IMANES MODERADOS ALERTAN A INTERIOR

ÁNGELES ESCRIVÁ / Madrid

Ofrecen colaboración contra el «problema muy grave» de las «prácticas extremistas»

«Es responsabilidad del Ministerio del Interior: cualquier imam extremista que llene a sus seguidores de odio contra un país o un pueblo, contra la paz y la convivencia, hay que echarlo fuera. Para proteger a los otros». Quien así habla es Moneir el Messery, responsable de la mezquita de Leganés y antes encargado espiritual del centro religioso de la M-40. Es uno de los imames moderados que alerta contra las «prácticas extremistas» del islam que, desde su punto de vista, se han convertido en un «problema muy grave» en nuestro país y para cuyo combate, respaldado por algunos de sus compañeros, ofrece colaboración al Gobierno.

Entre sus ideas está la de proporcionar información al Ministerio del Interior para que éste, en coordinación con las embajadas, impida la concesión de visados y, por tanto, la entrada a los predicadores que vienen a radicalizar la doctrina y los comportamientos de los musulmanes. El Messery, además, no descarta el cierre de mezquitas que se hacen llamar como tales pero que, en realidad, son otra cosa, constituyen el caldo de cultivo para la yihad concebida como guerra santa. Naturalmente, todo ello tras obtener muchos consensos y tras agotar todas las posibilidades.

Según señala el doctor Alaa Said, un egipcio radicado en Logroño y que ejerce al frente de la presidencia del Congreso de Imames y Guías, «tenemos que ayudarnos para corregir entre todos lo que está pasando, pero hay que hablarlo».

Tal como publicó este periódico a principios de abril, informes elaborados por las Fuerzas de Seguridad y por los servicios de Inteligencia advertían de la proliferación de mezquitas y escuelas coránicas rigoristas en determinadas zonas de España entre las que destacan Cataluña, Levante y el País Vasco. En concreto, se cifraba en un 10% los centros ya instaurados, entre tabligh y salafistas, se informaba de la existencia de escuelas coránicas en las que los niños reciben una educación idéntica a la que se administra en las madrasas de Afganistán y se alertaba de su capacidad real de provocar un peligroso «desequilibrio social».

El ministro Rubalcaba señaló entonces que había que estar «vigilantes» y resaltó la enorme dificultad de intervenir en lugares considerados religiosos, aunque su función sea, en realidad, la del proselitismo islamista. Sin embargo, los propios imames moderados saben de la necesidad de controlar esta cuestión.

En primer lugar, se resisten a vincular su religión con la violencia. «Si es una escuela islámica», defiende Alaa Said, «nadie va a salir radical, porque el Corán y la sunna del profeta se basan en el respeto al ser humano y en los derechos que las personas tienen como tales; si estos centros, si estas escuelas se salen de ese camino, ya no son islámicas».

Pero los salafistas o determinadas ramas de los tabligh no van a dejar de reivindicarse como los custodios de las interpretaciones verdaderas del islam, de modo que El Messery, partidario en primera instancia de «iluminar el camino, discutir, dialogar y dar luz mediante las clases, los libros y los sermones de los viernes» para así intentar convencer a los extremistas como, según dice, ha ocurrido en Egipto o en Arabia Saudí, baraja otras soluciones aunque sea de manera progresiva. «Cuando una persona tiene una enfermedad, el médico no corta de raíz el brazo a la primera ocasión. Hay pasos: se aplica crema, se recetan pastillas, jarabes, antibióticos, y si no se aprecia mejoría, entonces córtalo», argumenta.

Claro que estos imames moderados no consideran que la estrategia operativa, con ser importante, sea necesariamente la mejor. Algunos de ellos, como Mohamad Saleh, presidente de los radicados en Castilla-La Mancha, aunque suscriban la necesidad de prestar más atención a la extensión del salafismo, no creen que el Estado deba intervenir en asuntos que, desde su punto de vista, son meramente religiosos.

Su principal objetivo es obtener ayudas de la administración para seguir realizando lo que denomina «el trabajo sucio», es decir, la adecuada formación en cursos de los imames para que dispensen la doctrina adecuada y vayan eliminando a quienes no la tienen. «Un salafista intenta meter sus teorías en la mente de la gente. En Cataluña es preocupante y, sólo cuando tengamos imames más preparados, las cifras de radicalización serán nulas», defiende, seguro de que «un imam que no esté bien formado puede generar una catástrofe».

Según sostiene, los imames no deben ser reclutados en el extranjero, sino que deben ser las mezquitas las que los formen pero, «si no hay ayudas, hay dos opciones: o se cierra la mezquita o se busca el dinero en otro lado, y es aquí donde vienen los problemas. Si tenemos el centro bien cuidado, sin tener que preocuparnos por los alquileres, podemos cerrarles la puerta a esa gente».

Y es en ese punto, muy controvertido, donde todos están de acuerdo. El Messery aspira directamente a que todos los imames dependan y cobren del Gobierno para garantizar su independencia e impedir de este modo que se desvíen. «Si el imam está protegido por el país, es el país el que elige a los imames cualificados y moderados que, con el salario procedente del Ministerio de Justicia, no van a escuchar a los otros; no se ven presionados para cambiar como los radicales pretenden», aparte de estar más cualificados para encarrilar a la gente por el buen camino.

Cuando se les pregunta a los imames moderados si no creen que es difícil que prospere esta propuesta en una situación de crisis y en un Estado que está profundizando en su aconfesionalidad, argumentan que esa partida económica no es relevante, que ese también es un modo de ayudarse mutuamente, y que el resultado compensa porque «los imames pueden dar seguridad al país», que, concluye Moneir, «es un objetivo muy importante».