Una juez progresista elaboró una querella contra Soria

FERNANDO LÁZARO / Madrid/ El Mundo

El 'caso Salmón', redactado desde su ordenador, fue finalmente archivado

Es la portavoz de Jueces para la Democracia en Canarias, la asociación judicial progresista. Y todo apunta a que esta magistrada, titular también del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria, Victoria Rosell, redactó en su propio ordenador la querella que en 2008 un periodista interpuso contra el máximo responsable del PP en las Islas, José Manuel Soria, por el denominado caso Salmón.

En esta denuncia se acusaba al presidente del PP canario de cohecho por aceptar supuestamente prebendas de una empresa noruega a cambio, en concreto, de autorizarle un plan turístico. Tras una investigación policial respecto a la que Soria denunció públicamente hasta 17 falsedades contrastadas, la magistrada de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Margarita Varona, dictó un auto en el que archivaba el caso en el que figura como imputado el dirigente popular.

El caso Salmón, que se inició a raíz de una denuncia del periodista Carlos Sosa, director del grupo de comunicación Canarias Ahora, investigaba el viaje del también entonces vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda del Ejecutivo regional a Noruega y Austria en agosto de 2005, acompañado por el empresario turístico ya fallecido Björn Lyng, cuando era presidente del Cabildo de Gran Canaria.

Este periodista, según informaron fuentes cercanas al caso, mantiene una relación sentimental con la portavoz de Jueces para la Democracia y jueza instructora Victoria Rosell. Cuando Sosa presentó la querella, ambos ya estaban juntos.

Estas fuentes apuntaron que existen indicios claros de que fue precisamente desde el ordenador de la juez Rosell desde donde se elaboró el texto de la querella que finalmente presentó Sosa contra Soria.

Las mismas fuentes explicaron que durante los meses anteriores a la presentación de la querella, Sosa fue difundiendo diversas informaciones en las que aportaba datos sobre el denominado caso Salmón. Cuando el caso alcanzó toda su notoriedad mediática en la isla, el periodista presentó la querella, en una estrategia cuando menos sorprendente.

Soria tuvo que prestar declaración como imputado ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJC y desde un primer momento, según consta en la información recogida en diversos medios, aportó diversos certificados bancarios oficiales de sus pagos por los gastos en que incurrió durante su viaje a Noruega, e hizo hincapié en que las facturas del citado viaje están «justificadas documental y fehacientemente».

Así, al salir de su declaración como imputado por presunto cohecho, Soria aseguró haber acreditado que pagó más de 3.000 euros en su viaje supuestamente invitado por el empresario ya fallecido. Soria detalló que «casualmente aquellos días» con su tarjeta de crédito tuvo gastos «nada más y nada menos que por encima de 3.000 euros entre hoteles, restaurantes, alguna compra y el viaje de vuelta». La magistrada instructora del llamado caso Salmón, Margarita Varona, decretó el sobreseimiento de las diligencias previas y el archivo de las actuaciones al considerar que los hechos denunciados, primero por el periodista Sosa y después, mediante una querella, por la Asociación Justicia y Sociedad, no eran constitutivos de delito. Según el auto, la invitación a Soria a viajar a Noruega no fue premeditada, sino que surgió a iniciativa del músico Justus Franz para que los matrimonios Lyng y Soria fueran a un concierto que iba a dirigir en Salzsburgo en agosto de 2005.

La magistrada subrayó que el empresario no puso a disposición del político su avión ni lo fletó para el uso exclusivo del matrimonio Soria, sino que les invitó a que les acompañaran porque iba a ir también al concierto. Señaló que, excepto los gastos del avión alquilado por Lyng en el que viajó el matrimonio Soria hasta Austria, los vuelos que efectuó el político con su mujer entre ese país, Noruega y Gran Canaria fueron abonados con cargo a las cuentas del político y su esposa.

Rosell firmó el manifiesto contra el auto de archivo. «Compartimos la sorpresa, escepticismo y hasta indignación por determinadas resoluciones judiciales que parecen amparar comportamientos que son al menos dignos del más enérgico reproche ético y social e indiciariamente constitutivo de delito».

El escrito contra la decisión de archivo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias fue suscrito por un centenar de personas vinculadas con el mundo judicial en el Archipiélago.