El Gobierno popular de Castilla y León convierte a los inmigrantes en los receptores casi exclusivos de las ayudas

Alerta Digital

Encuentro de asociaciones de inmigrantes en Valladolid.

Alberto Granados Garmendia/Especial para AD.- No deja de llamar la atención, especialmente en esta época de carestía generalizada, la enorme solidaridad de nuestras instituciones públicas con los nuevos ciudadanos llegados de forma masiva durante los últimos 10 años (Ver video sobre las ayudas en Castilla y León a los inmigrantes). Obsérvese sino la desproporción de inmigrantes entre los beneficiarios por Orden de expediente reflejada en el BOCYL (Boletín Oficial de Castilla y León) del pasado 16 de noviembre de 2011: http://bit.ly/uJy83G

Especial mención merece la provincia de Ávila (Pág. 145 y siguientes), ciudad con la mayor proporción de inmigrantes menores de España, cuyos centros tutelados están atiborrados, literalmente, de magrebíes, motivo por el que las ayudas económicas a la vivienda se incluyen principalmente en el “Plan de vivienda joven”, del que los beneficiarios son en un alto porcentaje estos jóvenes inmigrantes, tal y como puede comprobarse en el listado anterior. Estos inmigrantes, tras su salida de los centros tutelados, son guiados y orientados por asociaciones de integración socio-laboral que les posibilitan el acceso a los “alojamientos protegidos para jóvenes”, que según el artículo 27 del Decreto 52/2002 deben ir destinados “especialmente a jóvenes u otros colectivos, como inmigrantes” (Pág. 8: http: http://www.coacyle.com/descargas/normativa_coacyle_1254210800.pdf), hasta el punto que actualmente acaparan el plan vivienda joven, y de familia numerosa, en dicha provincia. Huelga decir que estar incluido en uno de estos planes de viviendas es un requisito clave a la hora de recibir subvenciones.

Hecha la Ley, hecha la trampa

El colectivo “en riesgo de exclusión social” en numerosas ocasiones se convierte en un eufemismo mediante el cual se discrimina a los españoles (que no pertenezcan a una “minoría étnica”) y se otorga prioridad a los inmigrantes a la hora de recibir ayudas sociales. Es muy fácil localizar la trampa:

La Consejería competente en materia de vivienda realiza convocatorias de ayudas económicas destinadas prioritariamente a personas mayores de 65 años o con alguna discapacidad, a víctimas de violencia de género, a quienes tengan a su cargo a personas con discapacidad o mayores de 65 años, y a “personas pertenecientes a otros colectivos en riesgo de exclusión social”, que sean adquirentes, adjudicatarias o promotoras individuales para uso propio de viviendas. Aquí está la clave. Cualquier inmigrante, por el mero hecho de serlo, automáticamente entra a formar parte del colectivo “en riesgo de exclusión social”, y por tanto, a la hora de presentar los requisitos, tiene mas posibilidades de llevarse las ayudas que un español “en igualdad de condiciones”.

Para ello, la administración se sirve de todo tipo de artimañas propagandísticas y falaces, que no por repetirlas mil veces se convierten en ciertas. Por ejemplo, en el último informe sobre el “II Plan integral de inmigración de Castilla y León 2010-2013″
(http://bit.ly/v7HmLj) se afirma lo siguiente: “Las migraciones hacia Castilla y León desde diferentes países responden a diversas causas, y hemos de destacar por ser este aspecto muy significativo, el que se corresponde con el acceso e incorporación al Mercado Laboral [...] Este hecho se complementa con la necesidad de incorporación al empleo de la población de origen extranjero. Es decir, que las necesidades de unos y otros se combinan para aportar soluciones en un marco de convivencia e incorporación plena que, a su vez, genera mayor riqueza cultural y económica, así como bienestar y prosperidad para todas y todos” (Pág. 7).

En el Plan Director de vivienda de la Junta de Castilla y León
(http://www.novaran.es/FicherosDescarga/Legislacion/NormativaJCyL_3.pdf), se dice, acerca de la creciente población inmigrante que se trata de un colectivo ARTICULADOR de todas las políticas públicas de la junta de Castilla y León, tratando de su plena integración en la sociedad”. (Pág. 9). Y continúa: “Dentro de las diferentes líneas de ayudas, se ha tenido especial atención a aquellos colectivos para los que el acceso a la vivienda presenta una especial dificultad; es el caso de los jóvenes, inmigrantes, personas con discapacidad y víctimas de violencia de género y terrorismo.” (Págs. 9,20).

Así mismo redunda sobre la importancia creciente de los jóvenes inmigrantes, destacando que han aumentado un 500% en los últimos años, y a los que hay que facilitarles el acceso a la vivienda como factor de integración social (Págs. 28,29). Indicándose también que de esta manera se puede asegurar el reagrupamiento familiar (Pág. 60). Y encima tienen la desfachatez de decir que este servicio se hace “por y para los castellano-leoneses” (Pág. 55).