Una España gangrenada

Alerta Digital

Ismael Medina/Reproducción de sus mejores artículos en AD.- He escrito más de una vez para ofrecer una imagen de la realidad española actual que el pescado se pudre por la cabeza. Y que cuando la cabeza está podrida hay que tirar el pescado a la basura. Algo parecido ocurre con la gangrena. Si no se actúa enérgicamente en sus inicios sobre la parte del cuerpo dañada, incluso mediante el recurso a una expeditiva cirugía, la gangrena se extenderá progresivamente hasta destruir al paciente, aunque se proceda de manera progresiva a la amputación de las partes que se van dañando. Y es lo que sucede a España, cuyo cuerpo social, debilitado y falto de defensas, no reaccionó a su debido tiempo y ahora el diagnóstico es de extrema gravedad.

El primer síntoma de la gangrena política hay que buscarlo en la tan alabada transición a la democracia de partidos, más un apaño entre manijeros presionados desde el exterior, la mayoría de ellos con mentalidad de conversos, que un plan riguroso de evolución. Por eso nació tarada la constitución de 1978, origen de los procesos gangrenosos que nos afligen. Advertimos algunos a su tiempo de hasta dónde podría conducirnos el gazpacho constitucional, acompañado de una demagógica amnistía de la que se benefició el terrorismo etarra, la exoneración de cuyos crímenes se justificó en que asesinaron movidos por un exceso de amor a la libertad y a la democracia. Se les reconocía de forma implícita como parte de la democracia partitocrática naciente. Pero recrecidos por tal reconocimiento se dieron a una frenética orgía asesina para forzar al gobierno a aceptar las pretensiones independentistas de su matriz , el PNV.

LA TARANGANA COMO INSTRUMENTO PARA LA DESTRUCCIÓN DEL ESTADO

LA gangrena institucional y política, sólo en parte corregida, o atenuada, por el último gobierno de Aznar, progresa velozmente desde que Rodríguez accedió al poder “por accidente”. Se la alimenta, en vez de frenarla. Y no me fiero ya sólo al favorecimiento de los independentismos periféricos que han promovido unas carrera en pelo estatuaria de la que ni tan siquiera se libran las autonomías bajo control del PP. Es como si nuestros políticos hubieran retornado a la infancia y hecho ,suyo el grito de “¡Maricón el último!”, pese a que hoy la homosexualidad sea una especie protegida, además de más respetable y digna de protección que la heterosexualidad. La descomposición institucional del Estado, constitucionalmente larvada, reventó y se expandió sin freno tras la llegada al poder de Rodríguez., “por accidente”, como queda dicho y confirmado.

Se dio Rodríguez con frenesí a un vuelco acelerado de valores, principios, convenciones y acuerdos. Todo ha dejado de ser lo que era, incluso la constitución, para instalar contrario. El Pacto Antiterrorista y por las Libertades, que el PSOE firmó con el PP, ha pasado a convertirse en un inservible “papelito”, según la aclamada Fernández de la Vogue, llegada la judicatura por la puerta falsa y que ha descubierto tardíamente las exteriorizaciones modisteriles de las alta burguesía del dinero y de la farándula enriquecida, para esconder una resentida, anticipada y deteriorada senectud. Figura en el gobierno como independiente, argucia a la que recurrió para poder acogerse a una excedencia especial en la Administración de Justicia. Pero la pasada semana acudió a Marbella para mitinear el congreso del partido socialista andaluz, el de los enjuagues de Chaves, como miembro destacado del P(SOE). Se ha impuesto la tarangana.

La tradición revolucionaria del socialismo se caracteriza por una tendencia innata hacia el totalitarismo que elimina, por las bravas o desde el poder, los fundamentos del Estado definidos por Montesquieu., cuya doctrina declaró muerta Alfonso Guerra. Es consecuente que a Rodríguez no le satisfaga velar el cadáver del Estado no vaya a ser que resucite, sino que lo incinera y dispersa sus cenizas por las alcantarillas del engendro autonómico. No es casual que se corrompan las instituciones básicas del Estado de Derecho, infestadas por los agentes de la descomposición, y que configuren el preludio de la consumación revolucionaria.

El parlamentarismo es una ficción desde sus comienzos que una malhadada ley electoral, merced a la cual se dio ancho margen al chantaje de las minorías secesionistas y de lo que quedó del PCE, filiado a una trasnochada demagogia. Pero Rodríguez lo ha conducido hasta una versión esperpéntica. La reciente procacidad de aislar al PP y negarle el debate de sus propuestas contraterroristas, amén de otras siniestras argucias, recuerdan el proceso kerenkysta (¡siempre el ”proceso” revolucionario!) que sirvió de alfombra roja al bolchevismo.

Se propende a creer que Rodríguez está pillado en el zepo de las minorías . Pero lo cierto es que las alimenta con delectación para consolidarse en el poder y avanzar hacia la consumación del proceso revolucionario al que se debe, uno de cuyos objetivos es la quiebra de la unidad de España, mediante la que se persigue la creación de una federación o confederación de repúblicas socialistas ibéricas, aunque lo más probable es que desemboque en una amalgama peninsular de naciones independientes a la gresca.

UNA JUSTICIA DESARBOLADA

EL desmantelamiento institucional afecta a la esencia misma de la Justicia. El origen de su gangrena proviene de la constitución de 1978. Fue calculada y nefasta la introducción del asociacionismo en cualesquiera estamentos judiciales, supeditado en la composición de sus órganos, tanto básicos como capilares, a los intereses transitorios de los partidos en forma acorde con su representación parlamentaria y la índole del gobierno de turno. Los resultados han sido nefastos para la independencia y el crédito de la Justicia. Un amplio sector de la abogacía y de la sociedad, y no sólo en el ámbito penal, están persuadidos de que las sentencias les favorecerán o no según sea la ideología de la asociación a la que pertenezca el magistrado. Incluso se recela de las resoluciones del Tribunal Supremo según sea la composición de la Sala encargada de emitir sentencia. Resulta expresivo al respecto que en un caso tan inconveniente para el “proceso” de claudicación ante ETA como el de Jarrai, la sentencia del Tribunal Supremo, confirmatoria de su condición terrorista.

Es posible que una desconfianza tan generalizada provenga en alguna medida del tratamiento mediático a resoluciones judiciales especialmente vidriosas. Y también a la incontinencia polémica de determinados magistrados cuya vanidad o filiación política les induce a hacerse presentes en los medios de comunicación, caso paradigmático del juez Garzón. La conversión por Rodríguez y López Aguilar de la Fiscalía General del Estado en Fiscalía del gobierno y del P(SOE) contribuye de manera decisiva a fomentar la desconfianza y a excitar la gangrena. Sobre todo cuando la fiscalía, bajo el mando imperativo de Conde-Pumpido, favorece descaradamente la negociación del gobierno con ETA a despecho de la razón de Estado, a la que se debe, e incluso de una interpretación correcta de las leyes y del sentido común.

LA GUARDIA CIVIL TAMBIÉN SUFRE LA GANGRENA

LA algarada contra el Gobierno en Madrid de unos centenares de guardias civiles uniformados, seguida de inmediato por un escrito reivindicativo de un sector del Ejército, además de los turbios manejos en que el ministerio de Interior involucra a la Policía Nacional, ponen rudamente de manifiesto que también la gangrena corroe a estos otros pilares institucionales. La manifestación de los guardias civiles, que no de la Guardia Civil, movidos por una asociación política que se dice progresista, me ha producido, como a otros muchos, sonrojo y consternación. Esta misma tarde hablé con un miembro del Cuerpo, igualmente avergonzado, que me habló del rechazo de la mayoría de sus compañeros hacia una algarada que echa por tierra el tradicional crédito de la Benemérita ante la sociedad. Cierto que la Guardia Civil ha sido maltratada por el poder político hoy en gobierno.

Cierto que sus emolumentos son inferiores a los de otros cuerpos civiles de seguridad, en particular la bien untadas policías autonómicas de Cataluña y Vascongadas. Cierto que sus efectivos son dedicados muchas veces a misiones que no les competen, en demérito de su eficacia en la lucha contra la delincuencia. Cierto que el crecimiento acongojante de la criminalidad, sobre todo la mafiosa, cada vez más sofisticada en sus armas y métodos, no ha sido acompañada por una dotación a la Benemérita idónea para combatirla con máxima eficacia. Cierto que en las estructuras de la Guardia Civil se han introducido cambios que contribuyen a desnaturalizarla. Cierto que ha sido ninguneada y que Rodríguez han incumplido sus promesas. Cierta la politización de sus mandos superiores. Pero la Guardia Civil sigue siendo un Cuerpo armado del Ejército. Y la manifestación uniformada, a la que la sociedad ha asistido atónita, configura un delito cuando menos próximo al de rebelión, el cual habría exigido de inmediato el encarcelamiento y la correspondiente formación de causa a los implicados. Y a sus promotores con mayor rigor. Pero el ministro de Defensa se apresuró evacuar una opinión condescendiente, aunque luego, presionado por el de Interior, anunciara la formación de expediente a cada uno de los que participaron en la algarada. Mera y ocasional evasiva para que pase el tiempo, el correctivo quede en agua de borrajas y el gobierno se apresure a conceder el caramelo de un aumento de la soldada, el anuncio de construcción de nuevas casas-cuartel e incluso autorización para que vivan fuera de ellas quienes así lo quieran.

Se habrá desvirtuado una vez más el espíritu y la razón de ser de la Guardia Civil. Y saldrá recrecida la asociación que promovió la manifestación. Es lo que se persigue desde el poder, aunque se pretenda que parezca lo contrario. La desmilitarización que reclamaban los manifestantes coincide, y no por casualidad, con el objetivo de su disolución que siempre ha perseguido el partido socialista, ahora respaldado por sus socios parlamentarios.

LA MARCHA HACIA UNAS FUERZAS ARMADAS DESCAFEINADAS

EL Ejército también es víctima de la gangrena institucional. Está reducido a una ficción de Ejército, incapaz para afrontar una eficaz defensa de la unidad de España que constitucionalmente incumbe a las Fuerzas Armadas. También frente a una agresión exterior que a todas luces provendrá del norte de Africa. Su desmantelamiento, tanto moral como estructural, comenzó ya bajo el gobierno ucedista y de la mano del vicepresidente Gutiérrez Mellado, con el concurso de del ministro de Defensa. La orden, por ejemplo, de que los militares vistieran de paisano hasta llegar a los cuarteles para preservarles de los atentados terroristas y los funerales casi clandestinos de sus víctimas castrenses atentaba contra el honor castrense, una de sus virtudes capitales, y contribuía a su desmoralización.

Tampoco se procuró, antes al contrario, la exigencia de modernizar su armamento ni de adecuar su estructura a las nuevas exigencias estratégicas de un mundo convulso. Y hay motivos sobrados para afirmar que el 23 de febrero de1981 fue realmente un sórdido montaje encaminado a destruir su crédito y a favorecer la llegada al poder del partido socialista. Los gobiernos de González prosiguieron la tarea de desmantelamiento de las Fuerzas Armadas. Favorecieron hasta la desmesura la objeción de conciencia y cualesquiera otras acciones “progresistas” de evasión del servicio militar. E instrumentaron una intensa campaña que propugnaba su abolición y su sustitución por unas Fuerzas Armadas profesionales que Rodríguez ha descafeinado hasta el extremo, además de crearse una poderosa guardia pretoriana.

No conviene olvidar en este punto que en todo el “proceso” estuvo siempre presente, con cargos más o menos relevantes, Eduardo Serra, cuya adscripción masónica consideran algunos expertos en la materia fuera de toda duda. Llamó la atención de los especialistas en temas militares que fuera el gobierno del Aznar el que suprimiera el servicio militar obligatorio y llevara a efecto lo perseguido por los gobiernos socialistas de González. E igualmente, que nombrara a Eduardo Serra ministro de Defensa. Era el menos apropiado para un departamento clave de un gobierno conservador, aunque escorado hacia el centro progresista. La ductilidad de su ejecutoria avalaba esa consternación. La confidencia de un conocido político atribuye el nombramiento, al igual que el de Dezcaller para director del CNI, a imposición o impulso real. Lo cierto es que, una vez cumplida su misión, Eduardo Serra pasaría a encabezar el Instituto Elcano de Estudios Estratégicos, desde el que se impartía una doctrina militar acorde con el descoyuntamiento de la institución castrense iniciada por Gutiérrez Mellado y proseguida bajo González por Narciso Serra, a la que no fue ajeno.

Rodríguez, que no para en barras a la hora de desfondar cualesquiera soportes institucionales del Estado y de convertir definitivamente el Estado de Derecho en Estado de desecho, ha trasformado a ese jibarizado Ejército profesional en ONGs pacificadoras que envía a zonas de guerra con la orden taxativa de no emplear las armas aunque sean agredidas y sufran bajas. Y si las tienen, como sucedió con los helicópteros abatidos en Afganistán, se encubren como accidentes. Coartada análoga a la utilizada para edulcorar los dos muertos en el chantajista atentado etarra del aeropuerto de Barajas.

Ahora se ha sabido, aunque no por el ministerio de Defensa, que la fuerza pseudomilitar enviada al Líbano ha sufrido repetidas agresiones y que el contingente logístico, al que se encomendó el insuficiente y casi indefenso montaje de su espacio campamental, las fuerzas de Hezbolá le cortaron su evacuación a Beirut para retornar a España. Nada de insólito encierra que, como apunté en una crónica anterior, sean cada vez más los que, pese a mejores emolumentos, se valen de triquiñuelas para eludir su incorporación a las unidades enviadas a zonas de conflicto armado.

No paran ahí los serios motivos de inquietud. Ante la cada vez más reducida incorporación de jóvenes españoles a las Fuerzas Armadas profesionales el ministerio de Defensa, la politización partidista y sectaria de cuyos altos cuadros de mando es ostensible, recurre a la inmigración deprimida, uno de cuyos efectivos más numerosos lo componen los marroquíes. Nada tengo contra ellos. Pero es incuestionable que nuestro enemigo potencial es precisamente Marruecos. Y el incidente de los soldados marroquíes que quemaron una fotografía del monarca, Jefe del Estado, y lo cubrieron de insultos, configura un síntoma alarmante deque estamos metiendo al enemigo en la barbacana militar. Pese a ello, el ministro de Defensa, émulo del Fiscal General del Estado, se apresuró a atenuar la extrema gravedad del incidente, prestamente sumergido en la letrina del silencio. Tampoco parece que se haya puesto freno a este preocupante “proceso” de incorporaciones. Existen otras manifestaciones de la mortal gangrena institucional del Estado estimulada por Rodríguez y sus acólitos. Pero es suficiente con las expuestas para confirmarlo.