La juez de los ERE le da 48 horas a Griñán para que informe

S. TORRES / M. RIONEGRO
A. SALVADOR / Sevilla / El Mundo

Censura la «falta de colaboración» de la Junta y le urge a remitirle documentación

La jueza que instruye el caso de los ERE y las falsas prejubilaciones, Mercedes Alaya, ha desmontado en un contundente auto la versión del Gobierno andaluz de que coopera con la Justicia «desde el minuto uno» y ha acusado a la Junta de «falta de colaboración». La magistrada, de hecho, le da «48 horas» para que aporte de una vez documentos que aún no ha entregado a pesar de «que le han sido requeridos» y que, según la juez, son «absolutamente necesarios» para la investigación.

No sólo lo sufre la Justicia. El PP, principal partido de la oposición, presentó 120 preguntas escritas sobre los ERE el 14 de febrero, a fin de conocer información clave, y sólo ha recibido respuesta a tres de ellas. Frente a ello, la Junta de Andalucía seguía enarbolando ayer la bandera de la «transparencia».

El Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla ha emitido tres autos en las dos últimas semanas sobre el caso de los ERE. En un primer escrito, la juez Mercedes Alaya unifica en una sola causa la investigación de los ERE, que inicialmente había separado en dos piezas: Mercasevilla por un lado y el resto, por otro. A la vista de la investigación, la juez entiende que ambos entrarían en «la presunta existencia de una trama que tendría por objeto la utilización fraudulenta de expedientes de regulación de empleo» para prejubilar a falsos trabajadores con fondos públicos «y con el indiciario conocimiento de la autoridad laboral». Por ello, considera que debe existir «un solo proceso» de los ERE, sin distinguir entre Mercasevilla y los demás.

En este primer auto del 11 de marzo, la juez Alaya deja constancia de la recepción de un acta notarial «de depósito» realizado por Rafael Rosendo, el ex alcalde socialista de El Pedroso incluido de manera fraudulenta en el ERE de Cydeplast, empresa en la que nunca trabajó. De ello se deduce que Rosendo habría devuelto el dinero cobrado indebidamente.

El segundo de los autos de la juez Alaya, fechado el 21 de marzo, admite parcialmente la querella del sindicato Manos Limpias y su personación como acusación popular.

El 21 de marzo está fechado también el tercero de los autos, en el que la magistrada censura de manera contundente la actitud del Gobierno andaluz. «Se puede entender cierta falta de colaboración por parte de la Junta de Andalucía a la hora de dar cumplimiento al mandato de este juzgado para que haga entrega de los documentos que le han sido requeridos, los cuales se estiman absolutamente necesarios para proseguir con la investigación», dice la juez.

Alaya se detiene en los informes de la Intervención que advirtieron «año tras año» de la arbitrariedad en el gasto del dinero de la partida 31.L, que el ex director general de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero definió como fondo de reptiles.

Al saltar el escándalo, la hoy consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo -viceconsejera con Griñán-, salió en defensa pública del «jefe» (así le llama) asegurando que fue ella la que recibió los informes y que ni se detuvo a leerlos ni se los trasladó al consejero Griñán.

La magistrada considera que «en los informes de cumplimiento se ponía de manifiesto (...) la existencia de circunstancias que, por su importancia, podían ocasionar un importante menoscabo de fondos públicos» -en contra de lo defendido públicamente por Aguayo y Griñán-, por lo que la Intervención debió emitir un informe ordenando medidas correctoras.

72 intrusos y un fraude de 9 millones

La investigación interna llevada a cabo por funcionarios de la Consejería de Empleo ha cifrado finalmente en 72 el número de intrusos en ERE financiados por la Junta. El fraude asciende a unos nueve millones de euros. El resultado final lo avanzó ayer el titular de Empleo, Manuel Recio, no en el Parlamento ni en una comparecencia de prensa, sino en Facebook. Tras revisar las pólizas de 5.982 trabajadores prejubilados en 68 ERE, la investigación ha constatado 183 casos irregulares. De éstos, 72 son beneficiarios que nunca trabajaron en la empresa por la que están cobrando un seguro de rentas, mientras que en 111 se han encontrado «discordancias administrativas».