CARLOS SEGOVIA / Madrid
09/06/2011/ El Mundo
«La más importante de las reformas que tenemos pendientes en relación con el mercado de trabajo es la que afecta a la negociación colectiva», afirmó solemnemente el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el 11 de enero al presentar su informe económico en Moncloa. Cinco meses después, va a saldar esa reforma clave aprobando un decreto ley provisional que provocó ayer una algarada a puerta cerrada en la junta directiva de la patronal CEOE, al considerar que no va a animar a los empresarios a crear empleo.El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, confirmó ayer a distintos grupos políticos que el Consejo de Ministros aprobará mañana por decreto ley la reforma de los convenios, pero que, aunque entrará en vigor de forma inmediata, será tramitada como proyecto de ley en un proceso de introducción de enmiendas y cambios sobre el texto que se puede prolongar hasta después del verano.
La virtud de aprobar ya el decreto mañana es que Zapatero podrá viajar a Bruselas con él el próximo día 23. Podrá informar al Consejo Europeo de que ha legislado ya sobre una reforma considerada clave por los mercados financieros como es la de los convenios colectivos. Se trataría de un nuevo decreto provisional en materia laboral tras el aprobado el pasado año y reabierto el pasado mayo para modificar modalidades de contratos.
De momento, ningún grupo político garantizó su voto a favor de la reforma de los convenios colectivos ni en la ronda de ayer ni en la de la víspera. «No me gusta», afirmó el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, tras conocer el borrador de propuesta de reforma de la negociación colectiva del Gobierno. Dijo que estaba demasiado escorado hacia las «tesis sindicales», en declaraciones a Catalunya Ràdio.
El portavoz económico del PNV, Pedro Azpiazu, declaró a este diario que no quería pronunciarse hasta conocer a fondo el decreto y, en la misma línea, se manifestó la portavoz de Coalición Canaria, Ana Oramas. «Nosotros no apoyamos la reforma laboral el pasado año por insuficiente y si el Gobierno aprueba el decreto con apoyo de la izquierda no tendrá el voto a favor de Coalición Canaria», aseguró Oramas a EL MUNDO.
En contraste, el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya, Joan Ridao, anunció que su formación «no está lejos» de apoyar el texto. También realizó declaraciones favorables el diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares. Éste saludó que la propuesta de reforma de la negociación colectiva del Ministerio de Trabajo, es «salomónica», aunque un poco «escorada» a favor de los sindicatos en detrimento de los empresarios, lo que, en su opinión, no satisfará ni a la derecha ni a los sectores liberales, según informa Efe.
La portavoz parlamentaria adjunta del PP, Fátima Báñez, criticó la tardanza del Gobierno y su incapacidad para conseguir una reforma pactada, tras participar en una reunión con el ministro de Trabajo. Pero eludió pronunciarse sobre su contenido al ser susceptible de cambios.
Por su parte, el presidente de la CEOE, Juan Rosell, arrancó ayer la junta directiva de la patronal con el compromiso de Gómez de tramitar el decreto como proyecto de ley como única esperanza. Rosell informó a los dirigentes empresariales que había margen para introducir enmiendas a través de los grupos parlamentarios, pero estos mostraron a puerta cerrada su frustración a través de una catarata de intervenciones de protesta.
El propio presidente de la asociación de constructoras Seopan y ex director de la Oficina Económica de Moncloa, David Taguas, rechazó la reforma que está planteando Zapatero por insuficiente y contraproducente ante los mercados financieros. «Es infumable», afirmó el veterano dirigente de la patronal madrileña CEIM, José Antonio Segurado. También pudieron oírse expresiones como «inasumible», «merece una enmienda a la totalidad en el Congreso», «no es que vaya en la buena dirección, es que va en la dirección contraria». No sólo intervinieron representantes de patronales críticas con la negociación como Juan Pablo Lázaro o Francisco Aranda, de la madrileña CEIM, sino que también protestaron los hasta ahora más proclives al pacto, como los de la patronal catalana Foment del Treball. Tanto Joan Gaspart como Joaquín Gay de Montellá arremetieron también contra el borrador gubernamental. Los presidentes de organizaciones influyentes como el de Unesa, Eduardo Montes, o el de Confemetal, Javier Ferrer, se unieron a la algarada contra la actitud prosindical del Gobierno.
Tres reformas improvisadas por el Gobierno para contentar a los mercados, a Bruselas y al FMI
En 2010, la crisis ya se había mostrado en toda su virulencia y España estaba en el punto de mira a nivel internacional por la pasividad del Gobierno en la puesta en marcha de reformas. Desde la Comisión Europea, y muy especialmente desde Alemania, así como desde el FMI, se exigía a Zapatero que implementara rápidamente reformas para evitar el colapso de España. En el Foro de Davos de 2010, el presidente del Gobierno se vio obligado a comprometerse ante los líderes mundiales a acelerar su plan de austeridad y a reducir el déficit por debajo del 3% en cuatro años. La polémica vendría unos días después, en febrero, cuando el Gobierno filtró su intención de elevar a los 67 años la edad de jubilación. También se planteó la posibilidad de ampliar el periodo de cálculo para le pensión de 15 a 25 años. La alarma generada en España fue de tal calibre que la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, tuvo que decir que la reforma de las pensiones aprobada en Consejo de Ministros no estaba «cerrada» y podría «ser matizada». La improvisación del Gobierno en la elaboración de la reforma y su opacidad e inseguridad a la hora de hacerla pública alcanzó su cénit cuando se dio marcha atrás en el pensionazo. A las pocas horas de que el documento con la reforma de las pensiones llegara a la Comisión Europea, el Gobierno español decidió dar marcha atrás, generando aún más incertidumbre en la dañada confianza internacional en la economía española.
>Huelga general
Avanzaba 2010 y las reformas no llegaban. El Ejecutivo, al que le llovían las presiones desde múltiples flancos nacionales e internacionales para que
profundizase en las reformas, tiró de decreto y el 18 de junio entró en vigor un decreto ley que consagraba el despido con 20 días de indemnización y otras duras medidas. El Congreso convalidó la reforma el 9 de septiembre de 2010. Fue una reforma conflictiva e improvisada, que provocó, entre otras consecuencias, la huelga general del 29 de septiembre contra los recortes sociales de Zapatero. Pese al endurecimiento de la normativa laboral, desde las instituciones internacionales se siguió exigiendo al Gobierno español más reformas para alejar el fantasma del rescate. El Diálogo Social estaba roto, el diferencial de la deuda en máximos históricos y se extendía en los mercados internacional el temor a que España tuviera que ser rescatada como Grecia. Previamente, en mayo, Merkel y Obama (el presidente estadounidense llamó por teléfono a Zapatero para recordarle sus compromisos para hacer las reformas) se habían plantado ante el Gobierno, exigiendo medidas ya. Fue cuando el Ejecutivo, de nuevo improvisando para calmar a Bruselas, a Alemania, a Obama y al FMI, decidió congelar las pensiones y aprobar por decreto la reforma laboral.
>Nuevo 'decretazo'
Más incertidumbre para los mercados internacionales. La ruptura entre patronal y sindicatos ha obligado al Gobierno a improvisar un borrador de reforma laboral que será provisional. Su proceso parlamentario se alargará hasta otoño y el Gobierno tendrá que buscar apoyos, previsiblemente del PNV. Durante el verano, la propuesta de reforma de los convenios sufrirá un gran número de cambios a través de las enmiendas.
P&R
B. P. RAMÍREZ / Madrid
09/06/2011
Cómo cambia la negociación
¿Quién manda, el convenio sectorial o el de empresa?
El convenio de empresa tendrá «prioridad aplicativa» respecto al de sector -autonómico o estatal, se obvia el nivel provincial- en seis materias fundamentales: salarios, horas extraordinarias, horario de trabajo, clasificación profesional, modalidades de contrato y conciliación de la vida laboral y personal.
¿Quién y cómo toma las medidas de flexibilidad interna?
Se decidirán siempre de forma negociada. Es decir, cuando el empresario necesite cambiar horarios y salarios o hacer traslados, por ejemplo, para hacer frente a una situación de crisis, deberá consultarlo con el comité de empresa. Si no hay acuerdo, la decisión pasa a la comisión paritaria -integrada por ambas partes- que en siete días hará su dictamen. Si tampoco hay consenso, podrán acudir a la mediación y el arbitraje. Los laudos serán vinculantes, con la misma eficacia legal que el convenio.
¿Qué competencias tienen ahora las comisiones paritarias?
Resolverán problemas de interpretación y aplicación de los convenios, y los modificarán o adaptarán. También resolverán los desacuerdos sobre modificación de condiciones de trabajo o descuelgue salarial si la empresa está en crisis.
¿Qué pasa cuando caduca el convenio colectivo?
Su contenido sigue en vigor mientras la empresa y el comité negocian su renovación. Pero las partes podrán adoptar acuerdos parciales para modificar algunos contenidos y adaptar las empresas a la coyuntura. Tendrán un plazo máximo de 20 meses para llegar a un acuerdo. Si fracasan, acudirán a la mediación y el arbitraje. La adhesión a estos procedimientos extrajudiciales deberá quedar fijado en el texto del convenio como contenido mínimo.
¿Quiénes salen más beneficiados, empresarios o sindicatos?
La patronal quería disponer de un 15% -llegó a pedir un 20%- de la jornada anual para distribuirla de manera irregular, una medida de flexibilidad interna. Los sindicatos querían que el porcentaje lo fijara el convenio sectorial. Además, el texto ni siquiera menciona al personal directivo, que la CEOE pretendía excluir del convenio. Pero contradice a UGT y CCOO en su deseo de eliminar los convenios franja, que aglutinan sólo a una categoría profesional, como los controladores. Y desaparecen los convenios provinciales, cuya supresión tanto sindicatos como patronal -ésta un poco menos- no veían con malos ojos.
B. P. R. / Madrid
09/06/2011
«No nos gusta ni la música ni la letra»
La CEOE ha terminado echando de menos los principios de acuerdo que alcanzó con los sindicatos durante los cuatro meses de conversaciones para reformar la negociación colectiva, y que desechó por insuficientes el lunes 30 de mayo cuando se rompió el diálogo. «Había consenso en bastantes temas y el Gobierno los ha olvidado», se lamentó ayer en rueda de prensa el presidente de la patronal, Juan Rosell, quien compareció para hablar de convenios, por segunda vez en una semana, acompañado del presidente de Cepyme, Jesús Terciado, y del secretario general de la CEOE, José María Lacasa.
Mientras Rosell descalificaba por «desequilibrado» y «decepcionante» el borrador sobre la reforma de la negociación colectiva que el Gobierno aprobará mañana en Consejo de Ministros, los técnicos de la patronal estudiaban con los del Ministerio de Trabajo el documento, con la esperanza de introducir algún cambio. «El borrador está muy alejado de nuestras posiciones, incluso de las de mínimos», explicó el líder de la CEOE, «ahora no nos gusta ni la música ni la letra».
Entre los principales defectos del texto Rosell destacó la regulación de la flexibilidad interna -«nuestro principal caballo de batalla»- y el mantenimiento de la ultraactividad o prórroga automática de los convenios una vez caducados. Tampoco satisface a los empresarios el nuevo papel dado a los convenios de empresa e incluso critican la creación del Consejo de Relaciones Laborales, al que hasta ahora habían dado su apoyo. Pero, pese a las críticas, la CEOE «respetará y cumplirá la ley», aseguró su presidente, quien no obstante reconoció que su puesta en práctica va a ser «complicada». «No pedimos reformas para beneficio exclusivo de los empresarios, sino en beneficio del país», proclamó.
También expresó su confianza en que durante la tramitación parlamentaria de la reforma haya lugar para modificar el texto. Y adelantó las nuevas puntas de lanza de la patronal para las próximas negociaciones con los sindicatos. Los empresarios, dijo primero, tienen «pánico a contratar» por falta de confianza, así que pidió que se reduzcan los 43 tipos de contratos existentes. «Vamos a tener que hablar de los costes del despido, que son desproporcionados», amplió después. «No puede ser que los jueces siempre fallen contra las empresas [el 70% de los despidos es declarado improcedente]». La mesa de empleo, donde participa también el Gobierno, deberá concluir sus trabajos el 15 de julio.
Hoy Trabajo explicará su reforma a UGT y CCOO. «No es el documento de los sindicatos», avanzaron ayer los secretarios de Acción Sindical de ambas centrales, Toni Ferrer y Ramón Górriz. «Para la CEOE, el mejor convenio es el que no existe», criticó el número dos de CCOO.
JOHN MÜLLER
09/06/2011
El borrador de Cándido
En la patronal han llegado a la conclusión de que el problema de fondo es la unidad de acción que hay entre el Gobierno y los sindicatos. Unos sindicatos que, como recordaba Expansión hace unos días, apenas tienen afiliado al 16,4% de los ocupados pero son capaces de determinar las condiciones laborales del 80% de la población. «Aquí van a tener trabajo Cándido y dos más», me decía un representante de la patronal con cara de tragedia.
Los casi cinco millones de desempleados son la prueba del fracaso de nuestro mercado laboral que no sólo destruye puestos de trabajo, sino también empresas y empresarios.
La cuestión es que ya no es un problema de evitar la destrucción de empleo o reactivar el crecimiento para crear puestos de trabajo; ahora, como han sugerido varios analistas, nuestro entorno está cambiando, sobre todo tras las elecciones del domingo en Portugal.
Recientemente, Samuel Bentolila, economista de Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada) analizaba la reforma laboral que la troika Bruselas-BCE-FMI ha impuesto a Portugal. Se trata de una reforma que apuesta por un contrato único, que abarata las indemnizaciones y que modifica las prestaciones por desempleo. El vencedor de las elecciones portuguesas, el derechista Pedro Passos Coelho, ha anunciado que piensa profundizar aún más en las reformas acordadas para acelerar la salida de la crisis. Un proceso similar puede ocurrir en Grecia.
Esto significa que hay países de nuestro entorno que no sólo van a ser más atractivos para las empresas que sobreviven sino también para las futuras inversiones internacionales. Si España no acomete una reforma de fondo, la deslocalización de empresas e inversiones será radical, y no seremos capaces de atraer ni un euro al país.
Pese a todos sus defectos y disfunciones, el sector financiero español resiste la comparación con el resto de Europa. Pero el mercado laboral, no. Y todo porque unos sindicatos, cuya importancia ha sobredimensionado el propio presidente del Gobierno, no quieren perder sus privilegios.
john.muller@elmundo.es PABLO RODRÍGUEZ SUANZES / Madrid
09/06/2011
Los hospitales deben 5.000 millones en medicamentos
Por si fuera poco, la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria advirtió poco después que las administraciones tienen también una deuda con el «sector de tecnología sanitaria» de otros 4.300 millones de euros, un «43% más que en la misma fecha del ejercicio anterior» y un 11% más que al cierre de 2010. Ambos conceptos suman nada menos que 9.400 millones de euros, casi un 1% del PIB nacional.
La cifra es muy alta, pero lo más preocupante es que no sólo no se está reduciendo, sino que aumenta a un ritmo vertiginoso por la incapacidad de las administraciones de hacer frente a los pagos. Los hospitales cerraron el año 2010 con una deuda en fármacos de 4.864,8 millones de euros. Pero tan solo tres meses después la cantidad se ha disparado hasta los 5.191,9, un 10,8% más. Una tendencia que, según fuentes del sector, y a la luz de los «presupuestos cada vez más mermados de los organismos públicos», no tiene visos de cambiar en el segundo trimestre.
La deuda hospitalaria no es algo nuevo. En 2005, antes de la crisis, ya era de más de 2.000 millones de euros, pero, hasta el año pasado, lo habitual era que las regiones fueran amortizando al menos una parte de ella cada trimestre. Sin embargo, en 2011 la mayoría de ellas han sido incapaces de reducirla siquiera testimonialmente. Entre el 1 de enero y el 31 de marzo sólo lo lograron cinco (Navarra, Cantabria, Baleares, País Vasco y Murcia). Y Navarra es la única que lo hizo de forma contundente, pasando de deber 29,6 millones a sólo 9,4. El País Vasco y Murcia apenas pudieron hacerlo en un 1,1 y un 0,5% respectivamente.
Humberto Arnés, director general de Farmaindustria, aseguró ayer a EL MUNDO que «las comunidades autónomas, en lugar de acudir a los mercados internacionales en busca de dinero, se están financiando con el sector farmacéutico», aunque también quiso lanzar un mensaje de tranquilidad al afirmar que la situación «no es alarmante», puesto que «la deuda no es aflorada, sino que está reconocida».
Por regiones, Andalucía es la que registra un mayor acumulado, superando los 1.245 millones de euros, seguida de la Comunidad Valenciana (957 millones), Madrid (700 millones), y Castilla y León (500 millones). En cambio, las CCAA con un menor nivel de endeudamiento con las farmacéuticas son Navarra (9,4 millones), La Rioja (41,8), País Vasco (51,5 millones) y Extremadura (53,5).
Los datos muestran además que los plazos medios de pago de los centros sanitarios no dejan de aumentar. Si hace un lustro eran de poco más de seis meses, en el primer trimestre de 2011 los pagos se hacían ya a 410 días. Y sólo desde diciembre han aumentado en casi tres semanas.
La situación es especialmente crítica en cinco comunidades que acumulan y superan los 600 días de retraso en el pago a las empresas. El caso más sangrante es el de Castilla y León, con 725 días de demora, casi dos años enteros, seguido de Andalucía (659 días), Comunidad Valenciana (633 días), Cantabria (623 días) y Murcia (605 días).
«Las farmacéuticas suelen ser compañías grandes y tienen capacidad de resistencia, pero hay un límite. Las más pequeñas, aunque sean eficientes, no pueden resistir., y eso no puede ser. No es un problema de despilfarro, sino de que cada año se presupuestan 5.000 millones por debajo de las necesidades y del gasto real», asegura Arnés.
Desde el inicio de la crisis, «el volumen de facturas pendientes de cobro se ha duplicado y los plazos medios de pago en el sector de tecnología sanitaria han sufrido un incremento superior al 60%», informa Europa Press
La preocupación del sector
>Sombras. Las regiones más endeudadas con sus proveedores de medicamentos son Andalucía (1.245 millones), la Comunidad Valenciana (957), Madrid (700) y Castilla y León (500).
>Las quejas. Humberto Arnés, secretario general de Farmaindustria, se queja de que «las comunidades no acuden a los mercados en busca de dinero, se financian con nosotros». Además, la Federación Española de Tecnología Sanitaria denunció ayer que las administraciones públicas deben otros 4.300 millones al sector, un 43% más que el ejercicio anterior.
DANIEL VIAÑA / Madrid
09/06/2011
Brotes verdes en el turismo...
Estos dos motivos han provocado que el crecimiento de los ingresos del 1,2% que inicialmente marcó Exceltur, se haya modificado por el 2,2% e incluso pueda llegar hasta el 2,5%, esto es, que se duplique. Los más beneficiados, las zonas costeras y en especial Canarias, la comunidad que más ha agradecido los 3.000 nuevos puestos que se han creado solo en la restauración.
El único lunar es el turismo de interior, cuyo principal cliente es un turista español que desde que comenzó la crisis ha reducido sus viajes fuera de las fechas señaladas. En este contexto, el lobby espera que el turismo nacional pueda, por lo menos, mantenerse plano con la ayuda del verano, a pesar de que la previsión de mayo no es muy alentadora.
Para el año que viene queda la duda de si el sector conseguirá mantener la buena marcha cuando la situación se restablezca en el norte de África. Entonces, España dependerá de su propia capacidad, razón por la que Zoreda pide una mayor implicación del Gobierno central y de los autonómicos para ayudar al sector que «está dando las mayores alegrías» a la economía española
VÍCTOR MARTÍNEZ / Madrid
09/06/2011
...y muy negros en la vivienda
Se trata del peor resultado recogido en la estadística del Gobierno, que se extiende hasta 2004. En términos interanuales (comparando los resultados con el mismo periodo del pasado ejercicio), el desplome en las transacciones ha sido del 30,4%.
Pero, ¿a qué de debe esta gran y brusca caída en las operaciones inmobiliarias? La explicación radica en el fin de la deducción en el acceso a la vivienda de la que disfrutaban -hasta el año pasado- las rentas superiores a 24.000 euros. El anuncio del Gobierno de retirar la desgravación empujó a comprar antes de comerse las pasadas uvas a quienes estaban pensando en adquirir una casa, lo que animó las ventas a niveles de 2008. Es decir, se creó una miniburbuja que en verdad no reflejaba un repunte del sector.
La realidad la puso ayer sobre la mesa Fomento con unas cifras que sitúan a la vivienda usada como primera opción de compra, con un total de 48.294 operaciones (un 20% internanual menos). La vivienda nueva se estancó en 26.246 transacciones, retrocediendo un 43,8% con respecto al primer trimestre de 2010.
En cambio, aumentan con respecto a este periodo las transacciones efectuadas por extranjeros residentes en España, con un total de 6.876 compraventas (+3,4%).
CÉSAR URRUTIA / Madrid
09/06/2011
Los camioneros españoles pagarán 83 millones para cruzar Francia
Actualmente, el coste medio de la euroviñeta, como se conoce a este peaje, ronda los 15 céntimos de euro por kilómetro recorrido y tiene entre sus principales paganos a España, Italia o Portugal, mientras que en el lado de los que más beneficios obtienen figuran Alemania y Francia. Este último país es paso obligado para los cerca de 240.000 vehículos pesados españoles que deberán pagar el peaje si realizan cualquier servicio con el resto de Europa, excepto Portugal.
Basándose en un precio de 12 céntimos por kilómetro, un estudio elaborado por el Ministerio de Fomento en 2004 cifró en 51 millones de euros el coste del peaje para los transportistas españoles sólo por usar las vías francesas. Con el nuevo aumento la factura podría ascender a 83 millones de euros. Sería una estimación inicial ya que, dependiendo de su destino, los camioneros españoles que pasan por Francia utilizan también carreteras de otros países como Alemania -donde el coste del nuevo peaje ascendería a 30 millones de euros según los datos del mismo estudio de Fomento- o Austria, que cobra hasta 0,25 céntimos por kilómetro.
La norma aprobada el pasado lunes será de aplicación voluntaria. Países como España ya han señalado que no la aplicarán y otros como Francia, Alamania o Austria ya preparan su puesta en marcha, con tarifas disuasorias en horas punta.
«El 85% de los productos que consumimos se mueven por carretera y los peajes se reflejarán en los precios. Es una mala noticia para la competitividad de las empresas, para los consumidores y para la economía española en general», advirtió ayer la Confederación Española de Transporte de Mercancías
Esto es lo que hay, son las perlas de la economía en este país. Para arreglar todo este entuerto, va a hacer falta mágia, y que la escoba de la bruja no falle, porque si no, estamos apañaos.
ResponderEliminar