El PP quiere magistrados vitalicios en el Tribunal Constitucional

CARMEN REMÍREZ DE GANUZA / Madrid

03/06/2011/ El Mundo

Sáenz de Santamaría asegura que esta reforma se incluirá en el programa electoral

El PP quiere que los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) lo sean con carácter vitalicio. Una fórmula que «funciona, y funciona bien en otros países», según argumentó ayer la número tres del partido, Soraya Sáenz de Santamaría, en alusión a Estados Unidos.

Probablemente, entre los cuadros del partido habrá hoy -haberlos, haylos- secretos partidarios de apostar por la simple defunción del Tribunal. Tal es su convicción sobre la falta de remedio real a la crisis institucional en que ha derivado un órgano más político que jurídico a sus ojos, tras las polémicas sentencias de Bildu y el Estatut o los recurrentes atascos en su renovación: hoy por hoy, tres magistrados están pendientes de relevo por el Congreso desde noviembre pasado, y el Gobierno aún no ha aceptado cubrir la vacante de Roberto García Calvo, fallecido en 2008.

Pero ni las referidas sentencias ni los rifirrafes de la negociación con el PSOE han apartado a la cúpula del PP de la ortodoxa defensa del Tribunal ni de sus reclamaciones de reforma institucional, pese a que éstas no figuran en su actual agenda política.

Centrado en la economía, y particularmente callado sobre esta última renovación pendiente, al equipo de Rajoy no le interesaba librar aún esta batalla política, necesariamente ligada a una reforma constitucional y al difícil envite de un pacto de Estado con el PSOE. En esta legislatura, la única modificación de la Carta Magna propuesta por el PP la lanzó el propio Rajoy para constitucionalizar el déficit cero, tal como hizo la canciller Angela Merkel.

Pero lo cierto es que, a preguntas de la prensa, la portavoz popular hizo ayer esta arriesgada y contundente apuesta por los cargos vitalicios en el TC, que no sólo rescató del programa electoral de 2008, sino que prometió incorporar al de las generales de 2012, generando con ello un auténtico revuelo político y judicial.

Lo hizo durante el coloquio de los Desayunos organizados en Madrid por el Colegio de Registradores de la Propiedad con motivo del 150 aniversario de la Ley Hipotecaria, al que acudieron, entre otros, los dos hermanos de Mariano Rajoy -Enrique y Mercedes-, registradores.

La principal justificación de la dirigente popular para hacer definitivamente inamovibles a los miembros del Tribunal fue, sencillamente, la de garantizar su independencia: «Los nombramientos deben dejar de ser un reflejo tan inmediato de las mayorías parlamentarias de cada momento», dijo, y aún más, deben ser desvinculados de «adscripciones políticas».

Pero, además, Sáenz de Santamaría razonó que con los cargos vitalicios se prestigiaría su función de una manera «incontestable». Un objetivo para el que planteó otra reforma, encaminada a aumentar el número de años de carrera imprescindibles para acceder al cargo, y vincularlo a un puesto de «honor», al cabo de una «carrera jurídica de prestigio».

El anterior programa electoral del PP contemplaba doblar los 15 años de carrera necesarios actualmente, a 30. También proponía otras medidas que no requieren reforma constitucional, y que ayer revalidó la portavoz, como la recuperación del recurso previo de inconstitucionalidad para los estatutos de autonomía, o el acotamiento de los recursos de amparo, en beneficio del Tribunal Supremo. En opinión de Sáenz de Santamaría, el TC debe volver a su función básica de resolver con la mayor urgencia sobre «la constitucionalidad de las leyes». Aunque no lo citó, el mencionado programa popular también proponía reducir los plazos de los recursos hasta el tope de un año.

En cambio, la portavoz aportó una nueva idea, por «recuperar un cuerpo de letrados del Constitucional por oposición», y no de libre designación como ahora, «que dé estabilidad a la institución, además de un cuerpo de doctrina constante».

Pese a que no figuraba en la agenda inmediata del PP, la iniciativa revalidada ayer mereció encendidas críticas por parte de las asociaciones judiciales. El portavoz de Jueces para la Democracia, José Luis Ramírez, la calificó de «oportunista» e impropia de una «política de Estado», por entenderla vinculada a las discrepancias del PP con la sentencia sobre Bildu, según informa Europa Press. Javier Varona, presidente del Foro Judicial Independiente dijo que sería «difícil de encajar» en España.

Marcelino Sexmero, de la Francisco de Vitoria, la rechazó por ser «mimética» del Tribunal Supremo estadounidense. «Un nombramiento vitalicio no solucionaría el desprestigio, que no proviene del órgano sino del modo en que se comportan las fuerzas políticas en los nombramientos», afirmó. La mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura no se pronunció