Empate político en el Constitucional

MARIA PERAL /Madrid/ El Mundo

El sector progresista del Tribunal quiere avocar el asunto al Pleno en caso de igualdad
El Gobierno sugirió a última hora al Supremo que le bastaría una ilegalización parcial

La división que se ha producido en el Tribunal Supremo ante los dos últimos intentos de la izquierda abertzale por estar en los comicios de mayo, primero a través del partido Sortu y luego por medio de la coalición electoral Bildu, puede trasladarse ahora al Tribunal Constitucional (TC).

El TC ya está a la espera del recurso de Bildu contra la decisión del TS de no autorizar ninguna de sus 254 candidaturas, recurso que, por estricto turno de reparto, ha recaído en la Sala Segunda del Constitucional.

De los cuatro magistrados del TC cuyo nombramiento fue propuesto por el PP, tres de ellos están precisamente en la Sala Segunda. La demanda de amparo de Bildu se enfrenta, así, a un desfavorable punto de partida, ya que es muy probable que esos tres magistrados (Ramón Rodríguez Arribas, Francisco Hernando y Francisco Pérez de los Cobos) avalen el criterio del Supremo sobre la existencia de pruebas de que Bildu es «un cauce simulado y fraudulento para soslayar la ilegalización del brazo político de la banda terrorista ETA», como afirma la Sala del 61 en la sentencia que hizo pública pocos minutos antes de las 4.00 horas de la madrugada del lunes. El fallo salió adelante por nueve votos frente a siete, la misma proporción que se dio en el caso de Sortu.

Los otros tres miembros de la Sala Segunda son el vicepresidente del TC, Eugeni Gay, que la preside, y los magistrados Elisa Pérez Vera y Luis Ortega. Los tres fueron propuestos por el PSOE.

Fuentes del tribunal señalaron ayer que, aunque es una cuestión discutida, el presidente de la Sala Segunda tiene voto de calidad. No sin cierta contestación interna, este voto fue utilizado en la Sala por el anterior vicepresidente del TC, Guillermo Jiménez, al menos en dos ocasiones: para amparar al empresario Francisco Hernando, El Pocero, y en un asunto laboral.

No obstante, el sector progresista del TC considera que la demanda de Bildu, por su trascendencia, no debería ser resuelta con voto de calidad, por lo que aboga por su elevación al Pleno del Tribunal. Éste sería un escenario más propicio para Bildu, dado que la relación de fuerzas es de siete magistrados designados por el PSOE frente a cuatro del PP. En todo caso, la avocación al Pleno debe ser acordada en el seno de la Sala Segunda, que tendrá que valorar la situación con rapidez, porque el fallo del Constitucional sobre las listas de Bildu tiene que ser dictado antes de que comience la campaña electoral, a las 0.00 horas del próximo día 5 de mayo.

Si la coalición independentista Bildu agota el tiempo de que dispone para recurrir, el TC tendrá sólo 24 horas para pronunciarse sobre sus listas, un día menos respecto a los plazos que marca el calendario electoral. El acuerdo del Supremo de conceder a la coalición 24 horas más para completar sus alegaciones ha conducido a que la Sala del 61 haya notificado su sentencia en la madrugada del lunes, en lugar de hacerlo antes de la medianoche del domingo, que era cuando le correspondía. El presidente del Supremo, Carlos Dívar, habló con el presidente del TC, Pascual Sala, para explicarle los motivos de la ampliación del plazo, debida a que Bildu esgrimió indefensión por falta de tiempo para estudiar y reunir pruebas contra las demandas.

Sea el Pleno del TC o sea la Sala Segunda la que resuelva, el PP está convencido de que «el Constitucional va a intentar hacer con Bildu lo que quiera el Gobierno», dijeron fuentes del primer partido de la oposición.

Precisamente, el Gobierno hizo llegar a última hora a varios magistrados de la Sala del 61 del Supremo el mensaje de que veía con buenos ojos una estimación sólo parcial de las demandas de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía, de manera que las listas menos «contaminadas»-esto es, en las que fuera menor la presencia de personas vinculadas a la ilegalizada Batasuna- pudieran concurrir a las elecciones del día 22.

Desde el Ejecutivo se transmitió al Supremo que sería positiva una solución que permitiera superar la división que se puso de manifiesto en el proceso sobre Sortu para alcanzar, esta vez, un fallo prácticamente unánime, gracias a la fórmula salomónica de dar salida a algunas listas de la coalición impugnada.

Sería una situación similar a la que, en 2007, se produjo con las listas de ANV, que fueron anuladas en parte porque sólo algunas de ellas fueron recurridas. En aquella ocasión, la decisión del Gobierno de impugnar unas listas no y otras sí fue criticada no sólo por el PP, sino también por el propio Supremo, que dio a entender que habría vetado más candidaturas si hubieran sido impugnadas.

«Rama política de ETA»

El Supremo resolvió la madrugada del lunes al margen de las sugerencias del Gobierno. La sentencia afirma que EA y Alternatiba, integrantes formales de Bildu, «han consentido la ocupación por Batasuna (no se olvide, rama política de ETA) de la mayor parte de las candidaturas electorales». Ello ha determinado la anulación de unas listas copadas abrumadoramente por candidatos «con la sedicente condición de independientes, pero realmente meros testaferros de ETA».

La Sala del 61 reconoce que la anulación se proyecta sobre la actividad de dos partidos legales, pero afirma que esto «no es más que consecuencia de los propios actos y decisiones» de EA y Alternatiba.

Los seis magistrados que se mostraron partidarios de que Bildu concurra a las elecciones basaron su posición en que «no es ETA quien ha impuesto su diseño», sino que es la izquierda abertzale «la que, a través de un proceso de maduración política y de discusión interna, ha llegado a dar un giro copernicano desde su tradicional actitud subordinada a ETA hacia un rechazo absoluto y sin ambages de la violencia». «Eso ha permitido el pacto con EA y con Alternatiba», concluyen estos magistrados.

José Manuel Sieira, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, defendió la posibilidad de vetar sólo las listas en las que «la instrumentalización de las candidaturas puede estimarse acreditada por no existir presencia de candidatos de EA y Alternatiba o que la presencia de éstos es puramente testimonial», dice en su voto discrepante.
ÁNGELES ESCRIVÁ / Madrid

Rubalcaba, «satisfecho» con el Supremo

Califica de «correcta e interesante» la conversación con Urkullu previa a la ruptura

«Ese lenguaje no lo reconozco, el Supremo es el Supremo y el Constitucional es el Constitucional; y hacer cábalas no es parte del trabajo del Gobierno», señaló ayer el vicepresidente Rubalcaba. Se le acababa de pedir un vaticinio sobre el destino jurídico final de Bildu basándose en la composición de jueces conservadores y progresistas del Tribunal Constitucional pero Rubalcaba esquivó establecer una causa efecto. Aseguró que su pretensión era la de no presionar más al alto tribunal. Asi, rehusó emplear el mismo camino público que el lehendakari o la totalidad de los partidos vascos excepto el PP y, blandiendo este socorrido parapeto, ni siquiera quiso añalizar si una eventual ilegalización de Bildu tendría algún tipo de efecto en la reacción a corto o medio plazo de la izquierda abertzale y de ETA.

«En esta materia hay que ser especialmente prudente», ya que «son los jueces los que deciden y hay que respetarlo; no valen las presiones, ni las más burdas ni las más sutiles, que las hay», concluyó.

El ministro y vicepresidente debió pensar que influía menos valorando la sentencia del Tribunal Supremo -algunos de sus compañeros habían sido criticados por no mostrar la misma euforia por la decisión del Supremo que los portavoces del PP- y precisó que la postura del Gobierno es la de «acatamiento, respeto y satisfacción porque los tribunales hayan dado la razón a los argumentos aportados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado».

Rubalcaba reconoció haber hablado con el presidente del PNV Íñigo Urkullu mientras el Supremo tomaba una decisión. No dio más explicaciones sobre su conversación con el líder nacionalista pero aseguró que la conversación que después se reveló como previa a la ruptura, había sido «correcta e interesante». «Hablé con él porque nos habíamos hablado a través de los medios. Siempre merece una reflexión», concluyó. Precisó que también había conversado con el responsable del PP, Federico Trillo. Tampoco precisó más.

Se le preguntó al ministro por la aparente contradicción de ilegalizar unas listas que EA quiso presentar como suyas y no ilegalizar al partido que ha intentado, presuntamente, defraudar al Estado convirtiéndose en un testaferro de Batasuna. Rubalcaba explicó que la LOREG -cuya reforma fue pactada por el PSOE y el PP- admite esta posibilidad que ya se dio con ANV, cuando el partido no fue ilegalizado, pero una parte de las listas sí.

Obviando que en aquel momento el Gobierno impugnó sólo parcialmente esas planchas porque estaba negociando con ETA tras el atentado contra la T-4 de Barajas, Rubalcaba aseguró que, si entonces no se pidió la ilegalización del partido ANV, fue porque ese proceso es mucho más prolongado que el de las listas.MIGUEL M. ARIZTEGI / Bilbao

El PSC pide al TC que deje participar a Bildu

Socialistas vascos y catalanes cuestionan la posición del PSOE

Socialistas vascos y catalanes expresaron ayer abiertamente su discrepancia con el criterio del Tribunal Supremo que impide a la coalición Bildu concurrir a las elecciones del 22-M. El PSC se desmarcó ayer del PSOE pidiendo sin ambages que se deje participar a la coalición abertzale. El punto de vista catalán lo expresó el alcalde de Reus (Tarragona) y miembro de la Comisión Ejecutiva de los socialistas catalanes, Lluís Miquel Pérez, quien en rueda de prensa indicó que «es difícilmente asumible» la decisión del Supremo.

El posicionamiento del PSC choca con el que efectuó el responsable de Política Municipal y Autonómica del PSOE, Antonio Hernando, y el vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. «Teníamos esperanzas porque en Bildu hay partidos que han demostrado su talante democrático», indicó el alcalde en referencia a EA y a Alternatiba.

Pérez expresó su confianza en que el Tribunal Constitucional (TC) sí permita a Bildu presentarse. Si el Alto Tribunal lo impide, el siguiente paso de quienes se consideren perjudicados sería acudir al Tribunal de Estrasburgo, pero en esta circunstancia, la decisión judicial llegaría tras los comicios.

En cuanto a la polémica por el anuncio de que no participarán dirigentes del PSOE en la campaña catalana, Pérez lo justificó alegando que el PSC quiere centrar el debate en cuestiones estrictamente locales. El dirigente socialista catalán tuvo buen cuidado en destacar la plena sintonía que hay, en todo caso, entre PSC y PSOE. «Discrepancia no puede haber ninguna, formamos parte de la misma familia», manifestó.

Es una familia con opiniones diversas porque no sólo los catalanes expresaron su apoyo a la concurrencia de Bildu a las elecciones. Los socialistas vascos tomaron una postura similar a la de sus colegas catalanes. Una de las voces que más alto y claro expresaron la discrepancia con la sentencia en el seno del PSE fue la del alcalde de San Sebastián, Odón Elorza, quien dijo estar «profundamente insatisfecho» y no compartir «en absoluto» el fallo del Tribunal Supremo que impide a Bildu participar en las próximas elecciones municipales y forales. Aunque el regidor donostiarra dijo que respeta el fallo, lamentó que «no se quiera dar una oportunidad para que pueda realmente avanzar un camino hacia la paz».

Elorza advirtió, además, de que su discrepancia no es exclusiva, ya que «hay muchísimas personas que piensan del mismo modo dentro del PSE, muchísimas, y espero que no haya por ello motivo de escándalo».

Una de esas voces fue la del diputado Txiki Benegas, que en una tertulia radiofónica hizo hincapié en la «contradicción» que implica la decisión de ilegalizar todas las listas de Bildu, ya que en parte están formadas por «dos partidos de intachable trayectoria democrática».

La posición oficial de los socialistas vascos, expresada por su portavoz, José Antonio Pastor, resultó mucho más comedida.

La dirección del PSE considera que, sea cual sea, la decisión que adopte el jueves el Tribunal Constitucional, no afecta a la «credibilidad» de las elecciones municipales y forales del 22 de mayo, ni cuestionan su «legalidad» ni «legitimidad».

Pastor recordó, además, que la independencia del Poder Judicial forma parte del Estado de Derecho que el PSE «siempre ha defendido», por lo que pidió «respeto» a las decisiones.

En la misma línea que la posición oficial del PSE, el lehendakari, Patxi López, pidió a los partidos e instituciones que no traten de interferir en la decisión del Tribunal Constitucional. Destacó la «enorme trascendencia» de la decisión adoptada por el Supremo, «que no se puede encarar desde prejuicios y apriorismos».

Satisfacción «agridulce» de las víctimas

>AVT. La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza, se felicitó ayer por la decisión del Supremo y mostró su confianza en que «no se empañe» en el Constitucional y «los amigos de los asesinos» no concurran a las elecciones. «Ha valido la pena el esfuerzo de las víctimas por salir a la calle, por protestar y por reclamar que ETA-Batasuna no estuviera en las elecciones», manifestó.

>VCT. El presidente de Voces contra el Terrorismo, Francisco José Alcaraz, advirtió de que la falta de unanimidad de los jueces deja un «sabor agridulce» y «preocupación» ante el recurso en el Constitucional.

>Dignidad y Justicia. Su presidente, Daniel Portero, también expresó «tristeza» por que «no haya habido unanimidad» y pidió al TC que «escuche a la ciudadanía y a las víctimas».

Los críticos con el Supremo

>IU. Para Gaspar Llamazares, la decisión del TS es una actuación «de un estado de derechas, no de un Estado de Derecho», y «cualquier fuerza política que rechace la violencia debe tener la oportunidad de presentarse».

>ERC. Para Joan Ridao, es propio de un «régimen autoritario y antidemocrático» y «un mensaje nefasto para los sectores más moderados de la izquierda 'abertzale'».

>ICV-IU. Dolors Camats lo tildó de «decisión política» y de «uno de los hechos más graves» en un Estado de Derecho .JAVIER G. NEGRE / Bilbao

El PNV pone a Zapatero contra las cuerdas

Rompe su apoyo al Gobierno y se reunirá con el presidente antes de que falle el TC

El PNV aumentó ayer su presión al Gobierno. Tras manifestar su «absoluto rechazo» a la decisión «política», en palabras de su presidente, Iñigo Urkullu, de ilegalizar Bildu, confirmó además lo que avanzó la pasada semana: que deja «en suspenso» su apoyo al Gobierno en «sus nuevas iniciativas».

Urkullu se reunirá en breve, probablemente antes de que el Tribunal Constitucional adopte su resolución, con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, con el que ya se ha cerrado la cita, según adelantó anoche el máximo responsable de la Ejecutiva guipuzcoana del partido nacionalista, Joseba Egibar.

En una entrevista en ETB 2, Egibar explicó que lo único que van a pedirle a Zapatero en ese encuentro es que rompa su silencio y no se ampare tras la pantalla de la Justicia o de Alfredo Pérez Rubalcaba.

La intención es que el presidente del Gobierno mantenga el mismo análisis que fue una de las bases para que el PNV apoyará su estabilidad, un diagnóstico sobre la necesidad de dar un impulso político a la izquierda abertzale. Para los jeltzales, si Zapatero se reafirma ahora en ese análisis que compartió con Urkullu, no importará que el TC decida corroborar la decisión del Supremo, puesto que será una decisión judicial y no suya, como ahora parece.

Ya lo dijo ayer el propio Urkullu al anunciar la decisión del PNV de dejar en suspenso su apoyo al Ejecutivo central: la decisión del Tribunal Supremo está fundamentada en «la tesis» promocionada y auspiciada por el Ejecutivo de Zapatero de vincular claramente a la alianza nacionalista con la marca ETA-Batasuna.

«Ha sido el Gobierno español el que ha tomado la decisión de impugnar todas las listas presentadas. Han sido ellos los que han retomado la teoría de que 'todo es ETA'», esgrimió Urkullu, subrayando «el rechazo absoluto» de su formación a «la ilegalización política» de Bildu. Un partido, según el PNV, integrado por «personas que han rechazado expresamente la violencia de ETA» y que ha sido víctima de «una estrategia tramposa que busca sólo el beneficio electoral a corto plazo del pacto PSOE-PP para Euskadi».

Desde el Ejecutivo se mostraron «prudentes» a la hora de calibrar la afrenta lanzada desde las altas esferas peneuvistas. Así se expresaron a Efe fuentes cercanas al Gobierno, que acogió con cautela las palabras de Urkullu, «a la espera» de las explicaciones pertinentes.

Sea como fuere, los jeltzales no saldrán a la calle para apoyar a Bildu. «De ninguna manera secundaremos las protestas sociales que se convoquen por la ilegalización», precisaron desde el PNV. Una decisión tomada con independencia de la reunión que mantendrán mañana los jeltzales con los integrantes de la entente formada por EA, Alternatiba y miembros independientes de la izquierda abertzale en su ronda de negociaciones con el resto de formaciones nacionalistas.

Según precisó Egibar, en caso de que la sentencia del TC sea negativa para Bildu, el PNV no tendrá ningún reparo en gobernar los ayuntamientos donde logre la victoria el 22-M y en los que hasta ahora ganaba la izquierda abertzale. De hecho, «pase lo que pase, no pedirán la suspensión de los comicios», aunque sí apoyarán la causa de Bildu en los tribunales.

Así, plantearán trasladar la impugnación, «ante las máximas instancias institucionales, políticas judiciales europeas», apoyando la intención de Bildu de acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, en el caso de que el órgano constitucional no permita la presencia de la coalición ilegalizada en las próximas elecciones. Sin embargo, fuentes cercanas al PNV aclararon que este apoyo será «indirecto», pues «sólo» se pueden personar en la causa los integrantes de Bildu.

OORBYT.es

>Vea hoy en EL MUNDO en Orbyt el análisis de Montse Ramírez.PAQUI SÁNCHEZ / Melilla
Corresponsal

Rajoy cree «justa y necesaria» la ilegalización

El líder del PP se muestra confiado en que el Constitucional «confirme» la decisión

La decisión del Tribunal Supremo de anular las listas de la coalición Bildu a las elecciones municipales del 22 de mayo ha sido muy bien recibida en las filas del Partido Popular. Su presidente, Mariano Rajoy, reconoció ayer que en su partido estaban «muy satisfechos y muy contentos» tras conocer la sentencia que, previsiblemente, dejará a la izquierda abertzale fuera de los consistorios vascos. Un sentimiento de alegría que, según dijo, comparte «la inmensa mayoría de los demócratas españoles».

Rajoy, amparado por el atril del PP durante el mitin que ofreció ayer al mediodía en Melilla, enfatizó que se trata de una noticia «muy importante» porque, con su sentencia, el Tribunal Supremo ha reconocido que Bildu «es una marca de ETA que no se puede presentar a las elecciones». En su opinión, se trata de «una decisión justa y necesaria», pues «aplica una Ley aprobada por la inmensa mayoría de los españoles», que reafirma que, «en España, el Estado de Derecho y el sometimiento de todos los ciudadanos a la Ley es un derecho objetivo». Por esta misma razón, el presidente del PP confió en que el Tribunal Constitucional «confirme» en los próximos días la decisión del Supremo toda vez que los representantes de Bildu ya han anunciado que presentarán un recurso de amparo. «Ojalá se confirme», deseó ante más de medio millar de afiliados y simpatizantes populares en la ciudad autónoma.

En opinión del líder de la oposición, impedir que Bildu participe en las elecciones municipales y cerrarle las puertas de los ayuntamientos del País Vasco en la próxima legislatura también supone una manera de avanzar en el objetivo de poner fin a ETA. De acuerdo con sus palabras, la resolución del Tribunal Supremo es «un paso muy importante en la lucha contra el terrorismo», una lacra que, afirmó convencido, tendrá su final a corto plazo.

«Los ciudadanos quieren algo tan obvio como la libertad, los derechos humanos, que se les deje en paz y que nadie se erija como juez de la vida ni de los derechos de nadie», resumió Mariano Rajoy en alusión directa al terrorismo en todas sus vertientes: tanto el internacional, vinculado principalmente al islamismo radical de Al Qaeda, como el que el que ha sufrido de manos de ETA desde hace más de medio siglo.

El presidente del PP recordó que la batalla para poner fin al terrorismo «no es fácil y será larga»; y, a pesar del duro reto, aseguró que la batalla «se va a ganar porque las causas que son justas ganan siempre, y no hay nada más justo que la vida, la libertad de pensar de una u otra forma por parte de la gente y sus derechos individuales».