Se escuda en que la Policía le avisó de que la 'trama Gürtel' trataba de blanquear su dinero / Admite las grabaciones, pero dice que no las utilizó en la instrucción
El juez Baltasar Garzón admitió ayer ante el Tribunal Supremo, que empezó a juzgarle por las escuchas del caso Gürtel, que ordenó a la Policía interceptar las entrevistas que mantuvieron en prisión los principales imputados y sus abogados, pero aseguró que no utilizó su contenido. «Las estrategias de defensa me interesaban muy poco», afirmó.
Según dijo, «la primera finalidad» de esas escuchas era averiguar si los supuestos cabecillas de la trama de corrupción, Francisco Correa y Pablo Crespo, estaban incurriendo en un delito de blanqueo de capitales al tratar de «poner a buen recaudo» el dinero del que disponían en el extranjero.
Esta finalidad no fue explicitada en la resolución por la que ordenó las escuchas -una medida restrictiva de derechos fundamentales que, de acuerdo con la doctrina constitucional, requiere una motivación reforzada- ni se refería a los letrados José Antonio Choclán y Gonzalo y Pablo Rodríguez Mourullo (defensores de Correa y Crespo), ya que Garzón reconoció que «no tenía nada contra ellos».
Aunque interceptó las entrevistas que estos abogados mantuvieron con sus clientes, sostuvo que no vulneró el derecho de defensa porque ordenó expurgar las grabaciones. Lo hizo después de escucharles durante 36 días y una vez que la Policía, la Fiscalía y el propio instructor accedieron a su contenido.
Con una notoria afonía que no le impidió defenderse con soltura y contundencia, el juez Garzón se enfrentó ayer a su primer juicio ante siete magistrados de la Sala Penal del Supremo, el que tiene por objeto las escuchas ilegales de Gürtel, después de no haber logrado adelantar la vista por el caso del Franquismo.
Garzón quiso utilizar ayer la puerta noble del Supremo (hasta ahora siempre había accedido al palacio de justicia por la entrada destinada a los ciudadanos) y se situó en estrados y vestido con la toga junto a su abogado, Francisco Baena.Allí permaneció hasta que, ya en la sesión de la tarde, el presidente del tribunal, Joaquín Giménez, le invitó, «como ya se imagina», a despojarse de la toga y a situarse tras una mesa frente al tribunal para declarar en las mismas condiciones en que lo hacen todos los imputados.
Giménez, que dirigió el juicio de forma impecable durante toda la sesión, explicó que el asiento en estrados y con toga es un «privilegio» que el estatuto de la abogacía reserva a los juristas que tienen que ir a juicio, «pero a la hora de declarar debe hacerlo como todo el mundo».
Fue una declaración de 150 minutos en los que Garzón acertó accediendo a contestar a las acusaciones, cosa que no hizo durante la fase de instrucción. Evitó, así, la negativa impresión que hubiera podido desprenderse de un juez que se niega a responder a los letrados cuyas conversaciones interceptó justo en los momentos en que trazaban con sus clientes las estrategias de defensa y justo cuando escuchaban de éstos confesiones autoincriminatorias, confiados en la confidencialidad de la relación entre el imputado y su abogado.
Garzón reiteró los argumentos que ya manejó en sus dos declaraciones ante el instructor del Supremo, Alberto Jorge, aunque abandonó la tesis de los abogados necios que había explicitado durante la instrucción al sostener que él sabe que los imputados encarcelados utilizan a veces a sus letrados para que estos «inconscientemente» transmitan al exterior mensajes o instrucciones a terceras personas con el fin de favorecer a la organización criminal. La dificultosa verosimilitud de esa tesis en el caso de juristas de la experiencia de los abogados de Correa y Crespo hizo que ayer ni siquiera fuera esbozada.
El eje de la defensa de Garzón fue que «la mejor prueba» de que no se vio afectado el derecho de defensa es que «ninguna de las diligencias realizadas mientras el caso Gürtel estuvo en mis manos tuvo relación con el contenido de las conversaciones intervenidas». Lo repitió hasta la extenuación y de todas las formas posibles, incluso interpelando a las acusaciones. «Dígame, por favor, una sola diligencia que afectase al derecho de defensa», espetó al letrado Ignacio Peláez, que resultó afectado por las escuchas cuando acudió a la cárcel para hablar con Correa con el fin de preparar la declaración de su cliente, el empresario José Luis Ulibarri.
El primer instructor del caso Gürtel insistió también en que él intervino las comunicaciones de los principales cabecillas de la supuesta trama de corrupción «y no a los letrados». «Si lo que quiero es investigar al abogado, mal instructor sería si me limito a sus comunicaciones en prisión», manifestó.
Lo cierto es que el auto por el que ordenó interceptar las comunicaciones en la cárcel de Correa, Crespo y Antoine Sánchez, dictado el 19 de febrero de 2009 (a los siete días de encarcelarles), acordaba grabar «las comunicaciones personales que mantengan los citados internos con los letrados que se encuentren personados en la causa u otros que mantengan entrevistas con ellos».
Garzón explicó ayer que la Policía le había planteado «verbalmente» la «necesidad» de adoptar esa medida ante la «posibilidad» de que los presuntos cabecillas de Gürtel movieran las cuentas que tenían en el extranjero.
A preguntas del abogado de Correa, admitió que esas sospechas no se plasmaron ni en la propia resolución judicial ni en ningún informe policial. Pero restó trascendencia a este hecho porque en las instrucciones penales «se hacen muchas cosas verbalmente. Por ejemplo, mi orden de detener a la cúpula de Batasuna en 2007 fue verbal», presumió.
Sostuvo que había indicios de que «algunos» abogados «jugaban un papel básico en la estrategia de blanqueo» y que «había elementos de que intentaban deslocalizar más de 20 millones de euros que estaban en cuentas en el extranjero».
De esta forma, «aunque no se especificara en el auto», la «principal finalidad» de las escuchas realizadas en los locutorios de la prisión era averiguar si, a través de esos abogados, se estaba cometiendo un delito de blanqueo de capitales y tratar de impedir la desaparición del dinero recaudado por la organización.
Entre esos abogados no se encontraban ni Choclán ni Peláez ni Gonzalo o Pablo Rodríguez Mourullo. Garzón admitió de forma expresa que «no tenía nada contra ellos».
- «¿No era usted consciente de que, de la forma indiscriminada en que acordó las escuchas, la medida iba a afectar a todos los letrados, incluidos los defensores? Usted no acotó el alcance de la intervención», le preguntó el abogado de Francisco Correa.
- «Es que yo no intervine a los letrados, sino a los imputados», contestó el juez, que defendió que «tomó las medidas necesarias para prevenir el derecho de defensa».
- «¿Y qué medidas fueron?», inquirió Peláez.
- «Acordé expurgar las conversaciones que afectaran a las estrategias de defensa», indicó Garzón.
El auto por el que ordenó separar esas conversaciones fue dictado el 27 de marzo y después de que la Fiscalía se lo pidiese. «¿Por qué esperó al 27 de marzo?», quiso saber Peláez. «No esperé. En una causa con más de 40 imputados y múltiples diligencias en práctica se hace una cosa después de otra».
«El derecho de defensa es para mí tan sagrado como para usted», añadió. «Me interesaba muy poco su estrategia de defensa. Ni la suya ni la de ningún letrado».
Garzón manifestó que no conocía el funcionamiento del mecanismo de grabación que se utiliza en la prisión de Soto del Real, pese a la incidencia que el funcionamiento técnico de esos sistemas tiene en la tutela de los derechos fundamentales. Con ello quiso contrarrestar la tesis de la acusación de que, si hubiera querido, habría interceptado únicamente las conversaciones de los abogados respecto a los que tenía indicios, porque el sistema Marathon se activa y desactiva manualmente por el funcionario encargado de los locutorios.
> Hoy,en EL MUNDO en Orbyt, el videoanálisis de Pedro G. Cuartango sobre el juicio.
La defensa logra que se oigan las cintas
Insistió, sin éxito, en recusar a dos jueces
La defensa logró ayer, en el trámite de cuestiones previas, que la Sala aceptara la práctica de algunas diligencias que calificó de «esenciales», en particular la audición de las escuchas interceptadas en los locutorios de la prisión de Soto del Real (Madrid) donde los imputados del caso Gürtel se entrevistaron con sus letrados.
Aunque a las partes no les quedó claro qué cintas se oirán (esas grabaciones fueron expurgadas primero por Garzón y luego por Pedreira, mientras que de una de las copias incorporadas al proceso del Supremo se eliminaron algunas frases que afectaban a la intimidad de los interlocutores), sí se aceptó la propuesta del letrado de la acusación José Antonio Choclán de que la audición se haga ante el tribunal pero a puerta cerrada «para no intensificar el daño producido no sólo a nuestros defendidos sino a nosotros mismos», dijo.
Aunque fue una prueba pedida por el defensor Francisco Baena, las acusaciones no se opusieron a que se escuchen en la sala sus conversaciones confidenciales con los imputados. Choclán sostuvo que esa audición sólo pondrá de manifiesto que las entrevistas intervenidas «afectaban al derecho de defensa» y que la actuación de Garzón fue «una clamorosa prevaricación judicial».
La Sala aceptó igualmente la declaración testifical del funcionario al que Garzón encargó la tramitación del caso Gürtel. El juez adelantó ayer para qué quiere este testimonio: el funcionario citado estuvo presente cuando la Policía le planteó la necesidad de poner micros en el locutorio de la cárcel.
Baena también insistió en que los magistrados Varela y Marchena no deberían formar parte del tribunal al ser los instructores de los otros dos procesos que Garzón tiene abiertos en el Supremo. La Sala Penal, por dos veces, y la Sala del 61 han rechazado estas recusaciones y el tribunal, de forma coherente, volvió a desestimarlas ayer.
Sin galones
Lo más triste de este juicio es el juicio mismo. El espectáculo de un juez sentado en el banquillo de los acusados resulta desolador, sobre todo después de haber presenciado una penosa ceremonia previa: la de un magistrado desprendiéndose lentamente de su toga y abandonando estrados para bajar hasta el banquillo y, frente al micrófono, de pie y vestido ya sólo de civil, que es tanto como decir desnudo, identificarse ante el tribunal recitando su nombre y apellidos. Como un simple mortal, despojado de cuajo de toda su autoridad y también de sus privilegios, simbolizados precisamente en esa toga con puñetas que son los galones de los jueces. En esta escena está la esencia del proceso que se inició ayer en el Supremo contra Baltasar Garzón.
Durante el tiempo que duró su intervención el juez estuvo casi siempre tranquilo, pero con un poso indisimulable de irritación que demasiadas veces le llevó a ser desafiante, sin que ni el tribunal ni los letrados de la acusación hicieron el menor amago de ponerle en su sitio. Y lo más llamativo fue que, siendo él el acusado, siempre, siempre, se comportó como un juez. Aunque tampoco se puede pretender que un hombre que ha pasado toda su vida pidiendo explicaciones a los demás asuma de un plumazo que es a él a quien le toca darlas ahora. Respondió a las preguntas, por supuesto, pero también las hizo. Y las hizo como las hacen los jueces: con un deje de aplastante superioridad institucional que precisamente en la tarde de ayer, tal y como estaba situado cada uno en la sala, resultaba muy chocante. Mucho.
Los argumentos esgrimidos por Garzón desde el banquillo -en una declaración que resultó tan monótona y tercamente circular como el recorrido de una noria- fueron básicamente tres. Uno, que él estaba persiguiendo a una organización criminal dedicada al blanqueo de dinero y debía tomar medidas para evitar que esa actividad delictiva siguiera adelante. Dos, que él no ordenó escuchar a los defensores sino a quienes estaban en prisión, haciendo caso omiso del pequeño detalle de que éstos no acuden a los locutorios de la cárcel a hablar solos, como si se hubieran vuelto locos. Y tres -y evidentemente esencial para su estrategia de defensa, porque repitió la misma idea hasta la extenuación- que él no tomó decisión alguna que estuviera vinculada con esas escuchas. En resumen: que la importancia del fin justifica los medios, y que, puesto que él no se sirvió después de la información obtenida a base de violar las conversaciones entre los acusados y sus defensores, el derecho de defensa no ha sido quebrantado.
Pero es que estamos hablando de un derecho fundamental recogido en todas las constituciones de los países civilizados y, desde luego, en la española: el derecho de todo ciudadano a defenderse, a preparar en absoluta e inviolable intimidad su estrategia de defensa con un abogado. Y el derecho a que el Estado, sea en forma de juez, de policía o de funcionario, no triture de ninguna manera esa intimidad porque ella es la garantía primera de un juicio justo. Esa inviolablidad es la que ha sido rota por Garzón, haya tenido o no traducción concreta en las diligencias ordenadas luego por el magistrado.
No es éste un delito que le daña solamente a él si la sentencia del Supremo es condenatoria. Es que ésta es una acción que dañaría, de admitirse como válida, a todo el sistema. No habría entonces ningún procesado que pudiera sentirse a salvo del acoso brutal, inmisericorde, totalitario, del Estado. Eso sería tanto como permitir la colocación de unas cargas de dinamita en los cimientos del edificio en el que vive y se desarrolla una sociedad entera.Y también por esto lo más triste de este juicio es el juicio mismo.
Sin voz y «en peor situación que un normal»
Garzón accedió a la sala en medio de una ovación, insólito en la historia del Supremo
«Don Baltasar Garzón Real». El agente de Justicia salió a las puertas del Salón de Plenos del Palacio de las Salesas y, sin aparentar que le impresionase para nada la muchedumbre ruidosa que allí se agolpaba, llamó al acusado en un tono aséptico, casi rutinario, como el de costumbre. Al llamado y a casi todos los demás sí que pareció chocarles ese tratamiento tan ordinario para el que antaño era el Príncipe y salía en la televisión abordando narcotraficantes en helicóptero, porque el barullo se interrumpió abruptamente y le siguió un instante de estupefacción silenciosa.
Y, entonces, rompió una salva de aplausos. ¿Cómo él, que durante el último cuarto de siglo fue una estrella rutilante en el firmamento, que puso contra las cuerdas a Pinochet, que procesó antes que nadie a Osama bin Laden, él, que fue el único que se atrevió a imputar al general Franco y que quiso hacer lo mismo con Felipe González o Silvio Berlusconi, cómo él iba a enfrentarse al peso de la ley como un ciudadano de a pie, en silencio, como un cualquiera? No. Él accedió a la sala donde se iba a resolver su suerte en loor de multitudes, ovacionado, mártir de su propia causa general contra todas las injusticias que en el mundo han sido.
Dos siglos de historia nunca habían visto nada igual. Inaudito: vítores entre las paredes del Tribunal Supremo. Y eran para él. También por primera vez en ese salón -el mismo que contempló tantas de sus antiguas hazañas, aquellos juicios a un ministro del Interior y a más de un enemigo íntimo-, el presidente de la Sala se vio obligado a advertir de que será «inflexible» con las manifestaciones del público, compuesto mayoritariamente por entusiastas sinceros de la causa de la Memoria Histórica.
«Se le ha situado en peor condición que a un normal», argumentó después su abogado durante el tedioso trámite de cuestiones previas para quejarse de que se le aplique el procedimiento para aforados exactamente como dispone la ley. Lo dijo así: «Que a un normal».
El juez suspendido no estuvo solo. Le animaron de cuerpo presente muchos de los funcionarios de su juzgado y varios colegas de la Audiencia Nacional. Entre los que nunca fallan, sus amigos instructores Santiago Pedraz y FernandoAndreu y la fiscal Dolores Delgado. También acudieron los magistrados de la Sala Penal de esa sede judicial Javier Martínez Lázaro, Clara Bayarri, Ramón Sáez y José Ricardo de Prada (los tres últimos fueron los que suscribieron un voto discrepante a la decisión del Pleno de retirarle la competencia para investigar los crímenes del Franquismo). Por la tarde, se vio asimismo a Teresa Palacios. Y, en primera fila, al magistrado de la Sala Cuarta del Supremo Manuel Alarcón, que votó en sentido favorable a las recusaciones planteadas por Garzón y a quien se considera próximo al catedrático Javier Pérez Royo, defensor acérrimo del juez estrella en sus artículos de prensa.
Fuera del ámbito judicial, tuvo interés ver por los pasillos del Tribunal Supremo a María del Mar Bernabé, la secretaria de Baltasar Garzón durante la estancia en Nueva York que puede costarle otra visita al banquillo en los próximos meses.
Y, a las puertas del palacio, más o menos lo que se esperaba: la actriz Pilar Bardem y el diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares detrás de una pancarta y, en general, el producto de los esfuerzos del juez por presentarse como víctima de una cacería. Lo de ayer se quedará pequeño con lo que se vivirá la semana que viene, cuando lo juzguen por tramitar las denuncias por los crímenes de la Dictadura. Una plataforma que apoya a Garzón paseó pancartas como las que se ven en la foto de abajo y entregó un escrito de dos folios en el que pide la dimisión de toda la Sala que le juzga porque «tiene perdida toda noción de justicia, perdida también su independencia y aparece confabulada al completo en condenar a un juez» para tratar de «ver colmadas envidias personales y mantener puestos obtenidos muchas veces al amparo del Gobierno».
Durante toda la sesión de la mañana, Garzón disfrutó del privilegio reservado a los jueces de sentarse a la vera de su defensor y vestido con toga, evitando así la foto en el banquillo. Sólo hay imagen de esa situación tomada en vídeo, ya por la tarde, cuando no se autorizó el acceso de los fotógrafos y al superjuez le tocó declarar como imputado, momento que se recordará con el sonido de su voz rota por la afonía. Se quitó la toga y la plegó con ceremonia, se dirigió al centro del salón y se sentó. «No, no, póngase en pie, a la altura del micrófono», le corrigió el presidente de la Sala. Y, entonces, le preguntó: «¿Se llama usted...?».
TESTIGO DIRECTO
Emilio Botín, exonerado por los pagos al juez Garzón
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo no investigará al presidente del Banco Santander, Emilio Botín, por sus pagos al juez Baltasar Garzón para participar en dos cursos en la Universidad de Nueva York en 2005 y 2006. El alto Tribunal ha considerado que el presunto delito de cohecho habría prescrito al haber transcurrido más de tres años.
En el auto dictado el pasado 4 de enero, el Tribunal Supremo declara que el presunto delito de cohecho «debe considerarse prescrito» y acuerda el archivo de la querella presentada por el abogado Javier Sotos contra el presidente de la entidad cántabra.
«Dado el tiempo transcurrido desde la ocurrencia de los hechos imputados hasta la presentación de la querella, es notorio que han transcurrido con exceso los tres años previstos en el artículo 131.1 del Código Penal para la prescripción», según concluye el auto.
El abogado presentó su querella el pasado 18 de noviembre ante el Tribunal Supremo, que juzga al antiguo juez de la Audiencia Nacional por los cobros recibidos de distintas empresas, al considerar que el presidente del Santander tuvo una «participación activa» en el delito de cohecho a Garzón.
«La razón de la entrega (del dinero) era exclusivamente el cargo judicial de quien sería beneficiado por ella», denunciaba Sotos, quien consideraba que estos hechos son constitutivos de un delito de cohecho sancionado con una pena de multa, prevista en los artículos 423 y 426 del Código Pena
Chacón cree que «algo falla» en el proceso
«Se sienta en el banquillo por perseguir un caso de corrupción»
La candidata a la Secretaría General del PSOE Carme Chacón se apuntó ayer a las tesis conspirativas de Baltasar Garzón: «Algo falla cuando se sienta un juez en el banquillo por haber perseguido un caso de corrupción», dijo en declaraciones a los periodistas tras un acto que tuvo lugar en Casa Labra, la taberna madrileña próxima a la puerta del Sol donde Pablo Iglesias fundó el Partido Socialista en 1879.
En las antípodas de ese discurso se manifestó el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando, que afirmó que «la ley es igual para todos» y que en un Estado de Derecho «no puede haber personas con patente de corso para transgredir» la legislación. «Si hay un juez que la ha incumplido», pues así lo determinan otros jueces, deberá asumir las consecuencias y ser juzgado, señaló.
A su juicio, un magistrado, en este caso Garzón, es la persona más indicada para dar ejemplo sobre el cumplimiento de las leyes. Añadió que, en el sistema actual, ni siquiera el Rey se escapa del control de las leyes, por lo que «no puede ser que haya personas con patente de corso para transgredir la ley»
El más contundente en su apoyo a Garzón fue el diputado de IU Gaspar Llamazares, que acudió a las inmediaciones del Palacio de Justicia, sede del Tribunal Supremo, para mostrarle su respaldo.
Allí aseguró que los diferentes procesos judiciales abiertos a Garzón son un «linchamiento político y corporativo».
Llamazares dijo que la sentencia por este proceso ya está «predeterminada». A juicio del diputado de IU, las tres causas abiertas contra Garzón se parecen a las «bombas de racimo», porque «si no te cargan a la primera, lo harán a la segunda, y si no, a la tercera».
«No hay unas garantías mínimas para un juicio justo», insistió Llamazares, que subrayó que lo único que ha hecho el magistrado es «proteger a las víctimas y luchar contra la corrupción».
Además de Llamazares, también acudió al Supremo para apoyar al magistrado suspendido la actriz Pilar Bardem, que destacó que lo que está sucediendo con Garzón es, en su opinión, «muy triste».
En cambio, Esquerra manifestó su alegría por el procedimiento, aunque lamentó que no se le hubiese juzgado antes por ordenar la detención de 17 independentistas catalanes en un proceso que luego fue declarado ilegal por la Corte de Estrasburgo.
El juez estrela, se a estrellado. Haber si es verdad, que la justicia es igual para todos.
ResponderEliminarLa sala no sabe o no contesta, y le pasa la pelota a la policía, osea que el policía debe valer lo mismo para un roto que para un descosido, vaya tela marinera.