Zapatero no aclara por qué esperó al peor día para actuar

MARISA CRUZ / Madrid/El Mundo

Fomento sabía desde septiembre cómo computaban los controladores las horas trabajadas / El presidente admite que el decreto de militarización se redactó el viernes por la mañana

Todos los interrogantes siguen abiertos. La comparecencia del presidente ayer ante el Congreso para explicar las razones que le impulsaron a activar el estado de alarma en el país y militarizar la labor de los controladores aéreos, apenas aclaró dudas.

Zapatero se limitó a justificarse jugando con la baza de una opinión pública volcada a favor de la mano dura contra una casta de profesionales privilegiados, pero sin aportar fórmulas que permitan garantizar que la situación no volverá a repetirse, sin precisar fechas para poner fin a una situación excepcional en democracia como es la del estado de alarma y sobre todo sin explicar por qué se esperó al peor día, justo antes del inicio del puente más largo del año, para actuar contra los controladores.Sigue en página 4

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Quienes esperaban encontrar ayer respuestas se quedaron con las ganas. Zapatero a lo más que llegó fue a afirmar que la alarma no se prolongará «ni un día más de lo necesario pero tampoco ni un día menos». ¿Qué quiere decir eso en términos contables? Nadie lo sabe a ciencia cierta. Ni siquiera el presidente, para quien adoptar una medida tan extraordinaria lejos de sembrar la inquietud entre los españoles, lo que ha traído ha sido la calma, aunque sea momentánea.

Por ahora, sólo se puede suponer que el Ejecutivo la mantendrá en vigor hasta que pase el periodo de Navidad y después, con el nuevo año, empezará a planear medidas para impedir que la situación se repita. Pero esto es sólo un vaticinio, porque Zapatero no dijo palabra al respecto.

«La alarma es para quienes optaron por echarle un pulso al Estado, y la tranquilidad es para el resto de los ciudadanos», aseguró el presidente defendiendo su gestión envalentonado ante un Parlamento que le dio su apoyo, en buena medida porque no quedaba otra que elegir entre la acción desesperada del Ejecutivo y el desmán de los controladores aéreos.

El presidente del Gobierno, que ha tardado cinco días en explicar a los españoles el porqué de una medida que nunca antes se había adoptado en democracia, apenas hubo de enfrentarse a las críticas abiertas de grupos minoritarios como IU-ICV o el BNG, que calificaron su modo de proceder como propio del que pretende «matar moscas a cañonazos».

El primer partido de la oposición, el PP, opuso mínima resistencia. Rajoy afeó una vez más la imprevisión del Ejecutivo y su tendencia a esperar siempre «al último minuto», hasta el punto de decidir tomar cartas en el asunto de los controladores justo cuando comenzaba el puente más largo del año poniendo así en el punto de mira de todas las iras a los ciudadanos que pretendían tomar un avión, pero no pasó de ahí porque, en definitiva, respaldó la actuación del Gobierno, no fuera a ser que lo situaran del lado de un colectivo que gana cifras exorbitantes y ha contado hasta la fecha con privilegios inalcanzables para el resto de los trabajadores.

Y como el PP no presionó, Zapatero se fue de calle, pese a que él mismo había reconocido que el Gobierno tenía conocimiento desde septiembre de que el colectivo de controladores hacía una interpretación torticera y sesgada del cómputo de horas aeronáuticas que debía cumplir. ¿Por qué entonces se esperó hasta el último segundo para tomar cartas en el asunto?

Tal era el conocimiento del Ejecutivo de la situación de riesgo, que el presidente explicó en la Cámara que la previsión era que en diciembre considerara agotadas sus horas de trabajo un 39% de la plantilla de controladores de Barajas, es decir, 54 personas; un 8% de la de Canarias (11 personas); un 65% de la de Palma (72 personas) y un 36% de la de Torrejón (153 personas). «El Gobierno sabía esto», admitió, «y por ello publicó un decreto (el viernes día 3) aclarando el cómputo de horas». «El Gobierno sabía cuál era la cadencia: primero Santiago y luego sucesivas bajas por toda España», aseguró insistiendo en que habían sido conscientes del «riesgo cierto» que había de que se produjera un conflicto de enormes dimensiones.

Pese a este reconocimiento que pone negro sobre blanco que el Ejecutivo dejó pasar el tiempo hasta que la situación llegó a un punto de no retorno, justo al inicio del puente de la Constitución, Zapatero transitó por el debate parlamentario con total desahogo, seguro de que saldría de él no sólo indemne, sino coronado con el laurel de los triunfadores.

Con un clima así, todo le resultó fácil. El presidente se defendió bien porque no tuvo oposición. Con gesto adusto y tono firme, repasó hora tras hora lo acontecido desde el viernes 3 de diciembre a primera hora cuando el Gobierno aprobó un decreto en el que se «aclaraba» la forma de contabilizar las «horas aeronáuticas» que debe cumplir al año cada controlador aéreo y que, a la postre, precipitó el que estos profesionales abandonaran en masa sus puestos de trabajo y forzaran el cierre del espacio aéreo español. En previsión de lo que podía suceder, el Ejecutivo tenía preparado el decreto de militarización desde la misma mañana del viernes, aunque sólo lo activó a última hora.

Zapatero echó mano de la sentencia que emitió en mayo la Audiencia Nacional para responder al recurso que habían presentado los controladores contra el decreto de navegación aérea del pasado mes de febrero. En dicha sentencia, la Audiencia arremetía contra el colectivo asegurando que durante más de 20 años «ha utilizado la negociación colectiva en fraude de ley», lo que ha conducido a un «estado de excepción permanente que ninguna Administración responsable debe tolerar».

Ateniéndose a ello, y ante la cerrazón de los controladores, Zapatero decretó el estado de alarma. Se consiguieron así resultados que, como él mismo admitió, «no habían sido posibles con las facultades ordinarias del Gobierno».

Insistió en que todo se pensó para «hacer frente a una situación de calamidad pública» que dista mucho de tener sus raíces en un conflicto laboral. En su opinión, lo que hicieron los controladores fue declararse en «abierta rebeldía con el Estado de Derecho, con sus normas e instituciones», «desafiando el orden democrático y las leyes» y poniendo en jaque de forma «deliberada» a todo un país, sin importarles los «efectos extraordinariamente nocivos de sus actos». Y todo, recalcó, «por defender unos privilegios intolerables desde el principio de la equidad».

También defendió la decisión del Ejecutivo de someter a los controladores a la autoridad y a la jurisdicción militar. Este punto suscita importantes dudas en un buen número de juristas. Pese a ello, Zapatero lo justificó echando mano de la ley orgánica que regula los estados de alarma, excepción y sitio, y según la cual «el Gobierno podrá acordar la intervención de empresas o servicios, así como la movilización de su personal», con el fin de asegurar el funcionamiento de un servicio público esencial para la comunidad.

Dado que no existe en la actualidad ninguna normativa que regule la movilización del citado personal de empresas o servicios, «es obvio», según el presidente, «que el único derecho supletorio aplicable a la materia es el mandato contenido en el artículo 8 del Código Penal Militar». «El Gobierno se ratifica plenamente en la constitucionalidad de la activación del estado de alarma y la militarización para garantizar los servicios», recalcó.

Así, sin sentirse presionado, se permitió el lujo de dedicar parte de su réplica a elogiar la vigencia de la Constitución. «Se ha demostrado que tiene fuerza y que está viva», dijo, porque basándose en ella -en su artículo 116- se han podido adoptar medidas eficaces para una situación excepcional». Y, por último, no dudó en autoalabarse: «Los privilegios excesivos son difíciles de erradicar. Hay que tener mucha determinación y mucho valor para hacerlo».