El abogado del Estado avisa: el paso de ETA no es 'irrevocable'

ÁNGELES ESCRIVÁ MADRID

12/11/2011/El Mundo

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El abogado del Estado avisa: el paso de ETA no es 'irrevocable' ETA condiciona la entrega de las armas a la salida del País Vasco de la Policía y la Guardia Civil

Advierte en su informe sobre Amaiur que al comunicar el cese de la violencia la banda «no anuncia su disolución» / Cree que la decisión del Constitucional sobre Bildu impide impugnar la nueva coalición que se presenta el 20N

Un informe de la Abogacía del Estado sobre Amaiur sostiene que «no existen en estos momentos elementos probatorios ni argumentales susceptibles de fundamentar con razonables expectativas de éxito la impugnación de las candidaturas de la coalición electoral ante la Sala del 61 del Tribunal Supremo».

Los abogados aseguran que «la estructura de esta coalición es muy similar a la que presentó Bildu» y recuerdan que esta formación fue objeto de impugnación porque se creyó que había motivos para actuar en contra, pero que fue el Constitucional el que «entendió que no había pruebas razonables para impedir su participación en las elecciones municipales de mayo de 2011».

El informe advierte de que el «cese de la actividad armada» anunciado por ETA es «definitivo» pero no «irrevocable».

Redactado tras el comunicado en el que ETA anunció el «cese definitivo de las acciones armadas», aporta también estos hechos que parecen estar relacionados con las decisiones de los tribunales, aunque sin llegar a conclusión alguna. Pero, en su informe, la Abogacía prefiere mantener todas las cautelas y recuerda, por si acaso, que el comunicado «no anuncia ni la disolución de la citada organización terrorista ni la renuncia a ninguna de sus reivindicaciones políticas ni el abandono de exigencia alguna. El cese se proclama definitivo pero no irrevocable».

Pero, después, también recoge que los representantes de la izquierda abertzale están hablando de «un nuevo tiempo» y de la «superación de la etapa de confrontación armada»; que se ha celebrado una conferencia en San Sebastián con un llamamiento para que cese «la actividad armada (sic)»; que hay una «presión disuasoria de la izquierda abertzale sobre ETA (a la que vería como hipotético obstáculo más que como ayuda) para que, sin necesidad de disolverse permita expresiones partidistas», y que Amaiur asume las propuestas de la izquierda abertzale «en lo relativo al nuevo escenario sin violencia».

El informe elaborado por la Abogacía se sustenta, a su vez, en dos breves documentos remitidos al Gobierno por la Policía y por la Guardia Civil. El de la Policía recoge el acuerdo por el que los cuatro partidos decidieron unirse en coalición y su presentación en dos ruedas de prensa en las que comparecieron hasta ocho miembros de la ilegalizada Batasuna, entre ellos Txelui Moreno, Rufino Etxeberria o Miren Legorburu.

Se contabilizan las personas que están incluidas en las listas y que en el pasado fueron candidatas de partidos políticos ilegalizados: 10 de los 23 candidatos y 12 suplentes en las candidaturas al Congreso; y siete de los 12 candidatos y de los 24 suplentes en las listas al Senado.

Según la Abogacía, se integran en sus candidaturas «en puestos destacados y con un notable protagonismo personas pertenecientes al ámbito orgánico y político de la denominada izquierda aberztale, cuya vinculación con los partidos ilegalizados o en su caso, del entramado ETA-Batasuna, ha sido objeto de consideración y de múltiples enjuiciamientos por el Tribunal Supremo y por el Constitucional».

Las identidades y su currículo son detalladamente expuestos por ambos cuerpos policiales, y la Guardia Civil añade que un 34% de los candidatos al Congreso tienen antecedentes y un 33% de los del Senado, también.

La Policía informa igualmente de que la pretensión de incorporar al partido político Aralar a un «bloque popular independentista», venía contenida en la documentación que los responsables de Batasuna elaboraron en 2009. En ella señalaban que se trataba de «plantear desde el independentismo una oferta soberanista para proyectar ese espacio a una estrategia independentista».

Pero admite que EA y Alternatiba ya incorporaron a sus candidaturas, como independientes, a miembros de la izquierda abertzale ilegalizada y que «dicha coalición fue plenamente convalidada por el Tribunal Constitucional». «El modelo se repite», pero como quiera que ha sido considerado legal, el resto de las circunstancias es perfectamente homologable: Aralar, el cuarto constituyente de la coalición, no tiene ningún vínculo con ETA y en el seguimiento de actos públicos desarrollados hasta el momento «no se ha apreciado ninguno de los elementos que sustentaron la dependencia de los partidos políticos ilegalizados con ETA o el posterior intento de sustituirlos».

El informe incluye las consideraciones jurídicas del Constitucional que impiden que pueda prosperar cualquier impugnación: la necesidad de que de las pruebas se desprenda, no sólo que se tiene intención de defraudar, sino que «esa intención ha llegado a materializarse»; o que, a falta de «elementos objetivos», los subjetivos, como «la simple integración personal de estas candidaturas», no son suficientes para solicitar una ilegalización.