidad del plan integral lo es. Aunque la ley no se modifique y su aplicación tampoco.

Por otra parte, el acercamiento de presos era hasta ahora una potestad administrativa que, puesto que no tenía relación con la aplicación de beneficios penitenciarios -que está regulada por ley- era discrecional. Y ahora resulta que el ministro le da una categoría superior y la incorpora a un plan integral con condiciones tasadas. Con lo que sólo consigue atar las manos del Gobierno reglando sus decisiones. Y, encima, sin tener en absoluto garantizado el éxito. Y si se espera que ETA haga algún anuncio, que lo haga a pelo porque su situación se lo demande, no porque pueda venderlo como premio a una concesión de nuestra democracia.

Porque si se permite a los terroristas que se beneficien de la generosidad del Estado sin que previamente hayan reconocido su culpa y se hayan arrepentido ética y políticamente de ella, estaremos dando pie a que los asesinos concluyan que hicieron lo que había que hacer. Y que ha merecido la pena porque, gracias a la estrategia sangrienta de la banda, ahora es posible que su objetivo político tenga presencia y fuerza en el Parlamento vasco. En ese escenario de argumentación, los votantes de Batasuna crecerán como la espuma. Y eso es lo que cualquier Gobierno democrático tiene la obligación de combatir.

El resultado, de momento, es que el plan del ministro ha irritado a las víctimas; ha provocado la desconfianza de una parte muy importante de la sociedad española; y da pie a que los jefes de ETA interpreten que el Estado puede ceder aún más. Mal balance.

Rajoy va a ir dentro de 15 días al Congreso del PP vasco. Pero, por mucho que lo intente, por muy contundente que sea su discurso político ese día, no va a poder sacar la pata de donde la ha metido su ministro de Interior.
 victoria.prego@elmundo.es

J. M. ALONSO IRÚN

29/04/2012 ESPAÑA

La izquierda 'abertzale' dice «no» a Rajoy

Etxeberria rechaza que los presos de ETA se vean sometidos a «nuevas exigencias»

. El Plan Integral de Reinserción de los Terroristas, anunciado de aquella extravagante manera el jueves pasado por el Ministerio del Interior, cogió a todos con el paso cambiado. Pero a todos, todos. Empezando por el mismísimo presidente del Gobierno.

Primero fue acogido con frialdad. Ahora, es rechazado abiertamente. El plan integral para la reinserción de los terroristas propuesto por el Gobierno español no satisface las demandas de la izquierda abertzale porque se enmarca en «una política de excepción» contra los presos de ETA que se desarrolla «con criterios exclusivamente políticos».

Para fundamentar su rechazo a esta iniciativa, el histórico dirigente Rufi Etxeberria denunció ayer que los derechos que les «corresponden» a los reclusos de ETA «no pueden estar sometidos a nuevas exigencias» del Gobierno español para proceder a su traslado al País Vasco, caso del necesario perdón a las víctimas del terrorismo. En primera instancia, según enfatizó, hay que «levantar esta situación de excepción» y acercar a los reclusos etarras para, en una segunda fase, «responder al llamamiento» al diálogo con ETA que se recoge en la Declaración de Paz de Aiete.

De este modo, la izquierda abertzale sigue sin apreciar ningún tipo de avance del Gobierno en materia penitenciaria, como por contra así lo perciben el PNV y el PSE. Los radicales ya se negaron a abrazar la denominada vía Nanclares con la que el Ejecutivo del PP ofrece una salida a los reclusos etarras que se arrepientan de sus actuaciones criminales y pidan perdón a sus víctimas. La respuesta a este inicial planteamiento ha sido en forma de advertencia de que la solución será generalizada y afectará a los más de 700 presos que sitúa en el saco. Ahora, la antigua Batasuna rechaza el nuevo movimiento del Gobierno para presionar a Mariano Rajoy en su objetivo de lograr el acercamiento de todos los reclusos al País Vasco con la amnistía general como telón de fondo.

Su portazo al plan de reinserción de los terroristas, que también cuenta con el repudio de las asociaciones de víctimas de ETA, se plasmó en un acto en el que las fuerzas abertzales rubricaron un compromiso para impulsar la construcción nacional vasca. Las formaciones que integran Amaiur (la izquierda abertzale, Aralar, EA y Alternatiba) y el partido del País Vascofrancés Abertzaleen Batasuna (AB) suscribieron en Irún un acuerdo para desarrollar una estrategia basada en la «acumulación de fuerzas» que derive en el «reconocimiento del derecho del pueblo vasco a decidir» y la consecución de la independencia.

Una vez «superados el conflicto político y la violencia en Euskal Herria», demandan un «diálogo sin exclusiones» para avanzar en la consecución de una paz que pasa por el fin de la política de «dispersión» con los presos de ETA. En su estrategia, las cinco fuerzas urgen al «reconocimiento y la reparación de todas las víctimas sin excepción», ya que es un «paso que servirá para reconocer todo el sufrimiento y conocer todas las verdades». El documento de trabajo conjunto, ideado a corto plazo para abordar el asalto abertzale a Ajuria Enea, tiene la defensa de «Euskal Herria como nación soberana» como finalidad.

Por otra parte, el colectivo de apoyo a los presos de ETA Herrira volvió a exigir ayer el fin de la «dispersión» tras el accidente de tráfico sufrido por los allegados de los pamploneses Txetxu Barrios e Iñaki Beaumont cuando regresaban de visitarles en la prisión de Granada.

Por su parte, el parlamentario del PNV Ricardo Gatzagaetxebarria afirmó ayer que el plan de reinserción es un «paso positivo, pero insuficiente y de muchísima menor entidad» que las medidas que José María Aznar adoptó durante la tregua de 1998 y 1999, cuando acercó a Euskadi a 135 presos y excarceló a 300 presos, 30 de ellos con delitos de sangre. «En un contexto político en el que ETA ha anunciado que desaparece definitivamente y la tregua es definitiva, cómo vamos a actuar con menos visión de futuro que cuando hubo la tregua temporal», dijo, según Europa Press.