El SUP envía datos de 2003 al juez que investiga la corrupción en las adjudicaciones
El juzgado de instrucción número 26 de Madrid mantiene en secreto las actuaciones iniciadas tras la denuncia de la existencia de una trama corrupta en la adjudicación de obras en la Policía Nacional. Según explicaron a este periódico fuentes cercanas al caso, las pesquisas, de momento, afectan a construcciones policiales en una decena de provincias.
Bajo sospecha hay, al menos, obras en Ibiza, Santander, Valladolid, Barcelona, La Rioja, Cáceres, Vigo, Zaragoza, Sevilla y varias dependencias de Madrid, tanto de servicios centrales como de comisarías zonales.
Las actuaciones judiciales se iniciaron hace algo más de un mes, después de que la Dirección General de este Cuerpo trasladara un informe anónimo que había llegado a la Intervención Delegada en el que se denunciaba la existencia de una trama corrupta en la Policía. La información está igualmente en manos de la Unidad de Asuntos Internos.
La Fiscalía Anticorrupción también tiene bajo su lupa estas denuncias al sospechar que se han podido producir graves irregularidades.
Además de obras en comisarías, las pesquisas judiciales tienen entre otros objetivos tratar de esclarecer trabajos realizados en los servicios centrales de la Policía, en el complejo de Canillas. Y entre estas construcciones bajo sospecha se encuentran algunas de las realizadas en la guardería infantil. En concreto, dos contratos, uno por valor de algo más de 7.000 euros y otro que superaba los 50.000 euros.
Las actuaciones se extienden durante los años 2010 y 2011, pero no se descarta que, tras concluir las pesquisas sobre esas obras, el juez instructor requiera información al Ministerio del Interior sobre construcciones más antiguas. Por su juzgado ya ha pasado a declarar personal de la Policía directamente relacionado con las adjudicaciones.
Previamente, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía también elaboró una primera investigación y tomó declaración a funcionarios destinados en la Subdirección de Gestión de la Policía, que es la responsable en la contratación de obras.
Además, el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) ha remitido al juzgado y a la Fiscalía Anticorrupción un nuevo escrito, en el que amplía el número de obras bajo sospecha y el periodo en que se realizaron. El SUP ha enviado ya información de acuerdos firmados desde el año 2003 que el sindicato sospecha que podrían estar relacionados con la investigación.
Es decir, el sindicato cree que las irregularidades se han podido estar cometiendo desde hace más de nueve años. En concreto, la documentación aportada ahora por el SUP hace referencia a obras acometidas en las comisarías de Manacor (Mallorca), Zamora y Alcalá de Guadaira (Sevilla), presuntas irregularidades en la contratación de 11 robots de desactivación para los Tedax y la reciente adquisición de inhibidores que, según dicen, han presentado problemas de funcionamiento.
Era de esperar, han dejado el pais como una patena, y la Policía no iba a ser menos.Y lo que no sabremos aún....
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