M. MARRACO / F. LÁZARO / Madrid/ El Mundo
El origen de la petición de Dignidad y Justicia está en la existencia de tres números del Ministerio del Interior que, pese a haber contactado con los imputados en momentos relevantes para la investigación, no se habían consideraron sospechosos. Uno de los teléfonos, según reveló este diario, era el móvil de Antonio Camacho.
El juez asume el criterio del equipo policial al que hace unos días encargó un informe específico y considera las llamadas «irrelevantes». El nuevo dossier en el que se apoya el magistrado afirma que «resulta lógico y razonable suponer que dos altos cargos del Ministerio del Interior, con relación de dependencia jerárquica y subordinación directa de uno respecto del otro, necesiten mantener comunicaciones durante las 24 horas del día».
También se resalta que las comunicaciones entre ambos eran frecuentes en otras fechas, por lo que las analizadas no seguían un patrón extraño que las vinculara al chivatazo a la banda terrorista, que se produjo el 4 de mayo de 2006 a las 11.23 horas.
El auto hace especial hincapié en dos llamadas entre Camacho e Hidalgo en la noche anterior a la delación. El auto mantiene, citando el informe policial, que «la lógica racional» exigía que, si estaban implicados, aparecieran llamadas que no se produjeron.
El juez vuelca en su escrito argumentos que, de la misma forma que exculpan a Camacho, refuerzan la imputación sobre García Hidalgo y el jefe superior de Policía del País Vasco, puesto que sus contactos no eran los naturales para sus cargos. «No se ajustaban al normal proceder, en cuanto a los sujetos intervinientes y la frecuencia de las llamadas. Así, se presume como no habitual el trato directo entre el jefe superior de Policía del País Vasco y el director general de la Policía, al margen de los superiores jerárquicos que entre ellos existen».
«La investigación ha podido constatar», añade el auto, «la interrelación existente entre las llamadas del jefe superior de Policía y las del director general de la Policía en todas y cada una de las tres fases objeto de investigación (Fase de planificación registrada el día 3 de mayo a las 23.20 h.; fase de la delación el día 4 de mayo a las 11.23 h., y fase de traslado a Francia a las 13.21 h.), circunstancia que tampoco concurre respecto del secretario de Estado de Seguridad».
A las conclusiones policiales, el juez añade que Hidalgo, en su comparecencia como imputado, dijo que avisaba al secretario de Estado de las operaciones inminentes, lo que explicaría la llamada de la víspera del chivatazo. En cuanto a los contactos entre ambos en septiembre y octubre de 2009, los vincula al cese de Hidalgo en esa fechas.
Aunque la petición de Dignidad y las referencias del juez son a la posible declaración de Camacho como testigo -no como imputado-, lo cierto es que, como superior de Hidalgo, aparecía como un candidato teórico a haber dado la orden de boicotear la operación que luego el director general de la Policía habría transmitido a su vez al jefe superior.
Pero ni como imputado ni como testigo. La única posibilidad de que Camacho acabe declarando es que Dignidad y Justicia o alguna de las acusaciones populares personadas recurran la decisión, primero en reforma ante el propio Ruz, y luego en apelación ante la Sección Segunda, que ya ordenó diligencias rechazadas inicialmente por Baltasar Garzón.
El juez descarta igualmente las llamadas realizadas desde los otros dos teléfonos adscritos a Interior. Uno, porque es una centralita. Otro, porque es de un inspector jefe sin conocimientos de la operación y que era amigo del jefe superior.
En un segundo auto, el juez rechaza la petición de García Hidalgo de archivar la causa contra él. También la del jefe superior de que no se le pida identificar al confidente etarra que corroboraría su coartada para el día de los hechos.
El juez Pablo Ruz rechazó ayer tomar declaración como testigo al secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho, acerca de sus conversaciones con el principal imputado por el chivatazo, el ex director de la Policía Víctor García Hidalgo, la víspera y el día del soplo.
PP: «No quedará sin castigo»
>El responsable de Comunicación del PP, Esteban González Pons, afirmó que no van a consentir que el 'caso del chivatazo' quede «sin investigación, sin depuración de responsabilidades políticas y, si corresponde, sin castigo»
>El ministro del Interior defendió ayer a su 'número dos', Antonio Camacho, si bien eludió poner «la mano en el fuego» por el resto de sus subordinados. Alfredo Pérez Rubalcaba, exigió «pedir disculpas» a quienes han «calumniado» a una «persona honorable».
Aqui todos son honorables, mientras no se demuestre lo contrario. Pero el olor a mezquindad rancia y desprecio a las leyes, es insoportable, cuando no es de los de la kgb es de maquiavelo.
ResponderEliminarNo nos merecemos un gobierno que nos mienta (palabras dichas por rubalcaba)