Mariano Rajoy fía a las políticas de unidad del Estado la recuperación de la actual crisis económica y política de España. Así se desprende del programa electoral del PP, que ayer se dio por fin a conocer desde la web del partido, y que promete la creación de nuevos cuerpos nacionales de auditores y docentes; unas prestaciones médicas básicas para todo el territorio nacional; una nueva Ley de Estabilidad que imponga techos de gasto y endeudamiento a las autonomías; amén de un plan económico integral basado en la unidad de mercado y encaminado a fomentar en el ámbito internacional la marca España.Así, y en primer lugar, el PP se compromete con «la simplificación administrativa» y la «licencia única» para la libre circulación por el territorio español de «cualquier producto o servicio producido al amparo de cualquier normativa autonómica».
Del mismo modo, y en el contexto de la prometida Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, el programa contempla «reglas y techos de gasto para todas las administraciones», así como procedimientos «uniformes» que impidan «gastos ocultos», y cuyo control, además, corresponderá a una «agencia nacional» de auditores, que regulará una «Ley de Control y Auditoría única, para todo el sector público español»
En el mismo contexto, el PP «recuperará» en autonomías y ayuntamientos «el carácter nacional de los cuerpos de secretarios, interventores y tesoreros, reforzando sus competencias como responsables de control interno y garantes del cumplimiento de la legalidad».
Si en el terreno económico queda clara la vocación homogeneizadora de Rajoy, en la Educación se advierte la misma tendencia. El PP no pone traba directa a las competencias autonómicas, pero introduce modificaciones de calado para uniformizar la «formación de carácter nacional».
Empezando por la profesión docente, sobre la que el programa del PP anuncia un nuevo modelo de selección; y siguiendo por un «currículo básico» para todos los alumnos, «independientemente del lugar en el que residan» y en todas las etapas educativas, que se evaluará con una «prueba de carácter nacional».
Del mismo modo, el programa de Rajoy recoge la defensa de las lenguas cooficiales en la educación, pero se ocupa de hacer prevalecer el castellano en todo el territorio al apostar por «el bilingüismo español-inglés en todo el sistema educativo, desde el segundo ciclo del de educación infantil».
Igual ocurre con la Sanidad. Los populares contemplan la «colaboración con las comunidades autónomas», que son las titulares. Pero promete «una cartera de servicios básica y común en el Sistema Nacional de Salud», así como «la tarjeta sanitaria, la historia clínica electrónica y la receta electrónica única, compartida e interoperable».
En otros ámbitos, como es la política del agua. Rajoy renuncia a la defensa del derogado Plan Hidrológico Nacional que tanta controversia produjo en la España de hace siete años. Sin embargo, promete «un gran pacto nacional del agua», basado en la unidad de cuenca y en la prioridad del uso, pero que también contempla la «transferencia de sobrantes» (no habla de trasvases) y la «solidaridad interterritorial».
Liberal en muchos aspectos -abre a la participación privada las televisiones, las infraestructuras y los servicios públicos-; intervencionista en otros tantos -sobre todo en el sector financiero, para gestionar «el patrimonio dañado», o condicionar a los ejecutivos el cobro de sus bonos-; siempre pragmático, en todo caso, Rajoy traslada más principios inspiradores que medidas concretas en un programa muy económico.
No obstante, dedica especiales esfuerzos a la redacción del capítulo antiterrorista, hasta el punto de hacer una referencia expresa al reciente comunicado de ETA. En un postulado especialmente propiciado por las víctimas, promete aplicar la Ley de Partidos y la Ley Electorall, y hacer «las actuaciones oportunas» para ilegalizar, en su caso y «mientras ETA exista», a coaliciones como Amaiur; «organizaciones políticas vinculadas a ETA que quieran legitimar o o justificar el terrorismo...».
>Vea hoy en EL MUNDO en Orbyt los análisis de Vicente Ferrer y Rafael Moyano.
El Partido Popular se fija como uno de los objetivos en materia económica instaurar la unidad de mercado en España, algo que hoy por hoy es una quimera por la proliferación de normas autonómicas con diferentes exigencias.
En este sentido, el PP defiende «los principios de legislación de origen y licencia única», de forma que cualquier producto autorizado en una región «pueda ser ofertado libremente, y sin necesidad de modificación o trámite adicional, en cualquier punto del territorio español».
Esta iniciativa puede soliviantar a los nacionalistas, ya que echa por tierra obligaciones como el etiquetado en dos lenguas en aquellas regiones con idioma propio.
Asimismo, el programa electoral defiende el libre establecimiento de empresas, con controles a posteriori, en lugar de la licencia previa.
Por otro lado, el PP quiere que las administraciones públicas, pero también los gestores de forma individual, puedan ser sancionados si incumplen los compromisos de déficit. Promete reducir la estructura de la administración, fijar reglas y techos de gasto, y limitar el endeudamiento.
En el ámbito del sector financiero, se abre la puerta a crear una especie de banco malo en el que las entidades puedan aparcar sus activos de peor calidad, pero se limita a aquellas entidades «que lo precisen». Se limitará el salario de los banqueros de las entidades que reciban ayudas públicas y las retribuciones variables, con carácter general, se vincularán a los resultados de largo plazo.
La vivienda centra un buen paquete de propuestas del PP. Promoverá que una familia quede liberada de sus deudas una vez entregue el piso y se le ejecute la parte embargable de su patrimonio, pero evitando «comportamientos abusivos», lo que impide conocer el alcance exacto de la iniciativa.
Los populares mantendrán la rebaja del IVA al 4% para las nuevas viviendas, rebajarán el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (que grava las casas usadas) y el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados pasará a ser una tasa, con lo que se reducirá el tributo. Habrá más transparencia al contratar una hipoteca y más protección en las ejecuciones.
El PP quiere reducir también el número de contratos, primar el convenio de empresa sobre el sectorial o territorial, frenar el absentismo laboral injustificado e impulsar que cada trabajador cree un fondo de capitalización a lo largo de su vida laboral que le proteja del desempleo.
Se facilitará la creación de empresas en un día, habrá ayudas de 3.000 euros para la contratación de un trabajador por parte de un autónomo y el IVA se pagará sobre factura realmente cobrada. Bajará el Impuesto de Sociedades, pero también se reducirán las deducciones. Habrá un mejor trato fiscal en el cobro de los planes de pensiones. Además, los ciudadanos conocerán el coste de los servicios públicos que reciben.
El PP defiende la energía nuclear, pero bajará el recibo si se alarga la vida útil de una central. Y abre la puerta al sector privado en Cercanías.
El Partido Popular se compromete en su programa electoral a implantar una especie de juicios rápidos para los casos de corrupción. Dice que reforzará una respuesta jurídica a ese tipo de delitos y que asegurará «su rápido enjuiciamiento».
Ésta es una de las medidas que propone en el capítulo que denomina Una democracia ejemplar, en el que también promete una Ley de Transparencia, de Acceso a la Información Pública y de Buen Gobierno, que regule las obligaciones de las administraciones públicas en esta materia.
Tal y como vienen diciendo desde hace tiempo, los populares anuncian medidas para aplicar a las televisiones públicas de las comunidades autónomas. Se comprometen a «estudiar» la viabilidad económica del actual modelo de esas cadenas, «para redimensionarlas y adaptarlas a la coyuntura presupuestaria que estamos atravesando».
«Estableceremos techos máximos de gasto y de endeudamiento para todos los medios de comunicación públicos», indican.
En este terreno, una de las promesas del PP consiste en modificar las leyes que sean necesarias para que las administraciones autonómicas y locales «tengan libertad para adoptar nuevos modelos de gestión de las televisiones públicas, que permitan la entrada a la participación privada». Esto significa que, como la vigente Ley General de la Comunicación Audiovisual prohíbe a esas televisiones subcontratar sus espacios informativos a empresas privadas, esa ley será cambiada para que puedan hacerlo o para que permitan que entre capital privado.
El PP dice que con estas medidas pretende «ahorrar dinero a los contribuyentes, poniendo freno a los déficit generados por las televisiones públicas».
En el capítulo sobre La administración, motor del cambio, el PP repite literalmente la misma promesa de una Ley de Transparencia que plantea en el capítulo Una democracia ejemplar.
También propone, entre otras medidas, fijar un marco de referencia para los salarios de los altos cargos en las administraciones públicas, adecuándolos a sus responsabilidades; ofrecer una información completa sobre el patrimonio de los partidos, sindicatos, organizaciones empresariales, ONG y fundaciones que reciban ayudas públicas, y dar a conocer todas las subvenciones y los criterios por los que son concedidas.
Los populares se comprometen a reducir el número de altos cargos, personal eventual, gastos corrientes y coches oficiales en todas las administraciones públicas; fomentar la colaboración público-privada para gestionar infraestructuras y servicios públicos y reforzar las responsabilidades y sanciones a los gestores públicos que manejan los fondos.
Asimismo, propone un nuevo modelo de financiación autonómica y fomentar la «agrupación voluntaria de municipios».
Más cambios por ley: la enseñanza del inglés desde Infantil, el bilingüismo para acabar la ESO conociendo una segunda lengua; una prueba de carácter nacional para evaluar el conocimiento de los alumnos; publicidad a los resultados de los centros; profesores reconocidos como autoridad pública; aumento de oferta de la concertada, garantizando una pública «de calidad»; una nueva Educación para la Ciudadanía, sin educación sentimental, sexual e ideológica; mayor autonomía de los centros con directores especializados en su función.
Pero para todo esto haría falta una inversión en educación muy superior a la actual, que nunca ha llegado al 5% (la media de la OCDE es del 6%). De esto, el programa no dice ni media palabra. Fuentes del PP adujeron ayer que «el problema de la educación en España no es de inversión», sino de la «gestión de los recursos públicos», que los populares prometen «mejorar». En este sentido, resaltan que el gasto por alumno en la pública es aquí mayor que en Francia, Alemania, el Reino Unido y Finlandia. Aún así, hay medidas comprometidas, como el diseño de la carrera docente, que requieren mucha inversión (el actual Gobierno no ha podido sacarla por falta de fondos).
También garantizan libertad de elección de la lengua vehicular, pero sin concretar si es para todas las asignaturas (en Galicia no se garantiza). Respecto a la FP, quieren que incluya un primer empleo. Y en la universidad, pocas novedades y mutis por el foro respecto a una de sus principales necesidades: la reducción del número de universidades y la reestructuración estatal de la oferta de estudios (siguen la línea de incentivar alianzas impulsada por Ángel Gabilondo, sin ir más allá). Aunque prometen un nuevo modelo de gobernanza universitaria para mejorar su eficacia (la tarea más complicada y más necesaria de la enseñanza superior), no concretan iniciativas.
El PP dedica un capítulo entero de su programa a asumir compromisos para devolverle al Tribunal Constitucional el prestigio a cuya erosión ha contribuido muy activamente. Aunque el documento no lo diga de manera expresa, muchos de los cambios que propone exigen recuperar el consenso político con el PSOE, porque no pueden llevarse a cabo sin reformar el artículo 159 de la Constitución.
Así, los compromisos alcanzan la modificación del procedimiento de elección de magistrados, «de modo que se eviten dilaciones indebidas», y desligar la composición del Tribunal «de las concretas mayorías parlamentarias de cada legislatura», para lo que, entre otras cosas, habla de aumentar el mandato de los miembros del Constitucional más allá de los nueve años que ahora establece la Carta Magna.
El PP plantea también recuperar el recurso previo de inconstitucionalidad que eliminó el PSOE en 1984, pero sólo para Estatutos de Autonomía; reservar a casos excepcionales las declaraciones de interpretación conforme y someterlas a mayorías cualificadas, y descargar las demandas de amparo como norma general en la jurisdicción ordinaria, para evitar nuevos choques con el Supremo.
El programa propone volver al sistema original de elección de vocales del CGPJ, restablecer el dictamen vinculante del Consejo Fiscal en nombramientos y ascensos, introducir la «pena de prisión permanente revisable», una nueva Ley del Menor... medidas casi todas ellas en las antípodas de la previsible oposición.
El planning cultural diseñado por la plana mayor del PP se encamina hacia un modelo liberalizador que acabe (o al menos reduzca de forma considerable) con la profusión de subvenciones. Una palabra que el partido de Mariano Rajoy pretende arrinconar para activar su sustituta: mecenazgo. Lo dice así el programa electoral aprobado: «Impulsaremos el mecenazgo para que tanto particulares como empresas se involucren en la financiación y promoción de la cultura, sustituyendo progresivamente el actual modelo basado en subvenciones».
En consonancia, también pretenden impulsar «la iniciativa privada» para garantizar «la sostenibilidad de los numerosos equipamientos culturales».
Otra de las estrategias se dirige a suprimir el canon digital: «Lo sustituiremos por nuevos modelos de gestión y retribución de la propiedad intelectual, más justos y equitativos». Una claridad de planteamiento que, sin embargo, no se ve acompañada por medidas concretas para especificar tal cambio.
Y, por supuesto, no podía faltar en su ideario la defensa a ultranza de las corridas de toros: «Fomentaremos la protección de todas las manifestaciones artísticas tradicionales que sean parte de nuestra cultura, como la tauromaquia».
En líneas generales, el Partido Popular concluye que «España carece hoy de una estrategia eficaz de difusión y consolidación de su industria cultural». Y echa en falta «la dinamización del sector».
Desde que Mariano Rajoy puso en duda la amenaza del cambio climático con ayuda de su primo, al PP le colgaron el sambenito de partido negacionista del calentamiento global. Tal vez para sacudirse definitivamente este estigma, el capítulo dedicado al medio ambiente en su programa electoral destaca ante todo que el PP impulsará «la lucha contra el cambio climático». Si gana las elecciones, el partido liderado por Rajoy se compromete a tomar las medidas necesarias para cumplir con el compromiso de la Unión Europea conocido como «20-20-20 para 2020» (reducir las emisiones contaminantes en un 20%, ahorrar el 20% del consumo de energía y promover las fuentes renovables hasta que alcancen el 20%). Al mismo tiempo, el PP sigue considerando la energía nuclear una parte indispensable de un «mix equilibrado» que minimice todo lo posible las emisiones de CO2.
El otro aspecto más llamativo del programa ambiental del PP es que en el espinoso asunto del agua, no hay mención alguna a la posibilidad de recuperar el Plan Hidrológico Nacional, y únicamente se plantea el compromiso de promover un «gran pacto nacional» basado en la «unidad de cuenca», la «sostenibilidad» y la «solidaridad interterritorial». En este sentido, sólo se menciona la posibilidad de transferir «los sobrantes, si los hubiere, de cuencas de aguas excedentarias a las deficitarias».
«Cambiaremos el modelo de la actual regulación sobre el aborto para reforzar la protección del derecho a la vida, así como de las menores». Aborto, derecho a la vida y menores en el mismo párrafo. Por escrito, el PP anuncia que cambiará la actual ley del aborto, pero no cómo. De palabra, algunos populares cuentan que se eliminará la posibilidad de que las chicas de entre 16 y 18 años puedan abortar sin el consentimiento de sus padres. Sobre los plazos (aborto libre durante las primeras 14 semanas), tan criticados por un sector del partido, ni una sílaba. El PP anuncia una Ley de Protección de la Maternidad con medidas de apoyo a embarazadas.
El programa extiende la «libre elección de médico», algo que ya se practica en Madrid. Y llega a asegurar que los pacientes tendrán «información relevante» sobre los profesionales que les tratan para que puedan escoger a los que más les gusten. En la línea de todos los ministerios de Sanidad de los últimos años, los populares prometen varias unicidades en toda España: calendario vacunal, cartera de servicios, tarjeta sanitaria y receta electrónica.
En políticas de igualdad, el PP habla de ampliar el permiso de paternidad «de forma acompasada a la mejora de la situación económica». Afirma que tipificará el matrimonio forzoso como delito y anuncia que incluirá a los menores en la Ley contra la Violencia de Género.
02/11/2011
ESPAÑA
El Estado otorgará la nacionalidad española sólo a aquellos inmigrantes que conozcan «suficientemente» la «lengua, la Historia y la cultura» de nuestro país. Además, pedirá el «conocimiento» de los «valores fundamentales» contemplados en la Constitución. Y para que se sepa que el asunto va en serio, «se dará una solemnidad adecuada al acto de adquisición» de la nacionalidad. Aunque los requisitos son más suaves que los de aquel contrato de integración incluido en el programa de 2008, la condición suena a examen previo de españolidad.
El PP también propone que los soldados latinoamericanos obtengan la nacionalidad española por carta de naturaleza cuando lleven dos años de servicio en las Fuerzas Armadas.
El texto relaciona constantemente inmigración con empleo y plantea un sistema «circular», o sea, un planteamiento según el cual los extranjeros vengan cuando hay trabajo y se vayan cuando no lo haya, acumulando sus periodos de ocupación laboral a efectos de cómputo de permanencia.
El ideario de Rajoy aventura una ley sobre los niños de la calle, los menores que llegan a España no acompañados y de los que ahora se ocupa -cuando funciona- un dispositivo de tutelaje en las CCAA. En esa norma se procurará «cuando sea posible» el retorno de los chavales a sus países de origen.
Haber que es lo que no cumple de todo esto que pregona. Porque una cosa es pregonar para captar clientes, y otra cosa es cumplirlas después, que como se ha visto, no lo cumple.
ResponderEliminarPapel mojao...