El interventor ve ilegal el envío de dinero al negociador del 'Alakrana'

CARLOS SEGOVIA / Madrid

Denuncia «infracción» de Exteriores en un duro informe y alerta de que faltan fondos

El Ministerio de Exteriores ha infringido la Ley General Presupuestaria, un real decreto sobre control de dinero público y dos órdenes ministeriales al transferir sin justificación 500.000 euros al negociador del Alakrana en vísperas de la liberación del pesquero y no recuperar, además, parte del dinero.

Así lo asegura el interventor delegado del Ministerio de Hacienda en el Departamento que dirige Trinidad Jiménez en un «informe especial» sin precedentes. Según el documento, al que ha tenido acceso EL MUNDO, el citado interventor, Faustino Fraile, concluye que se han producido «hechos constitutivos de infracciones (...) siendo los presuntos responsables los funcionarios que ordenaron la transferencia del 12 de noviembre de 2009». Aquel día, la entonces subsecretaria del Ministerio, María Jesús Figa, ordenó transferir «de modo inmediato» 500.000 euros al embajador de España en Kenia, Nicolás Martín Cinto, que era un negociador clave para que los piratas somalíes liberaran el pesquero vasco Alakrana.

El interventor no entra en si el dinero fue utilizado para pagar el rescate del atunero ni en si hay materia penal, puesto que su competencia es que no falte dinero público en el Ministerio y que el utilizado esté debidamente justificado. Sin embargo, concluye que falta dinero y, además, no ha sido bien empleado.

Según este funcionario, «el pago está imputado al concepto 230 [gastos de funcionamiento de la Embajada], pero no existe ningún documento que lo explique ni que lo justifique». En otras palabras, cinco días antes de la liberación del atunero vasco surgieron teóricamente unas necesidades inmediatas de gasto en la Embajada para su funcionamiento que el interventor no consigue aclarar.

El interventor resalta también otro hecho insólito: «El 7 de abril de 2010, la Caja pagadora [del Ministerio de Exteriores] recibe un ingreso en efectivo, de origen desconocido, en la cuenta del BBVA por importe de 354.000 euros. La cajera lo imputa en la contabilidad de la caja como una devolución al concepto 230». Por tanto, la responsable de la caja del Ministerio sabía que ese donante anónimo estaba reembolsando parte del dinero enviado a Nairobi.

Según publicó ayer EL MUNDO, el donante efectuó el ingreso en metálico en la oficina del BBVA próxima a la sede del Ministerio de Hacienda en Madrid. En opinión del interventor delegado, «la salida de fondos de 12 de noviembre de 2009 por importe de 500.000 euros incumple el artículo 78.5 de la Ley General Presupuestaria; los artículos 2 y 5 del Real Decreto 725/1989 de 6 de junio, sobre anticipos de caja fija, y lo dispuesto en la orden del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 782/2008, de 12 de marzo, que establece las normas para la aplicación del anticipo de caja fija en el Ministerio». Además, «la citada orden de pago es contraria a lo dispuesto a la Orden Ministerial de Asuntos Exteriores 1001/2003, de 23 de marzo, de delegación de competencias en materia de personal, contratación y gestión presupuestaria del gasto público».

El informe deja en delicada posición, según el interventor, a la subdirectora de Administración Financiera, Marta Navarro, y a su jefe de área, Elías Rodríguez, puesto que fueron ellos los que ejecutaron la transferencia a la Embajada española en Kenia.

Pero ambos alegan que no actuaron por su cuenta, sino «obedeciendo instrucciones de la subsecretaria del Departamento». Es decir, María Jesús Figa, que dio la orden por escrito a Navarro de hacer la transferencia «de modo inmediato». Figa era entonces uno de los más altos cargos del Ministerio y fue relevada por el aún entonces titular, Miguel Ángel Moratinos, hace menos de dos meses. El interventor remitió un informe especial a la Oficina Nacional de Auditoría el pasado 16 de junio.

Las irregularidades publicadas hasta ahora por EL MUNDO provocaron ayer que el PP registrara en el Congreso una docena de preguntas tanto a Trinidad Jiménez como a la ministra de Defensa, Carme Chacón. A Jiménez la insta a identificar al donante y a esclarecer por qué se produjo la transferencia a la Embajada, y con orden de inmediatez. A Chacón -responsable de los servicios del Centro Nacional de Inteligencia- le pregunta si, al formar parte de la célula de crisis para la liberación del Alakrana, conocía la transferencia y si mantiene lo que dijo entonces: «Hay que seguir el rastro del dinero de todos los pagos efectuados como rescates a piratas o terroristas».