Primera querella contra José Bono en el Tribunal Supremo por un delito de cohecho

07:47 (15-10-2010)

La Asociación Preeminencia del Derecho basa la acusación en los documentos publicados por LA GACETA. El presidente del Congreso se enfrenta a una pena de inhabilitación para cargo público.

Las sucesivas y reiteradas revelaciones publicadas por LA GACETA sobre el incremento patrimonial del presidente del Congreso de los Diputados y ex presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, José Bono, han dados ya sus primeros frutos. La Asociación Preeminencia del Derecho, dirigida por los abogados José Luis Mazón y Encarnación Martínez Segado, ratificó ayer ante la Sala Penal del Alto Tribunal la presentación de una querella contra Bono por un presunto delito de cohecho propio.

Según se desprende del texto, los hechos que se denuncian son “la permuta entre bienes inmuebles y el regalo de la inmobiliaria Reyal Urbis a Bono por importe de 7.669 euros en concepto de decoración de su casa de Olías del Rey”.

En efecto, los hechos denunciados en el escrito detallan “un posible cohecho enmascarado de permuta entre bienes inmuebles. Es decir, un piso de 30 años con un inquilino dentro y propiedad de Bono, por dos áticos de lujo en Estepona promovidos por su amigo Rafael Santamaría, propietario de Reyal Urbis”. La acusación, que presenta las informaciones de este diario y los documentos que sirvieron de base para mantener dichas revelaciones, argumenta que “Bono había permutado un piso viejo en Madrid, cuyo valor catastral es de 157.392 euros justipreciado por inmobiliaria independiente en 559.779 euros y en 909.611 euros (el precio) fijado por la inmobiliaria contratada por el presidente del Congreso de los Diputados. Los áticos de lujo fueron tasados por la propia inmobiliaria que los vendía en 1.474.460 euros”, apunta el escrito.
Esto significa, a juicio de los querellantes, que “si al valor de los áticos se le resta la tasación razonable de 559.779 euros, sale una dádiva o regalo de Santamaría a Bono por un importe de 914.681 euros”. No obstante y según los cálculos más ventajosos para Bono –los de la tasación hecha por al operadora contratada por él– “el regalo de la permuta ascendería a 549.4601 euros”.

Testigo cualificado
Asimismo, se incorporan a la querella unas manifestaciones de Manuel Moreno, director general de la inmobiliaria que comercializó los apartamentos áticos de Las Náyades. Moreno aseguró que “la promotora se reservó los áticos luego permutados con la sociedad de Bono por un importe de 1.080.000 euros, un precio de costo, esto es, sin beneficios”. También afirmó que “los áticos del bloque I iguales a los de Bono se vendieron en 2004 por 1.378.000 euros más IVA, lo que da un total de 1.474.460 euros”. Además, “los dos áticos reservados a Bono eran los mejores de la promoción”, subrayó.

Por todas estas razones, la Asociación Preeminencia del Derecho razona que “los hechos presentan visos de un delito de cohecho propio tal y como lo configura la jurisprudencia de la Sala Penal”. Y es que “la autoridad o funcionario (Bono) no se limita a recibir regalos, que pueden estar hechos en consideración al oficio, sino que gesta y participa activamente en ese regalo con su activa actitud en la permuta que encubre un donativo de altísimo nivel económico”.
Así las cosas, la Sala Penal de admisión de querellas, compuesta por el presidente, Juan Saavedra, y los magistrados Carlos Granados y Jorge Barreiro, dará traslado de la querella al Ministerio Fiscal para que se pronuncie sobre la competencia de la Sala y si existen indicios racionales de delito en la conducta de Bono.

El escrito de la acusación pide que practiquen las siguientes pruebas: “La reclamación de la escritura notarial de la permuta; declaración del denunciado de José Bono; copia del expediente íntegro de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha sobre la urbanización y declaraciones como testigos de Rafael Santamaría y Manuel Moreno, director de la inmobiliaria que vendió los áticos de lujo en Estepona”. Asimismo, también se pide que se le tome declaración, en el caso del regalo de Reyal Urbis, a la empresa decoradora Celia Gómez SL, que emitió la factura.
Un mes después de decorar gratuitamente esta vivienda de José Bono, el constructor Santamaría decidió regalarle la decoración de toda la vivienda familiar de Salobre (Albacete); en total se gastó más de 21.000 euros en acondicionar las casas de Bono en 2001. En ese momento, Santamaría consiguió las licencias de la Junta para levantar la macrociudad de Valdeluz en Guadalajara.

Para los querellantes, la conducta presuntamente delictiva del presidente del Congreso de los Diputados se castiga en el Código Penal de seis meses a 15 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y multa.