La Guardia Civil indaga en varias provincias las subvenciones para contratar a trabajadores otorgadas por el Gobierno andaluz
Como consecuencia, es previsible que en los próximos días se presente una denuncia formal ante los juzgados, ya que de un primer informe de la Guardia Civil se desprende que los hechos investigados pueden dar lugar a responsabilidades penales y administrativas.
EL MUNDO ha podido conocer de fuentes de toda solvencia que la investigación se inició en mayo de 2010 y que el Instituto Armado ha remitido ya a la Fiscalía un primer informe muy «exhaustivo» con conclusiones iniciales que revelan la existencia de un nuevo fraude en ayudas «tramitadas por la Consejería de Empleo» y concedidas a empresas «para contratar a trabajadores».
Tanto la Guardia Civil como el Ministerio Público confirmaron ayer la existencia de esta investigación. Desde el Instituto Armado señalan que el proceso se halla en una fase inicial y que se está a la espera de practicar nuevas actuaciones; por parte de la Fiscalía, sólo se ha señalado que se está analizando el primer informe elaborado por los agentes y se ha declinado hacer más declaraciones al respecto.
La investigación se inició en mayo de 2010, después de que la Fiscalía del TSJA tuviera conocimiento de posibles irregularidades en subvenciones para la creación de empleo tramitadas por la Junta de Andalucía.
Tras encomendar la investigación a la Guardia Civil, y ante los indicios de posibles delitos, en octubre solicitó una prórroga a la Fiscalía General del Estado para continuar con las pesquisas, ya que la ley concede a los fiscales seis meses para investigaciones que puedan conllevar repercusiones penales.
La Fiscalía General del Estado accedió y concedió dicha prórroga, por lo que, según las fuentes consultadas por este periódico, lo previsible es que ahora el representante del Ministerio Público que investiga el caso traslade una denuncia a los juzgados, toda vez que la Guardia Civil le remitió la semana pasada un primer informe.
Según estas mismas fuentes, ahora se deberá decidir si se plantean denuncias por separado en cada una de las provincias en las que se han detectado irregularidades o si, por el contrario, se engloba todo en una única denuncia.
De este nuevo caso de fraude en las subvenciones podrían derivarse responsabilidades en la Consejería de Empleo o en la Inspección de Trabajo, de acuerdo con lo revelado por las fuentes.
Este segundo caso descubierto por la Fiscalía se une al escándalo de los expedientes de regulación de empleo (ERE) que investiga el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. La Policía Judicial cree que se han utilizado 700 millones de euros de manera presuntamente ilegal para pagar prejubilaciones.
Ofensiva 'popular' en el Congreso
El PP ha ampliado, con la petición de cinco comparecencias, su ofensiva en el Congreso de los Diputados para exigir al Gobierno explicaciones sobre el escándalo de los ERE en la Junta de Andalucía. En concreto, quieren que acudan a la Cámara Baja los vicepresidentes segundo y tercero del Gobierno, Elena Salgado y Manuel Chaves, respectivamente; el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, y los presidentes de Mercasa, Ignacio Cruz, y de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), Ignacio Ruiz Jarabo. La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha calificado el caso como «el mayor fraude de todos los tiempos».
Todo sigue igual en el cortijo de los pijos rojos, cada día sale más corruptela.
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