Montoro y Soria defienden que sea delito gastar sabiendo que se excede el presupuesto
Moncloa elude pronunciarse y se remite a la ley que presentará la vicepresidenta
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunció ayer que propondrá al resto del Gobierno que los gestores públicos que incumplan de forma reiterada y acusada la nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria puedan ser castigados con el Código Penal. Dio así un paso más a lo previsto en el programa electoral por el PP. Éste se comprometió a «reforzar las responsabilidades y sanciones a los gestores públicos en el cumplimiento de las reglas de estabilidad presupuestaria y en el manejo de los fondos públicos». Pero sin llegar a considerar delito tal actuación.
En declaraciones a la cadena Ser, Montoro afirmó: «Lo que vamos a hacer ahora es un cambio que llamamos Ley de Transparencia de Gobierno. Vamos a exigir responsabilidades penales para los gestores públicos».
Fuentes del Ministerio explicaron posteriormente que el principio de estabilidad presupuestaria está ya inserto en la Constitución y que se va a desarrollar por ley orgánica que todos los gestores públicos deben respetar. «Es lógico que se considere delictivo incumplir ese precepto», señalaron.
«Lo que no es correcto son las facturas en el cajón, la falta de transparencia y acumular deudas que luego se vuelven impagables», dijo Montoro. Éste señaló que lo mismo que se castiga a los gestores que falsean cuentas en las sociedades cotizadas, con más razón a los responsables públicos.
El ministro de Industria, José Manuel Soria, suscribió las palabras de Montoro y explicó que lo que estudia el Gobierno es penalizar a quien autorice el gasto sabiendo que excede el presupuesto. Distinguió este ámbito del gestor que no puede evitar un déficit imprevisto por un deterioro de la situación económica.
El presidente de la Junta de Extremadura, el popular José Antonio Monago, afirmó que en este tipo de delitos no caben «prescripciones» y que debe aplicarse «con retroactividad». En declaraciones a RTVE, Soria lo descartó: «El Gobierno no está estudiando aplicarlo con retroactividad».
Fuentes gubernamentales eludieron pronunciarse en el mismo sentido ayer a este diario. Se limitaron a indicar que la Ley de Transparencia es competencia de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. Ésta prevé explicar su proyecto el próximo martes en el Congreso de los Diputados. El portavoz parlamentario del PP y persona de confianza de Sáenz de Santamaría, Alfonso Alonso, aclaró ayer que el castigo sería para los gestores que aprueben gastos fuera de los presupuestos.
La posición del PP no fue secundada por las demás fuerzas políticas. El presidente del PSOE, Manuel Chaves, afirmó que en España los gestores públicos que cometen un delito ya están sometidos a las leyes. En su opinión, si excederse en el gasto implica la comisión de un delito, ya está penado por las leyes, pero, si no es un delito, se reduce a una responsabilidad política, y no se mostró partidario de ir más lejos.
El PSOE distribuyó un argumentario entre sus miembros en el que insta a reclamar al Gobierno explicaciones y resalta que cualquier cambio en el Código Penal corresponde al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Los socialistas ironizan sobre si el ex alcalde de Madrid comenzará por aplicarse a sí mismo ese nuevo delito, dado que durante su gestión dejó el municipio como el más endeudado de toda España, con más de 7.000 millones de deuda.
El diputado de IU Gaspar Llamazares afirmó: «Si aplicásemos ese criterio a los bancos, los particulares y las administraciones públicas estaríamos en la locura, en el todos a la cárcel de Berlanga y ésa no es la forma de funcionar en un estado democrático».
Para el portavoz económico del PNV, Pedro Azpiazu, «es muy fuerte» reclamar responsabilidades penales a los gestores públicos, y el conseller de Finanzas de la Generalitat, Andreu Mas-Colell, se mostró partidario de «instrumentos más tradicionales».
>Vea hoy en EL MUNDO en Orbyt el análisis de Carlos Segovia.
Montoro: «Recesión del 0,5% en 2012»
El consejero de Madrid rechazó a puerta cerrada que se den tratos de favor en el déficit
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, señaló el pasado martes a puerta cerrada a los consejeros autonómicos que 2012 terminará con recesión. Dio credibilidad a que el Producto Interior Bruto (PIB) caerá al menos un 0,5%, frente al crecimiento del 2,3% que previó el anterior Gobierno.
Así se expresó en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera y remarcó que el Fondo Monetario Internacional ultima una revisión de sus previsiones oficiales que puede incluso empeorar esta cifra para España.
En el Acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera alcanzado en la reunión, y al que tuvo ayer acceso este diario, oficializó la sombría estimación de vuelta a la recesión. «Por lo que se refiere al ejercicio 2012, elaborarán los Presupuestos o, en el caso de estar ya aprobados, ejecutarán los mismos teniendo en cuenta que los ingresos derivados del sistema de financiación y el resto de recursos de las comunidades autónomas se verán condicionados por un escenario económico en el que, según las estimaciones de los organismos internacionales, el crecimiento del PIB de España se situará en el entorno del -0,5%».
La consejera andaluza, la socialista Carmen Martínez Aguayo, se quejó de que Montoro no facilitara un cuadro económico más completo, lo que provocó una brusca respuesta de la consejera de Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo. Ésta, miembro del PP, recordó a la andaluza que el Gobierno del PSOE dejó a las comunidades sin presupuestos del Estado para el año que viene. El conseller de Finanzas de la Generalitat catalana, Andreu Mas-Colell, animó a Montoro a dar más datos: «Me fío más del ministerio que de un funcionario de la UE».
El negro panorama de recesión provocó que algunos consejeros como la propia Martínez Aguayo, o los de Canarias y Extremadura, insistieran en que no debe forzarse a las comunidades a un mismo objetivo de déficit. La consejera socialista considera que hay que tener en cuenta las peculiaridades de cada comunidad y no fijar un objetivo uniforme para todas ellas.
El consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Percival Manglano, se mostró rotundo en contra: «La excepción de unos es el esfuerzo adicional de otros». El Gobierno de Esperanza Aguirre se resiste con uñas y dientes a que el sobreesfuerzo de una comunidad sirva para que otra pueda gastar más, porque Madrid [ver gráfico adjunto] se está mostrando la más cumplidora. Manglano pidió que no se permitan tratos de favor y se garantice el cumplimiento por parte de todos y cada uno. Montoro incluyó en el acuerdo que todas las comunidades que precisen ayuda del Estado acepten someterse a más control y aceptar «medidas de ajuste extraordinarias».
Si se cumple, falta hace, y cárcel al que lo incumpla también, así sabrán lo que es bueno.
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