Los abogados de Jamal Zougam, la única persona que fue condenada como autor del 11-M, presentaron ayer su anunciada querella contra las dos testigos protegidas de nacionalidad rumana cuya identificación en los trenes constituye la «principal prueba de cargo» contra él, según la sentencia.Los abogados Eduardo García Peña y Francisco Andújar sostienen que «ambas mintieron», que lo hicieron «conscientemente y confabuladas» y que, «como consecuencia de su mentira, Jamal Zougam fue condenado».
Este diario publicó hace dos semanas una serie de tres reportajes acerca de las testigos C-65 y J-70, y también de R-10, que ni siquiera acudió al juicio y que fue localizado en Cluj (Rumanía). Según los letrados, el Supremo calificó el testimonio de este último como «irrelevante», por lo que la condena de Zougam «como único autor material y directo se sustenta -como principal prueba de cargo- tan sólo en las declaraciones efectuadas por las ahora querelladas».
«C-65 y J-70 para -al menos y entre otros motivos- obtener un beneficio económico, permisos de residencia y trabajo y, en última instancia, la nacionalidad española, faltaron a la verdad en sus declaraciones afirmando, conscientes de la falsedad, que habían viajado juntas en el tren 21.713 y que habían visto a Jamal Zougam. Todo ello en la creencia de que esto les facilitaría, como de hecho así fue, obtener la condición de víctimas y acceder a las posteriores indemnizaciones y beneficios administrativos», se afirma en la querella.
El escrito relata cómo la testigo J-70 compareció a lo largo de 2004 en cuatro ocasiones ante órganos del Ministerio del para solicitar indemnizaciones o beneficios administrativos relacionados con el permiso de residencia, sin mencionar nunca que hubiese visto a un posible terrorista en los trenes ni que viajase acompañada de su amiga C-65, que había declarado en abril de 2004. Incluso presentó un escrito en la Audiencia Nacional designando un abogado para representarla. Tampoco dijo nada.
Por fin, el 7 de febrero de 2005, acudió a la Audiencia Nacional para acusar por primera vez a Zougam, cuando ya habían pasado 11 meses desde el atentado, pero sólo 15 días desde de que el Ministerio del Interior la rechazase definitivamente como víctima de los atentados, «perdiendo así la opción de obtener una indemnización, regularizar su residencia y trabajo en nuestro país y proceder a la reagrupación familiar de su hija menor de edad y entonces residente todavía en Rumanía». «En ese momento», según la querella, C-65 y J-70 decidieron «que esta última acomodaría su versión» a la que ya había ofrecido la primera. Y «tras lo anterior, consigue su objetivo»: fue incluida en el listado de víctimas y cobró 48.000 euros.
Respecto de C-65, el escrito expone que declaró por primera vez ante la Policía en el Consulado de Rumanía, acompañada de otra amiga que «no es la testigo J-70». Las dos dijeron que viajaban juntas y que habían visto a Zougam en el tren, pero de esa otra mujer «nunca más se supo» y su testimonio no fue incluido en el sumario.
También describe que el marido de C-65 fue aceptado como víctima de otro tren -entre ambos cobraron cerca de 100.000 euros y obtuvieron la nacionalidad española- y que su hermano fue rechazado, aunque los dos dijeron que iban juntos.
Por último, recuerda que «todos los datos objeto del presente relato de hechos son absolutamente novedosos, no constaban en el sumario ni fueron puestos de manifiesto en la vista oral por el atentado. Los datos referidos fueron, por negligencia o deliberadamente, ocultados a la defensa de Jamal Zougam durante el proceso y fueron publicados por el diario EL MUNDO».
Como debe ser, ante los indicios y pruebas falsas, y un nefasto juicio a la carta, pues toma del frasco.
ResponderEliminar¡Queremos saber la verdad!