España
Los agentes absueltos de torturas a Portu y Sarasola reviven un calvario de casi cuatro años
«Esto no ha acabado. Vamos a recurrir al Supremo. Tenéis que aguantar y no veniros abajo». Este fue el mensaje más o menos literal que la Dirección General de la Guardia Civil transmitió al sargento Casas, al cabo Escamilla y a los guardias García y Martínez días después de que la Audiencia de Guizpúzcoa los condenara a entre dos y cuatro años y medio de cárcel por torturas y lesiones a los etarras Igor Portu y Mattin Sarasola. La sentencia, dictada el 30 diciembre de 2010, cayó como un mazazo en los agentes y en el GAR (Grupo de Acción Rápida) al que pertenecían; de ahí que los mandos los convocaran a una reunión en Madrid para mostrarles su apoyo.
Pese a estar arropados, han vivido tres años y diez meses de espanto, que acabaron hace solo quince días cuando el Tribunal Supremo los absolvió «al no existir torturas o no haberse acreditado». «Siento que he hecho el servicio de mi vida —contó uno de los dos guardias a un compañero días después de la detención— y en lugar de recibir un premio me voy a sentar en el banquillo como un delincuente. No lo logro entender».
Día de Reyes
Tenía razones para la incomprensión. Portu y Sarasola habían volado la T-4 de Barajas en 2006 y habían asesinado a dos ecuatorianos. Quince agentes del GAR los habían detenido en Mondragón en un reconocimiento. Era domingo, Día de Reyes de 2008, y mientras millones de ciudadanos abrían sus regalos, dos tipos bajaban del monte Udala, vestidos de campo y con mochilas a la espalda. El instinto y el oficio alertaron al sargento Casas. Los cachearon y les pidieron la documentación; en la bolsa de Portu había una pistola y munición.
Los dos terroristas denunciaron que los agentes los habían insultado, amenazado de muerte y golpeado y que los habían trasladado a una pista forestal para patearlos. La Audiencia de Guipúzcoa creyó su relato, así como a los testigos presentados para la ocasión. El TS, muy crítico con esa decisión, reprocha que se haya basado en «débiles pruebas de cargo sin tener en cuenta elementos probatorios de descargo». Al Supremo le tocó dirimir si las lesiones fueron consecuencia de una detención violenta, cuando los etarras huían y, por tanto, se empleó la violencia física para neutralizarlos o bien fueron detenidos, trasladados a un monte y sometidos a malos tratos, como ellos sostenían.
«Solo entrar en el juzgado o en el hospital sientes el entorno hostil. Algunos médicos y enfermeras hablan en euskera con los detenidos pese a que están incomunicados, y les tienes que llamar la atención. En ese entorno y aquí nos pasó —recalca un agente—, el bueno es el etarra, y el malo, el guardia civil». Les pasó que una auxiliar de enfermería —Pakita Etxegoien— telefoneó a los padres de Portu nada más ingresar este en el hospital. Luego, testificó que el etarra tenía los calcetines mojados.
Les pasó también que apareció un «espontáneo», Isidro Ropero, a declarar como testigo con un abogado y excandidato batasuno. Contó que había visto la pistola envuelta en papel celofán transparente —no era cierto, estaba embalada con cinta carrocera marrón— y relató que vio la detención a las diez de la mañana, antes de lo declarado por los propios terroristas.
Cuando entre el público se oyeron risas porque conocían el detalle de la cinta carrocera, el juez ordenó airado: «¡¿Se quieren callar?!», en lugar del tradicional «guarden silencio». «Le estaban deslegitimando sus grandes pruebas —ironiza un mando—». El tercer testigo, Asier Aguirre, alcalde de ANV de Aramaio, fue imputado en su día por pertenencia a banda armada, y el lugar que describió ni siquiera coincidía con los dos referidos por Portu y Sarasola.
El Supremo afirma que la denuncia por torturas se inscribe en la estrategia de la «kantada» o coartada falsa, una táctica habitual de ETA . «Gritar como si os mataran, que luego ya sacaremos testigos para hacer creíble lo que contéis», especifican en su documento «Hacer frente a la detención». La Audiencia guipuzcoana obvió esa estrategia y juzgó a quince guardias civiles, los cuatro citados del GAR y otros once del servicio de Información de Inchaurrondo. A algunos de ellos ni siquiera se les interrogó durante el juicio. «Les sometieron a la pena de banquillo a cambio de nada y sin buscar nada», recuerda un compañero.
Diferencia de trato
Los agentes paladeaban la esperanza de una sentencia absolutoria, pero los días del juicio hicieron tambalear esa creencia. Un funcionario que estaba entre el público resume lo que se vivió dentro: «El primer día para acceder a la Sala hubo empujones e insultos de uno y otro lado. La abogada de Portu y Sarasola se quejó al juez y ante nuestra sorpresa mientras los guardias y sus familiares esperábamos a las puertas, el magistrado habilitó una entrada para que los parientes de ellos accedieran primero por una puerta lateral. Todos se colocaron detrás de los agentes, intimidándolos todavía más». Recuerdan con rabia cómo fue el trato dispensado a los peritos eméritos aportados por la Guardia Civil. Un catedrático de Medicina Legal y Toxicología citó una revista científica para explicar que las lesiones eran compatibles con una detención violenta. El juez le replicó diciendo que esas revistas tenían poca tirada; no puso objeción en cambio a que el forense de San Sebastián, aportado por la acusación, echase mano de la Wikipedia en su testifical. El fiscal jefe ha dejado de acudir a los actos de celebración de la Guardia Civil.
Antes de sentarse en el banquillo, los guardias habían atisbado un rayo de esperanza. Cuando se detuvo al ex jefe de ETA Txeroki, en noviembre de 2008, se incautó un documento en el que se afirmaba que la denuncia de los dos etarras había sido una «falsa kantada», que Txeroki ensalzaba y celebraba. La juez Le Vert certificó la autenticidad de ese documento, que no fue tenido en cuenta; tampoco las fotografías realizadas por un forense a Portu, halladas en una caja fuerte tras el arresto de «Thierry».
Momentos difíciles
«Los guardias procesados son personas suficientemente capacitadas para aguantar el día a día de este trabajo en el entorno en que están y las condiciones, pero no para ver su nombre abriendo el telediario», sostiene un mando de su entorno. No han necesitado ayuda psicológica, aunque han atravesado momentos complicados. Tras la sentencia, que les inhabilitaba durante ocho años, tuvieron que prepararse mental y económicamente. Uno de los guardias pidió el traslado a un puesto en un pueblo de Castilla. Duró poco tiempo. «Mi nombre había salido en todas partes, algunos saben cómo se vive en el Norte; otros no. Tenía miedo de parar un día por la calle a alguien que estuviera cometiendo una infraccion y que me llamara torturador», explica. Volvió al GAR, donde se convive con otros problemas, pero las reglas del juego se comparten.
Sienten que ese estigma les va a acompañar de por vida: visten de verde y en esa comunidad se les condena de antemano. En este caso no hubo ni inhabilitaciones ni cambios de destino; fueron condecorados e Interior costeó su defensa.
Poco después, la misma compañía detuvo a Ibai Beobide, el etarra de la bicicleta. También denunció malos tratos, aunque se autolesionó y lo reconoció él mismo. Pese a ello se abrió otra investigación.
Pues no se a que esperan el cgpj, para inhabilitar a esa sala que condenó falsamente a los compañeros.
ResponderEliminarMI SOLIDARIDAD CON LOS COMPAÑEROS DE LA G.C.
que yo si se, lo que es vivir en el norte.