MANUEL MARRACO / Madrid/El Mundo
«De ordinario, la Sala de lo Penal viene fijando esa cuantía [por asesinato] entre 500.000 y 750.000 euros». La afirmación se recogía en la hasta ayer última sentencia por asesinato terrorista dictada en la Audiencia Nacional, la del concejal Manuel Indiano. Ayer, sin embargo, la Sección Tercera de lo Penal dictó un fallo que queda muy por debajo de esos parámetros: 70.000 euros para la viuda del general Justo Oreja, asesinado en 2001 en Madrid con una bicicleta bomba, y 20.000 para cada uno de sus cuatro hijos.
En total, 150.000 euros, una cifra alejada de los 750.000 que la Sección Primera concedió hace un mes a la viuda e hija de Indiano. Y de los 900.000 otorgados por la propia Sección Tercera este mismo año a la familia de otro militar, el teniente Antonio Muñoz Cariñanos. Ambos fueron asesinados unos meses antes que el general.
La sentencia de los magistrados Alfonso Guevara (presidente), Guillermo Ruiz Polanco (ponente) y Ángeles Barreiro condena al etarra Juan Luis Rubenach a 319 años de prisión por el asesinato del general de brigada y las lesiones a 17 transeúntes. Por contra, absuelve a Gorka Palacios al considerar que, en su caso, no hay datos externos que corroboren las declaraciones de los miembros del comando que le incriminaron.
Los hechos se produjeron en la mañana del 28 de junio de 2001, cuando el comando Buru Ahuste hizo estallar el artefacto colocado en una bici de montaña candada a una farola de la calle López de Hoyos. La sentencia dice que fue Rubenach quien elaboró el artefacto y que, además, colaboró en su traslado al lugar del atentado. En el vehículo que utilizó apareció la huella dactilar que lleva a la Sala a dictar condena.
En el apartado de responsabilidad civil, los magistrados se remiten a las cifras acordadas en los juicios previos por el mismo atentado, el último en 2006. En otras ocasiones, los tribunales han aprovechado los nuevos juicios para actualizar las cantidades y aproximarse o superar esa cifra en torno al medio millón de euros.
En el juicio del pasado 4 de noviembre, la familia de Oreja -que no había estado personada en los juicios anteriores- reclamó 1,5 millones de euros. Por su parte, el escrito de acusación fiscal no recogía una cifra concreta para la familia, y tampoco consta en la sentencia la reclamación del Ministerio Público. Los 150.000 euros totales concedidos quedan incluso por debajo del mínimo contemplado en la nueva ley de víctimas. Por esa razón, cuando entre en vigor los familiares podrán reclamar la diferencia.
La ausencia de criterios comunes para fijar las cuantías ha provocado enormes diferencias que han llevado a las víctimas a reclamar el fin de los «agravios comparativos».
Por otra parte, la Fiscalía pidió ayer reabrir la causa por el atentado que hirió al ex consejero vasco José Ramón Recalde, archivada desde 2006. Tras su reciente detención, el etarra Juan Carlos Besance implicó en el atentado a Oscar Celarain, Andoni Otegi y Txapote. También explicó que Recalde se salvó porque Celarain -que atentaba por primera vez- se puso nervioso y salió corriendo sin rematarle.
Hasta la justicia de conveniencia llega a esto.
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