La doctrina Parot

17 de Mayo de 2011 - 10:30:05 - Luis del Pino/ Libertad Digital

Ayer, elpais.com publicaba un globo sonda en forma de noticia, anunciando que el Tribunal Constitucional se inclinaría por aprobar, por seis votos contra cinco, la derogación de la denominada "doctrina Parot".

Esa doctrina, establecida por el Tribunal Supremo en 2006, afecta al cómputo de los beneficios penitenciarios, de tal manera que los asesinos más sanguinarios se ven forzados a cumplir los 30 años de pena máxima que preveía el Código Penal antiguo, o los 40 años previstos en el nuevo Código Penal.

La derogación, ahora, de esa doctrina beneficiaría (como recuerda Voces contra el Terrorismo en su nota de prensa) a más de un centenar de etarras. Además, de rebote, también se beneficiarían diversos delincuentes especialmente crueles, como el asesino de las niñas de Alcásser.

La medida ya había sido anunciada por Francisco José Alcaraz hace muchos meses. Tuvimos la oportunidad de comentarlo en antena en diversas ocasiones en el programa Sin Complejos, dentro de la sección dedicada a la Rebelión Cívica.

Se trata de un paso imprescindible para escenificar los acuerdos con ETA, así que en algún momento de las próximas semanas el Tribunal Constitucional procederá a formalizar esa decisión, que se aplazó a principios de año por temor a las consecuencias electorales.

Lo normal sería que esa nueva cesión a los terroristas se viera precedida por algún gesto de suficiente entidad, que permitiera al Gobierno afirmar que ETA tiene intención de entregar las armas. Pero, hablando en puridad, ni siquiera eso sería necesario: si analizamos objetivamente la situación, la escasa resistencia de los españoles a la legalización de Bildu permite deducir que se puede apretar el acelerador de las concesiones sin temor a una fractura social.

Será el próximo día 22, una vez cerradas las urnas, cuando se decida cómo encarar los flecos pendientes de la "negociación" y, por tanto, cuándo y cómo escenificar la derogación de la doctrina Parot.

A la luz de las encuestas, se prevé que el grado de desafección de los españoles hacia la clase política se materialice en un ascenso del "voto alternativo" hacia partidos no tradicionales. En concreto, ese voto alternativo podría multiplicarse por tres con respecto a las elecciones anteriores. Pero, aún así, se trata de un ascenso perfectamente asumible: los partidos tradicionales seguirían recogiendo más del 90% del voto popular y continuaría existiendo un equilibrio relativamente satisfactorio entre los dos partidos mayoritarios, con lo que no estaría en riesgo la estabilidad del sistema. En consecuencia, pueden darse nuevas vueltas de tuerca a la "negociación" sin excesivos riesgos.

Salvo que las urnas depararan una auténtica sorpresa (es decir, salvo que las encuestas fallaran de forma clamorosa), no parece que exista ningún obstáculo para llevar a término la hoja de ruta antes de las elecciones de 2012.