La juez admite una querella de la madre de Jamal Zougam contra Manzano

JOAQUÍN MANSO / Madrid

30/09/2011/El Mundo

La madre de Jamal Zougam defenderá la inocencia de su hijo intentando sentar en el banquillo a uno de los policías responsables de la investigación. La juez Coro Cillán ha aceptado la querella de Aicha Achab como acusación popular en el procedimiento que se sigue por presuntos falso testimonio, encubrimiento y omisión del deber de perseguir delitos contra el jefe de los Tedax en el 11-M, Juan Jesús Sánchez Manzano, y contra su perito químico.

El marroquí es el único condenado por colocar las bombas en los trenes y, cuatro años después de la sentencia, sigue manteniendo desde la cárcel de Villena (Alicante) que él no tuvo nada que ver con el atentado.

«Como ciudadana española que es y madre del único condenado como autor material de los atentados del 11-M, está interesada en una investigación sobre la actuación policial tras el atentado», explica la querella, que reproduce en gran parte la de la Asociación de Ayuda a las Víctimas y añade que el interés de Aicha es «lícito» ya que, «si se falsearon testimonios y se ocultaron pruebas, resulta obvio que una sentencia condenatoria en este procedimiento podría, al menos teóricamente, justificar la presentación de un recurso de revisión de la sentencia firme» contra Jamal Zougam.

Hace pocos meses, la juez ya había rechazado la personación del marroquí, pero en aquel caso como acusación particular. El escrito de los abogados Eduardo García Peña y Francisco Andújar argumentaba que, «en gran medida, el señor Jamal Zougam fue condenado sobre pruebas y testimonios que se cuestionan ahora en el presente procedimiento, por lo que resulta evidente el perjuicio que en su día le pudieron causar eventualmente los hechos aquí investigados».

Los Tedax que dirigía Sánchez Manzano tuvieron una participación determinante en la desactivación de la mochila bomba que apareció en una comisaría de Vallecas y en la consiguiente obtención de la evidencia que llevó al arresto de Jamal Zougam: una tarjeta prepago de Amena que estaba colocada en el móvil Trium MoviStar que tenía que haber actuado como iniciador y que había sido vendida a los terroristas en el locutorio que tenía el marroquí en el barrio madrileño de Lavapiés.

La única prueba de cargo contra él, condenado a pasar el resto de su vida en una celda de aislamiento, es el testimonio ocular de dos mujeres rumanas y de un tercero que ni siquiera acudió al juicio. Los tres declararon después de que los medios de comunicación difundiesen la fotografía de Zougam detenido.

Durante el procedimiento contra Sánchez Manzano, ha declarado un tedax que participó en esa operación y que aseguró que la tarjeta de Amena se retiró para que no se perdiesen los datos que contenía: principalmente, la localización donde se había activado, que fue clave para encontrar el refugio de los islamistas en Morata. El artificiero la sustituyó por la suya propia, de la compañía Vodafone, y el teléfono no funcionó. Después, un compañero suyo introdujo una MoviStar y sí lo hizo.

Este relato cuestiona que el teléfono estuviese efectivamente liberado, como sostiene la investigación del 11-M, y que pudiera funcionar con una tarjeta Amena, que fue la que llevó al arresto de Zougam. Y, además, descarta de plano que sea cierta la versión que Sánchez Manzano dio en la Audiencia Nacional cuando dijo que, al activarse el móvil, tenía fijada como hora de alarma las 7.40, la de las explosiones. Un perito oficial presentado por este diario demostró que, si se retira la batería (lo que es indispensable para intercambiar las tarjetas), el celular Trium pierde inevitablemente la hora, la fecha y la alarma.

El comisario jefe de los Tedax en el 11-M y su perito químico se encuentran imputados desde que, en julio de 2009, la juez admitió a trámite la querella de la Asociación de Ayuda a las Víctimas de la matanza. Después, se han ido sumando el Sindicato Unificado de Policía (que no participa de hecho en las diligencias), la Unión de Oficiales de la Guardia Civil y la Asociación de Víctimas del Terrorismo. La de la madre de Zougam es la quinta acusación, la sexta si se añade al Ministerio Fiscal.

El procedimiento se encuentra, previsiblemente, en su recta final. Según fuentes jurídicas, la juez ha dado un plazo a las acusaciones -que ahora se alargará para que los abogados de Zougam tengan tiempo de conocer la causa- para que propusiesen las últimas pruebas antes de cerrar la instrucción. La Unión de Oficiales de la Guardia Civil lo hará en los próximos días, pero las demás consideran que cuentan ya con suficiente material acusatorio.

Lo más probable, a la vista de la contundencia de sus resoluciones anteriores y de que el fiscal ha rechazado ya dos veces el sobreseimiento, es que, tras practicar esas pruebas, la juez transforme las diligencias en un procedimiento abreviado, que es el paso previo para sentar a los imputados en el banquillo. Para que eso ocurra, la causa tendrá que superar el principal obstáculo: la decisión de la Sección 17ª de la Audiencia Provincial sobre el recurso de apelación que presentó Manzano contra el auto de mayo en el que se rechazó el archivo