DAMIÁN VILLEGAS / Toledo
Corresponsal
07/06/2011/ El Mundo
Tal y como habían anunciado el sábado, los siete consejeros del Ejecutivo en funciones de Castilla-La Mancha decidieron ayer suspender definitivamente las reuniones preparatorias del traspaso de Gobierno que venían manteniendo con el PP, en una reunión presidida por su máximo responsable, José María Barreda. También anunciaron que el Gabinete Jurídico de la Junta de Comunidades estudiará las acusaciones vertidas estos días por los dirigentes del PP -quiebra total de la Junta y destrucción de documentos oficiales- por si fueran constitutivas de delito, en cuyo caso pedirían responsabilidades penales.Los dirigentes populares se ratificaron en sus denuncias sobre la destrucción de documentación oficial en dependencias de la Junta de Comunidades y amenazaron con acudir a los tribunales, además de pedir responsabilidades políticas. También acusaron al Gobierno de Barreda de «mentir y ocultar documentación a los ciudadanos de Castilla-La Mancha».
Según señaló el consejero de Presidencia y Administraciones Públicas, Santiago Moreno, «las reuniones del Consejo de Gobierno saliente se celebrarán cuando estén nombrados consejeros del Gobierno entrante» y no antes; es decir, probablemente después de la investidura de María Dolores Cospedal como nueva presidenta.
En este sentido, afirmó que la Junta lleva preparando la información y documentación desde dos días después de las elecciones, y mantendrá, «como no puede ser de otra manera», todos los trabajos preparatorios del traspaso de poderes al nuevo Ejecutivo, proceso que culminará cuando la Junta saliente ponga a disposición de los nuevos consejeros la información requerida.
Esta decisión de los consejeros de Barreda se produce después de que el PP haya asegurado que la Junta está en situación de «quiebra total» y que la actitud obstruccionista de Barreda está poniendo en peligro las nóminas de los funcionarios en los próximos meses, unas declaraciones que para Moreno son «gravísimas» y por ellas ha exigido a los populares una rectificación pública, ya que han generado una alarma «absolutamente injustificada» que podría ser «delictiva».
El consejero saliente explicó que los funcionarios de Castilla-La Mancha tienen sus nóminas aseguradas «para este mes y para los que restan», ya que los 275 millones de euros que éstas suponen al mes quedan cubierta con la transferencia que hace el Gobierno central por la participación de Castilla-La Mancha en los ingresos del Estado, que asciende a 350 millones.
También desmintió la destrucción de documentos oficiales, asegurando que ningún documento público que forma parte de un expediente administrativo «ha sido destruido ni lo será porque sería un delito», y acusó al PP de «grave irresponsabilidad, impropia de quien quiere asumir tareas de Gobierno». «Un mínimo respeto a las instituciones democráticas debería llevarles a no formular acusaciones tan graves, en las que no ha caído este Gobierno», aseveró.
En cuanto a las personas «recolocadas», que el PP cifra en 3.000, Moreno indicó que en Castilla-La Mancha, donde está el Gobierno «más pequeño» de todo el Estado español, han trabajado en total para el Ejecutivo regional 243 personas, de las que 121 son altos cargos y 122 personal eventual.
El secretario de Acción Parlamentaria del PP, Leandro Esteban, exigió ayer de nuevo al Gobierno saliente que cese la saca de papeles y la destrucción de documentos de la Junta de Castilla-La Mancha y comience a dar explicaciones «de manera clara y abierta». «Vamos a actuar con todo rigor y contundencia, sin renunciar a ninguna acción, a ningún tipo de medida que, desde el punto de vista jurídico o político, nos pueda corresponder», advirtió, asegurando que van a estar «muy vigilantes».
Esteban consideró que probablemente Barreda y sus consejeros piensen aún que «viven en una región donde todo les pertenece, todo les es debido y cualquier cosa que se les pida ha de ser poco menos que rogada».
El responsable económico del PP castellano-manchego, Marcial Marín, abundó en lo dicho por Esteban asegurando que están llegando acusaciones por parte de funcionarios y de otras personas sobre la destrucción de documentos, aunque señaló que su partido está contrastando estos datos. Explicó que están recibiendo fotografías de «furgonetas con papel destruido y con bolsas fuera de organismos importantes como la sindicatura de cuentas», algo que, al menos, «deja muy a las claras que no hay mucha transparencia y que se están ocultando muchos datos».
Madrid
07/06/2011
Cáritas denuncia impagos
«Cada vez es más complicado atender a tantas personas sin que los recursos económicos lleguen», según informó la organización religiosa a Efe, que subrayó que la crisis económica deja «en la cuneta» a muchas personas que ya vivían en la más absoluta pobreza y agrava «situaciones dramáticas» de personas y familias en Castilla-La Mancha.
Cáritas afirmó que sigue al lado de todas estas personas, a las que ofrece ayuda, que se acercan cuando «no tienen para comer, para pagar el alquiler, la luz, el agua». Situaciones de «emergencia social», ante las que la organización apuntó que «continúa adelantando dinero que le corresponde a la Administración» y que, de momento, no le ha pagado.
Era de esperar, a la hora de irse, actúan como los saqueadores, se llevan todo lo que pueden, y destruyen lo que no interesa que vean los que vienen. Debe de haber "mierda" comprometedora, que no se sabe, después de tanto tiempo en la poltrona.
ResponderEliminarY si no pagan a cáritas, como van a pagar a los demás???.