La Fundación de Víctimas del Terrorismo ha editado el documento consensuado por la práctica totalidad de asociaciones y colectivos en el que dejan claro el modelo en el que, a su juicio, debería basarse un eventual fin del terrorismo y lo ha remitido al Gobierno, el principal partido de la oposición y las principales instituciones del Estado.
El documento, que se presentó públicamente el pasado 23 de noviembre, vio la luz tras un intenso periodo de negociación entre las asociaciones y ahora ha sido editado en un documento que se ha hecho llegar al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero y todos los ministros del Ejecutivo socialista, según han informado fuentes de la Fundación.
También ha sido enviado a la oposición, los grupos parlamentarios, todos los diputados, senadores y todos los diputados del País Vasco y Navarra, además de empresarios y sindicatos, patronales y medios de comunicación y todas las personas que representan los distintos estamentos de la sociedad.
El documento lleva adjunta una carta de la presidenta de la Fundación de Víctimas, Maite Pagazaurtundua, en la que explica cómo fue elaborado y lo presenta como una aportación con el objetivo de que sirva de ayuda para el fin del terrorismo.
El texto fija los "principios rectores" sobre el final de ETA y reclama que se exija tanto a la organización terrorista como a su entorno político que condenen toda la historia de la banda para participar en el juego democrático. Esta exigencia también debe extenderse a los presos etarras para su reinserción, que además deben reconocer el daño causado y condenar públicamente las acciones terroristas.
Destaca como "condición democrática básica" la reprobación de la historia de ETA, un aspecto que sostiene que debe exigirse tanto a la organización terrorista como a todo su entorno. "Tal condena debe ser exigida como uno de los mínimos sin cuyo cumplimiento no es posible ni reinserción particular alguna ni participación en el juego democrático", prosigue el documento antes de reconocer que "hay mucha gente temerosa de exigir esto a ETA".
El documento realiza también una breve referencia al panorama que se presenta ante las elecciones municipales del próximo año y reconoce que el entramado político de ETA "se asfixia fuera de las instituciones". Por ello, advierte de que sus intenciones para concurrir a los comicios "están trufadas de adornos semánticos y maniobras ambiguas que hacen imposible comprobar que no haya tongo o engaño, como ha sido habitual en todos estos años".
Todas las reivindicaciones de las víctimas se basan en que no debe existir impunidad "antes, durante o tras el fin de ETA" y establecen unos principios rectores del modelo del fin de la organización terrorista, que comienzan con una apuesta por la claridad y la franqueza y reclaman que se evite caer en el juego semántico de la banda y Batasuna, "siempre plagado de palabras torticeras, tacticismos malintencionados y dobles sentidos para engañar".
En este punto, recuerda que las víctimas no se han vengado y se han sometido a la ley en todo momento, y por ello basan en la justicia todas sus reclamaciones.
NO JUGAR CON LA POLÍTICA PENITENCIARIA
Además, aborda la situación penitenciaria de los presos etarras y sostiene que no debe convertirse "en una política de gracia", ya que un derecho "irrenunciable" de las víctimas es el derecho a la justicia. Según advierte, una medida como la excarcelación anticipada de presos juzgados y sentenciados, "enmascarándolo en una aplicación laxa de la progresión de grados", supondría también "una forma de impunidad".
Por ello, rechaza que se pida generosidad a las víctimas del terrorismo y subraya la necesidad de separar la justicia de la moral. "Un ejemplo paradigmático de la separación del plano legal y el moral es que el Papa Juan Pablo II perdonó a Ali Agca, pero el preso siguió cumpliendo su pena", recuerda el documento en el apartado que exige un cumplimiento íntegro de las penas y de la ley.
Según sostiene, la reinserción de los presos debe tener una vertiente pública y otra privada, y siempre en casos individualizados porque "no serían aceptables soluciones colectivas para el colectivo de presos etarras". La vertiente privada de la reinserción exige el reconocimiento del daño personal causado, la asunción de responsabilidades pecuniarias y la colaboración con la justicia para resolver los casos de asesinatos aún no esclarecidos y pendientes de juicio.
Por su parte, la vertiente pública exige la denuncia pública del reinsertado de la violencia, lo que conlleva que acepte el Estado de Derecho y condene los fines totalitarios que persiguen las acciones terroristas. "La reinserción significa volverse a integrar en aquello que el delito ha roto", explica el texto, que a continuación recuerda que el terrorista ha roto "las reglas fundamentales de la convivencia aprobadas en derecho".
¿QUÉ OCURRE SI HAY IMPUNIDAD?
El texto también contempla la posibilidad de que exista un modelo de fin de ETA con impunidad y advierte de que, en ese caso, las víctimas no podrían desarrollar un papel de deslegitimación ética, social y política "que necesitará muy especialmente la sociedad vasca y navarra, puesto que la aplicación de cualquier tipo de impunidad forzaría a elaborar un tipo de discurso en el que se diluyera el fondo de verdad objetiva de las víctimas".
"En un modelo que tolerara dosis de impunidad, el pretendido apoyo a las víctimas del terrorismo se convertiría en un grotesco sarcasmo, por mucho que se utilizasen con éxito fórmulas retóricas, propagandísticas y de control mediático que lo enmascarase", advierte.
Con este gobierno actualmente, como que no, con otro ya veremos haber lo que ocurre, ya que bueno es predicar, pero hay que dar trigo.
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