LAS DESAFORTUNADAS declaraciones del ministro del Interior asegurando que en la cárcel de Nanclares de Oca ya «no hay ningún preso de ETA» porque los reos se han arrepentido de sus crímenes deberían ser rectificadas hoy mismo. En el mejor de los casos estaríamos hablando de ex terroristas, pero no se puede obviar cuáles fueron sus crímenes. Hacerlo supondría, en primer lugar, una burla a las víctimas, y hay que tener en cuenta que entre quienes ahora se desmarcan de la lucha armada los hay que han cometido decenas de asesinatos.
La cuestión clave en este asunto es qué entiende el Gobierno por terrorista arrepentido. Rubalcaba puso ayer el listón muy bajo al decir que son quienes «han pedido perdón a las víctimas» y «han condenado la violencia». Esto ha permitido ya a nueve etarras obtener permisos de salida de 36 días al año. Y los beneficios para ellos podrían ser mayores si, tal y como está sugiriéndose, se les aplicara el artículo 100.2 del Reglamento penitenciario por el que podrían salir todos los días para trabajar o estudiar. Así las cosas, corremos el riesgo de encontrarnos con la situación de que mañana estuvieran llamando a la puerta del ministro un centenar de terroristas con delitos de sangre en busca del mismo estatus. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Rubalcaba?
En este asunto debería haber transparencia. Ayer la reclamó el Sindicato Unificado de Policía al solicitar al Ejecutivo que haga público un informe sobre cada beneficio penitenciario en el que se señale el nombre del terrorista, sus delitos, la condena impuesta, las indemnizaciones satisfechas y el documento en el que conste su arrepentimiento y petición de perdón a las víctimas.
Al hablar como ayer lo hizo, Rubalcaba da la sensación de tener prisa por encontrar etarras arrepentidos para rebajarles la pena, cuando el movimiento, para ser creíble, debería ser justo el contrario: que los terroristas dieran pruebas fehacientes de su cambio de actitud.
Arrepentido es Soares Gamboa, que fue mucho más allá de las palabras tras abjurar de su pasado. Lo demostró declarando en varios juicios contra quienes empuñaron con él las pistolas. Su conducta podría marcar muy bien la raya entre lo que es un arrepentimiento real y lo que, en un momento dado, podría ser una estratagema para eludir el peso de la Justicia.
Entra dentro de la lógica que el Gobierno utilice la política penitenciaria para debilitar el entramado etarra, en el que el colectivo de presos tiene mucho peso. Pero habría que tener presente que eso ya se intentó en el pasado: muchos etarras arrepentidos salieron a la calle y ETA no se dividió.
Sólo la hipótesis de que el Gobierno pudiera estar tentado de presentar ante los ciudadanos una aparente solución al problema de ETA para contrapesar en el ánimo de los votantes el desgaste que le ha causado la crisis debería hacer a Rubalcaba ser mucho más escrupuloso en lo que dice. Y en el momento actual hay signos de que esa tentación pudiera estar sobre la mesa.
Tras todo lo acontecido en la pasada legislatura ha sorprendido, por ejemplo, que el presidente de los socialistas vascos haya insistido en la legalización de Batasuna y en la liberación progresiva de presos. Por otra parte, el PSOE lanzaba ayer mismo un guiño al PNV ante las dificultades que tiene para encontrar apoyos parlamentarios con los que llegar hasta 2012. A nadie escapa que relajar las medidas penitenciarias a los presos de ETA sería bien visto por los nacionalistas vascos.
Rubalcaba no debería hacerse trampas con ETA -ni siquiera terminológicas- para aparentar que la situación es distinta de la que es. Diga lo que diga, en Nanclares de Oca sigue habiendo presos de ETA.
Como siempre, tratándose de ETA, no puede ser otro que maquiavelo el que organice todo este desaguisado. Lo que busca con esto es el voto, y nada más le importa un bledo las víctimas. Espero que algún día su conciencia le pase factura.
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