Desaparece TV Mallorca, que recibía más dinero que todos los ayuntamientos de la isla
El cumplimiento de la promesa de los 'populares' amenaza el estatus de las autonómicas
María Salom (PP) llegó a la presidencia del Consell de Mallorca tras haber convertido el cierre de la televisión y la radio financiadas por la institución insular en una de sus grandes promesas electorales y, seis meses después de ganar en las urnas por mayoría absoluta, ha cumplido. La Radio y Televisión de Mallorca (RTVM) dejó de emitir la madrugada del viernes tras casi seis años, desde que fue creada en 2006 por la ex presidenta insular e histórica líder de la desaparecida Unió Mallorquina (UM), Maria Antònia Munar.
«No tiene sentido que en Mallorca se paguen dos televisiones con dinero público ni que cada año el Consell se gaste más en la televisión y la radio que en el plan de obras y servicios en los pueblos», dice Salom. Los argumentos del PP aluden, por una parte, a la duplicidad de algunos contenidos con la autonómica IB3, a la que por otro lado ha reducido su presupuesto a la mitad, hasta dejarlo en 30 millones en 2012; y por otra, a los 10 millones de euros públicos que destinaba a la cadena insular, por los nueve a los ayuntamientos.
Mientras los trabajadores y la oposición acusan al PP de actuar por intereses partidistas al cerrar un medio que había molestado a los populares por emitir algunos reportajes sobre casos de corrupción de la época de Jaume Matas, los motivos económicos esgrimidos por Salom se enmarcan en su «política de austeridad». Y, a diferencia de lo que ocurre con la mayoría de medios públicos, no se refiere a la gestión de la cadena, que presentaba unas cuentas saneadas, sino al sistema de financiación utilizado por el Consell que ha engordado la deuda de la institución.
De la aportación de 10 millones, obtenía la mitad asumiendo nueva deuda. Cinco millones cada año mediante préstamos bancarios. Así, aun con el cierre, el Consell todavía tiene que devolver 20,8 millones a los bancos por las deudas acumuladas para financiar RTVM, lo que supone pagar 171.000 euros al mes hasta 2021.
Con la clausura de la Televisió de Mallorca [M] y Ona Mallorca, el PP balear inicia un camino que también seguirán los populares de Castilla-La Mancha con el cierre del segundo canal de la televisión autonómica, aunque ello no supondrá una reducción de la plantilla. El Gobierno popular de Baleares estudia crear un consorcio público-privado en la autonómica IB3. Mientras, en la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre ha dejado clara su postura favorable a la privatización de Telemadrid.
Sin embargo, no sólo los populares abogan por estas medidas, señaladas a menudo por Esteban González-Pons, quien está abierto a la modificación de la Ley del Tercer Canal. En Asturias, la radiotelevisión del Principado está al borde de la desaparición, ya que el FAC de Francisco Álvarez-Cascos decidió no aportar más dinero. En un ámbito más reducido, la radiotelevisión municipal de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) baraja cerrar, aunque la alcaldesa, Núria Marín, pertenece al PSC.
En Mallorca, los 117 trabajadores de RTVM se irán al paro a final de año. Sólo siete técnicos y los seis directivos seguirán un tiempo más para desmantelar el ente. El Consell es pionero al iniciar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en un medio público en España y pagará a los empleados la indemnización mínima establecida por ley: 20 días por año trabajado. El ERE ha sido autorizado por el Gobierno balear, también del PP, aunque el comité de empresa recurrirá por vía judicial.
Los trabajadores y la oposición sostienen que detrás de la promesa de Salom se esconden motivos políticos por entender que no iba a poder controlar un medio que le incomodaba. El último informativo de [M], además de denunciar el fin de las informaciones locales que prestaba la cadena, rescataba una conversación grabada en la investigación judicial del caso Andratx entre el ex alcalde del municipio y el ex consejero de Interior. «La Televisión de Mallorca me machaca cada día días con el urbanismo», decía Eugenio Hidalgo, actualmente en prisión por un delito urbanístico. «Vamos a hacer una campaña», contestaba José María Rodríguez, actual senador.
Avanzada la pasada legislatura, el PP trató sin éxito de forzar el cese de la ex directora con el apoyo de UM, que acababa de ser expulsado del gobierno por el PSOE y la coalición del Bloc por sus casos de corrupción. Fue precisamente el escándalo relacionado con la creación de [M] el que precipitó la dimisión de Munar. La ex presidenta y el ex vicepresidente del Consell están acusados de comprar una productora a través de testaferros a la que desviaron cuatro millones de euros públicos con motivo del nacimiento de la cadena.
ruina y abusos de las teles autonómicas
El jardinero de la televisión cobraba 6.000 euros al mes… He tardado dos meses en encontrar el contrato de Teresa Viejo, la que era presentadora estrella de la cadena… No hay constancia oficial del sueldo que cobraba el anterior director del ente…». Perlas de este calibre fueron soltadas el pasado miércoles por el nuevo director general de Castilla-La Mancha Televisión, Nacho Villa, en su comparecencia de más de cuatro horas ante la comisión de control del parlamento manchego.
Hasta entonces las cuentas de la televisión pública de la comunidad eran un jardín secreto. Con su denuncia parlamentaria, Villa destapó los sorprendentes salarios pagados en la etapa dirigida por su antecesor, Jordi García Candau. De la información facilitada, se obtiene una conclusión demoledora: los hombres de José Bono y José María Barreda en la televisión de La Mancha cuidaron el vergel de la cadena autonómica con sutil delicadeza, generoso dispendio en los haberes e ilimitado derroche deficitario en su balance contable.
Todo jardín tiene su hierba mala, pero las flores televisivas manchegas crecían firmes y seguras gracias al abono del dinero público. Así surgieron pimpollos de 20.000 euros al mes, como lo que cobraba Teresa Viejo por presentar Cerca de ti, un programa semanal. O los 10.000 euros, también mensuales, que, según denunció Nacho Villa, percibía el albaceteño Constantino Romero «sinceramente no sé a cambio de qué». O los 1.000 euros que ingresaba Fernando Fernández Román por cada corrida que retransmitía.
No se quedaban atrás los frutos musicales de la cadena: el programa Más de mil canciones que conducía Belinda Washington salía por cerca de los 441.000 euros al año, mientras que el presentado por Quique Supermix rondaba los 156.000. Aunque el premio a la florsalarial de este peculiar certamen hortofrutícola televisivo se lo llevó, según la información facilitada a sus señorías manchegos, José Ángel de la Casa: 200.000 euros por dos temporadas en el canal autonómico.
Las denuncias respecto a los sueldos privilegiados de determinados profesionales en medios de comunicación públicos no es algo novedoso. Hace unos meses, empleados de Telemadrid colgaron en internet los certificados del IRPF con retenciones e ingresos de «ciertos trabajadores» de la televisión y radio madrileña controlada por el gobierno de Esperanza Aguirre. De esta manera quedaron retratados periodistas como Curri Valenzuela, Miguel Platón, Manuel Antonio Rico, Manuel Soriano, Víctor Arribas… (con salarios entre los 86.000 y los 111.000 euros brutos al año). Cantidades no justificadas si atendemos a los costes de producción, las audiencias e ingresos publicitarios de sus programas y, menos aún, si las comparamos con las nóminas mileuristas de muchos de sus trabajadores. Los jugosos salarios, que tendrían que ser conocidos al tratarse de dineros públicos, se ocultaban bajo el argumento de «filtración delictiva de datos personales».
Y es que la crisis ha sacado las vergüenzas en forma de derroche de las televisiones autonómicas de nuestro país. Si comparamos los 1.500 millones de euros ahorrados al congelar las pensiones de los jubilados durante 2011 con la deuda conjunta que se calcula (sin datos oficiales ni contrastados) de las 13 cadenas autonómicas, que puede superar los 2.000 millones de euros, se comprende la inutilidad de este gasto costoso y partidista, instrumentalizado la mayoría de las ocasiones por la casta política.
En la práctica, muchas de las televisiones y radios autonómicas se convirtieron en el apeadero de profesionales de la información, purgados primero y rehabilitados después por distintos gobiernos de las comunidades. Así, según se ganaban o se perdían elecciones, una retahíla de periodistas y profesionales de la comunicación viajaban con el partido (PP, PSOE o nacionalistas) de Galicia a Madrid, o de Madrid a Andalucía, para asegurarse su laboro y sustento familiar. Una situación que fue en detrimento de la calidad y credibilidad de los medios.
Además, el desfase deficitario de las televisiones públicas abarca todas las partidas presupuestarias, empezando por los costes de personal muy superiores a los de cualquier cadena privada. Las autonómicas cuentan con una plantilla superior a los 10.200 trabajadores (2.700 en TV3, 1.680 en Canal Sur, 1.202 en Telemadrid, 1.500 en Canal 9…), cifras desorbitadas si las comparamos con las de televisiones privadas nacionales. Telecinco, por ejemplo, cuenta con una plantilla infranqueable de 713 trabajadores.
JOSÉ LUIS MORENO, 800.000
El suma y sigue en esta orgía de gasto autonómico son los elevados costes de producción de algunos programas (José Luis Moreno cobraba 800.000 euros por la realización de varias galas en Castilla-La Mancha TV), las dietas y salarios de consejeros y directivos (3,3 millones de euros ganan los 44 directivos de Canal Sur) y las millonadas pagadas por los derechos de retransmisión de acontecimientos deportivos (Liga de fútbol, Champions y Fórmula 1…), cantidades hasta ahora nunca desveladas en su totalidad.
Pese al derroche en los recursos públicos, todas las televisiones autonómicas juntas no consiguen rascar más del 11,7% de la cuota de pantalla, frente al 17% de media de TVE o el 45% que obtienen las privadas tradicionales, según datos facilitados por la propia Forta (la entidad que agrupa a las televisiones y radios autonómicas). Este porcentaje se ha visto disminuido con el desembarco de las nuevas TDT, llegando a cuotas aún más reducidos en la Televisión de Murcia (5,3%), Baleares (6%) y Madrid y Castilla-La Mancha (8%).
Así las cosas, no es de extrañar que lo más inmediato en los presupuestos de las televisiones autonómicas, al igual que en todo el sector público, vaya a ser el tijeretazo puro y duro. Así lo ha anunciado, sin inmutarse, el propio presidente de la Generalitat en una entrevista en la mismísima televisión catalana, TV3. Artur Mas afirmó que «la televisión no puede quedar al margen de los ajustes en sanidad y educación», para lo que se va a renunciar al fútbol en abierto, reducir el sueldo de los empleados de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales y eliminar dos de los seis canales de Televisió de Catalunya.
Algo es algo, dirán algunos, porque el lastre del dispendio autonómico y televisivo es ya inaguantable para las arcas públicas. Muchas son las voces que abogan por la privatización o directamente el cierre. Desde el punto de vista legal, parece más sencillo lo segundo, ya que la Ley General Audiovisual de mayo de 2010 impide que las licencias autonómicas sean gestionadas por terceros. La mayoría absoluta de Mariano Rajoy podría corregir este impedimento, pero hasta entonces la opinión pública seguirá llevándose las manos a la cabeza al conocer denuncias parecidas a las realizadas por Nacho Villa: la productora Mediterránea, decía, recibió durante 10 años encargos mensuales por valor de 18.000 euros «por realizar promociones y documentales que en su mayoría no se llegaron a emitir». O la denuncia formulada también esta semana por Francesc Homs, portavoz de la Generalitat, quien decía que en TV3 «debería haber más transparencia» criticando que en los últimos tiempos «se han adjudicado a dedo contratos millonarios» desde el ente que aglutina a los medios autonómicos catalanes. O lo aún no esclarecido, pero investigado por los tribunales, en el Canal 9 valenciano con toda la tropelía del entramado delictivo de la trama Gürtel, que llegó a facturar casi 15 millones de euros por la visita del Papa a Valencia en 2006.
Pero ha sido en Castilla-La Mancha donde se ha abierto el melón de la ruina de las televisiones autonómicas. Y su director general, Nacho Villa, parece dispuesto a predicar con el ejemplo. Según afirmó en el parlamento, cobra un 26% menos que su antecesor, García Candau, y ha cambiado el Audi A6 de renting que usaba éste por un vehículo de gama media que cree que «va a ser un Renault». Habrá que ver si los recortes drásticos de su presidenta, María Dolores de Cospedal, le permiten echarle gasolina.
Pues nada, que no le tiemble el pulso, y meta las tijeras.Eso es un pozo sin fondo, por lo que se ve.
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