Despedir a los jueces

12 de Diciembre de 2010 - 18:13:30 - Luis del Pino/Libertad Digital

Editorial del programa Sin Complejos del domingo 12/12/2010

Como ya saben ustedes, la democracia en los Estados Unidos es mucho más participativa que la nuestra. Cada vez que hay elecciones generales o presidenciales, se aprovecha para someter a votación de los electores, ese mismo día, multitud de cuestiones diferentes. Cualquier conjunto de ciudadanos puede, por ejemplo, presentar una proposición para someterla a referéndum vinculante, sin más que recoger un conjunto de firmas no demasiado grande y cumplir una serie de requisitos no demasiado complicados.

El pasado noviembre se celebraron, como también saben ustedes, elecciones legislativas en los Estados Unidos. El varapalo propinado por los republicanos al partido de Obama ha sido de tal calibre, que ha eclipsado el resto de las cosas que pasaron ese día. Y, en concreto, en España ha pasado desapercibido el resultado de un referéndum que en Estados Unidos, sin embargo, está originando una fuerte polémica y puede tener consecuencias de largo alcance. Les explico a qué resultado me refiero.

En muchos estados de los Estados Unidos, el sistema de elección de los jueces que forman el Tribunal Supremo del estado (el equivalente a nuestro Tribunal Constitucional) es un sistema mixto, según el cual quien nombra a los jueces (supuestamente según sus méritos) es el poder político, pero luego los jueces se tienen que someter periódicamente a ratificación mediante referéndum entre los ciudadanos.

Normalmente, en esos referendos de ratificación, los jueces siempre consiguen que los ciudadanos los confirmen en sus puestos y hasta ahora se había tratado, más que nada, de un mero trámite.

Pero en Iowa existe un debate muy encarnizado en torno a la cuestión del matrimonio homosexual. Inicialmente, el matrimonio homosexual no estaba permitido en ese estado, pero diversos jueces empezaron a dictar sentencias autorizando matrimonios entre personas del mismo sexo, aprovechando que, aunque la Constitución del estado no admitía los matrimonios homosexuales, tampoco los prohibía expresamente.

Ante eso, el Congreso del estado aprobó una ley definiendo el matrimonio como la unión de un hombre y una mujer, lo que venía a cubrir el vacío legal y acababa con la posibilidad de que los jueces dictaran ese tipo de sentencias.

Pero entonces, el Tribunal Supremo de Iowa declaró esa ley inconstitucional, abriendo la puerta a la generalización de los matrimonios homosexuales. Hoy en día, Iowa es uno de los pocos estados de los Estados Unidos donde está legalizado el matrimonio homosexual.

¿Qué ha sucedido a continuación? Pues que en noviembre de este año tocaba que los ciudadanos ratificaran en referéndum a tres de los jueces del Tribunal Supremo del Estado. Y, por primera vez en la historia de los Estados Unidos, los ciudadanos han votado en contra de la ratificación y han mandado a los tres jueces a su casa, lo que ha levantado una enorme polvareda en todo el país, por el precedente que sienta.

Lo que menos importa en este caso es el asunto del matrimonio homosexual. No es esa la cuestión que quiero plantearles. En lo que me gustaría que se fijaran ustedes es en el hecho de que los ciudadanos de Iowa tienen la capacidad de mandar a un juez a su mismísima casa, si perciben que ese juez no está defendiendo los valores que esos ciudadanos consideran correctos. Y, disponiendo de esa capacidad de revocar el mandato de un juez, en esta ocasión la han ejercido con toda contundencia.

Viene esto a cuento de que esta semana la Audiencia Nacional ha decidido absolver al terrorista Otegui del delito de enaltecimiento del terrorismo, por su participación en el mitin celebrado en el velódromo de Anoeta el 14 de noviembre de 2004. Ese mitin en el que se profirieron vivas a ETA, se mostraron fotos de etarras y se repartió propaganda de ETA. Ese mitin convocado por el entorno proetarra. Ese mitin que Otegui dice que pactó con el PSOE. Ese mitin en el que Otegui se jactó ante los asistentes de participar en "un acto ilegal, de una formación ilegal y con un portavoz ilegal".

No contentos con eso, los magistrados Fernando García Nicolás, Angel Luis Hurtado y Julio de Diego López, se atrevieron a utilizar en su sentencia la palabra "conflicto" para denominar a la ola de sangre, destrucción, muerte y terror perpetrada por ETA en las últimas décadas. Como declaró el diputado de UPyD Gorka Maneiro, es lamentable que los jueces hayan terminado hablando "como los propios proetarras".

Lo que han hecho esos tres jueces es vergonzoso. Tan vergonzoso como otras muchas resoluciones de la Audiencia Nacional de las que hemos tenido noticia en los últimos meses.

Y si ese tipo de comportamiento vergonzoso puede darse en España es porque, a pesar de que la Constitución establece - en su articulo 117 - que "la Justicia emana del pueblo", todos los jueces que forman la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, al igual que los miembros del Tribunal Constitucional, no son responsables ante el pueblo, sino única y exclusivamente ante la casta política.

Si en España existiera un sistema de ratificación ciudadana de los jueces, como existe en muchos lugares de los Estados Unidos, esos tres jueces de la Audiencia Nacional capaces de dictar una resolución tan inmoral serían mandados a su casa a la primera de cambio. Y tengan ustedes por seguro que la negociación con ETA sería imposible, gracias a que entonces existiría una Justicia verdaderamente independiente.