Continúan saliendo datos del levantamiento de parte del sumario del caso Faisán.
El Ministerio del Interior no aportó a la causa del chivatazo a la red de extorsión de ETA sus actas de negociación con la banda criminal porque, según han señalado fuentes jurídicas a Libertad Digital, el Ejecutivo alegó que esos documentos no existían ya que emisores no tomaron notas por escrito de los encuentros con los terroristas. Por este motivo, el Gobierno dijo no podía entregarle al magistrado del Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz.
En el auto hecho público este martes donde se alza parte del secreto del sumario, el juez señalaba que había solicitado los datos del encuentro que tuvo lugar el 22 de junio de 2006 entre ETA y los tres emisario del Gobierno porque "su realidad, alcance y significado" es "preciso aclararlo y valorarlo" ya que "se considera pertinente, necesario, útil y posible para los fines de la presente investigación en aras al completo esclarecimiento de los hechos investigados".
Dicha reunión se produjo dos días después de que la Policía detuviera a trece miembros de la red de extorsión de la banda criminal; los mismos etarras que no pudieron ser arrestados un mes y medio antes porque se frustró la operación en torno al establecimiento de Joseba Elosúa.
Para profundizar en esta línea de investigación, Ruz acordó la práctica de diversas diligencias enviadas a la Secretaría de Estado de Seguridad y a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno. En concreto, el magistrado preguntó si constaban en el Ministerio del Interior antecedentes o documentación relativos a la citada reunión, quiénes estuvieron presentes, si el Ejecutivo conservaba el acta o resumen alguno de dicho encuentro por parte del Gobierno, que facilitara la identidad de sus emisarios, informando al mismo tiempo de las responsabilidades públicas que hubieran tenido en el pasado.
Según publicó El Mundo, los encuentros entre delegaciones del Gobierno español y ETA se celebraban bajo la atenta mirada de un 'observador imparcial' del centro de mediadores suizo Henry Dunant para el Diálogo Humanitario, encargado de redactar las actas oficiales de cada reunión, en las que se incluían punto por punto todos los temas tratados en el encuentro, los participantes en el mismo y que incluían la firma de todos los presentes.
Concluido cada encuentro, los mediadores del centro llevaban las actas hasta un lugar seguro, sin facilitar copia de las mismas a los participantes. Las actas estarían guardadas bajo llave, "en rigurosa y sofisticada custodia", en una caja de seguridad de una entidad bancaria suiza.Tan ocultas por un acuerdo previo que ni siquiera un futuro gobierno del PP podría sacarlas de allí. Esta hipótesis verificaría que el Gobierno no tiene en su posesión las actas que el juez reclamó hasta en dos ocasiones.
Por otro lado, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero sí que identificó a sus interlocutores a los que posteriormente Ruz tomó declaración en calidad de testigos. Se trata de tres emisores autorizado por el Gobierno para negociar con la banda criminal: el presidente del PSE, Jesús Eguiguren, el vocal del CGPJ, José Manuel Gómez Benítez y Javier Moscoso, exministro de Presidencia de Felipe González.
Además, en el marco de estas diligencias, el magistrado también interrogó a diversos mandos policiales del momento en el que se produjo el soplo. Según han señalado fuentes de la investigación, estos testigos negaron haber recibido presiones por parte del Gobierno para rebajar la intensidad en la lucha antiterrorista y reducir el número de detenciones a miembros de ETA.
Ruz investiga si detrás del chivatazo se cometieron dos delitos: uno, de revelación de secretos (penado con hasta tres años de prisión) y otro, de colaboración con banda armada (cuya condena máxima es diez años de cárcel según la legislación vigente).
Como siempre, el desgobierno, colaborando con la justicia. Y sobre todo, mintiendo que es lo que mejor sabe hacer.
ResponderEliminarEspero que sus conciencias les pase factura.