Entre corruptos anda el juego: El PSOE pide tres años de cárcel para Camps

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La acusación particular en el caso de los trajes de Francisco Camps, ejercida por el PSOE valenciano, ha pedido en su escrito de conclusiones que el president de la Generalitat sea acusado de un delito de “cohecho propio” por el que piden tres años de cárcel y ocho de inhabilitación de cargo público.

Según han informado fuentes socialistas, el escrito, remitido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), que juzga a Camps y a otros cargos del PP valenciano por recibir supuestamente regalos de la trama Gürtel, trajes y otras prendas de vestir, también pide una multa para el president de 46.000 euros. Esta pena supera la solicitada por la Fiscalía Anticorrupción, que pedía una multa de 41.250 euros para el president de la Generalitat por un “delito continuado de cohecho” en relación con el ‘caso Gürtel’.

El portavoz socialista en Les Corts Valencianes, Ángel Luna, ha explicado en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces que éste es uno de los tres escenarios alternativos que contemplan en su escrito de conclusiones provisionales. Así, los socialistas acusan a los cuatro imputados -Camps, el ex secretario regional del PP Ricardo Costa; el exvicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Campos y el exjefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret- de la comisión de un delito de cohecho del artículo 420 del Código Penal. Para ese delito, los socialistas piden una pena de tres años de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público por ocho años, más una multa para cada uno de ellos que va desde 46.000 euros para Camps hasta 16.000 para Betoret.

Luna ha precisado que este artículo se refiere al funcionario o autoridad que recibe regalos por la realización de un acto injusto que no es delito, pues entienden que a lo largo del procedimiento en el TSJCV y también en el seguido en el TSJ de Madrid, se ha puesto de manifiesto cómo, coincidiendo con los regalos de los trajes, se produjeron adjudicaciones “que como poco se pueden calificar de irregulares” a empresas de la trama Gürtel.

Ha recordado que esas adjudicaciones fueron objeto de un estudio de la Oficina de Auxilio Judicial del magistrado instructor de Madrid y se plasmaron en un informe conocido en abril de 2010, que concluía que en la mayor parte de todas ellas se habían vulnerado los principios de publicidad y concurrencia, y se habían adjudicado de manera “escandalosamente irregular”, como la del pabellón de la feria Fitur. Luna ha indicado que han pedido esa documentación para que se incorpore al procedimiento que sigue el TSJCV, ya que “supone que el cohecho no es un cohecho pasivo impropio, sino un cohecho del artículo 420, porque ha habido regalos y ha habido al mismo tiempo actuaciones irregulares”. Según ha explicado, el artículo 420 prevé una pena de uno a cuatro años, y lo que solicitan son tres años de prisión y ocho de inhabilitación.

Delito continuado de cohecho

Otro de los escenarios contempla la comisión de un delito continuado de cohecho según el artículo 426 del Código Penal -un cohecho pasivo impropio, referido a regalos realizados en su condición de autoridad-, para el que piden la pena de cinco meses y medio de multa -lo que prevé el Código Penal- a razón de 300 euros al día. Alternativamente, ha explicado Luna, si se entendiera que los regalos se han ofrecido como consecuencia de unos hechos que no son injustos, sino propios de su cargo, pero que hay “una vinculación entre contratos y regalos”, piden que se aplique el artículo 425.1 del Código Penal, lo que sería el tercer escenario.

En consecuencia, solicitan una multa que oscila entre 46.000 euros para Camps y 16.000 para Betoret, y la suspensión de empleo o cargo público por un periodo de dos años. El portavoz socialista ha recordado que está pendiente además que el TSJM resuelva sobre una inhibición que acordó el juez Pedreira sobre este asunto de los trajes, y que el TSJCV resuelva sobre la inhibición del “grueso” de la causa, la que contempla “la malversación, el delito electoral y la financiación irregular”.