Rubalcaba enseña sus cartas en el 'caso Faisán'

El Mundo

Arropa al jefe de la Policía que trata de tirar por tierra la investigación sobre el chivatazo a ETA
El PP le acusa de ordenar el «contrainforme» para sembrar «cizaña» entre policías y eludir culpas

No tardó mucho en fijar posición. Y con quién se iba a situar mejor que con aquél que, con apenas dos folios, trata de tumbar una investigación policial en la que se ponen nombres y apellidos a los presuntos autores del chivatazo policial a ETA en pleno proceso de negociación del Gobierno con la banda.

El vicepresidente y ministro del Interior defendió ayer, desde la portavocía del Gobierno, en La Moncloa y tras la reunión del Consejo de Ministros, la «profesionalidad» de Fernández Chico. El número dos de la Policía remitió un texto de dos folios al juez Ruz en el que trata de desacreditar las investigaciones del equipo dirigido por el comisario Carlos Germán. En el Informe Final de éste se apunta que el chivatazo fue perpetrado por el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, siguiendo órdenes del ex director de la Policía Víctor García Hidalgo y con la colaboración del inspector de Vitoria José María Ballesteros. Fernández Chico envió su contrainforme de dos folios sin haber sido requerido para ello por el juez.

En sus diversas investigaciones, durante casi cinco años, los policías fueron aportando indicios y posteriormente pruebas sobre la presunta implicación de los ahora imputados, que fueron valoradas por el juez, el fiscal y las acusaciones. Tal es así, que el propio fiscal, que inicialmente pedía el archivo de la causa, recondujo su decisión, acabó acusando a Pamiés, García Hidalgo y Ballesteros, y pidiendo medidas cautelares para éste último tras comprobar que aparecía en el bar Faisán en los momentos anteriores y posteriores al chivatazo.

Sin embargo, Fernández Chico trató de desacreditar estas indagaciones en dos folios, con siete puntos que no aportan datos pero intentan rebatir los de sus investigadores. Era el primer informe remitido por el director adjunto operativo (DAO) al juez. Rubalcaba trató ayer de apuntalar las denuncias de este comisario de su confianza, que dirige la Policía desde que el PSOE llegó al poder.

Al vicepresidente se le preguntó, al término del Consejo de Ministros, si el informe remitido por el DAO al juez instructor, en el que desautoriza al equipo de policías que él mismo dirigía y avala las tesis de las defensas, recoge sólo la opinión de su autor o es la opinión del propio Ministerio del Interior. «Es una posición del DAO, que es un profesional como la copa de un pino. Pueden preguntar en la Policía», se limitó a decir Rubalcaba.

Y en la Policía, depende a quien se pregunte. De él dicen desde que es un policía afín a Rubalcaba hasta que es un comisario muy vinculado a Ferraz pasando por que es un funcionario muy trabajador. No hay una opinión unánime. Pero los sindicatos de Policía le han señalado, junto al director Velázquez y al ministro Rubalcaba, como uno de los máximos responsables de los males que ellos han detectado en este Cuerpo durante la actual legislatura, sobre todo en la designación de cargos a dedo.

La actitud del DAO y de Rubalcaba se sustenta principalmente en el hecho de que el equipo investigador haya concluido que el móvil del chivatazo tenga una «naturaleza política» en el marco del «proceso de negociación» del Gobierno con los terroristas. Tesis sostenida en las actas de ETA y corroborada incluso en las declaraciones de los propios negociadores del Ejecutivo.

Desde las filas populares no se tardó en responder a lo que interpretan que es una maniobra desesperada del Gobierno para tapar el chivatazo. El portavoz del PP en la Comisión de Interior del Congreso, Ignacio Cosidó, acusó a Rubalcaba de haber ordenado la remisión al juez que instruye el sumario de este «contrainforme» con el que pretende sembrar «cizaña» entre policías y eludir su responsabilidad política en este asunto.

El diputado popular mostró su más «absoluta extrañeza» por el envío de esos dos folios, ya que considera «inaudito» que el máximo mando policial haya «interferido» en una investigación judicial, poniendo en cuestión el trabajo desarrollado por sus propios subordinados.

Para Cosidó, esta anomalía sólo puede explicarse por una orden de Rubalcaba a su mando policial de mayor confianza política «para intentar paralizar e interferir en la resolución de un escándalo del que el propio Rubalcaba es el máximo responsable político».

«La negativa a asumir su responsabilidad en este caso no sólo puede hacer que al final sean policías los únicos que paguen por los errores de los políticos, sino que se dañe la imagen de un Cuerpo que mantiene una lucha heroica contra ETA por la que ha pagado un enorme tributo de sangre» concluyó el popular.

Madrid

El juez Ruz interrogará de nuevo a Elosua

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha citado a declarar como testigo el próximo 26 de abril al dueño del bar Faisán, Joseba Elosua, para preguntarle si reconoce al inspector José María Ballesteros como la persona que le alertó el 4 de mayo de 2006 de la existencia de una operación contra el aparato de extorsión de ETA, según informaron fuentes jurídicas citadas por Europa Press.

Elosua, que declarará por segunda vez en esta causa como testigo, será preguntado por la identidad de la persona que le dio el chivatazo después de que Ballesteros, imputado en la causa, reconociera el pasado 10 de marzo en sede judicial que aparecía en tres momentos distintos en la grabación que el equipo investigador realizó frente al establecimiento.

El magistrado también ha citado a declarar ese mismo día al hijo del dueño del Faisán, José Ignacio Elosua, que se encontraba en el bar cuando se produjo la delación y, supuestamente, presenció los hechos.

De igual modo, ha convocado para el día 28 al jefe del equipo de investigación, Carlos Germán, y a los otros cuatro miembros de su equipo para que ratifiquen su Informe Final de Conclusiones, en el que aseguran que el chivatazo tuvo «un móvil político» y que se produjo «en el marco del proceso de negociación» con ETA.

Tras su primera declaración judicial, que se produjo en junio de 2006, el dueño del Faisán no identificó a Ballesteros en la rueda de reconocimiento como la persona que le pasó la llamada del chivatazo. Este dato fue uno de los que el director adjunto operativo de la Policía incluyó en los dos folios entregados al juez en los que arremete contra el trabajo del equipo investigador. Miguel Ángel Fernández Chico critica que Carlos Germán omitiera en su informe el resultado de esa diligencia.

Por su parte, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Unión Federal de Policía (UFP) están elaborando un documento sobre el 'caso Faisán', en el que aseguran que se facilitará el nombre de la persona que consideran es la responsable del chivatazo. Alfredo Perdiguero, portavoz de la UFP, explicó a Servimedia que este informe, que darán a conocer en unas semanas, empezará por «dejar claro» que el autor del soplo no fue Ballesteros. Perdiguero señaló que en su trabajo también se incidirá en que el comisario Carlos Germán era también el encargado de la cadena de custodia de las imágenes del bar Faisán que se grabaron el día del soplo.

Por su parte, la Unión de Oficiales de la Guardia Civil pidió ayer que el Instituto Armado se sume a la investigación para garantizar la «independencia» en el esclarecimiento del chivatazo.