Víctimas de por vida

ETA «solo» los dejó heridos. Policías y guardias que sobrevivieron al terror denuncian su desamparo
ITZIAR REYERO
Día 12/12/2010 - 11.24h /ABC.es

MIKEL PONCE

Francisco Zaragoza, ex policía nacional jubilado, la máquina del tiempo se le paró en seco una mañana de invierno en Éibar (Guipúzcoa). «Al pasar el peaje nos estaban esperando», afirma incapaz de olvidar aquellas Navidades de 1988. Una bomba trampa hizo volar su furgón policial unos treinta metros. «El jefe de la misión, que iba en el asiento del copiloto, murió desnucado. El conductor perdió un ojo. Otro compañero cayó. Yo tuve mejor suerte. Salí despedido por la onda expansiva. Sufrí una conmoción cerebral, me reventaron los tímpanos. Solo recuerdo estar dentro de una gran bola amarilla», relata Zaragoza, oficial de voz marchita y cuerpo quebrado por la barbarie.
El 80 por ciento de los heridos y el 60 por ciento de los fallecidos en atentados terroristas en España eran agentes en servicio, mujeres y hombres guardianes de nuestra libertad. Estas dos cifras, servidas en frío por la Asociación de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Víctimas (Acfsevt), que preside Zaragoza, revelan el sacrificio impagable de un colectivo que sin embargo se ha visto relegado a la ley del silencio. Como si la herida de metralla asesina no doliera en el cuerpo de un oficial o la mutilación del uniforme les fuera en el sueldo.
«Somos el grueso de las víctimas del terrorismo, pero parece que solo nos quieren para hacer bulto. Nadie se acuerda de nosotros. Con todo el respeto, pero estamos cansados de que los medios y los políticos escojan solo a los hijos y las viudas de unas víctimas, mientras nosotros somos ignorados como si fuésemos apestados», expresa con franqueza este ex policía valenciano que estaba destinado en Logroño en la compañía de reservas especiales. Aquel 18 de diciembre de 1988 le tocó viajar a Éibar para ofrecer seguridad en un partido de fútbol de segunda categoría. No llegó a su destino.
Batalla por sus derechos
ABC ha hablado con cuatro miembros de las fuerzas de seguridad que han sobrevivido al terror en primera fila y que hoy batallan con la Administración para que sus derechos como víctimas les sean reconocidos en vida. Fortalecidos en asociaciones de damnificados, conservan intactos la dignidad del oficial. Pero coinciden en señalar el «desamparo» que han sentido desde el Ministerio del Interior e incluso por sus propios mandos, «insensibles» —denuncian— ante las necesidades de quienes se vieron abocados a la jubilación antes de tiempo tras recibir en sus carnes el cruel zarpazo de ETA. Durante los años de plomo, primero, cuando debían justificar con pruebas y en declaraciones juradas que habían sufrido un atentado y peleaban por recibir la consideración de afectados. Pero también ahora que el Parlamento tramita la nueva Ley integral de Víctimas del Terrorismo.
Se quejan de que a pesar del torrente de sangre, sudor y lágrimas derramadas por el colectivo, el borrador de la ley no hace mención expresa a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Esa es una de sus grandes reivindicaciones. «Lo peor —asegura— fue el «abandono» sufrido tras el siniestro. Mi mujer tuvo que enterarse por el Telediario, nadie se dirigió nunca a mi familia. Jamás recibimos una llamada o una carta de agradecimiento por el servicio prestado... Pasados dos años, incluso tuve que justificar el motivo de mi baja porque en el Ministerio perdieron mi expediente», señala Zaragoza, que no perdona el «maltrato» recibido por sus superiores. «Como no llegué a cubrir el servicio ese día, me restaron del sueldo la dieta que había cobrado por la misión en Éibar», explica. Pese a su andar dificultoso, con el apoyo de un bastón continúa su camino de lucha por los derechos de los asociados que integran la Acfsevt.
Es el caso del guardia civil madrileño Javier Correa, destinado hace 17 años al País Vasco, donde hoy sigue combatiendo a quienes un día intentaron asesinarle. El 11 de noviembre de 2000, ETA tendió una trampa junto al cuartel de Intxaurrondo, en San Sebastián. Dieciséis agentes de la Guardia Civil, Policía Nacional y Ertzaintza, que trabajaban de forma conjunta, resultaron heridos, algunos de gravedad. Solo cuatro permanecen en activo. Correa lo sigue haciendo desde la primera línea. Y ello pese al dolor físico provocado por los terroristas y las heridas morales causadas por el «vacío» que —asegura— les hacen sus mandos, apartándolos a un segundo plano. «Parece que les molesta que estemos dentro. Yo no reclamo nada más que respeto, y eso, por desgracia, no lo tenemos», denuncia, al tiempo que subraya el hecho de que no exista ningún registro oficial de agentes heridos en atentados terroristas en España. «Simplemente, no interesamos», añade, ahondando en la sensación compartida de estar ante unas víctimas en la sombra.
Como delegado de la Acfsevt en el País Vasco, Correa es desde mayo miembro del Consejo Vasco de Víctimas que asesora al Ejecutivo de Patxi López en materia de atención a los afectados. Pese a los avances demostrados en el País Vasco en cuestión de reconocimiento, ha solicitado al lendakari que otorgue una condecoración específica a los uniformados que han librado batalla contra ETA y padecido sus ataques con especial vileza en suelo vasco.
Segunda «condena»
Pertenece a este grupo Antonio Suárez Bujía, policía nacional nacido en La Coruña y destinado dos años en Basauri (Vizcaya). Como Correa y Zaragoza, le tocó aterrizar en Euskadi durante los peores años del terror. «Llegué en el verano de 1979 recién salido de la academia de Policía. En una ciudad donde hay muertos todos los días te toca acostumbrarte rápido», rememora. Su encuentro más cercano con la muerte fue el 18 de noviembre de 1990. En Santurce estalló un coche bomba cargado de 100 kilos de amonal y otros 100 de tornillos. La deflagración afectó al cuarto y último coche que integraba el convoy. Murieron los dos compañeros que viajaban en los asientos delanteros. «Quedaron despedazados», dice Suárez, que salió despedido por los aires y quedó herido grave.
Montse, su mujer, tuvo que enterarse por las noticias de que su marido no dormiría esa noche en casa. Desde entonces, ha sido intervenido quirúrgicamente «unas 34 ó 35 veces», la última, en febrero de este año. Han pasado veinte años pero afirma: «Cada vez que oigo una ambulancia me veo dentro». Un bastón le ayuda a caminar pese a que su pierna derecha está «totalmente destrozada». Junto a su esposa —«ella ha sido mi enfermera y mi psicóloga. El Gobierno nunca me preguntó si necesitaba asistencia»—, recuerda la desesperación vivida ante la maraña de trámites burocráticos posteriores al atentado. Se jubiló en 1992. «Me costó mucho trabajo, los mandos no querían, decían que qué iba a hacer yo tan joven jubilado... ¡pero si mi pierna estaba para cortar!». Fue como una segunda condena, dice sin comprender aún la falta de tacto de sus jefes.
«Estuve seis meses sin cobrar. Me mantuvo mi familia. En cuanto pude, cogí mis muletas y me presenté con los hierros en las piernas en el cuartel de La Coruña. Pedí un anticipo de jubilación y me contestaron: «Muchachito, búscate la vida, tú ya no eres policía». Suárez, que desde el pasado mes de septiembre preside la Asociación de Víctimas gallegas Agavite, no perdona las desatención que sufre el colectivo. No entiende que Galicia nunca haya rendido homenaje público al centenar de familias gallegas que han vivido la lacra del terrorismo. «Si ellos ejercen la política es gracias a la sangre de las fuerzas de seguridad», esgrime Suárez, quien poco después de esta conversación supo que la Xunta le recibirá por fin en enero. «Vamos a pedirles una ley autonómica de solidaridad con las víctimas», anuncia.
Los últimos en incorporarse a la lucha de derechos liderada por las asociaciones de víctimas son los ertzainas, que acaban de lanzar su propio colectivo, Aserfavite. Su vicepresidente, Daniel Etxebarria, ertzaina retirado, integró el grupo de los «berrozi», cuerpo especial de intervención que sería el embrión de la futura policía vasca. «No sabíamos ni quién nos pagaba», admite. Eran el azote constante de ETA y, como tal, «objetivo abierto» de la banda. Su nombre salió en papeles internos de los comandos, señalado previamente desde el diario «Egin» y el grupo de investigación de Pepe Rey. «Esto es muy pequeño, no te puedes esconder», asume el ex ertzaina, jubilado en 2006 tras una sentencia que le acreditaba como víctima por ser un amenazado. Desde Aserfavite, defiende los intereses de sus compañeros, incluidos aquellos que tuvieron que dejarlo por sentirse acorralados. «Existe un vacío pendiente de subsanar. Hasta ahora nadie ha contado con nosotros. Ahora esperamos tener una vía de comunicación directa con el Ministerio», concluye. El pasado 10 de noviembre los cuatro agentes se encontraron en Vitoria, en los actos de homenaje que las instituciones vascas realizaron a las víctimas con motivo del Día de la Memoria. El objetivo común: lograr el resarcimiento pleno del conjunto de los damnificados.