C. SEGOVIA / Madrid/ El Mundo
El Partido Popular decidió ayer reactivar el llamado caso Alakrana sobre el presunto pago del rescate del atunero vasco del mismo nombre con fondos del Estado.
Los diputados Arturo García Tizón y Jaime García Legaz formalizaron anoche una batería de preguntas con una exposición de motivos en las que el Grupo Popular amenaza con acciones legales. «Está acabando el año y seguimos sin recibir explicaciones de un asunto que nos preocupa y en el que no vamos a parar hasta esclarecerlo», declaró ayer a EL MUNDO la portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría.
Se trata de saber por qué el Ministerio de Exteriores transfirió con urgencia 500.000 euros al entonces embajador español en Kenia, Nicolás Martín Cinto, que negociaba en esos días la liberación del Alakrana. EL MUNDO desveló esta singular transferencia el pasado 2 de noviembre. Cinco días después de que se hiciera efectiva, el atunero fue liberado por los piratas somalíes.
La entonces subsecretaria de Exteriores, María Jesús Figa, dictó una orden interna el 12 de noviembre de 2009 para transferir el dinero a la embajada española para «gastos corrientes» y, al mismo tiempo, aseguró a sus subordinados que el dinero se iba a devolver. Meses después, en abril de 2010, un donante no identificado repuso una parte del dinero en la cuenta de Exteriores en Madrid, pero quedaron pendientes 146.000 euros.
«Este uso de fondos públicos constituye en sí mismo una conculcación notoria de la normativa presupuestaria. Asimismo, parece obvio que la subsecretaria, al dar curso a una orden ilegal, conocía el destino y el destinatario de los fondos, puesto que preveía su restitución futura», señalan García Tizón, y García Legaz.
«No existen dudas de que la actuación de la subsecretaria y de los funcionarios que acataron la orden de la nota interior de 12 de noviembre de 2009 es manifiestamente contraria a Derecho», señalan, anticipando con ello que el PP emprenderá acciones legales.
De momento, los diputados lanzan una decena de preguntas que se añaden a las que ya presentó su partido tras la publicación del escándalo en este diario. Y, con arreglo al artículo 7 del Reglamento del Congreso de los Diputados, reclaman a la ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez, que entregue nuevos documentos.
En concreto, le piden la «documentación que justifica los gastos realizados por la Embajada de España en Kenia (...), y la identidad de la persona que hizo uso de ellos y los gastos en los que incurrió». También solicitan «todos aquellos informes que se hayan firmado por los interventores de Hacienda en el Ministerio relacionados con el libramiento del dinero».
Estos del PP, son unos flojos, ya que se meten que lo hagan bien, osea concienzudamente, no de cara a la galería.
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