08:29 (24-04-2011) | La Gaceta
El Ministerio Público ve delito en las obras del Museo Pablo Serrano que adjudicó Eva Almunia. El Tribunal de Cuentas prosigue con el proceso contable. El Ejecutivo regional podría haber incurrido en prevaricación en otras 12 adjudicaciones.
M. L. Alonso. Madrid
Este diario adelantó hace tres meses que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, dependiente del Ministerio Público, había abierto diligencias previas contra el Gobierno de Aragón que todavía preside Marcelino Iglesias por la concesión del proyecto de las obras de remodelación del Museo Pablo Serrano que el Ejecutivo regional realizó “sin justificación ni publicidad”, según desveló un informe del órgano fiscalizador.
La responsable de aquella adjudicación era la entonces consejera de Educación regional Eva Almunia, hoy candidata a la presidencia de la comunidad por el PSOE. Basándose en el último informe del Tribunal de Cuentas, su fiscal inició el procedimiento judicial para dirimir las responsabilidades contables y fuentes conocedoras del asunto, garantizaron a este diario que darían traslado del caso a la Fiscalía provincial de Zaragoza para que iniciara la investigación y determinara si, como también argumentaba la Abogacía del Estado, existían indicios de delito. Y así lo hizo. Ahora, los representantes del Ministerio Público argumentan, según fuentes cercanas, que el Ejecutivo aragonés podría haberse saltado la ley en, al menos, 13 contratos entre 2004 y 2005.
Esas mismas fuentes explican que el fiscal provincial ha decidido abrir diligencias previas al considerar que en la mitad de los contratos calificados de irregulares por el órgano fiscalizador, el Gobierno del número tres del PSOE, Marcelino Iglesias, podría haber incurrido en un delito de prevaricación lo que supondría que casi 500 millones de euros adjudicados por el Ejecutivo regional podrían haber sido gestionados de forma fraudulenta.
Pero las dudas sobre las adjudicaciones realizadas por Almunia e Iglesias en 2004 y 2005 no se quedan ahí. Fuentes cercanas al PSOE admiten que la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Zaragoza mantiene todavía dudas respecto a otro de los contratos y por ello las últimas semanas habría solicitado más documentación al Gobierno regional.
Y mientras la vía penal prosigue su andadura y pone en jaque a la candidata socialista Eva Almunia, el Tribunal de Cuentas continúa con sus pesquisas. La Fiscalía dependiente de este órgano continúa en la fase de diligencias previas, tras la cual se dirimirán las posibles responsabilidades contables del caso que tiene como máximo exponente las obras del Museo Pablo Serrano.
Las investigaciones, que se iniciaron a finales de 2010, han destapado que los contratos presuntamente ilegales se daban de forma general en toda la estructura del Gobierno y afectan a siete consejerías. Por el momento, esas averiguaciones no han dado lugar a ninguna imputación y el problema, según fuentes conocedoras del caso, es que ese delito de prevaricación podría terminar por prescribir si no se acelera el proceso judicial.
Las pruebas que servirían para imputar a la candidata socialista y consejera de la Presidencia de Aragón se sustentan, por el momento, en el referido informe del Tribunal de Cuentas. En él, como ya contó LA GACETA, el órgano fiscalizador exponía que varios contratos otorgados por la entonces consejera de Educación no se ajustaron al procedimiento legal al optar por la contratación directa, “no se acreditó fehacientemente que los adjudicatarios de los servicios fueran los únicos capaces de realizar las prestaciones”, sentenció el Tribunal, que también advertía de que Almunia visó una factura de más de 23.000 euros a la empresa contratada para el proyecto del Pablo Serrano que no debió ser abonada.
Las actuaciones de la Fiscalía zaragozana ponen en el punto de mira a Almunia a tan sólo un mes de las autonómicas, en las que disputará la presidencia de Aragón a la candidata popular Luisa Fernanda Rudi. Estos comicios serán los primeros para Almunia como candidata después de una designación no exenta de polémica por parte de Marcelino Iglesias. En torno a un centenar de socialistas aragoneses intentaron sin éxito la celebración de unas primarias, pero el candidato alternativo a la ex secretaria de Estado de Educación, César Ciriano, estaba expedientado por Ferraz por haber destapado las supuestas irregularidades cometidas por el marido de la candidata cuando era consejero autonómico.
Pues caña, que ya estamos hasta el bigote de tanto presunto mangante y manganta.
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