Un juzgado canario investiga a una «camarilla policial» por acosar al PP

FERNANDO LÁZARO / Madrid/ El Mundo

Admite a trámite la querella presentada por un agente que estuvo en Información

El ruido político-mediático-judicial fue tremendo. Durante meses, la presión sobre el Partido Popular de Canarias y sobre su máximo responsable, José Manuel Soria, fue intensa. Después, calmadas las aguas, las desimputaciones de los que en su día ingresaron en prisión delante de las cámaras se han ido multiplicando y muchos de los casos de corrupción, que se apuntaba como generalizada en el PP canario, se han ido quedando en actuaciones aisladas.

Y ahora, un agente del Cuerpo Nacional de Policía que participó en los orígenes de algunas de estas investigaciones ha decidido acudir a los tribunales para denunciar a sus antiguos compañeros, para poner entre las paredes de la Justicia la existencia de una «camarilla policial» que inició una cacería contra el PP canario y contra su líder, José Manuel Soria.

Negro sobre blanco, en apenas medio centenar de folios, el inspector que estuvo en su día trabajando en la Brigada de Información de Las Palmas denuncia con nombres y apellidos a sus antiguos compañeros y al periodista que, al parecer, participaba en estas operaciones. Y, según precisaron fuentes cercanas al denunciante, la querella ha sido admitida a trámite y es más que probable que los querellados tengan que pasar a declarar como imputados en próximas fechas: diligencias previas 228/2011, practicadas por el Juzgado 5 de San Bartolomé de Tirajana,

El inspector concreta básicamente sus acusaciones en la actitud de la unidad policial que llevó a cabo las pesquisas sobre los denominados caso Faycán y Góndola, pesquisas que poco a poco han perdido mucha de la fuerza y el empuje político que llevaban cuando actuó la Policía contra los ayuntamientos del PP de la zona.

Este mando policial, que fue acusado en su día por los ahora denunciados de filtrar informaciones sobre las investigaciones, acusa a sus compañeros de «prevaricación, denuncia falsa, falsificación de documentos públicos, revelación de secretos, violación del secreto de la correspondencia postal y omisión del deber de perseguir delitos».

En su querella concreta las acusaciones contra un inspector jefe y dos jefes de grupo de la Brigada Provincial de Información de Las Palmas, y contra un periodista de Canarias Ahora. Recuerda en su escrito el denunciante lo ya realmente extraño que era que este tipo de investigaciones sobre corrupción fueran llevadas a cabo por la Brigada de Información, unidad policial que actúa fundamentalmente contra el terrorismo. Esas pesquisas debían haberse llevado a cabo por la Brigada de Policía Judicial. Asimismo, recuerda que la Brigada de Información, al comenzar las pesquisas, estaba dirigida por la comisaria Concepción de Vega, que acabó siendo la Jefa Superior de Policía de Canarias.

Dos de los mandos sobre los que recaen las acusaciones han sido recientemente recompensados con la Cruz al Mérito Policial por su labor desempeñada en el caso Faycán.

En la querella se relatan algunos de los mecanismos que presuntamente usaba la alianza mediático-policial para lograr información que, «burdamente manipulada», era publicada para atacar al PP de una manera «estudiadamente programada en función de la celebración de las elecciones municipales y autonómicas en mayo 2007».

En septiembre 2006, la parte mediática de dicha alianza se dedicó a propagar que en Telde había una «mafia» formada por todos los ediles del PP en base a unos datos proporcionados por sus coaligados policiales. Sin embargo, la instrucción judicial, en febrero 2009, ha deparado que esa acusación no iba por esos derroteros. Según este mando policial, los agentes de la brigada denunciados mentían a los jueces para lograr autorizaciones de «pinchazos telefónicos» de personas que pudieran estar próximas a José Manuel Soria, de los que obtener datos para la campaña «mediática difamatoria».

Asegura que estos policías «jugaban» con el tiempo de las investigaciones para que se ajustasen a un programa que interesase al medio de comunicación. En este sentido, aporta el llamativo caso de un imputado que fue detenido en mayo de 2007, unos días antes de la celebración de las elecciones, al que solo le encontraron en su despacho profesional un paquete de documentos sacados de internet, en los cuales se establecía el guión de los procedimientos que se iban a seguir contra su persona, incluida la detención.

A estas dilaciones se sucedían detenciones acompañadas de una «desproporcionada aparatosidad policial». Según el relato de la querella admitida a trámite, son precisamente estas irregularidades que dejaban «nítidos rastros de su carácter espurio» lo que llevó a la brigada, según la querella, a buscar cabezas de turco que la librara de las fundadas sospechas. También se destaca en el escrito que firma el policía el hecho de que, en febrero de 2007, el Tribunal de Justicia de Canarias señaló expresamente a la Brigada de Información, Grupo I, como sospechosa de la autoría de gravísimas filtraciones que afectaron de lleno a la imagen del Gobierno canario, y pese a este dato los jueces encargaron que las pesquisas para determinar la autoría de las filtraciones las realizaran los sospechosos, agentes de esa brigada.