D. G. SASTRE / G. GLEZ. / Barcelona MARISA CRUZ / Madrid
08/09/2011/El Mundo
La Diada se presenta este año muy caliente. El universo nacionalista pretende que el 11 de septiembre esté presente en las calles el rechazo al requerimiento del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para que el castellano tenga categoría de lengua vehicular en las escuelas. Los dirigentes políticos siguen defendiendo la inmersión lingüística. El president, Artur Mas, se quejó ayer de que «toquen las narices» con el catalán, y el senador de ERC Miquel Bofill dijo que Cataluña «no cabe en la Constitución».El presidente catalán volvió a salir ayer al paso de las últimas decisiones judiciales con avisos tanto a los tribunales como al PP. El planteamiento de Artur Mas es que nadie tiene derecho a decirle a la Generalitat en qué idioma debe educar a los alumnos. «Nadie les toca las narices a los españoles con el castellano, ni a los franceses con el francés, ni a los alemanes con el alemán. ¿Por qué a los catalanes nos tienen que tocar las narices con nuestro idioma?», se preguntó.
Y añadió, se supone que en referencia al resto de España: «Llevan muchos siglos tocándonos las narices, intentan que el catalán vaya a menos porque configura nuestra identidad colectiva».
En cuanto al PP, Mas apuntó directamente a Mariano Rajoy. Avisó al presidente de los populares de que el modelo educativo de Cataluña es una «línea roja» que, de traspasarse, pondría en peligro la relación entre ambos partidos. Si el PP insiste en combatir la inmersión, dijo, «con CiU y el actual Govern tendrá poca cosa que hacer», así que «tendrá que elegir».
El presidente de la Generalitat también advirtió al PP de que «enredarse» en el asunto lingüístico es un «gravísimo error», porque la prioridad sigue siendo la lucha contra el paro. «Aún están a tiempo de corregirlo, de dar un paso atrás. Con el tema de la lengua no se juega», avisó Mas a Rajoy.Pero el frente declarativo no es el único con el que los nacionalistas luchan contra lo que entienden una agresión al autogobierno y a la catalanidad. La Generalitat presentó también ayer, en el último día de plazo, su recurso contra el requerimiento del TSJC y en defensa de la inmersión lingüística.
Mientras tanto, las organizaciones sociales ya calientan motores de cara a la Diada. Ayer se conoció que la manifestación del 11 de Septiembre, convocada por la Plataforma por el Derecho a Decidir bajo el lema Somos una nación. Queremos un Estado propio, tendrá finalmente una segunda pancarta con el lema Yo no acato, en referencia al auto del TSJC.
La plataforma hizo «un llamamiento a la insumisión y a la desobediencia civil» ante la decisión judicial, y animó a los ciudadanos a que asistan a la manifestación que recorrerá el domingo el centro de Barcelona.
La consejera de Enseñanza, Irene Rigau, insistió en la presentación del curso escolar que «las reglas del juego no se cambiarán» durante el año, y subrayó que el sistema de inmersión lingüística se aplicará «con total normalidad» pese al requerimiento realizado por el Alto Tribunal catalán.
La consejera destacó que las más de 500 familias que han solicitado que el castellano también sea lengua vehicular en la enseñanza que reciben sus hijos verán respondida su solicitud en las próximas semanas.
Sobre el recurso al auto del TSJC, Rigau afirmó que la Ley de Educación de Cataluña (LEC) está «vigente» y que hay que clarificar si una resolución judicial puede modificar el contenido de esta normativa. Ése es uno de los argumentos que la Generalitat más usa en estos días, y previsiblemente también figurará en el recurso ante el TSJC.
En un ataque al PP y a Ciutadans, la consejera pidió que algunos partidos parlamentarios no utilicen la lengua catalana como «su única razón de existir». Para evitarlo, según dijo, se esforzará en dar a conocer los datos que demuestran que los escolares catalanes que finalizan la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) tienen un conocimiento suficiente de lengua castellana. «Insistiremos en la información sobre estos datos para desactivar el temor de que no se aprende castellano» en las escuelas de Cataluña, afirmó.
La polémica en torno a la sentencia del TSJC también se coló ayer en el Senado de la mano del representante de ERC Miquel Bofill. Sucedió durante el debate en Pleno sobre la reforma de la Constitución, una sesión en la que, de acuerdo con el reglamento de la Cámara, no cabe la posibilidad de utilizar una lengua diferente del castellano más allá de las primeras frases de introducción de las intervenciones.
Bofill, sin embargo, quiso sortear la norma intentando hilvanar todo su discurso en catalán. El presidente del Senado, Javier Rojo, le advirtió de que no existía servicio de traducción y de que, en consecuencia, el resto de senadores no le estaban prestando atención porque no le entendía. El representante de ERC se avino a cambiar de lengua pero lo hizo para dedicar buena parte de sus palabras a arremeter contra los grupos mayoritarios, contra la propia Carta Magna y contra la unidad de España.
Así, hizo un llamamiento a los ciudadanos catalanes para que se preparen para «saltar el muro constitucional».
«Los catalanes», argumentó, «no cabemos como somos, con nuestra lengua, en el Estado español. Cataluña no cabe en la Constitución Española. No somos tratados en pie de igualdad por la Constitución».
En su opinión, el pacto entre PP y PSOE para reformar la Carta Magna no es sino una iniciativa que «remacha el clavo de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut». Y finalizó: «El pueblo catalán, con unidad, encontrará el camino de la independencia».
Rectificar es de sabios y ...
MARTA R. FONT / MARTA SERRET Gerona / Lérida
08/09/2011
La bandera española, ausente en 100 municipios
Ni Ciutadans ni el Partido Popular están dispuestos a transigir ante la desobediencia continua que protagonizan varios ayuntamientos catalanes, reacios a colgar la bandera española en las fachadas de los edificios consistoriales. Ciutadans ya ha presentado instancias en una veintena de ayuntamientos de Gerona que incumplen la Ley de Banderas y calculan que sólo en esta demarcación un centenar de las poblaciones no tiene colgada la enseña española en la fachada. Para hoy está previsto que presenten una denuncia formal ante la Delegación del Gobierno en Barcelona para que inste a estos consistorios a cumplir la norma.
El desafío es especialmente grave tras el pulso planteado por las juventudes de Esquerra, las JERC, que animan a los alcaldes no sólo a evitar la bandera española en sus balcones, sino a que sólo dejen ondear la enseña independentista, la estelada.
El dirigente de Ciutadans y portavoz de la formación en Gerona, Fran Hervías, señaló que calcula que «sólo en Gerona hay un centenar que incumple la Ley de Banderas», y lamentó que algunas formaciones «utilicen los edificios públicos para crear confrontación o para promover su ideología, que no es compartida por todos los ciudadanos».
«No estamos hablando de cuestiones simbólicas, sino del cumplimiento de la legalidad vigente; las leyes, gusten o no, se deben cumplir», manifestó Hervías, que recordó que «la Ley de Banderas deja bien claro que la bandera española debe ondear conjuntamente con el resto de banderas oficiales».
Los ayuntamientos donde se han presentado instancias hasta el momento son Tossa de Mar, Vidreres, Sils, Anglès, Santa Coloma de Farners, Riudellots de la Selva, Vilablareix, Llagostera, Cassà de la Selva, Quart, Flaçà, Sarrià de Ter, Celrà, Bordils, Torroella de Montgrí-l'Estartit, Pals, Palafrugell, La Bisbal d'Empordà, Palamós y Sant Feliu de Guíxols. No obstante, se tiene conocimiento que en otros, como Calonge, Puigcerdà o Alp, tampoco ondea la bandera.
De estos ayuntamientos, el de Palamós y el de Palafrugell son del PSC, y los socialistas catalanes gobiernan en bipartito en Santa Coloma de Farners y en Sils. También dan apoyo a la alcaldesa de Tossa de Mar, que pertenece al partido Tossa Unida.
Por su parte, el PP de Lérida presentó ayer una instancia al subdelegado del Gobierno para que obligue a los ayuntamientos a cumplir la Ley de Banderas y que impida que la española se retire coincidiendo con fiestas locales o con la Diada. La presidenta del partido en la demarcación, Dolors López, aseguró que su petición responde al anuncio de varios ayuntamientos de hacer ondear en solitario la bandera catalana o, en algunos casos, también la estelada este fin de semana.
«Lo único que pedimos es que se cumpla la Ley de Banderas, y es que llega un momento que hay que decir basta y poner orden ante el incumplimiento anunciado, reiterado e impune de la ley». López no concretó los ayuntamientos que incumplirán la ley este fin de semana, pero citó algunos de los que ya han anunciado que colgarán la senyera [bandera oficial catalana] en solitario o acompañada de la estelada, como el de la misma capital, donde desde 2003 el Onze de Setembre sólo ondea la bandera catalana, o los de les Borges Blanques y Tàrrega, dónde este año sólo estarán la senyera y la estelada
La polémica de la lengua
>Universidades. La Comisión de Política Lingüística del Consejo Interuniversitario de Cataluña, con representación de universidades públicas y privadas catalanas, defendió ayer que el actual modelo «no separa a los niños por razón de la lengua y hace posible el conocimiento de las dos lenguas oficiales».
>'Senyeres'. El conflicto de la lengua tras la sentencia del TSJC y la cercanía de la Diada parecen haber disparado la venta de banderas catalanas. La empresa Ribes & Casals, especializada en tejidos, prevé superar el récord de venta de senyera del año pasado tras la sentencia del TC sobre el Estatuto, según el gerente de la compañía, Àlex Casals
Barcelona
08/09/2011
Un juego para contar otra Diada
Con el título 'Vamos a contar Diadas', C's confía en que el juego, que consiste en un cuestionario sobre los hechos del 11 de septiembre de 1714, sirva a muchos catalanes para darse cuenta de que, en este caso, «la fabulación y el mito pasan por encima de la Historia», aseguró el portavoz de C's, Jordi Cañas.
El diputado dijo que la iniciativa pretende acabar con «la utilización, la falsificación y la manipulación» de este día que, asegura, hacen los nacionalistas.
Por sexto año consecutivo, Ciutadans volverá a organizar la mañana del 11 de septiembre su propio acto con el fin de divulgar su versión de la Historia. El juego permite elegir como compañero a uno de los tres diputados de C's en el 'Parlament' y plantea cuestiones como ésta: «¿Perdieron los catalanes sus libertades al aplicarse el Decreto de Nueva Planta?».
El jugador acierta si marca la opción que responde que 'no', que en realidad fueron los poderosos quienes perdieron «sus privilegios», pero que los catalanes no perdieron libertades civiles.
Cañas avanzó que su partido dará a conocer, con motivo de la Diada, el bando que publicó Rafael Casanova, entonces 'conseller en cap' de Barcelona, a las puertas de la ciudad, y en el cual, según C's, clamaba por la libertad «de toda España». El diputado propuso que la festividad de Sant Jordi sea la Diada de Cataluña, y lamentó que el 11 de septiembre se haya convertido en «la fiesta del enfrentamiento» y de los nacionalistas
MARISA CRUZ / Madrid
08/09/2011
Zapatero y Rajoy ningunean el voto del Senado sobre la Constitución
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, ningunearon el debate del Senado sobre la reforma constitucional que ambos pactaron a finales de agosto para incluir al máximo nivel el compromiso con el rigor presupuestario. Ninguno de los dos tuvo a bien defender la iniciativa ante el Pleno del Congreso, y ni siquiera asistieron ayer a la discusión en el Senado.
La reforma de la Carta Magna quedó ayer definitivamente aprobada en la Cámara Alta por un total de 233 votos a favor y sólo tres en contra. Apostaron por el cambio en el texto PSOE, PP y UPN, y se opusieron al mismo los tres senadores de Coalición Canaria y Foro Asturias.
Por su parte, CiU, PNV e ICV decidieron no participar en la votación final, aunque sí lo hicieron a la hora de pronunciarse sobre sus enmiendas. Tampoco votaron los senadores de ERC y del BNG. Estos últimos, además, abandonaron el salón del Pleno.
A los disidentes se sumaron también dos senadores socialistas, Roberto Lertxundi e Imanol Zubero, que ni siquiera acudieron al Pleno. Ambos ya habían adelantado la pasada semana su oposición a la reforma constitucional.
En definitiva, la aprobación, que estaba descontada, obtuvo los mismos apoyos que en el Congreso de los Diputados el pasado día 2. Ninguna de las enmiendas presentadas por los grupos minoritarios de izquierda y por los nacionalistas catalanes y vascos fue tenida en cuenta.
A partir de mañana se abre un plazo de 15 días, que finalizará el próximo 26 de septiembre, para que pueda presentarse una petición de celebración de referéndum. Esta demanda sólo es posible si la avala al menos un 10% de los senadores o de los diputados.
Probablemente porque el trámite del Senado no ofrecía dudas, ya que la propuesta contaba con el apoyo de las dos fuerzas mayoritarias, tanto Zapatero como Rajoy optaron ayer por dedicarse a otros menesteres.
El presidente del Gobierno empleó la tarde en mantener diversas conversaciones telefónicas con otros líderes europeos para intercambiar impresiones acerca de la situación que viven los mercados financieros y, después, se trasladó a la Zarzuela para cumplir con el despacho que mantiene semanalmente con el Rey.
Sí asistieron al debate del Senado otros miembros del Ejecutivo, como los vicepresidentes Elena Salgado y Manuel Chaves, y los ministros de Educación, Ángel Gabilondo; de Presidencia, Ramón Jáuregui; de Justicia, Francisco Caamaño; de Sanidad, Leire Pajín, y de Cultura, Ángeles González-Sinde.
De la misma manera que en la Cámara Alta se reprodujo la votación del Congreso, también se repitieron por parte de unos y otros los mismos argumentos.
Así, los portavoces del PP y del PSOE, Pío García-Escudero y Carmela Silva, coincidieron milimétricamente en destacar la «urgencia» ineludible de proceder a la modificación constitucional.
García-Escudero recalcó que «sin rigor no hay Estado de Bienestar», e insistió en que, dada la gravedad de la situación económica, «no es momento de orejeras ideológicas». En su opinión, ésta es una reforma «profundamente social», porque «endeudarse sólo trae a la postre recortes en políticas sociales». «Sin estabilidad», sentenció, «el Estado de Bienestar no pasa de ser un lema en una pancarta».
García Escudero aprovechó además para dejar caer, con la vista puesta en el PSOE, que con la inclusión del límite del déficit en la Constitución «nos comprometemos a no repetir los errores de años pasados».
Carmela Silva, por su parte, insistió en la idea de la máxima urgencia. «El momento es excepcional», dijo, «está en juego la salida de la crisis, el euro, el crecimiento y la creación de empleo». También ella insistió en que «éstos no son tiempos para la demagogia, sino para el rigor y la responsabilidad».
Además, la senadora socialista respondió a las voces que reclaman la celebración de un referéndum recalcando que sería «contraproducente» porque implicaría unos «plazos muy peligrosos».
Los grupos minoritarios de izquierda y los nacionalistas catalanes y vascos también repitieron los mismos razonamientos que esgrimieron en el Congreso, si acaso, en esta ocasión, por tratarse de la Cámara de representación territorial, cargaron más las tintas en los argumentos puramente nacionalistas.
El representante de CiU, así como el del PNV, aseguraron estar a favor de la estabilidad presupuestaria y del rigor en el gasto, sin embargo, discreparon profundamente de las formas empleadas por las dos fuerzas mayoritarias para cambiar la Constitución. «Sólo se nos ha pedido la adhesión», se quejó el senador de CiU Jordi Vilajoana, para quien además no cabe duda de que el nuevo artículo 135 de la Constitución «limita la autonomía financiera y política de las comunidades autónomas».
De la misma forma, para el senador del PNV Joseba Zubía la reforma es «ineficaz, innecesaria y antieuropea, además de centralista»
Todo esto, es tan sencillo, como hacer cumplir la ley, y se acabó el tema. Y el bipartidismo, como siempre, imponiendo sus buenas formas.
ResponderEliminar