Un informe del Grupo de Blanqueo de Capitales remitido a la juez le sitúa en el centro de 'una trama de tráfico de influencias' para lograr contratos de la Junta
El Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional cree que Iván Chaves, el hijo del ex presidente andaluz Manuel Chaves, puede estar vinculado a lo que definen como una «trama de tráfico de influencias», por sus negocios con la Junta de Andalucía cuando la presidía su padre. Además, los investigadores consideran que los manejos empresariales que ponen de manifiesto los contratos con adjudicatarias de la Administración andaluza podrían encajar en otro tipo delictivo, además del de tráfico de influencias, el de cohecho.
De acuerdo con el informe policial, los contratos mercantiles que el hijo de Chaves denunció que le habían robado son pruebas de la existencia de una red de empresas y testaferros en cuyo centro estaría Iván Chaves y que tendría como finalidad conseguir, a cambio de comisiones, suculentos contratos de la Administración andaluza valiéndose de su influencia sobre la Junta, controlada por su padre.
En general, los policías que rastrearon los documentos cuyo supuesto robo denunció Iván Chaves Iborra no dudan en utilizar el término «corrupción» en el atestado en el que plasmaron los resultados de sus pesquisas, a partir de las cuales, como ya ha publicado EL MUNDO, concluyeron que el hijo del también ex vicepresidente segundo del Gobierno simuló la sustracción de sus papeles y pudo incurrir, en consecuencia, en un delito de denuncia falsa.
En estos hechos supuestamente delictivos a juicio del Grupo de Blanqueo, dependiente de la Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado (Udyco), estarían implicados, dice literalmente el informe redactado por los investigadores, Iván Chaves «y terceros» a los que no cita pero entre los que estarían, según se desprende de los contratos publicados por este diario, algunos de sus socios.
De hecho, los policías apuntan también que todos los testigos a los que tomaron declaración a lo largo de su investigación, excepto una ex empleada, «tienen interés directo» en los negocios de Iván Chaves «por su implicación en esos mismos hechos». Se refieren, de esta forma, a Javier Olaegui de la Infiesta, íntimo amigo del hijo de presidente socialista y socio en dos empresas; a Julio Javier Moreno Valseca, amigo también de Iván Chaves y socio «de hecho», según una testigo; a Andrés Rodríguez Tapia, promotor inmobiliario que contrató a Olaegui «para que le facilitase el acceso a la Administración andaluza», y a Rocío Consolación Cabet del Castillo, ex esposa de Iván Chaves.
La causa que tramita el Juzgado de Instrucción número 17 de Sevilla se centra inicialmente en la supuesta sustracción de documentos denunciada por el hijo del ex presidente andaluz, y la presunta trama de tráfico de influencias que pone de manifiesto el informe del Grupo de Blanqueo deriva, precisamente, de las pesquisas principales realizadas para esclarecer el robo, simulado según la Policía por el propio Iván Chaves para invalidar pruebas que podrían usarse en su contra.
Esto quiere decir que, formalmente, no hay ninguna investigación -ni judicial ni policial-que trate específicamente de los negocios del hijo de Manuel Chaves con la Junta de Andalucía que han ido publicando EL MUNDO y El Confidencial.
Ello a pesar de las evidencias que han encontrado los agentes del grupo de Blanqueo, que llegan a hablar de una «trama de tráfico de influencias» para referirse a los hechos que ponen de manifiesto los contratos.
Fuentes judiciales consultadas por este periódico indicaron que, a la vista del contenido del atestado, la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 17, María del Pilar Llorente, podría impulsar una investigación en profundidad acerca del hijo comisionista del presidente del PSOE.
Lo podría hacer, añadieron estas fuentes, deduciendo testimonio de las actuaciones que se han llevado a cabo dentro de las diligencias previas 1.469/11, las del supuesto robo de documentos denunciado en su día por Iván Chaves, lo que daría lugar a la apertura de un procedimiento independiente, ya por tráfico de influencias (como apunta el informe remitido al juez de la Policía Nacional), cuya dirección recaería en otro juzgado de Sevilla, el que correspondiese por turno de reparto ordinario.
>Vea hoy en EL MUNDO en Orbyt el análisis del informe policial sobre el hijo de Chaves, Iván Chaves, de Chema Rodríguez.
Dinero del 'fondo de reptiles' para comprar cocaína
El chófer del ex director de Trabajo dice que usó dos subvenciones para adquirirla
Juan Francisco Trujillo Blanco, chófer del ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero ha confesado a la Policía Judicial que dedicó «a comprar cocaína» para él y para el alto cargo socialista «la mayor parte del dinero» de los 900.000 euros en subvenciones que recibió con cargo al fondo de reptiles utilizado por el Gobierno andaluz para financiar los ERE fraudulentos.
Juan Francisco Trujillo declaró el pasado 15 de diciembre en la comisaría de la Policía Nacional de Andújar, la ciudad jienense de la que es natural. Renunció a la asistencia de abogado y se mostró «a disposición de la autoridad judicial para esclarecer este asunto en todo lo que haga falta». Ante los agentes policiales, admitió haber recibido dos ayudas de 450.0000 euros cada una, para las empresas Iniciativas Turísticas Sierra Morena y Lógica Estratégica Empresarial.
Tras reconocer que la mayor parte del dinero no se utilizó para estas sociedades limitadas creadas ad hoc para recibir los incentivos, el chófer de Guerrero respondió -al ser preguntado sobre el destino final del dinero público- que recuerda que «la mayor parte del dinero lo dedicó a comprar cocaína para su jefe y para él». Además, otra cantidad, cuya cuantía no fue capaz de precisar en su declaración policial, asegura que se la dio a Guerrero «en mano».
«También, a solicitud del señor Guerrero, le compró varios efectos, tales como material de telefonía, artículos de música, antigüedades, ropa y otros, siempre a solicitud de su jefe», prosigue Trujillo en el atestado. También admite que parte de los 900.000 euros que recibió del fondo de reptiles sirvió para abonar «otros gastos como ir de fiestas y copas».
El conductor (que fue despedido por la Junta en 2009 tras 20 años de servicio) asegura que fue el ex director general de Trabajo -con el que empezó a trabajar a finales de 2002- quien lo animó a pedir las subvenciones y le marcó el camino para lograrlo. «Una tarde, en un local de copas a los que era muy aficionado el señor Guerrero y a los que finalmente el dicente acabó aficionándose también, el señor Guerrero le comentó la potestad que él tenía como director general para conceder subvenciones indiscriminadamente y sin necesidad de justificar nada», señala el acta de declaración de Trujillo.
Según la versión del chófer, el ex alto cargo le dijo que le diera «nombres para concederles unas subvenciones» o que «creara unas empresas para así podérselas conceder a él». Trujillo -cuya madre es una de las falsas prejubiladas, con una póliza al contado de 125.000 euros- afirma que él preparó la documentación para pedir el dinero a la Junta «conforme a las directrices que le marcó el señor Guerrero». El expediente habría arrancando simplemente con un par de folios que el chófer asegura que también «entregó en mano» al director general.
Ni sabe dónde pueden estar ahora mismo esos papeles de solicitud ni recibió justificante alguno de su entrega. Sí recibió poco después los 900.000 euros de la Administración andaluza. A día de hoy asegura que «nunca» se ha puesto en contacto con él ningún organismo de la Junta de Andalucía o similares para requerirle la devolución de las dos subvenciones o para que dé explicaciones sobre el destino del dinero.
Parte del mismo sí lo invirtió en las empresas. Por ejemplo, a través de Iniciativas Turísticas Sierra Morena «se compró un terreno en la sierra, por una cantidad que no recuerda, que iba a ser destinada a la construcción de casas rurales», pero luego «lo vendió obteniendo un importante beneficio de cerca de 150.000 euros. Preguntado sobre a qué destinó la plusvalía, responde sucintamente: 'Al mismo sitio que el anterior'».
Durante su declaración, el chófer de Guerrero entregó una pistola de calibre nueve milímetros Parabellum con el cargador sin munición. Preguntado sobre su origen, Trujillo aseguró que se la dio un guardia civil, del que no recuerda el nombre, hará unos cuatro o cinco años, y le dijo que estaba inutilizada. Afirmó que puede aportar «un certificado de inutilización» por localizar.
Lo dicho, no hay pan, para tanto chorizo....
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