La caja de las pensiones, el antiguo Inem y el Fogasa suman un desfase de 5.000 millones
El Gobierno remite al equipo de Rajoy los primeros informes sobre las cuentas públicas
El PP tiene ya en su poder los primeros informes que con carácter de urgencia ha pedido a la Secretaría de Estado de Hacienda y a la Intervención General del Estado sobre la situación de las cuentas públicas.De un primer análisis se desprende que las autonomías y ayuntamientos tienen serias dificultades para cumplir con sus objetivos de déficit para este año (1,3% del PIB y 0,3% respectivamente). Por su parte, las cuentas del Estado mantienen un colchón, de unas nueve décimas de PIB, que garantiza el cumplimiento del 4,8%. Aunque los populares insisten en que «habrá que ver con detalle todas las cifras», dos décimas corresponden a los ingresos obtenidos por la subasta del espectro radioeléctrico, otras tres al ahorro de 3.400 millones de los créditos para pagar los intereses de la deuda, otras tres más al anticipo del pago fraccionado del Impuesto de Sociedades de las grandes compañías, y una décima al Impuesto de Patrimonio que tiene devengo de 31 de diciembre.
Sin embargo, la mayor parte de ese colchón se destinará a solapar el desfase de las cuentas de la Seguridad Social. El PP calcula que, frente a las cuatro décimas de superávit previstas para este año, la caja de las pensiones acabará con un déficit consolidado de al menos una décima. Es decir, el diferencial negativo con la estimación inicial será de 5.000 millones de euros. Este resultado corresponde a la Seguridad Social, pero también a las cuentas del Inem y del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). En términos de contabilidad nacional, estas partidas computan dentro del sistema público de pensiones pero, desde el punto de vista de su financiación, se endosan a las cuentas de la Administración central. En 2010 este déficit consolidado fue ya del 0,2%.
La novedad ahora es que, por primera vez desde 1998, las cuentas individualizadas del sistema público de pensiones (excluyendo Inem y Fogasa) registrarán déficit, del que se salvaron en 2010 por los rendimientos del fondo de reserva. Ello se debe al mal comportamiento del empleo este año y, sobre todo, a la caída de la afiliación (360.000 personas en un año) por el estancamiento de la economía en el tercer trimestre y su casi segura contracción en los tres últimos meses del ejercicio. Hasta octubre, los ingresos han caído 3.000 millones respecto al mismo periodo del año anterior.
Pero este colchón no podrá compensar el agujero de autonomías y ayuntamientos. Lo que hace dudar al PP si puede adoptar medidas adicionales de ajuste en este ejercicio. Lo más probable es que no, porque la mayoría de los compromisos de gasto ya están formulados. Así que las fuentes se inclinan por hacer «el ajuste para 2012 en el decreto de prórroga de los Presupuestos de este año» que el nuevo Gobierno aprobará en el primer Consejo de Ministros del 23 de diciembre.
El equipo que está viendo las cifras del actual Ejecutivo es partidario de aplicar en ese decreto un recorte «a mano alzada» de 20.000 millones, que podría completarse después, como hizo Rato en 1996. «No descartamos hallar un agujero mayor cuando veamos los pormenores de esas cuentas», señalan. También apuntan que se podrían estar aplicando ahora criterios contables dudosos, como el retraso de devoluciones del IVA u otros impuestos para registrar este año más ingresos. El ajuste se concentraría en los capítulos de transferencias corrientes (el 60% del gasto), donde se hallan las subvenciones y las transferencias de capital. Además, se congelarán los sueldos públicos y se subirán las pensiones un 1% a cuenta del IPC.
En ese decreto, el Gobierno perfilará un nuevo cuadro macro «con previsiones más realistas» y con una estimación «congruente» de los ingresos para que autonomías y ayuntamientos adapten sus presupuestos. Y, aunque no hay todavía una decisión firme, recogería la reducción del tipo del Impuesto de Sociedades para las pymes y la supresión de la obligación de abonar el IVA sin haber cobrado la factura. También se incluiría que las empresas puedan negociar con sus comités un convenio propio, ajeno al sectorial.
Las empresas aplazan las cuotas
Las empresas han vuelto a las ventanillas de Hacienda y la Seguridad Social para pedir moratorias en el pago de impuestos y cotizaciones ante el empeoramiento de la crisis. Así, consiguen un cierto respiro de liquidez para su circulante y para pagar nóminas antes de cerrar la actividad.
Según la Seguridad Social, «desde el verano ha aumentado la solicitud de los aplazamientos». Sólo entre julio y agosto se han concedido unos 15.000, por importe de 355 millones de euros. Lo que supone un alza respecto a 2010 del 43% (sólo en julio fue del 64%). Hasta agosto -últimos datos disponibles- los aplazamientos del pago de las cotizaciones empresariales (no se puede solicitar la moratoria de las cuotas de los trabajadores) suman 1.222 millones.
«Es muy probable que pronto nos encontremos en los mismos niveles de 2009», el peor año hasta ahora de la crisis, admite por su parte Hacienda. Ya en la recaudación fiscal de septiembre se ve que los ingresos por caja se han visto afectados «por el aumento de los aplazamientos». «Lo que provoca una nueva atenuación del ritmo de crecimiento del IRPF», se añade. Es decir, crece el número de empresas que no ingresan en las arcas públicas las retenciones practicadas a sus trabajadores.
De esta forma, a cambio de pagar el 5% de interés legal a Hacienda, disponen de alguna liquidez y no deben pedir dinero a un banco, que probablemente no les prestará o les costará más caro. También ha comenzado a aplazarse el pago del IVA y del Impuesto de Sociedades.
El PP renovará el Icex para impulsar la marca España
Negociará con las autonomías para vender una enseña única
El presidente electo, Mariano Rajoy, se ha propuesto en su mandato superar una vieja asignatura pendiente en las empresas españolas: la internacionalización. Para ello potenciará el Instituto de Comercio Exterior (Icex) dotándole de mayor presupuesto y rediseñando sus actuaciones, además de acometer acciones conjuntas con todas las comunidades autónomas y cámaras de comercio para potenciar una marca única de España.
El nuevo Gobierno quiere acabar con las negativas prácticas llevadas a cabo en la última década, en la que casi todas las autonomías tenían su Icex particular y promocionaban las marcas Rioja, Castilla-La Mancha, Cataluña o País Vasco, pero no la marca España.
Esta práctica, además de un derroche incalculable del dinero de los contribuyentes, lejos de fomentar el made in Spain, ha creado gran confusión en los mercados internacional, al vender España bajo 17 marcas distintas.
Así, por ejemplo, en la Semana de la Moda de Nueva York se ha dado la circunstancia de que, por un lado, iban la Comunidad de Madrid vendiendo a sus diseñadores y Cataluña los suyos; y por otro distinto, Galicia. Lo mismo ocurría, año tras año, en las ferias de alimentación de París, Milán o Berlín, a las que las comunidades autónomas van por separado y donde venden su propia marca regional.
Rajoy quiere aprovechar que prácticamente todas las comunidades están ya gobernadas por el Partido Popular para forzar una marca conjunta y única de España. Sin duda, a favor del líder del PP también jugarán los problemas financieros y de liquidez de los Ejecutivos autonómicos.
La marca España será gestionada desde el renovado Icex, un organismo para el que el futuro Gobierno ya está buscando a la persona idónea para dirigirlo. La plana mayor del Partido Popular ya se ha reunido con la CEOE para comunicarle su intención de potenciar la figura del Icex, institución a la que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha ido recortado el presupuesto en los últimos ejercicios en una medida del 17% anual.
Este continuado tijeretazo ha obligado a reducir drásticamente las labores de promoción del Icex en el exterior y a recortar los servicios prestados a las empresas que quieren salir fuera de España.
Sin duda, los planes de Mariano Rajoy para impulsar la marca España y llevar al exterior una única voz pasan también por la eliminación de buena parte de las llamadas embajadas autonómicas que florecieron como setas en la etapa del boom económico. Actualmente, las comunidades tienen casi 200 delegaciones en el exterior, repartidas por los lugares más dispares del globo.
Pero tanto despliegue internacional ha servido de poco. Made in Spain sigue siendo una marca poco valorada en los mercados internacionales, tanto que algunas grandes empresas con amplia presencia en el exterior prefieren no presentarse como una compañía española.
En los últimos años, la imagen de España en los mercados internacionales se ha debilitado aún más, debido la dificultad para recuperar una senda de crecimiento sostenible y generadora de empleo, así como por la crisis de la deuda pública y los ataques continuados de los especuladores financieros contra España.
Pero con el consumo por los suelos y la perspectiva de que será necesario mucho tiempo para volver a los niveles de 2008, de plena euforia consumista, la internacionalización de las empresas es la única vía para retornar a la senda del crecimiento. Por el momento, sin embargo, el deterioro de la imagen de España supone un gran lastre para un adecuado posicionamiento estratégico de las empresas españolas en el exterior.
Las 'embajadas' del despilfarro
>Las comunidades autónomas tienen abiertas casi 200 delegaciones autonómicas en el extranjero. En concreto, 189 estaban contabilizadas al cierre de 2010, con un coste anual superior a los 150 millones de euros.
>Cataluña es la que más 'embajadas' ha abierto. Tiene 48 delegaciones repartidas por los cinco continentes. Le sigue la Comunidad Valenciana, que dispone de un servicio en el exterior compuesto por 23 oficinas. Y Andalucía cuenta con otras 22.
> Murcia y Galicia han abierto también 12 'embajadas' comerciales cada una; la Comunidad de Madrid, 11, y Canarias otras ocho.
> Castilla y León, Aragón y Navarra disponen de cinco cada una y Extremadura de cuatro. Finalmente, La Rioja, Baleares, Castilla-La Mancha y Cantabria se han conformado con un par de delegaciones exteriores cada una.
La cosa se pone fea, muy fea. Esto que dicen ser socialistas que no lo son, están gastando hasta las pensiones, en julio de este año, se las jugó zp en bonos basura, asi que, si hace crac, quedan tres meses de pensiones.
ResponderEliminarEsto es de cárcel, ni responsbilidades políticas, ni nada, de cárcel.