El Gobierno da por hecho que el Constitucional amparará a Sortu

ÁNGELES ESCRIVÁ / Madrid

06/06/2011/ El Mundo

El Tribunal Constitucional concederá el amparo a Sortu, la formación impulsada por Batasuna cuya inscripción en el registro de partidos fue impedida por el Supremo. A partir de ese momento, los más destacados miembros de la ilegalizada Batasuna podrían presentarse en sus listas en aplicación de la tesis que la institución presidida por el juez Pascual Sala estableció para la coalición Bildu formada por la izquierda abertzale, Eusko Alkartasuna y Alternatiba.

Esta es la información de la que disponía el Gobierno incluso antes de que los abogados de Sortu recurriesen ante el Constitucional, el miércoles, la decisión del Supremo que impidió que esta formación pueda participar en las elecciones municipales. No es el mismo procedimiento, pero sí la misma cuestión de fondo. Mientras con Bildu los tribunales tuvieron que resolver un conflicto electoral con los breves plazos establecidos por la Loreg, Sortu requiere de un planteamiento más prolongado.

Mientras Bildu es una coalición que ha prestado sus listas a Batasuna, Sortu es un partido. Pero ambos representan el instrumento para la permanencia de la izquierda abertzale en las instituciones y los argumentos empleados por el Constitucional con la coalición son los que van a ser aplicados sobre Sortu.

De hecho, los expertos antiterroristas de Policía y Guardia Civil, así como los miembros de la Abogacía del Estado que dieron forma a las impugnaciones sobre las dos marcas ante los altos tribunales, aseguran que, si los documentos en los que se demostraba que Sortu es un instrumento de la ilegalizada Batasuna eran arrolladores, todavía más contundentes fueron las pruebas aportadas contra Bildu ante el Constitucional, y no fueron suficientes para impedir su presencia en los comicios.

El controvertido paso de los dos partidos por el Supremo y el Constitucional ha estado marcado por las sospechas sobre el interés del Gobierno de permitir un cauce de representación institucional por parte de la izquierda abertzale. Los magistrados del Supremo se dividieron por primera vez entre progresistas y conservadores a la hora de aplicar la Ley de Partidos a Sortu. Casualmente, esta escisión de siete contra nueve se produjo después de que representantes del Gobierno se pusieran en contacto con el Alto Tribunal. Su presidente, Carlos Dívar se mostró molesto en los tanteos y advirtió de que no iba a permitir que la institución fuese instrumentalizada.

Sugerencias del Gobierno

Respecto a Bildu, según publicó este periódico, el Gobierno sugirió a algunos miembros del Tribunal Constitucional que una salida al problema planteado por la coalición sería la ilegalización, en parte, de sus listas, en concreto de aquellas -unas 20- en las que la presencia de independientes vinculados a Batasuna era más notoria. El debate se había intentado trasladar antes a la Sala del 61 del Supremo pero dos jueces del sector mayoritario pusieron de manifiesto la contradicción que supondría avalar algunas candidaturas cuando lo que estaba afirmando el Tribunal era que la coalición Bildu está, en sí misma, bajo la dirección y tutela de ETA-Batasuna.

De todas formas, en el caso del Constitucional, el Ejecutivo supo desde el primer momento que la predisposición de los jueces progresistas era favorable a la legalización. Algunos de los magistrados que lo componen hicieron llegar a los miembros del Gobierno, cuando estos lo preguntaron, que para ilegalizar los partidos presentados por la izquierda abertzale iban a requerir la llamada «prueba de la pistola humeante», es decir, un conjunto de evidencias o indicios absolutamente incontestables.

Y tampoco estas evidencias -esta pistola humeante que finalmente se presentó como prueba-, fueron lo suficientemente rotundas para los miembros progresistas del Alto Tribunal. «Nunca volveremos a presentar datos tan contundentes contra un partido» alegaron entonces fuentes próximas a la investigación para hacer llegar su convicción de que la repercusión futura de la decisión del Constitucional era tan importante, se había hecho tal «barbaridad», que, en realidad, el Alto Tribunal había decretado la anulación de facto de la Ley de Partidos.

Semanas antes el Supremo había manifestado sobre Sortu que las pruebas indicaban que «estamos ante una nueva manifestación de enmascaramiento o disfraz del complejo ETA-Batasuna para conseguir su participación en la vida política». Llegó a esta conclusión tras estudiar las pruebas de Policía y Guardia Civil en las que había documentos de ETA en los que propugnaba la «refundación del abertzalismo» y planeaba «crear una nueva referencia institucional»; la asunción que los padrinos del proyecto habían hecho del Proceso Democrático de la banda; las reuniones de Iñigo Iruin, Rafa Díez Usabiaga, Rufi Etxebarria y Joseba Álvarez para levantar la nueva formación; la infraestuctura puesta por Batasuna incluso para el traslado de los firmantes a Madrid, y su resistencia a pedir la disolución de ETA y a condenar a la organización terrorista.

Contra Bildu se puso todo esto encima de la mesa y, además, el documento en el que Batasuna pactó la configuración de las listas con EA, las conversaciones telefónicas en las que los dirigentes de Batasuna reñían a los de EA porque se quejaban de lo poco que estaban recibiendo y les advertían de que todavía estaban recibiendo demasiado o el encuentro entre dirigentes de EA y ETA en la que los primeros daban la razón a la banda y ni siquiera le pedían ni que dejaran de matar ni siquiera una tregua.

Pero el Tribunal Constitucional alegó que no estaban demostrados los vínculos entre Bildu y la organización terrorista y que en esas circunstancias primaba el derecho de participación. Y en ese punto, le dio la vuelta a la actual legislación.

Según las fuentes jurídicas consultadas, una vez se dé vía libre a Sortu para su inscripción en el registro de partidos, la formación podrá inscribir en sus listas a todos aquéllos que no estén incapacitados jurídicamente para engrosarlas. Y esto puede incluir a los dirigentes históricos de Batasuna.

Si el Constitucional concede el amparo a Sortu, será la izquierda abertzale, a partir de ese momento la que decida si integra a Sortu en Bildu, si busca otra opción o si presenta a Sortu para las elecciones generales y autonómicas.