El magistrado cree que el testimonio del número dos de Rubalcaba no es determinante como para que tenga que declarar en la Audiencia Nacional.
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El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz no citará a declarar al secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, al considerar que su testimonio en la causa por la se investiga el 'chivatazo' al aparato de extorsión de ETA "no es determinante" para el esclarecimiento de los hechos.
El magistrado ordenó el pasado 1 de febrero identificar a los usuarios de tres teléfonos pertenecientes a la Subsecretaría del Ministerio del Interior que desde la noche anterior a la delación (que se habría producido el 4 de mayo de 2006) hasta septiembre de ese año intercambiaron llamadas con el ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo y el jefe superior de la Policía en el País Vasco, imputados en la causa que investiga el chivatazo a la banda terrorista ETA.
El juez pedía al equipo conjunto de investigación, dirigido por Carlos G., un "informe ampliatorio" sobre el tráfico de llamadas que se produjo en torno al bar 'Faisán' de Irún (Guipúzcoa) y reclamaba a sus miembros que las pusieran en relación con su anterior informe, en el que no aparecían por carecer de "relevancia para la determinación de la autoría de los hechos investigados".
Ahora, a la vista de ese informe policial, deniega la solicitud realizada por la acusación popular de Dignidad y Justicia de que se cite a prestar testimonio a los titulares de las líneas, dada "la irrelevancia del tráfico de llamadas" que achaca a "una relación orgánica y funcional" entre los interlocutores.
Ruz especifica que los citados teléfonos móviles pertenecen a Camacho y a un inspector jefe de la Policía destinado en el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista. Precisa también que el número fijo corresponde a la centralita del Ministerio del Interior.
Así, señala que Camacho cruzó "llamadas esporádicas" con los imputados en la causa que, no obstante, no revisten características sospechosas cómo sí ocurre con otros contactos por teléfono registrados en la investigación. "No puede presumirse, con mínima solidez o rigor indiciario, que dichos contactos telefónicos no obedecieran o se ajustaran al normal proceder entre los interlocutores con motivo de sus responsabilidades oficiales", dice el auto hecho público este viernes.
El magistrado precisa en cuanto a las llamadas cruzadas entre el secretario de Estado de Seguridad y el entonces Director General de la Policía, Víctor García Hidalgo, que "resulta lógico y razonable" suponer que dos altos cargos de Interior necesitaran mantener comunicación las 24 horas del día.
Añade que las llamadas no están interrelacionadas con la delación que tuvo lugar en el bar Faisán y pone de manifiesto que, de hecho, no se produjo ningún contacto entre ambos después de que Joseba Elosúa fuera alertado de las próximas detenciones de miembros del aparato de extorsión de ETA.
En cuanto a los contactos que tuvieron lugar durante los meses de septiembre y octubre, Ruz recuerda que por esas fechas se produjo el cese de funciones de García Hidalgo, que fue sustituido por Joan Mesquida.
Sobre el otro bloque de llamadas, las intercambiadas entre el policía del Centro Nacional de Coordinacióin Antiterrorista y el Jefe Superior de la Policía en el País Vasco, imputado en la causa, Ruz alude a una relación de amistad entre ambos que podría justificarlas.
El juez ha dictado también este viernes un segundo auto en el que rechaza suspender la identificación y posterior declaración de un confidente de la banda terrorista ETA, como le reclamaba las defensa del Jefe Superior de Policía del País Vasco. Asegura que empleará para este caso "los medios técnicos precisos para impedir el reconocimiento de su voz o permitir la ocultación de su imagen real".
Ruz desestima además en este auto el sobreseimiento de la causa solicitado por la defensa de García Hidalgo.
Uff, que mal olor me va llegando, ya a empezado maquiavelo a funcionar.
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