El Juzgado 5 de la Audiencia se cubrirá por antigüedad y supondrá la salida de Ruz
Es un daño colateral, pero la sentencia del Tribunal Supremo contra el juez Baltasar Garzón conlleva un nuevo cambio en la instrucción de uno de los casos más polémicos de la pasada legislatura.El caso del chivatazo policial a la organización terrorista ETA, cometido el 4 de mayo de 2006 en el bar Faisán de Irún, cambiará de nuevo de manos.
Garzón deberá abandonar su plaza en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional y su plaza saldrá de nuevo a concurso para el magistrado que quiera acceder a ella y que más veteranía tenga en la carrera judicial.
Eso quiere decir que, salvo una sorpresa mayúscula, el actual instructor del Juzgado número 5, el magistrado Pablo Ruz, dejará el caso que apuntaba a la implicación política del Ministerio del Interior en una maniobra para beneficiar a ETA durante el llamado proceso de paz. Sólo seguiría en ese puesto si fuera el único candidato que se presentara, cosa prácticamente imposible.
Algunos hablan de Ruz como del «otro condenado»: Garzón, fuera de la carrera judicial, y Ruz, fuera del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.
El caso del chivatazo policial a ETA recayó inicialmente en el magistrado Fernando Grande-Marlaska. En aquel momento, Garzón estaba en Estados Unidos, en unos cursos también pendientes de juicio. Grande-Marlaska le sustituyó interinamente. Pero Garzón regresó de forma precipitada de EEUU precisamente para hacerse cargo del chivatazo. Grande-Marlaska avanzaba a pasos firmes en su resolución. Garzón retomó y paralizó la causa hasta que los procesos judiciales contra él obligaron al Consejo General del Poder Judicial a suspenderle mientras se resolvían.
Y así llegó Pablo Ruz al juzgado, un magistrado que le dio de nuevo un potente impulso a la causa y procesó a los que consideraba como responsables del chivatazo. En su escrito dejó constancia de que el chivatazo podía haber sido obra del que fuera director general de la Policía con el PSOE Víctor García Hidalgo, del ya ex jefe superior de Policía del País Vasco Enrique Pamies, y de un inspector destinado en Vitoria en la lucha contra el terrorismo internacional.
La iniciativa del juez Javier Gómez Bermúdez de llevar al Pleno, los recursos contra el auto de procesamiento, y la revocación acordada por los magistrados de ese Pleno provocó que la causa volviera al juez Ruz para que la siguiera instruyendo. Pero desde ese momento la parálisis es total. Las acusaciones y la Fiscalía han remitido ya varios escritos, con nuevas peticiones, pero el titular no se ha pronunciado. Será poco probable que sea ya Ruz quien dé contestación. En breve se abrirá el proceso para sustituirle en la Audiencia Nacional, una vez que al CGPJ le llegue la sentencia.
Pero el caso Faisán, uno de los que más desgaste provocó a Rubalcaba en concreto y al Gobierno de Zapatero en general, no es el único que quedará pendiente en ese Juzgado.
A manos de Ruz también había llegado precisamente el sumario que ha desencadenado la primera condena a Garzón, el caso Gürtel. Ya en las últimas fechas, Ruz estaba dando trámite a las peticiones urgentes, a aquéllas que podían conllevar la prescripción de las acusaciones contra sospechosos. Es el caso de las actuaciones de esta trama con motivo de la visita del Papa a España.
Además, el magistrado, al que le quedan pocas fechas para dejar el Juzgado de Instrucción número 5, es el que está instruyendo una de las causas recientes que más alarma social ha generado por la cantidad de afectados: la estafa presuntamente perpetrada por la familia Ruiz-Mateos. Recientemente se incautó de todas sus propiedades y prohibió al cabeza de familia abandonar el territorio nacional.
También está sobre su mesa el caso Pretoria, una trama de corrupción urbanística que salpica a diversos ayuntamientos de la provincia de Barcelona y ex altos cargos del Gobierno de CiU en Cataluña.
La primera información
Este diario fue el mismo que advirtió, el mismo día en que se levantó el secreto de sumario del 'caso Gürtel', de que los pinchazos telefónicos que constaban en el procedimiento podían afectar al derecho de defensa. Tres días después, y después de consultar los aspectos técnicos de ese argumento, la portada de EL MUNDO fue la que se ve sobre estas líneas: «Garzón grabó a abogados de 'Gürtel' con la ley antiterrorista».
«El superjuez esta vez ha sobrepasado un límite que nadie se había atrevido a cruzar: el de la violación del secreto profesional entre abogado y cliente, uno de los pilares del sistema procesal», decía el editorial de este diario, razonamiento que se corresponde en esencia con el que ha terminado con su expulsión de la carrera judicial.
Y concluía el comentario de opinión: «Esta flagrante violación de la legalidad se ha convertido en un poderoso argumento para quienes intentan evitar que prospere la investigación del caso».
Primera pena
Garzón ha sido condenado como autor de un delito de prevaricación a 11 años de inhabilitación, multa de 14 meses y a la expulsión de la carrera judicial. Por unanimidad del tribunal que presidía Joaquín Giménez: siete a cero. La sentencia ha sido una rotunda lección de sintaxis: no se debe tomar la conjunción copulativa en vano, como si fuese disyuntiva. La Ley General Penitenciaria establece en su artículo 51.2 que las comunicaciones de los internos con su abogado defensor «no podrán ser suspendidas o intervenidas salvo por orden de la autoridad judicial y en los supuestos de terrorismo». Y no quiere decir o. A juzgar por el texto de la sentencia, el Supremo ha previsto el recurso a instancias europeas y ha trufado los considerandos de jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y de citas del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
La sentencia ha sido hecha pública al día siguiente de que otro magistrado de la Sala de lo Penal del Supremo, el presidente Carlos Granados, hubiese dado el visto para sentencia en la causa que se le sigue por haber instruido un sumario por las desapariciones del franquismo sin tener competencias para ello. En sus palabras finales, el procesado-juez citó a Kant: «El tribunal del hombre es su conciencia», una frase desdichada a más no poder oída en su boca. Si atribuimos a las personas tal grado de autogestión en lo que a la justicia se refiere, ¿por qué nos estábamos gastando tanto dinero en el salario de jueces profesionales como Garzón y sus antiguos colegas?
Darle un sentido concreto a abstracciones como la kantiana tiene estos problemas, que la frase se puede interpretar a medio camino entre el reto de Fidel Castro al tribunal en el juicio por el asalto al Cuartel Moncada: «Condenadme, no importa; la Historia me absolverá», y la cláusula de estilo que los terroristas de ETA emplean ante sus juzgadores: «No reconozco a este tribunal».
Jacques Vergés, abogado defensor del FLN argelino, el terrorista Carlos, el nazi Klaus Barbie y Slobodan Milosevic, entre otros, escribió hace 40 años un clásico: Estrategia judicial en los procesos políticos, donde definía dos actitudes posibles para los procesados: la connivencia del acusado que reconoce la legitimidad del tribunal y las leyes, y se defiende con respeto a las reglas del juego, y la ruptura de quien aprovecha el juicio como plataforma propagandística para denunciar la falta de legitimidad del sistema y la arbitrariedad de quien lo juzga.
Esa invocación de Kant y su complaciente silencio con la pequeña turba de sus hooligans, que llamaban «fascistas» a los miembros del Alto Tribunal, nos permitiría definir la estrategia de Garzón como de ruptura pasiva: la denuncia se la hacen otros. Para condenarle a él no bastan siete magistrados del Supremo. ¡Ah, su conciencia! Ayer, al tener noticia de la condena, mi sabio amigo Jesús Moya comentó su arriesgada línea de defensa con impostada perplejidad: «Sabíamos que era un mal instructor de sumarios, pero no podíamos suponer que fuera tan incompetente también en su condición de reo».
Bueno, que más da, el caso es, que el que llegue actúe en consecuencia, y haber si empapela a los que ordenaron el chivatazo.
ResponderEliminar